Las pandemias son un espejo. Reflejan las épocas y sociedades que las padecen, desnudan sus luces y sus sombras. Lo dijo Frank M. Snowden, profesor de Yale y una de las máximas autoridades sobre pandemias en la historia de la humanidad.

Pues bien, nadie pensó que el coronavirus terminaría mostrando en el espejo otra plaga: los “papitos corazón”, llamados así, irónicamente, pues son quienes no pagan las pensiones alimenticias de sus hijos. La cantidad de ellos en nuestro país ha sido una noticia estremecedora: solo uno de cinco demandados por pensión la paga.

Es importante aclarar que esta cifra se refiere a quienes han sido demandados, no a todo el universo de padres separados. Pero de todos modos es un número impactante.

“La realidad de nuestro país muestra que el 84% de los demandados en causas de alimentos no paga la pensión de alimentos fijada por el Tribunal (...). Esto significa que, en promedio, setenta mil alimentarios, principalmente niños, niñas y adolescentes, no reciben lo que por ley les corresponde”, establece en su introducción un proyecto de ley sobre esta materia presentado en marzo por el Ministerio de Justicia y el de Desarrollo Social.

Como nadie sabe para quién trabaja, el retiro del 10% de los fondos de las AFP fue lo que puso luz a este problema, pues podrán usarse para esas deudas. Como sabemos, ello causó un aumento exponencial de peticiones en el poder judicial, que al cierre de esta columna enfrentaba pasadas las 230 mil solicitudes de “liquidación de alimentos con retención judicial”. La Corte Suprema reaccionó bien y ágilmente; simplificó el trámite a través del formulario en línea y esperan el lunes anunciar mayor automatización del sistema.

La idea es que la persona ingrese su solicitud, el sistema creará una resolución que será revisada rápidamente por los jueces y firmada para su despacho.

Estos “papitos” son maestros de la elusión. Prefieren no tener contrato para no pagar, y emplean un gran abanico de maniobras para esconder sus ingresos.. Algunos amenazan a las madres con dejarlas sin nada para que no se separen. Las historias son dramáticas. En la coyuntura actual, algunos “papitos” están pensando no retirar el 10%, justamente para no dárselo a sus hijos.

Por eso, el Presidente Piñera mandó al Congreso el viernes un proyecto de ley que permite al poder judicial ordenar, en cualquier etapa del procedimiento, la retención de todo o parte del retiro del 10% de sus ahorros previsonales para quienes adeuden pensiones de alimentos.

Pero a esta altura es importante señalar que el dinero de los fondos de las AFP es solo un parche para un problema mayor, que ha sido tratado sin la debida seriedad por nuestro país. Un trabajo interesante de 2014 de Claudio Valdivia y varios académico@s de la UC da en el blanco al decir que “de momento no ha existido de parte del Estado ni de la sociedad en general una señal clara y potente en el orden comunicacional ni de políticas públicas que revele la importancia que reviste el cumplimiento de los deberes parentales e implique sancionar socialmente a quien no cumpla con ellos”.

Lo que hay que hacer es, justamente, revelar la importancia del tema, a nivel social y legislativo. Los proyectos de ley que existen hoy en el Congreso abordan parte de lo prioritario: la Cámara despachó el 3 de julio por unanimidad a segundo trámite el proyecto que facilita el pago, reteniendo la remuneración de los padres que no cumplan.El ministerio de Justicia, en marzo, propuso pasarlos a Dicom, en el proyecto citado antes.

Además de Dicom y retención en el sueldo, los trámites de demanda deben ser más expeditos, y un cobro efectivo, de manera de hacer más difícil eludir este deber. Y sanciones que se apliquen. Porque la ley vigente contempla una serie de medidas para evitar la morosidad, desde el arresto nocturno hasta suspensión del carnet de manejar por 6 meses. Pero han demostrado no ser efectivas. Según datos del Poder Judicial, para un 85% de los deudores se han emitido órdenes de arresto, pero solo 300 demandados cumplen con arresto nocturno.

Se debe avanzar mucho más rápido y de manera integral, abordando todos los aspectos; el gobierno y el congreso deben desafiarse a llegar a un acuerdo transversal y amplio en tiempo récord en materia de pensiones alimenticias.

Porque este es un espejo duro en el cual mirarse: habla de un país con gran cantidad de padres irresponsables y, además, impunes, cuyos perjuicios van mucho más allá del daño monetario a los hijos. Es una morosidad que revela falta de cuidado, protección, amor, en definitiva.

Mientras tanto, miles de madres y niños están a la espera, no solo de los recursos económicos que se les deben, que serán solo en parte -y reitero, como parche- paliados por los fondos de las AFP. Esas madres chilenas, a las que habría que levantarles un monumento por sacar a sus hijos solas, merecen justicia y reparación por lo que les ha tocado padecer.

Sobre todo, hay que evitar a toda costa que haya una nueva generación de madres, niños y niñas viviendo lo mismo.

Basta.