Columna de Paula Escobar: ¿Culpa del capitalismo?

Según la convencional Elsa Labraña, la culpa de la mentira de Rodrigo Rojas sería “del capitalismo”. El engaño sobre su cáncer y la deuda millonaria que este le habría dejado -sobre lo cual basó su campaña- “responde a un sistema capitalista que entrega nuestra seguridad social al mercado”, dijo Labraña, de la ex Lista del Pueblo.

Es decir, las transgresiones a la ética, la fe pública, incluso a la ley, no ameritan una evaluación en sí mismas. Dependen de quién ha realizado la transgresión, o más bien, el sistema económico que rige en el país donde esta persona habita. No existiría, entonces, el valor en sí de la verdad, la rectitud, la integridad, el imperio de la ley. Cualquier incumplimiento de estas -incluso por parte de autoridades electas- dependería, en su argumento, de otros factores, que eventualmente las o los exculparían. ¿Pensará lo mismo de Diego Ancalao? ¿Será también culpa del capitalismo que haya entregado 23 mil firmas falsas frente a un notario muerto?

Curioso y preocupante desprecio por la igualdad y por la ley de parte de quien tiene como deber redactar la “ley de leyes”, así como las declaraciones de otros convencionales que le han bajado el perfil a lo sucedido, dejándolo como un asunto meramente legal, relegado a la fiscalía. O sea, si no es delito ¿todo sigue igual? La ley es el piso mínimo, no el máximo, menos para una Convención Constitucional. Y al relativizar la gravedad y la responsabilidad de su actuar, aumentan el nivel de daño que este episodio le hace a la Convención completa, pues abre la puerta para que se vea un doble estándar frente a las conductas de sus miembros. Es decir: estos pueden mentir, defraudar, eventualmente cometer perjurio, pues han estado sometidos a un sistema capitalista u otras justificaciones de ese tipo, que los erigen como grandes juzgadores, pero no juzgados. El costo que está pagando la Convención Constitucional por el caso Rojas Vade se agranda si las voces como la de Labraña y otros quedan sin contestar con firmeza por parte de la mesa. La presidenta Elisa Loncón y el vicepresidente Jaime Bassa han ido de menos a más en sus declaraciones. Las primeras declaraciones de Loncón, en que señaló que “somos humanos, no somos dioses para no fallar”, son a lo menos ambiguas respecto de su ponderación de la gravedad de lo ocurrido. “La declaración del fin de semana pudo haber sido más energética en la condena de los hechos. Creo que la de hoy, donde envían los antecedentes al Ministerio Público, ayuda a poner esa dimensión energética que faltó al principio”, dijo con razón el convencional Fernando Atria a CNN.

Porque esto no solo es un problema judicial: aquí hay un problema ético y uno político. Asumir aquello es clave para atajar las consecuencias del escándalo Rojas Vade, especialmente porque las encuestas ya iban reflejando un declive preocupante en la adhesión a la Convención antes de que esto pasara. La encuesta de Tú Influyes determinó que un 53% considera que lo realizado por la Convención está bajo o muy por debajo de sus expectativas.

Es cierto que la Convención no es Rojas Vade, que uno no equivale a los 155. Y que, con todo, la Convención ha avanzado mucho en estos dos meses y que dentro de las comisiones el trabajo ha sido serio y dedicado, muy distinto de lo que se observa en las redes sociales. También es cierto que quienes quieren boicotear la Convención han intentado aprovechar este escándalo para echarle más leña al fuego. Las “denuncias” de dos diputados UDI respecto de los convencionales que seguían recibiendo IFE fue una piedra que intentó enlodar más, pero que rebotó. La misma convencional Marcela Cubillos consideró que no era apropiado subirse a ese carro: bien por ella.

Pero la mesa y la Convención deben tomar una postura que contrarreste las versiones de que la culpa de la mentira de Rojas Vade es del capitalismo, los medios de comunicación o la opresión. Son justificaciones y excusas que siembran la sospecha de que son un grupo de poder comportándose como tal, defendiéndose y defendiendo su diferencia. La Comisión de Ética, por ejemplo, que ha propuesto sancionar la falta de fraternidad y sororidad, además del negacionismo, con penas tan antidemocráticas como el silencio o la “reeducación”, debiera preguntarse qué sanciones proporcionales al daño ameritan las transgresiones éticas y de defraudación de la fe pública como la de Rojas Vade. Contener el daño, antes de que se agrande como mancha de petróleo en el mar, es la labor prioritaria y esencial de Loncón y Bassa. Eso incluye tomar las decisiones adecuadas sobre el futuro del convencional. Y, por cierto, una comunicación clara y firme de condena a la conducta de un convencional que, al parecer, quiere el poder de ponerles reglas a todos, pero sin cumplirlas él.