Estar embarazada y en riesgo vital, o con un embarazo inviable, o después de haber sido violadas. Son situaciones límite, sin duda alguna. Y la pregunta no es qué es lo que se debe hacer en esos casos, sino quién decide qué se hace, de quién es esa decisión. ¿Es de esa mujer o es del Estado?
Fue muy largo el camino para darles ese derecho a las mujeres, de decidir sobre lo que pasa en su propio útero en estos casos. Fue solo en el segundo mandato de la Presidenta Bachelet cuando se promulgó la ley de despenalización del aborto en tres causales. Chile Vamos, sin embargo, recurrió al Tribunal Constitucional. Pero por seis votos contra cuatro, los ministros del TC rechazaron los dos requerimientos presentados por Chile Vamos en contra del proyecto de ley y pudo, entonces, obtenerse este derecho.
La Presidenta Bachelet la promulgó en 2017. Desde entonces, se han realizado 4.272 abortos en todo el territorio nacional; 896 por violación, 1.296 por estar en peligro sus vidas, y en 2.080 casos debido a una malformación del feto que lo hizo incompatible con la vida extrauterina. Ese fue parte del balance que la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, entregó en septiembre de este año, a seis años de la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Esas más de cuatro mil mujeres han decidido ellas mismas qué hacer en esos casos tan extremos y duros de la vida. No el Estado.
En el texto que se plebiscitará en diciembre, un cambio de una palabra (la vida de “quien” está por nacer, en vez de “que”), pondría en riesgo ese derecho.
Así lo ha sostenido Verónica Undurraga, presidenta de la Comisión Experta, académica de la UAI, especialista en Constitución y Género. También la abogada democratacristiana Elisa Walker, que además fue parte de la tramitación de esa ley. Pero no solo ellas, son muchas las voces expertas que coinciden. Por ejemplo, Lucas Sierra, Jorge Correa Sutil, Genaro Arriagada, Ignacio Walker. Estoy citando aquí, a propósito, a abogados que no son de izquierda, pues desde la derecha dicen que esto es una “fake news” de sectores que votaron Apruebo la vez pasada.
“Esto hará más difícil dar el peso que se merecen los intereses de la mujer que aloja un embrión. El mero hecho de este cambio en el texto constitucional dará pie para reabrir el debate ante los jueces. Y la jurisprudencia siempre puede cambiar”, dijo Lucas Sierra.
Sobre todo, argumenta el abogado, porque lo del “quien” no va solo. El artículo 13 de la propuesta agrega: “Se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad”. “El embrión podrá ser entendido como niño, ese es el quien: un niño. La pregunta es por qué insisten en ellas, pues es obvio que, entendidas en conjunto, arriesgan el peligro cierto de desafiar esa ley y de amarrar las manos del legislador democrático en estas materias”, dijo Sierra.
Hay otros abogados que sostienen que no habría ese riesgo. Pero la pregunta es, entonces, por qué los consejeros del P. Republicano modificaron esto, si es que es cierto que no querían producir ningún cambio. Conocida, además, la agenda del P. Republicano en la materia: se opone a toda forma de aborto, incluidas las tres causales. Y fue un tema en que dijeron que no era negociable.
El senador Matías Walker, de Demócratas, que va por el “A Favor”, tampoco quedó en paz con este cambio del “que” por el “quien”, y anunció que en caso de aprobarse el texto del Consejo, va a presentar un proyecto de ley para volver a la redacción de la actual, el que, además de lo de las tres causales, dice que limita el debate democrático futuro sobre el aborto legal. Asegura que si bien él se opone a ese tipo de aborto (en plazos), considera poco democrático restringir el debate futuro sobre la materia. Esto lo dice un senador que está por el “A Favor”. No lo podrán acusar de mentir…
Y es que estas disposiciones del texto que se plebiscita suscitan debate y controversia jurídica ya mismo, y por tanto otorga razón a quienes dicen que arriesgará un derecho garantizado hoy, y la judicialización de un tema que ya estaba resuelto.
José Antonio Kast afirmó que el texto “es una Constitución de la libertad”, enumerando la libertad de conciencia, de culto y de educación.
Pero si una mujer violada queda embarazada, ahí es el Estado quien tiene que zanjar. Kast pretende imponer sus convicciones a toda la población, a través de una Constitución que si bien no deroga la ley de aborto en tres causales, la pone en riesgo. Como dijo Ernesto Ottone en El País, el texto “presenta una visión valórica lejana a la secularización del sentido común de nuestra sociedad actual… Sobre todo en lo referente a la autonomía de la mujer, donde no se producen avances y se trata de manera conservadora”.
¿Dónde queda la libertad de la mujer?
