Mia Cerillo, de 11 años, fue una de las escolares que se encontraban presentes en la sala de la Escuela Primaria Robb en Uvalde (Texas) cuando un joven ingresó con un fusil AR-15 y comenzó a dispararles. “Yo pensé que él iba a regresar, así que me cubrí con sangre”, dijo la niña a una comisión de la Cámara de Representantes. “Me la puse y me quedé quieta”, agregó. Luego, la menor llamó al número de emergencias 911 usando el celular de una profesora muerta y pidió ayuda.

Diecinueve niños y dos maestras murieron a manos de un joven de 18 años que les disparó dentro de la escuela ese 24 de mayo. En los últimos días, los legisladores en la Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara Baja escucharon testimonios sobre la violencia con armas de fuego en el país, en momentos en que trabajan para un acuerdo bipartidista sobre medidas de seguridad a raíz de los más recientes tiroteos masivos.

Porque pese a los llamados a un mayor control sobre la posesión de armas que surgen luego de cada tiroteo masivo en Estados Unidos, estos siguen ocurriendo. De hecho, más de 650 incidentes han resultado en 730 muertes desde el 24 de mayo, según datos del Archivo de Violencia Armada. Veintitrés de los fallecidos eran niños, más que el total de fallecidos en Uvalde, y 66 eran adolescentes.

Las encuestas públicas muestran un fuerte y constante apoyo para ampliar las verificaciones de antecedentes para los compradores de armas. Los estudios realizados después de los tiroteos masivos con frecuencia muestran un amplio respaldo a las leyes de armas más estrictas: el 54% frente al 16% que desea normas menos restrictivas, según una encuesta de mayo de CBS News/YouGov realizada después de la matanza de Buffalo, pero antes de la de Uvalde, aunque ese apoyo tiende a disminuir a medida que la atención pública se desvanece.

Así, mientras los legisladores a nivel estatal y federal realizan diversos esfuerzos para promulgar leyes de control de armas más estrictas, la Corte Suprema está prácticamente lista para emitir su fallo de la Segunda Enmienda, considerado el más significativo en más de una década.

La decisión -que podría conocerse a fines de mes- se relaciona con una disputa sobre el estricto régimen de licencias de Nueva York que requiere que un residente que busque un permiso para portar un arma de fuego fuera del hogar demuestre una “causa adecuada” para obtenerlo, lo que los tribunales estatales han dicho que es una “necesidad especial de autoprotección”.

Los demandantes son dos propietarios de armas a quienes se les negó el permiso y que pertenecen a la filial de Nueva York de la Asociación Nacional del Rifle. Ellos piden a la Corte Suprema derogar esa ley, porque indican que esa normativa, que data de 1913, viola el derecho a poseer y portar armas de la Segunda Enmienda de la Constitución. Por otro lado, los partidarios advierten que invalidar las restricciones podría conducir a más armas de fuego en las calles.

Las decisiones de la Corte Suprema en 2008 y 2010 establecieron un derecho en todo el país a tener un arma en casa para defensa propia. La cuestión a la que se enfrenta ahora el tribunal es sobre el derecho a portar un arma fuera del hogar. Sin embargo, la Corte Suprema actual es mucho más conservadora y mucho más favorable a los derechos de armas que la que reconoció por primera vez el derecho personal a portar armas bajo la Segunda Enmienda, en el caso conocido como District Columbia versus Heller en 2008. También es diferente a la Corte Suprema que reconoció dos años después, en McDonald vs. Chicago, que dichas protecciones se aplican también a las leyes y reglamentos estatales.

La composición de la corte ha cambiado, ya no se encuentra la jueza Ruth Bader Ginsburg, una enemiga de los derechos de armas ampliados. En su lugar está la jueza Amy Coney Barrett, cuya visión de la Segunda Enmienda es considerada por muchos como incluso más amplia que la del fallecido juez conservador Antonin Scalia, quien marcó un hito con el dictamen en el caso Heller.

Durante muchos años después de las decisiones de Heller y McDonald, el juez Clarence Thomas, un partidario extremo de los derechos de armas, instó a sus colegas en el máximo tribunal una y otra vez a aceptar más desafíos de la Segunda Enmienda a las leyes de armas existentes. Quería que la Corte Suprema usara el derecho “personal” recientemente reconocido bajo la Segunda Enmienda para eliminar las regulaciones que restringen la posesión y el uso de armas de fuego. Y durante muchos años, hasta la llegada de los tres magistrados nominados por el Presidente Donald Trump, los compañeros de Thomas rechazaron esos intentos, según el Brennan Center for Justice.

Luego de los argumentos orales en noviembre en el caso, conocido como New York State Rifle and Pistol Association versus Bruen, la mayoría de la corte parecía estar lista para invalidar la ley de Nueva York, aunque el alcance de una próxima decisión sobre el derecho a portar armas fuera del hogar sigue sin estar claro.

Joseph Blocher, profesor de Derecho en la Universidad de Duke y codirector de su Centro para la Ley de Armas de Fuego, dijo al portal de CBS News que es poco probable que la Corte Suprema considere inconstitucionales todos los requisitos de permisos para el porte público de armas de fuego, ya que de hacerlo sería una decisión radical que permitiría portar armas sin permiso en todo el país. En cambio, el tribunal superior podría derogar la ley de Nueva York con el argumento de que es demasiado estricta o da demasiada discreción a los funcionarios estatales que otorgan licencias.

Un fallo que derogue la ley de Nueva York generaría preguntas legales sobre cómo y cuándo los gobiernos locales pueden regular las armas de fuego en lugares sensibles. “Creo que este caso, más que Heller (en 2008), nos dirá qué formas de regulación de armas son constitucionales y por qué”, señaló Joseph Blocher a The Hill.

Los estados de California, Hawai, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey y Rhode Island también tienen leyes similares que podrían verse afectadas por la decisión del tribunal. Incluso, tendría un impacto en la seguridad pública. “Ya sabemos que más armas equivalen a más delitos y tenemos una gran cantidad de tiroteos masivos: los homicidios con armas se han disparado en los últimos años”, afirmó al mismo medio Adam Winkler, profesor de la Facultad de Derecho de la UCLA.

“Tenemos un problema importante de violencia con armas de fuego y es probable que ampliar las protecciones de la Segunda Enmienda, más de lo que ya son, dificulte mucho que los legisladores promulguen leyes efectivas para reducir la violencia armada”, añadió.

De cualquier manera, Blocher predijo que una decisión de la Corte Suprema de invalidar las reglas de Nueva York podría llevar a los estados a cambiar su enfoque hacia nuevas restricciones que prohíban las armas de fuego en espacios sensibles, como los bares.

La perspectiva de restricciones específicas de ubicación en el porte público fue un tema planteado por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y la jueza Amy Coney Barrett en noviembre, cuando cuestionaron si una ciudad o estado podría prohibir las armas en los campus universitarios, en los estadios de fútbol o en Times Square. Mientras tanto, los jueces Clarence Thomas y Elena Kagan cuestionaron el potencial de diversos grados de regulación en función de la densidad de la población.

“Parece completamente intuitivo que debería haber diferentes regímenes de armas en Nueva York que en Wyoming o que debería haber diferentes regímenes de armas en la ciudad de Nueva York que en los condados rurales del norte del estado”, dijo Kagan. “Pero es algo difícil de hacer con nuestra noción de derechos constitucionales en general”.

En paralelo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles una legislación que endurece las leyes de armas del país. Cinco republicanos se unieron a los demócratas en la votación, con 223 votos a favor y 204 en contra del proyecto de Ley de protección de nuestros hijos, que reúne otros ocho proyectos de control de armas, como el aumento de la edad a 21 años para comprar ciertos rifles, la limitación del tamaño de los cargadores y la codificación de las normas de control de armas existentes, aunque el proyecto tiene pocas esperanzas de ser aprobado por el Senado.

Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes han instado a sus miembros a votar en contra de la medida, argumentando que se trata de un “paquete reaccionario” compuesto por propuestas que violan los derechos que la Segunda Enmienda garantiza a los estadounidenses y obstaculizan su capacidad para protegerse.

En este sentido, el senador demócrata Chris Murphy, que es uno de los principales negociadores, destacó que el proyecto de ley de la Cámara de Representantes presionará al Senado para “hacer lo correcto”.