Esta semana, la causa SQM, uno de los mayores escándalos de financiamiento ilegal de la política, adquirió ribetes aún más amargos, pues la fiscalía decidió no perseverar en la investigación de 34 imputados, uno de los cuales es el exministro Rodrigo Peñailillo.

Es como decir: aquí no ha pasado nada. ¿La razón? Que no hay querella del Servicio de Impuestos Internos.

El daño del caso SQM hacia la legitimidad de las instituciones políticas en general, y hacia los partidos en particular, es difícil de exagerar. La percepción de desprestigio y de corrupción se instaló con fuerza y con fundamentos. Todo ello se profundiza con esta decisión de la fiscalía de no perseverar. Una muy mala señal, desconcertante para el momento que vivimos en Chile.

“Queda la idea de que ser corrupto en nuestro país es gratis o se actúa según quien sea el corrupto (...). Si a esto le sumamos que algunos de esos imputados quieren postular al Congreso, las señales son aún más equívocas”, afirmaron, con razón, Susana Sierra y Alberto Precht, de Chile Transparente.

Uno de los “34”, Rodrigo Peñailillo, está intentando postular al Senado, y pensaba hacerlo en el PPD, su expartido. Peñailillo fue investigado en el caso SQM porque apareció en la contabilidad de la empresa Asesorías y Negocios, de Giorgio Martelli, quien fue condenado a 800 días de presidio remitido por delitos tributarios en 2017. El Ministerio Público le imputó a Martelli el haber facilitado y emitido 23 facturas a SQM, por 245 millones y por servicios inexistentes. Según los antecedentes reunidos en la investigación, esos dineros fueron destinados a pagar parte de la precampaña de Michelle Bachelet. Según declaraciones de Martelli a la fiscalía -consignadas esta semana por El Mercurio-, uno de los profesionales que recibieron estos dineros fue Rodrigo Peñailillo, quien, según Martelli, fijó su propio ingreso y el nombre de a quiénes contratar.

La candidatura de Peñailillo al Senado en su expartido habría sido borrón y cuenta nueva multiplicado por dos. Pero después de pensarlo, la nueva mesa PPD cerró la puerta a esa posibilidad, aparentemente de modo definitivo.

“Casi el consenso general fue que el PPD ni hoy, ni mañana, ni nunca más, se puede permitir tener candidatos que estén involucrados en delitos de financiamiento ilegal de la política y tampoco permitir que como partido estemos involucrados en casos que no estén a la altura de la ética de estos tiempos”, sostuvo su nueva presidenta, Natalia Piergentile.

Mismo tono emplearon posteriormente los candidatos presidenciales PS Paula Narváez y PR Carlos Maldonado. “No apoyaré a ningún candidato que tenga un vínculo con el financiamiento irregular de la política”, dijo Narváez. Maldonado coincidió, asegurando que si gana la consulta ciudadana de Unidad Constituyente, exigirá que el pacto parlamentario esté “completamente depurado de cualquier persona que haya tenido vinculación con casos de financiamiento ilegal de la política, independiente de su situación procesal, porque esto no se trata de una cuestión jurídica, se trata de una cuestión de ética y de confianza ciudadana”.

Peñailillo, de vuelta en Chile tras una larga estadía en Estados Unidos, no acusó el golpe. Aludió a un “despelote” que había en el PPD, calificando el portazo de la mesa de ese partido como signo de debilidad o confusión, y no como consecuencia de sus propias conductas. Insistió en su inocencia, e incluso advirtió que “insinuar de que yo haya tenido un vínculo con Soquimich es absolutamente falso y obviamente calumnioso”.

Pero ¿cuál vendría a ser el verdadero despelote? ¿Que el PPD -y otros partidos de centroizquierda- no lo quieran llevar como candidato? ¿O, más bien, que antes estas cosas pasaban y no importaba nada? El Chile de la falta de consecuencias respecto de las acciones y omisiones de las autoridades: ese es el Chile del despelote. Es un Chile que está ahí, no ha dejado de existir, no vale la pena ser ingenuos. Pero convive con otro Chile que intenta subir la vara, exigir estándares más altos en todo plano a quienes ostentan el poder, en términos de probidad, transparencia, ética, responsabilidad.

Los mínimos comunes en un Chile posestallido y en plena discusión constitucional -intentando sanar heridas, reconstruir confianzas rotas- no pueden ser solo cumplir el estándar legal, que es el piso mínimo, para seleccionar a candidatos y candidatas.

Que tomar aquello en consideración haya prevalecido sobre la negación es alentador, pero aún falta. La nueva vara no puede aplicarse sólo respecto del financiamiento de la política. Se debe incluir el escrutinio y revisión de materias tan relevantes como no adeudar pensiones alimenticias, no tener denuncias de acoso o abuso sexual y, por cierto, de violencia intrafamiliar, entre otras medidas que son básicas.

Los partidos políticos, para renovarse y recuperar confianzas con la ciudadanía, deben hacer estos compromisos con urgencia, precisión y claridad.