Después de más de 70 días, las y los alumnos del SLEP de Atacama volvieron parcialmente a clases, tras el paro del Colegio de Profesores, que han seguido tomando como rehenes para sus demandas a los niños y niñas.
Este caso -y las condiciones deplorables en que estaban varias de las escuelas- ha motivado un profundo debate no solo sobre ese servicio local en particular, sino que también sobre la Ley 21.040 de 2018, que dio origen a la llamada “desmunicipalización de la educación”. Se crearon los SLEP (Servicios de Educación Pública), que serían 70 en todo el país, a los cuales los municipios deben entregar la gestión de las escuelas, liceos y jardines infantiles. La ley, promulgada con votación transversal, buscaba que hubiera una gestión centralizada y común para todas las escuelas, y que no dependieran de la suerte del municipio que las tuviera bajo su alero.
Justamente fue esa disparidad en las condiciones materiales, laborales y de organización lo que se buscó subsanar a través de la creación de estos SLEP. Como todo cambio de envergadura, esta ley ha debido implementarse en gobiernos de distinto signo, tres, y además la pandemia cambió diametralmente el panorama desde dónde partir: Chile fue uno de los países con colegios y jardines cerrados por más tiempo del mundo, con el consiguiente terremoto educativo y de salud mental.
El análisis y ajustes de los SLEP fueron quedando fuera de agenda o, más bien, fuera de acuerdo. Raúl Figueroa, exministro de Educación del gobierno de Sebastián Piñera, presentó un proyecto de ley de ajustes: fue rechazado por la oposición de entonces. El exministro Marco Antonio Ávila, de este gobierno, presentó otro que corrió la misma suerte.
Y así estábamos.
Hasta que reventó el tema del SLEP Atacama por el paro prolongado y vino este juicio a todo el nuevo sistema. Hay quienes han planteado derechamente echar atrás todo el sistema de Nueva Educación Pública, volver a fojas cero, revertir la desmunicipalización. Por otro lado, el gobierno había insistido en defender los SLEP, pero con muchas dificultades para explicar por qué, y para sacar adelante los ajustes que son clave para que funcione bien el sistema, en parte por el infinito trabajo de apagar incendios y bajar paros, y en parte por una dispersión de prioridades.
Y los SLEP terminaron en campo minado.
Pero si hay algo que debe quedar fuera de la pelea política 24/7 es la educación y son los niños y niñas: hay que usar la racionalidad y el saber experto para que se pueda llegar a acuerdos poniendo en el centro el bienestar de ellos y nada más.
Y lo que el saber experto dice es que no es recomendable volver todo atrás. Lo dijo Raúl Figueroa, quien fue acusado constitucionalmente por el oficialismo de hoy, por tratar de reabrir los colegios. Ha dicho con claridad que no se debe volver atrás ni “remunicipalizar”, sino reformar los SLEP. Y que el ministro Cataldo debe habilitar las condiciones para ese acuerdo.
Del mismo modo, los expertos del Consejo de Evaluación de la Educación Pública -instancia creada por ley con la misión de asesorar al Presidente en el proceso de desmunicipalización escolar y conformada por actores de diversa índole política- emitieron esta semana una declaración pública conjunta en línea similar.
“Como Consejo consideramos que frenar este proceso representa más riesgos que oportunidades para la educación pública, sobre todo porque distrae el foco de lo verdaderamente importante: los ajustes que este diseño institucional requiere y la prioridad que las sucesivas administraciones deben darle”, aseguran. Pidieron al gobierno y los parlamentarios que “aborden con urgencia los cambios que la Nueva Educación Pública requiere”.
Pero la discusión de la partida del presupuesto del Mineduc -la cuarta en magnitud, con 4,8 billones de pesos- se había transformado en una de las peleas de fondo de la tramitación del erario nacional. Finalmente salió humo blanco y se llegó esta semana a un acuerdo entre el gobierno y el Senado, que se plasmaron en un protocolo en el que el gobierno accedió a realizar “una pausa activa, evaluativa y de mejoramiento del traspaso de los establecimientos a los SLEP. Se realizará una evaluación externa a la Política de Nueva Educación Pública, que incluye los procesos de instalación, implementación y traspaso hacia los SLEP y, una vez conocida, el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública “podrá proponer la suspensión total o parcial de la creación de nuevos SLEP”.
Una solución intermedia y de compromiso, valorable como tal. Lo clave es que debe ser pausa, pero debe ser activa también. Con sentido de urgencia, pensando solo en los niños y niñas de Chile, que no se merecen que sus vidas sean rehenes de vendettas, peleas o cálculos políticos de ningún tipo.
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