Si hay dictadura, gana Ponce, el yernísimo.
Si vuelve la democracia, gana Ponce, el benefactor.
Si gobierna la derecha, gana Ponce, el Rey del Litio.
Si gobierna la izquierda, gana de nuevo Ponce, el Rey Perpetuo del Litio.
El verano de 1969, Julio César Ponce Lerou tuvo su golpe de suerte. Vacacionando en Maitencillo, conoció a la joven hija de un militar, Verónica Pinochet. Luego, ya convertido en el yerno del amo y señor de Chile, coleccionó quince cargos en entidades y empresas estatales como Conaf, Iansa, Enami, ENAP, CTC, Endesa, y las dos más importantes para su futuro: Corfo y SQM.
Lo bautizaron como el “yernísimo”.
En 1983, un escándalo de corrupción lo obligó a dejar sus cargos, pero cuatro años después volvió a SQM como presidente del directorio, gracias a los votos de los directores militares designados por la dictadura de su suegro. Privatizó la empresa y se quedó con el control mediante una estructura piramidal conocida como “las cascadas”.
La transición a la democracia amenazó su poder. La Cámara de Diputados cifró en 2.223 millones de dólares la pérdida patrimonial del Fisco por las privatizaciones truchas, de las cuales SQM era el símbolo principal. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) abrió una causa por estafa y fraude al fisco por las operaciones entre Ponce y Corfo. El Servicio de Impuestos Internos (SII) comenzó indagatorias en su contra.
El senador DC Eduardo Frei denunció que los trabajadores de SQM en la salitrera Pedro de Valdivia “viven en un ambiente propio de campo de concentración, en cloacas inmundas como animales”. La denuncia fue respaldada por su colega Jorge Pizarro, y el gobierno de Aylwin anunció una comisión investigadora.
Entonces, el “yernísimo” se reinventó. Se separó de Verónica Pinochet y se convirtió en el gran benefactor de la política chilena. Años después, la familia de Pizarro, la campaña de Frei y los ministros del Interior y Economía de Aylwin aparecerían en la nómina de asesores y pagos ilegales de SQM.
Una auditoría estadounidense demostró que SQM entregó, solo en cinco años investigados, 21 millones de dólares a políticos, dos tercios de ellos por vía ilegal. Magnánimo, pagó a derecha, centro e izquierda. En la campaña presidencial de 2009, los tres candidatos financiados por SQM (Piñera, Frei y ME-O) sumaron el 94% de los votos.
“Julio quiso apoyar a gente de todas las creencias. Él quería mantener la democracia en el país”, explicó su abogado y amigo Darío Calderón. Tanta generosidad tuvo sus ventajas. El CDE, el SII y la Cámara de Diputados abandonaron sus indagaciones, y el Estado que se aprestaba a perseguir a Ponce se convirtió en su socio. Corfo le entregó la explotación del litio en el salar de Atacama a cambio de un miserable 6,8% de las ventas.
Ese contrato permitió a Ponce convertirse en el “Rey del Litio”, con una fortuna estimada por Forbes en 3.300 millones de dólares.
Ponce factura, y también legisla. La gerencia de SQM redactó un artículo que la eximía de cualquier aumento de impuestos por seis años. El gerente general Patricio Contesse le envió el texto al senador UDI Pablo Longueira, este lo reenvió al gobierno de Piñera, el Congreso lo aprobó y el memo de SQM se convirtió en Ley de la República. Investigaciones judiciales comprobaron que, en la misma época, la empresa pagó 730 millones de pesos al círculo cercano de Longueira.
En 2020, la Corte Suprema ratificó que Ponce fue el “ideólogo” de un “esquema fraudulento” para perjudicar a los accionistas minoritarios de SQM a través de las “cascadas”. Gracias a él, obtuvo una “utilidad fraudulenta” de 128 millones de dólares.
“En Estados Unidos, Julio Ponce estaría preso”, dijo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Pero no en Chile. Su “pena” fue una multa de 3 millones de dólares, el 2,3% de lo defraudado.
En el caso de las platas políticas ilegales, ni siquiera eso. Patricio Contesse cargó con todas las culpas, Ponce nunca fue tocado por la investigación, y no está entre los acusados.
Cuando Eduardo Bitran, timonel de Corfo, demandó a SQM por incumplimiento del contrato con el Fisco, denunció que “connotados políticos del más alto nivel me exigieron que cerrara un acuerdo con Ponce”. La disputa se acabó en 2018, con un nuevo pacto entre SQM y el Estado. Esta vez sí fue un win-win: SQM extendió su contrato, y el Fisco se quedó con gran parte de las regalías. El año pasado, el litio entregó a las arcas fiscales más de 5 mil millones de dólares. Además Ponce debió dejar el directorio de la empresa, aunque mantuvo su parte de la propiedad.
Después de décadas de expolio, ahora las ganancias de SQM sí se comparten con los dueños del litio: todos los chilenos.
Esta semana, el gobierno celebró, con bombos y platillos, un nuevo acuerdo con SQM para explotar el litio del Salar de Atacama. Se formará una sociedad hasta 2060, en que Codelco será accionista mayoritario, aunque en los primeros cinco años no tendrá el control ni la mayoría de las utilidades.
Los análisis son divididos: algunos celebran que el Estado se asegura rentas importantes contando con el know how del negocio que tiene SQM. Otros consideran que, como dueño del litio, debió exigir una tajada mayor, o licitar el recurso de manera transparente, en vez de negociar con solo una empresa.
¿Gana Chile con este acuerdo? Discutible. Lo que no admite dudas es que, como siempre, gana Ponce. Las acciones de SQM subieron tras el anuncio, y la compañía cerró 2023 como la empresa más valiosa de Chile, con una capitalización bursátil de 16.717 millones de dólares.
En 2014, el diputado Boric decía que “Julio Ponce es un delincuente de cuello y corbata”. En 2023, el presidente Boric celebra que Ponce sea socio del Estado hasta 2060. Ponce se convierte en el Rey Perpetuo del Litio, hasta que cumpla 115 años de edad, blanqueado por el único sector político que le faltaba: el Frente Amplio que antes lo denunciaba como ícono de la corruptela entre política y negocios.
En Chile todo es incierto, todo cambia y todo gira para seguir igual: siempre, siempre, siempre gana Ponce.
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