Muy dañado. En el mejor caso: congelado. Así quedó el Acuerdo de Seguridad liderado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, tras conocerse los indultos que otorgó el Presidente Boric. Eso, en momentos en que la encuesta CEP revela que la inseguridad ciudadana es sindicada como la que debiera ser la primera preocupación del gobierno (subió de 50 a 60% desde abril-mayo; el segundo problema es salud, con un distante 32%).

Es una disonancia cognitiva -de la clase política completa- declarar que ese miedo profundo por la delincuencia se escucha y se pone en primer lugar, pero, al mismo tiempo, poner en riesgo o dar por muerta una iniciativa, esta, que tiene el potencial -por su alcance y por su transversalidad- de enfrentar el problema con la robustez que se requiere.

Por eso, es inexplicable que la oposición se haya levantado de la mesa por el Acuerdo de Seguridad. No tiene justificación. Una cosa es que no les parezca a quiénes indultó el Presidente, o que tengan todas las críticas y reservas sobre los errores cometidos, pero otra es no entender qué está en juego aquí. No pueden vivir amenazando con pararse de las mesas negociadoras cada vez que no les gusta lo que haga un gobierno que, por cierto, es de otro signo que el suyo. Y caer en el festival de las acusaciones constitucionales -tal como pasó en el período anterior, ahora con papeles protagónicos invertidos- es la misma irresponsabilidad.

También es desconcertante que el Presidente Boric no haya medido tanto la oportunidad para otorgar los indultos como la justificación pública que dio por ello, y la espiral de controversia que generó. Todos los presidentes han ejercido esa facultad, que siempre es controversial: se trata de personas condenadas muchas veces por delitos graves. El expresidente Piñera indultó a 24 personas en su segundo mandato, incluidos cinco condenados por crímenes de lesa humanidad. Eduardo Frei indultó a 343 personas, y Ricardo Lagos, a 240. La expresidenta Michelle Bachelet concedió 67 indultos en su primer periodo y 10 en su segundo. Por otro lado, es cierto que -guste o no- es un compromiso de campaña del Presidente Boric el indultar a presos de la revuelta. Pero otra cosa es elegir un momento en el cual el efecto sobre el acuerdo iba a ser tan evidentemente dañino: cuando estaba en la puerta del horno. A ello se agregó una injustificable desprolijidad con la nómina y número de los beneficiados. Y a ello se sumaron las declaraciones del Presidente respecto de que no eran delincuentes -aunque luego se conocieron prontuarios previos incluso al estallido- y, en el caso de Jorge Mateluna, decir que hubo irregularidades y que era inocente: el conflicto escaló hasta generar declaraciones de la Corte Suprema sobre la separación de poderes, y también sacó ronchas en la fiscalía, en un imposible peor momento. Todo esto provocó la caída de la ministra Ríos. Tiene que haber cuerdas separadas para que oposición y gobierno puedan destrabar esta parálisis de nuestro sistema político -que no es de hoy, pero que se profundiza-, en que los problemas de las personas aparecen muy prioritariamente en los discursos, pero no en las acciones necesarias -y en los votos- para poder hacerles frente y lograr resultados. Urge concordar qué medidas -más allá de las diferencias legítimas y las inevitables trifulcas políticas- se deben concordar, negociar y sacar adelante. Si las principales preocupaciones de las personas hoy -inseguridad ciudadana, situación económica- y las más relevantes para un nuevo pacto social -pensiones, salud, educación, sistema de cuidados y salas cuna- no pueden verse desde esa óptica de Estado, no saldremos nunca del juego de suma cero en que estamos sumidos hace años.

Porque el dato acaso más preocupante de la CEP es la baja en la adhesión a la democracia. Bajó de 61 a 49% la preferencia por la democracia como forma de gobierno. La falta de acuerdos reales y eficientes que logren mejorar la vida de las personas solo conduce agua al molino de populismos, radicalismos, autoritarismos, de distinto signo, pero de igual poder dañino. Que se esté dispuesto a sacrificar libertades por seguridad es una alerta roja. Los sectores políticos que comprendan esto, y que entonces estén por robustecer las instituciones en general, el Estado en general, deben sentarse en todas las mesas y definir ámbitos en que colaborarán por sobre las diferencias.

Es un imperativo para la oposición volver a la mesa del Acuerdo de Seguridad. Y para el gobierno, es esencial revivir este acuerdo después del daño causado, para enfrentar los ataques y riesgos a la seguridad -incluidos el narcotráfico y otras formas de crimen organizado- para los cuales el Estado de Chile no tiene las herramientas suficientes.

No tiene sentido no priorizar ello por sobre cualquier otra agenda coalicional, partidista o personal.

Y priorizar significa perseverar.