Hoy la pandemia es el foco de nuestras preocupaciones y acciones. Los efectos están y seguirán siendo duros. No son solo sanitarios, sino que también económicos y sociales. Sin embargo, se suele decir que de una crisis, siempre surge una oportunidad. Pero ello solo es posible si todos actuamos de una forma diferente. Cada tiempo requiere de soluciones y procesos distintos. Hoy se hace más claro que nunca que las personas y su dignidad deben estar al centro de toda propuesta, que se requiere innovar en las soluciones y procesar la conversación de un modo distinto para romper las inercias.

Sobre ese “cómo” distinto, celebramos las diversas iniciativas que desde la política y la sociedad civil llaman a un nuevo pacto, a un acuerdo nacional o a alianzas público-privadas; en definitiva, a construir herramientas para el diálogo. Estamos convencidos de que deben ser muchos los espacios que se activen desde la sociedad civil, pero para nutrir y no reemplazar la deliberación política que reside en las instituciones de la democracia representativa. La sociedad en su conjunto tenemos el desafío de volver a legitimar nuestras instituciones, y una buena manera de hacerlo es activándonos para aportar con nuevas ideas y propuestas al proceso político. Es precisamente el sentido de una iniciativa que hemos estado trabajando junto con otras personas desde la crisis social del año pasado, y que está en proceso de formalización bajo el nombre de Un Camino Posible.

Segundo, preferimos el concepto de hoja de ruta que el de pacto. El primero sugiere un destino inspirador y ambicioso, pero al mismo tiempo propone un camino dinámico y realista, porque asume que hay estaciones donde se re-evalúan las opciones tomadas y su eficacia. Porque en la ruta se corrigen errores, se aprende en conjunto o se adapta el camino a los cambios de contexto. En la ruta la legitimidad se construye al andar, nunca es un edificio definitivo.

Tercero, debe ser un “cómo” participativo que active dispositivos que integren la opinión ciudadana, de los expertos y la de organizaciones de la sociedad civil, tanto en el ámbito nacional como en el regional. Finalmente, creemos que este “cómo” distinto debe comenzar por hacerse las preguntas asociadas al desafío específico y que sea versátil en cuanto a los espacios donde buscar las respuestas: algunas serán propias del marco constitucional, otras del ámbito cultural, unas de la modernización del Estado y muchas residirán en espacios de colaboración pública-privada (sociedad civil, organizaciones territoriales, academia y empresa).

Pero no queremos quedarnos solamente en la descripción de este “cómo” distinto. Queremos contribuir a activar el debate del necesario plan de reactivación económica y social con cuatro propuestas concretas, iniciales -no exclusivas ni definitivas-, que someteremos a este modo distinto que propone Un Camino Posible.

En el contexto del programa de reactivación del empleo que se avecina, proponemos un plan de subsidios al empleo con foco en aquellos sectores con mayores niveles de exclusión del mercado laboral (jóvenes y mujeres) o bien con trabajos con riesgos de ser desplazados por la automatización, con algunas condiciones: (i) que una parte del subsidio estatal se destine a un plan de formación e intermediación laboral que contribuya al cierre de las brechas respecto a los requerimientos de las empresas, las cuales deberán cofinanciar el programa, (ii) que incluya un incentivo al empleo local (y así contribuir a disminuir los traslados), (iii) que integre, cuando sea posible, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, con los debidos resguardos de los derechos de las y los trabajadores y, (iv) que garantice la efectiva igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.

En el contexto del plan de reactivación de la inversión que será necesario impulsar, creemos necesario incluir un plan de infraestructura y tecnología para la resiliencia hídrica y la revalorización o recuperación de residuos, a través de una combinación de obras públicas, privadas y concesiones; y con algunos incentivos que deberán estar incorporados en los criterios de adjudicación: (i) que estén en la frontera de la digitalización y generen una economía de servicios de base tecnológica en torno a ellas, (ii) que incluyan programas de reconversión laboral (por ejemplo de recicladores de base) y (ii) que una parte de su producción se destine a comunidades agrícolas o poblaciones que requieren una solución a sus problemas de agua y residuos. Finalmente, el plan deberá incluir un proceso ad hoc de evaluación medioambiental y social que integre predictibilidad de criterios y plazos, altos estándares medioambientales y sociales (huella hídrica, de carbono, social y de circularidad) y participación ciudadana desde su diseño; proceso que podrá servir de base para una modernización de nuestro sistema de evaluación de impacto medioambiental.

En el contexto de un plan para enfrentar los desafíos sociales y culturales -para lo que es fundamental convocar e integrar las capacidades del Estado, la sociedad civil y la empresa- proponemos modernizar y simplificar el marco legal para fomentar una filantropía que no solo aporte recursos, sino que también fortalezca la operatividad, gobernanza y rendición de cuentas de las organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, hasta el año 2009, la donación de alimentos que estaban en perfectas condiciones, pero que no podían comercializarse por diversas razones, no estaba permitida y era considerado un gasto rechazado para la empresa que lo hacía (gravados con una “multa” de un 40%). Hoy la donación de una vivienda por parte de una empresa sigue el mismo derrotero.

Finalmente y dado que una vivienda digna no es solo la mejor vacuna contra el Covid, sino que también es la primera fundación para que las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida, proponemos liberar las capacidades y recursos del Estado, enriquecidas por las de la Sociedad Civil y las de la Empresa, para desarrollar un plan de construcción de viviendas, que como antídoto a la escasez (de recursos y espacio) asume una lógica de vivienda incremental que parte de un núcleo de servicios básicos, pero que tiene la capacidad de convertirse en una vivienda de clase media en el futuro; y que por cada m2 de espacio privado agrega otro m2 de espacios públicos con acuerdos y responsabilidades sociales de los mismos vecinos para su conservación y mantención. Finalmente, en esos espacios públicos debe tener prioridad la infraestructura para la bicicleta como medio de transporte de alta densidad (en cuanto a uso del m2 de calle).

Estas son cuatro propuestas que someteremos al proceso que estamos diseñando en Un Camino Posible. Un proceso que integrará voces ciudadanas y la mirada de expertos a través de paneles desplegados en Santiago y regiones. Esperamos que en el proceso estas propuestas se consoliden, se doten de instrumentos y de evaluación de impacto, se reformulen o incluso se reemplacen. Es esta lógica dinámica, flexible, participativa y resolutiva la que creemos necesaria para procesar las políticas públicas necesarias para enfrentar los desafíos de este Chile del siglo XXI post crisis social y pandemia.