Columna de Daniel Matamala: Intocable

La infinita frivolidad de nuestra clase dirigente sumó un nuevo hito, apenas comenzando 2024.

Un desembozado esfuerzo por impedir la acción de la justicia, torciendo la verdad, acosando a fiscales y usando argumentos espurios que confunden a instituciones permanentes con las personas que transitoriamente las lideran.

Un libreto que nuestros políticos ya recitan de memoria.

Esta semana, la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte, que dirige Xavier Armendáriz, pidió formalizar al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez; a su antecesor en el cargo, general (R) Mario Rozas, y al también general en retiro Diego Olate, por su responsabilidad de mando en casos de lesiones graves y homicidio perpetrados por funcionarios policiales desde octubre de 2019.

Desde los primeros días del estallido, médicos denunciaron una epidemia de lesiones oculares provocadas por perdigones de carabineros. Pese a ello, las escopetas se siguieron disparando sistemáticamente contra el rostro de los manifestantes durante semanas. Un catastro del Minsal habla de 449 lesionados con trauma ocular, de los cuales al menos 55 han requerido implantes tras perder globos oculares.

Yáñez era entonces el director de Orden y Seguridad. El propio general Rozas dijo que la planificación de los operativos recaía en Yáñez, a quien, según Ciper, mencionó 119 veces en su declaración judicial.

¿Por qué, conociendo la gravedad de los hechos, Yáñez no actuó para proteger a los civiles? Armendáriz y la fiscal a cargo, Ximena Chong, han intentado preguntárselo seis veces, pero el general siempre se ha negado a declarar en esta causa. Cuando al fin se presentó, fue solo para decir que guardaría silencio.

En vez de colaborar con la indagación, Yáñez la ha obstaculizado. Su abogado pidió al Fiscal Nacional sacar a Armendáriz y Chong del caso, acusándolos de “enemistad, odio o resentimiento contra la persona del general director de Carabineros y contra la institución”.

Por cierto, el ciudadano Ricardo Yáñez tiene todo el derecho a usar estas estratagemas jurídicas en su defensa. Pero el general Yáñez, director general de Carabineros, no. No es aceptable que el máximo jefe de la policía uniformada involucre a Carabineros de Chile en su defensa personal, acusando a fiscales de “odio contra la institución”.

Está usando su poder para presionar en beneficio propio. Tras la ofensiva de Yáñez, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, removió a Armendáriz de su puesto como número dos (primera opción de subrogancia) del Ministerio Público. El mensaje para los investigadores es obvio: no se metan con el general.

Yáñez será formalizado en mayo, si no logra descarrilar la causa antes. Es insostenible que en el intertanto siga usando a Carabineros como escudo contra fiscales con los que deben trabajar codo a codo para enfrentar la crisis de seguridad.

Los políticos amplifican esta mezcla tóxica entre un caso personal y una institución permanente de la República. “Aquí se está con los delincuentes o con Carabineros de Chile”, dijo el presidente de RN. “Exigimos al gobierno que respalde a Carabineros de Chile, que respalde a su general”, desafió la secretaria general de la UDI.

Y el gobierno pisó el palito. El presidente Boric llamó personalmente a Yáñez, una ingenuidad que el general aprovechó. La conversación fue filtrada por su abogado, quien la calificó como “una llamada de absoluto respaldo”. Boric confirmó la llamada, pero señaló que su contenido es “privado”.

La bancada de Renovación Nacional incluso pidió al Fiscal Nacional que asuma personalmente la causa, explicando que “la fiscal Chong no nos da garantías”.

Es una exigencia escandalosa. ¿Desde cuándo los fiscales tienen que “darle garantías” a los partidos políticos?

La verdad es que Chong es una piedra en el zapato de la clase dirigente desde que abrió una pequeña ventana de justicia en el muro de impunidad de los casos Penta y SQM. Con un trabajo meticuloso y valiente, Chong desafío el pacto de impunidad y logró la única condena de cárcel contra un político, Jaime Orpis.

Nunca se lo han perdonado. Porque Chong efectivamente “no les da garantías”. No les da garantías de la impunidad a la que el poder está tan acostumbrado.

El espectáculo político da para todo. En 2020, Carlos Maldonado demandaba la renuncia del general director de Carabineros. “Como Partido Radical, exigimos responsabilidad personal y del alto mando y reestructuración profunda”, declaró.

Ahora, Maldonado se queja de un “Chile absurdo: se persigue a los agentes del Estado”, y proclama que “como Partido Demócratas apoyamos a Carabineros y a su General Director”.

La misma solemnidad y el mismo tono perentorio para decir exactamente lo contrario. Porque las convicciones (y el partido político) se cambian como quien se cambia de calzoncillos.

¿Principios? Nada, sólo oportunismo. Si a los políticos realmente les interesara proteger a Carabineros, serían cuidadosos en no amarrar su suerte a la de Yáñez, haciendo la diferencia entre las personas, que pasan, y las instituciones, que quedan.

Carabineros no debe ser el escudo personal de nadie, menos en un caso tan grave, con cientos de chilenos como víctimas. El combate al crimen no tiene nada que ver con dispararle a la cara a civiles indefensos.

Cuando Human Rights Watch constató “graves violaciones a los derechos humanos”, el gobierno del presidente Piñera aceptó los hechos “con dolor” y se comprometió a que los crímenes “sean investigados en forma transparente por el Ministerio Público y juzgados por los tribunales de justicia”.

Ahora se busca lo contrario: impedir que la Fiscalía actúe, castigar a los fiscales por hacer su trabajo, y convertir a Yáñez en un intocable.

Y eso es infligir un profundo daño a la República, a la justicia y a la misma institución que tanto dicen defender.