Un brutal asesinato dirige la atención del país a la provincia de Arauco. La madrugada de este sábado, una patrulla con tres carabineros a bordo fue emboscada en un camino rural de Cañete. Los cabos Sergio Arévalo y Misael Vidal, y el sargento Carlos Cisterna fueron cobardemente asesinados. Las tres víctimas eran padres de niños pequeños. Sus cuerpos fueron quemados en el pick up de una camioneta, incendiada y abandonada en el lugar.

De inmediato las más altas autoridades del país se trasladaron a la zona: el Presidente de la República y los líderes de la Corte Suprema, ambas cámaras del Congreso, la Fiscalía, la PDI y las tres ramas de las Fuerzas Armadas.

Esa potente señal es necesaria. Un crimen tan brutal como este, cometido contra servidores públicos en el Día del Carabinero, es un desafío al Estado de Chile en su conjunto. Ante él, se debe enfatizar que la sociedad chilena está unida, y que tiene la voluntad y la capacidad para desplegarse en la zona sin vacilaciones.

Esa unidad existe, pese a todas las disputas políticas. Aun con todos sus problemas, Chile responde institucionalmente en momentos críticos. Ese es un activo que debemos cuidar: es cosa de mirar a nuestros países vecinos para saber que no es un valor que podamos dar por sentado.

Detener y llevar ante la justicia a los responsables es la primera urgencia. También en ese aspecto tenemos fortalezas. En los últimos casos de crímenes contra uniformados, todos los recursos del Estado se han volcado a capturar a los culpables, y ello se ha logrado con celeridad.

Pese a las oportunistas cuñas políticas que dicen que “asesinar a un carabinero sale gratis”, eso no es cierto. Las penas por asesinar a policías son las más altas de nuestra legislación: los homicidas de Cañete enfrentan desde presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado.

Es evidente que este caso es distinto a los anteriores. Aquí no hubo enfrentamientos ni delincuentes intentando huir de controles policiales. Al contrario, los antecedentes conocidos hasta ahora hablan de un atentado, una emboscada provocada por los criminales para asesinar a los policías y dar una señal de fuerza.

La violencia en la llamada “macrozona sur” había salido del foco de la noticia, eclipsada por los delitos ligados al crimen organizado en el extremo norte y en Santiago. El balance policial de 2023 en la zona había sido alentador, con una caída del 54% en los homicidios, del 27% en los ataques incendiarios, y de 41% en el robo de vehículos y maquinarias. También la sensación de impunidad había retrocedido, con un incremento del 164% en los detenidos por hechos de violencia.

Estas frías cifras parecen irrelevantes ante un crimen tan atroz como el de este sábado, pero un análisis reflexivo, que es el que se espera de los líderes políticos y de opinión en circunstancias como estas, no puede obviarlas.

Tampoco debe olvidarse que todo esto ha ocurrido bajo el estado de emergencia, el que el actual oficialismo denunciaba cuando era oposición, pero transformó en permanente al llegar a La Moneda. Esto, tras dejar atrás su visión ingenua de la violencia en la zona, que pensaba resolver a punta de buena voluntad; basta recordar el desastroso viaje de la ministra Siches a Temucuicui.

Sí, es cierto: los delitos han bajado en el marco del despliegue militar en la zona. Sí, también es cierto: un crimen tan abyecto como este se cometió en el marco de ese mismo despliegue.

Aquí no hay recetas mágicas, menos en un escenario en que se confunden la criminalidad que pretende tener justificación política, las mafias dedicadas al robo de madera, y un conflicto con raíces más que centenarias, políticas, culturales, territoriales, económicas y de reivindicación histórica.

Y esto ocurre cinco días después de que el líder de la CAM, Héctor Llaitul, fuera condenado por los delitos de usurpación violenta, hurto de madera y atentado contra la autoridad. Su sentencia, que podría llegar a los 25 años de cárcel, se conocerá dentro de diez días. ¿Es este atentado una respuesta desafiante a ese juicio?

Los criminales buscan intimidar y deslegitimar a fiscales y jueces. Precisamente por eso, la respuesta debe ser fortalecer la independencia de la justicia, no contaminarla con aprovechamientos políticos.

Apenas horas después de conocido el crimen, la UDI y RN emitieron declaraciones en que, a raíz de este atentado, exigen aprobar una ley de amnistía para todos los agentes del Estado condenados, investigados o procesados por delitos “en el contexto del estallido social”, “cometidos entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020″, o sea, aun antes de que este comenzara.

Además, hoy recrudecieron las presiones partidistas para intimidar y destituir a los fiscales que investigan tales causas.

Esas presiones, amnistías e indultos (como los que torpe y equivocadamente concedió el presidente Boric sobre delitos ocurridos en ese mismo período) son lo contrario de lo que necesitamos.

Hoy se requiere legitimar y empoderar a la justicia para que actúe sin interferencias políticas. La impunidad para casos de homicidios, torturas, mutilaciones y otros graves crímenes sería la mejor noticia para quienes pretenden justificar su violencia acusando al Estado de ser ilegítimo e injusto. Solo cabe recordar cuánto daño hicieron los encubrimientos y montajes de los casos Huracán y Catrillanca.

Hoy más que nunca, necesitamos un Estado legitimado con la fuerza de la ley y la justicia.

Es en momentos como este, en que los políticos demuestran de qué madera están hechos. Necesitamos líderes que actúen con sobriedad; con inteligencia para separar lo fundamental de lo accesorio, para buscar la unidad nacional y no la cuña estridente. Que trabajen para consensuar políticas de Estado contra los criminales, no para ganar sus cinco minutos de fama a punta de estridencia y pequeñeces.

¿Estarán a la altura? Por el bien de Chile, esperamos que sí.