Varias organizaciones feministas mostraron preocupación por la elección de Ángel Valencia como fiscal nacional, pues defendió a acusados de abuso sexual, uno formalizado por abusos sexuales y uno condenado por violación.
Si bien no hay justicia sin defensa, y por tanto las personas a quienes un abogado haya defendido no debieran ser factor de impedimento para optar a un cargo, las aprensiones tienen un asidero, pues la situación de violencia contra las mujeres, en todos sus grados, es preocupante en Chile, y se requiere voluntad y urgencia para enfrentarla.
Una que él tendrá que probar que posee.
Porque varias instituciones que tienen que luchar para prevenir que ella ocurra, o proteger, hacer justicia y reparar a quienes la sufren, están al debe. El fiscal nacional Valencia, pero no solo él ni su institución, tiene la enorme responsabilidad de demostrar su compromiso para avanzar en estas materias.
Ya van cinco femicidios consumados y cinco frustrados en lo que va de este año 2023. Y hay problemas en el sistema de monitoreo telemático diseñado para garantizar que las medidas de prohibición de acercamiento a víctimas de Violencia Intrafamiliar se cumplan, lo que desagiliza la dictación de cautelares y revictimiza y pone en peligro a víctimas de VIF.
Luego, persiste en Chile el miedo de las mujeres a denunciar, porque temen ser revictimizadas durante el proceso, y/o no obtener justicia. O temen que, aunque se haya obtenido justicia, luego esta se revierta. Es el caso de Belén, cuyo caso conmovió a todo Chile: la niña violada y embarazada a los once años por su padrastro, quien fue condenado a 10 años de cárcel. Pero en 2020 -y pese a un informe de Gendarmería que alertaba de que seguía siendo un peligro- se le otorgó la libertad condicional. Belén se lo ha topado en la calle. “Hoy día nada me asegura que, si salgo de mi casa, voy a llegar viva. Llevo dos años así”, dijo a La Tercera.
Está el caso de la familia de Antonia Barra, que deberá enfrentar un nuevo juicio, pues la Corte Suprema anuló el juicio donde Martín Pradenas fue condenado por violación que la llevó al suicidio. Una ley se hizo en su nombre y su memoria, pero aquello no impidió que -por declaraciones imprudentes de un juez- la Suprema haya decidido su nulidad, con todo el costo emocional para su familia y sus cercanos.
Está el caso de las dos jóvenes menores de edad violadas en Curicó por Agustín O’Ryan Soler, condenado a siete años de cárcel por esos delitos sexuales. Se escapó apenas supo la sentencia y su destino es desconocido. Durante el proceso había estado en prisión preventiva, pero la Corte de Apelaciones de Talca cambió la cautelar por arresto domiciliario. Las niñas violadas hoy sienten miedo de salir a la calle y toparse con él. Quienes deben protegerlas, les fallan.
¿Qué se hace para salir de esta violencia contra las mujeres?
Un camino esencial -como he sostenido tantas veces en estas mismas páginas- es sacar adelante la Ley de Violencia Integral contra las mujeres, que permita combatir este mal de un modo más eficiente. Se requiere que, en medio de la fragmentación y polarización política, este sea uno de los temas donde se pueda alcanzar un consenso transversal rápido, pues esta ley incorpora los diversos tipos de violencia a los cuales se puede ver expuesta una mujer, robustece las respuestas institucionales a víctimas y mejora los deberes de los órganos del Estado en la prevención, protección, atención y reparación de las mujeres.
Pero tan fundamental como eso es que las instituciones -desde ya- revisen sus modos de trabajo. Desde la Fiscalía hasta Carabineros, y por cierto las y los jueces. La perspectiva de género no es para que a una mujer se la juzgue menos severamente, ni a un hombre más, sino que es justamente sacar de la ecuación aquellos sesgos que hacen que, en la práctica, muchas veces las mujeres no alcancen la justicia y reparación.
El Fiscal Nacional Valencia manifestó su voluntad de avanzar en cuanto a la perspectiva de género. Ello debiera traducirse en comunicar pronto las medidas concretas. “Cuál va a ser la nueva línea en la fiscalía en torno a disminuir los archivos provisionales de causas de violencia contra las mujeres, mejorar las sentencias y el cumplimiento de cautelares”, como dijo la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, es de primera urgencia.
Orellana también recalcó el interés expresado por Valencia en su audiencia frente al Senado en incorporarse al circuito intersectorial de femicidios, lo que mejoraría la eficacia de la persecución penal.
Hay que poner celeridad a todo. Cambiar leyes, prácticas institucionales y prejuicios sociales, para que mujeres y niñas sean protegidas, defendidas y reparadas.
Y no re victimizadas una y otra vez, como las víctimas de VIF, como Belén, como la familia de Antonia Barra, como las jóvenes de Curicó.
Y tantas otras.
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