En 2002, en medio del escándalo MOP-Gate, se reveló que los ministros recibían literalmente un sobresueldo: un sobre lleno de billetes. El entonces ministro del Interior, José Miguel Insulza, pidió una resolución al director de Impuestos Internos. Este, solícito, determinó que esos pagos “no son imponibles” y, por lo tanto, los ministros no habían evadido impuestos. “Las instituciones funcionan”, cerró el tema el entonces Presidente Ricardo Lagos.
¿Funcionan? “Desde el retorno a la democracia, las Fuerzas Armadas y Carabineros se han mandado solos”, confesó en 2018 el mismo Insulza. Habían ocurrido el multimillonario desfalco del Pacogate, las pruebas inventadas de la Operación Huracán y el ocultamiento de evidencia tras el asesinato de Camilo Catrillanca. Llegarían después los escopetazos a la cara durante el estallido social, pero el diagnóstico ya era indudable: Carabineros -decía Insulza- “goza de autonomía para hacer prácticamente lo que quiere”.
No sólo los sucesivos gobiernos y el Congreso se hicieron los lesos por décadas: también la Contraloría. La investigación judicial del Pacogate reveló que, en 2010, el entonces contralor Ramiro Mendoza frenó el sumario que habría podido detectar el megafraude. En 2018, Mendoza reconoció que tomó la decisión tras reunirse con el entonces general director de Carabineros, Eduardo Gordon, quien se comprometió a realizar una investigación interna. La promesa, explicó Mendoza, “me dejó tranquilo”. Hoy, la fiscalía pide 10 años de cárcel para Gordon, por malversación de fondos públicos.
¿Funcionaron entonces las instituciones?
En estos días, Contraloría y Carabineros vuelven a hacer noticia, ahora por la razón opuesta: el fiscalizador sí está haciendo su pega de fiscalizar. Formuló cargos a siete generales por incumplimiento de protocolos en el uso de la fuerza durante el estallido social. El ataque político sobre el contralor Jorge Bermúdez fue inmediato.
“No se puede debilitar la acción de Carabineros. Los cargos van a ser desvirtuados”, prejuzgó el ministro del Interior. Bermúdez “trata de hacerse famoso en temas que no le competen”, dijo la timonel de la UDI. El presidente de Libertad y Desarrollo calificó la fiscalización como “motivo de vergüenza”. Dos diputados denunciaron al Contralor en un escrito de dos páginas ante la organización latinoamericana de entidades fiscalizadores, la cual, en un toque de humor involuntario, es liderada por el mismo Bermúdez.
¿Qué fundamento jurídico tiene todo este ataque? Ninguno. Profesores de Derecho Público como Luis Cordero (Universidad de Chile), Jaime Arancibia (U. de los Andes) y Eduardo Cordero (UC de Valparaíso) coinciden en que el sumario a los generales de Carabineros está dentro de las atribuciones de Contraloría para fiscalizar el cumplimiento de protocolos legales, tal como lo ha hecho antes con el Sename, Gendarmería o los servicios de salud.
No sólo el contralor está bajo fuego político por hacer su trabajo. Lo mismo pasa con el fiscal Xavier Armendáriz, quien investiga denuncias contra el exministro Jaime Mañalich y otras autoridades. Entre sus antecedentes tiene las declaraciones de la exjefa de Epidemiología del Minsal Johanna Acevedo, quien dice haber alertado a Mañalich de que los datos que manejaba “no eran los correctos y que la curva epidemiológica que éste presentaba al país era una curva equivocada, pues la real demostraba un alza mayor en el número de contagios”, con una diferencia de 30.000 casos.
Con una orden de registro y entrada emitida por el Séptimo Juzgado de Garantía, los fiscales intentaron obtener los correos de Mañalich y otras autoridades. Pero el ministro Enrique Paris impidió la diligencia, aduciendo motivos de “seguridad nacional”, lo que obligó a Armendáriz a pedir a la Corte Suprema que ordene la entrega de los mails.
La fiscalía, cumpliendo con todos los protocolos legales, intenta hacer su trabajo: confirmar o descartar eventuales delitos. ¿Cuál es la respuesta? Los abogados de Mañalich y otras autoridades de gobierno reclaman que los fiscales se preparan demasiado (“impresiona que hayan decidido, dentro de sus diversas ocupaciones y prioridades, acometer con especial celo” un procedimiento, alegan tras una audiencia). Gabriel Zaliasnik, abogado de Mañalich, acusa que “los fiscales tienen una posición ideológica” y “están politizados”
Si el fiscalizador fiscaliza, es “motivo de vergüenza”. Si el investigador investiga, “está politizado”. ¿Hay alguna manera en que las instituciones no sean blancos de estos ataques? Claro que sí. La explica el diputado Jorge Alessandri: “Es una inquisición. Es insólito que se esté politizando la Contraloría. Falta solo que se politice el Servicio de Impuestos Internos y nos convertimos 100% en un país bananero”.
Ahí está, el último dique que evita que seamos un país bananero: el impoluto y despolitizado Servicio de Impuestos Internos. Recordemos cómo se ganó tan alta consideración de los políticos: durante el gobierno de Bachelet, decidió no querellarse contra ningún político, de ningún partido, por los delitos de platas ilegales.
Desde esa exitosa operación de impunidad, ha puesto todas sus energías en lo realmente importante: clausurar almacenes de barrio, fiscalizar rifas escolares, perseguir en tribunales a peces chicos y evitar cualquier acción contra esa clase política que, tal como en el caso de los sobresueldos, salió indemne.
Aprendan, Bermúdez y Armendáriz: así da gusto que las instituciones funcionen.
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