Desde menú vegano hasta mayor cantidad de docentes. Desde cambiar ciertos aspectos del Reglamento Interno de Convivencia Escolar hasta flexibilidad con el uniforme. Eso, entre otras materias, incluía el pliego de peticiones de los alumnos del Instituto Nacional, otrora ícono nacional de educación pública, para deponer la toma. Llevan un mes sin clases este 2023, es decir, un tercio del semestre escolar. (Esto se suma a las inasistencias previas por pandemia, o a causa de otros paros, tomas, protestas).

Los alumnos se decidieron a bajar la toma de dos semanas por un amago de incendio en el baño, pero igual protagonizaron disturbios que obligaron a suspender clases de nuevo. Las fotos son elocuentes, pero ya casi parte del paisaje: jóvenes encapuchados, con overoles blancos, armando molotovs, portando bidones dentro del colegio.

A vista y paciencia.

Carolina Vega, la rectora nueva -elegida por Alta Dirección Pública- llevaba dos días cuando se “bautizó” con todo esto. Consultada sobre qué haría con esta situación, dijo que hay que “ver en conjunto los caminos a seguir”.

Es cierto que el problema del Instituto Nacional, y de los otros liceos emblemáticos, no es nuevo ni es culpa de la nueva rectora. Y también es cierto que el municipio de Santiago y el Mineduc también tienen responsabilidad relevante en la materia. Pero es difícil no ver el efecto que genera que la responsable máxima de la institución no exprese claramente la voluntad de ejercer su responsabilidad. Que no diga con claridad cuáles conductas son aceptables, parte de la “problematización de la sociedad” -que, como dijo ella, caracteriza a los institutanos- y cuáles son franco vandalismo inaceptable.

Es difícil no ver el daño a esa institución, a esos alumnos y familias, a los transeúntes y vecinos, pero a todo el país: cómo abona todo esto a la angustia y la rabia de la ciudadanía con la crisis de seguridad y por la falta de control del espacio público.

Destacados exalumnos, como Miguel Lawner, premio nacional de Arquitectura 2019, han expresado su desolación estos días. “Duele el colapso del IN, físico y educacional. Pero no me resigno a constatar su colapso. Creo que se requiere un esfuerzo conjunto (...) Obviamente, hay que mejorar instalaciones de salas caducas, eso es fundamental. Los mamelucos blancos deben ser rechazados por los alumnos, son sectores ultra, cuyo objetivo real es acabar con la educación pública”, dijo en El Mercurio.

Esa claridad del destacado arquitecto -y de tantos exalumnos- es la que se espera de la rectora. Pero parece haber una ambivalencia en ella sobre la noción de autoridad. Es un malentendido extendido en Chile, como han demostrado los trabajos de la destacada académica Kathya Araujo, porque se identifica la autoridad con lo autoritario, con la consiguiente resistencia y devaluación de la autoridad en sí. “La ansiedad por ser considerado autoritario impide ejercer la autoridad”, dice Araujo.

Pero entender esto y resignificar la autoridad es clave, tal como se analiza en Figuras de Autoridad, su último libro. Ejercer la autoridad es necesario y fundamental para gestionar las asimetrías de poder, para hacer posible la resolución de conflictos de forma relativamente pacificada, para facilitar la convivencia de las diferencias sin violencia. Y porque, además, el vacío y la ausencia de la autoridad habilitan “el despliegue de formas aún más autoritarias”, dice la autora.

Y es que contemplar caos o desorden cotidianos, jóvenes con overoles y bombas molotov en el patio, crea frustración y ansiedad, rabia y miedo, que luego capitalizan quienes prometen sí ejercer la autoridad y la “restauración” de un orden. Se pavimenta el camino para que emerjan esos “hombres fuertes” que dicen tener todas las respuestas y a los que no les “temblará la mano”; ejemplos de ello existen en muchos países del mundo.

En Chile ya lo vemos: el 47% respaldó al partido de José Antonio Kast el 7M por su “mano dura” contra la delincuencia, según la encuesta Cadem. No por sus ideas constitucionales ni por su agenda valórica ultraconservadora.

Ejercer la autoridad, sin excesos, pero sin complejos, es requisito necesario para que el país funcione, y para evitar que narrativas y soluciones de ese talante sigan creciendo en Chile. Las personas exigen que haya un orden, que se ejerza la autoridad, que también podemos llamar cumplir el deber. Un cargo público, especialmente, es un poder al servicio de cumplir una responsabilidad que se ha encomendado.

La rectora del Instituto Nacional llama a ver “en conjunto” los caminos a seguir, lo cual es muy importante, pero no incompatible con ejercer su autoridad; de hecho, es complementario.

Tomar en cuenta la palabra de otros no puede restar la tarea misma que ella debe cumplir en cuanto autoridad de una institución tan relevante y simbólica.