El voto de castigo tiene larga historia en la democracia chilena. En los últimos 70 años, todos los presidentes de la República han llegado a La Moneda desde la oposición, con sólo tres excepciones.

Ibáñez, Alessandri, Frei Montalva, Allende, Piñera (dos veces), Bachelet (la segunda vez) y Boric convencieron a los electores con dosis variables de esperanza por el cambio y castigo a quienes detentaban el poder.

Ese voto de cambio, castigo o protesta sólo amainó mientras la Concertación logró combinar desarrollo económico, superación de la pobreza, expansión del consumo y estabilidad institucional, además del talento para mostrar cada candidato oficialista como una renovación: generacional, en el caso de Frei Ruiz-Tagle; política, con Lagos, y de género, con Bachelet.

Cuando esa estrategia se agotó, el electorado chileno volvió a su vieja costumbre de dar golpes de timón cada vez más pronunciados. Piñera 1 se presentó como una versión más eficiente de la Concertación, a la que incluso copió los colores durante la campaña. Bachelet 2 fue un volantazo a la izquierda: una Nueva Mayoría que prometía transformaciones estructurales. Y Piñera 2 giró brusco a la derecha, con un discurso de orden y seguridad.

Una manera de entender el estallido es que gran parte de la ciudadanía decidió protestar ya no sólo en las urnas, sino en las calles, después que tanto Bachelet 2 como Piñera 2 defraudaran a muchos de sus votantes. Piñera era el blanco perfecto para un estallido. Su figura resumía todo el poder contra el que se protestaba: el político, en La Moneda, y el económico, en sus oficinas de Apoquindo 3000.

Desde entonces, en el maratón electoral de 2020 y 2021, la izquierda confió en contar a su favor el voto de castigo. Los símbolos del poder eran unívocos: el gobierno, la derecha, el poder económico y la Constitución fueron golpeados una y otra vez en las urnas, en el plebiscito de entrada (¡78%!), las elecciones de convencionales (la derecha quedó lejos del tercio), las de alcaldes (el oficialismo perdió comunas clave como Santiago, Viña del Mar y Maipú), y las de gobernadores (apenas uno de 16 para la derecha), hasta llegar al holgado triunfo de Boric sobre Kast en la presidencial (56%-44%). La parlamentaria fue la única excepción de todo el ciclo electoral.

El acuerdo de noviembre de 2019 establecía que el plebiscito de salida para la nueva Constitución se haría en el verano de 2022. Sería un cierre lógico, un último castigo a la malograda administración Piñera y la bienvenida al nuevo gobierno. Pero la pandemia obligó a retrasar todo el calendario electoral, hizo de efecto dominó y cambió las coordenadas del juego. Ahora el plebiscito es en septiembre de 2022, con un nuevo gobierno ya en funciones, y ello puede tener un efecto impensado sobre el comportamiento de este voto de protesta.

Por cierto, las razones principales por las que el Rechazo ha ganado terreno sobre el Apruebo son otras. La más importante es la actitud soberbia y distante de muchos convencionales, que se mimetizaron con las prácticas de la élite que prometían desafiar. Algunos de ellos no se cansan de fachopobrear a quienes tienen dudas y aprensiones sobre el nuevo texto. Sólo en los últimos días, la convencional Elisa Loncon se preguntó: “¿Por qué rechazan?”, y se respondió a sí misma: “Porque les dicen que hay que rechazar”. Y su colega Bessy Gallardo despachó la legítima discusión sobre el estado de emergencia con un soberbio “así te chispeo los dedos, guacho”.

Es cierto que del otro lado las fake news abundan (el senador Kast insiste en su mentira del aborto hasta los nueve meses), pero la peor forma de enfrentar la desinformación es tratar como ignorantes a los ciudadanos que se quiere convencer.

Sí, muchos convencionales han sido los mejores promotores de la causa del Rechazo, y sus actitudes, junto con los aspectos más polémicos del texto, ya ponían cuesta arriba la campaña del Apruebo. Y a ello se suma la tormenta perfecta que ha vivido el gobierno en sus primeros meses: violencia más inflación. Dos crisis que alteran la vida cotidiana de los chilenos y generan una sensación de hastío que puede permear el ánimo de muchos votantes en septiembre.

El gobierno fue elegido con un programa de transformaciones estructurales, en las que está avanzando: el cierre de Ventanas y la reforma tributaria son sus puntos más altos. Pero nada de eso rendirá frutos a corto plazo.

Ni el combate a la violencia ni a la inflación están entre los temas preferidos del oficialismo. Al revés: en el imaginario colectivo, son dos asuntos en que se otorga más competencia a la derecha.

El gobierno parece ahora un arquitecto que es contratado para remodelar una casa, pero cuando llega la encuentra en llamas y, ante la creciente impaciencia de los moradores, intenta buscar las herramientas para combatir el fuego, sin olvidar la remodelación.

Así las cosas, en septiembre el voto de protesta puede cambiar de bando. Los ciudadanos tendrán múltiples razones para pronunciarse en el plebiscito, y el texto de la Constitución es solo una de ellas. Eso no hace menos válida su opción: la democracia está hecha de emociones, estados de ánimo y sentimientos de pertenencia, y ambos comandos jugarán sus cartas apelando a todos esos factores.

Es difícil que la tormenta perfecta amaine de aquí a dos meses. En un giro del destino, el voto de protesta que contribuyó a levantar el proceso constituyente puede ser el mismo que ayude a sepultarlo.