Una casa en Pedro de Valdivia Norte, en Providencia, se convirtió -a fines de marzo de 2022- en uno de los epicentros del gobierno de Gabriel Boric para intentar encauzar el rumbo de la Convención.

La casa del ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue el escenario de varias reuniones con los entonces constituyentes de los partidos de las coaliciones de gobierno.

Las alarmas estaban encendidas en La Moneda: por primera vez la opción Rechazo parecía despegarse en las encuestas, alcanzando al Apruebo y amenazando con echar por la borda el proceso constitucional abierto tras el estallido social.

El Presidente Gabriel Boric se decidió a dar luz verde a sus ministros para intervenir. Hasta entonces, en el círculo más íntimo del Mandatario había primado la decisión de respetar la autonomía de los convencionales, incluso los propios.

Canales de comunicación -eso sí- no les faltaban: Fernando Atria y Jaime Bassa mantenían contactos permanentes con el propio Boric y el ministro encargado de las relaciones con la Convención, el secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, convive con una constituyente, Constanza Schonhaut.

Los mensajes comenzaban a agudizarse por esas semanas. Que existiera “un trabajo coordinado” y que se asegurara “un fin del proceso exitoso” fueron parte de los recados que entregó Jackson en las citas que se realizaron en el domicilio de Marcel.

Ese encuentro en particular, en el que estuvo el titular de la Segpres, se desarrolló durante la segunda quincena de abril de este año y asistieron los constituyentes del Colectivo Socialista Maximiliano Hurtado, César Valenzuela, Ricardo Montero y Pedro Muñoz, quienes pasaban fuertes malos ratos por esas semanas ante la arremetida de la izquierda que -entre otras hostilidades- los calificaban de “traidores” y los funaban por sus posturas.

El recién instalado gobierno también tomaba nota de un fenómeno que le preocupaba. En un sector del oficialismo comenzaban a asomar cuestionamientos al trabajo de los constituyentes. El Ejecutivo buscaba contener esas críticas, pero especialmente introducir ciertas certidumbres en algunas materias para no generar turbulencias en el arranque de su periodo.

La elección de Marcel para las tratativas no fue azarosa. Al contrario. El ahora ministro ya había tomado contacto con varios constituyentes mientras se desempeñaba como presidente del Banco Central. No es un misterio que la autonomía de ese organismo estuvo en la mira de los convencionales, algunos de los cuales buscaban restringirla para hacerlo más dependiente del poder político y -entre otros- se llegó a proponer que sus consejeros pudieran ser objeto de acusaciones constitucionales.

Así, en la residencia de Marcel, en Pedro de Valdivia Norte, las citas se hicieron recurrentes. Allí -por ejemplo- llegaron en alguna oportunidad convencionales como Schonhaut y Atria, del Frente Amplio, e incluso, personeros de la derecha, como Rodrigo Álvarez, de la UDI.

Ya como ministro, el propósito de Marcel era minimizar el impacto económico que podría generar la propuesta constitucional de la Convención, particularmente en temas como el derecho a la propiedad y lo relativo a pensiones.

Quienes conocieron las gestiones del ministro refuerzan que fue muy activo por esas semanas en llamadas directas a algunos constituyentes.

Su sello -afirman quienes conocieron el proceso por dentro- quedó estampado en las normas transitorias del texto constitucional, donde se preocupó de establecer gradualidades para generar certidumbres en el proceso.

La primera señal pública el nuevo gobierno la dio el 15 de mayo pasado, cuando Jackson entregó un documento formal de propuestas a la mesa directiva del órgano constituyente, encabezado en ese entonces por María Elisa Quinteros.

Marcel quedó satisfecho con su labor, pero un tema le dejó un sabor amargo en la boca: la mantención del concepto del “precio justo” en la propuesta constitucional.

A principios de mayo, cuando el pleno de la Convención aprobó e introdujo en el texto el inciso referido al “precio justo” para el caso de una expropiación, el celular del ministro de Hacienda no paró de sonar.

El concepto había sido acuñado por el convencional Patricio Fernández para dar una salida a los sectores de izquierda que querían borrar el término “valor de mercado” de la propuesta.

El asunto es que el debate levantó polvareda en el mundo empresarial y también en el jurídico.

-¿Precio justo para quién? ¿Para quienes acordaron expropiar o para el expropiado?, se preguntaban sus detractores.

Marcel advirtió en más de una oportunidad y empujó la idea que quedara establecido que, en caso de expropiación, se mantuviera lo que rige en la actual Carta Magna, es decir, que se pagaría el valor del mercado. Pero no hubo caso. Fue una batalla perdida.

Una nueva etapa

El triunfo de Boric en las presidenciales de diciembre de 2021 generó alivio en buena parte de la Convención -en su expresión de izquierda-, quienes asumían a la nueva administración como una aliada del proceso.

En privado el ya nombrado ministro Jackson -quien oficiaría de enlace con el organismo- transmitió de inmediato a los convencionales, con quienes se reunió, que respetarían la autonomía de la Convención costara lo que costara.

El nuevo ministro estaba interesado en remarcar contrastes con la traumática relación que había tenido la Convención con la administración de Sebastián Piñera.

En una de sus primeras citas con los enlaces de la Convención, Jackson pidió marcar una impronta diferente. “Pensemos en ideas”, dijo, y lanzó algunas, entre ellas, poner una carpa adicional en el patio de la sede del Congreso en Santiago o una cafetería, instalaciones que hicieran más llevadero el trabajo de los convencionales.

Con el andar de la Convención y cuando el gobierno de Boric comenzó a involucrarse más en los temas -en medio de los cuestionamientos al texto constitucional, lo que recrudeció con críticas de la derecha-, asesores de la Segpres y de Hacienda, según varios de los consultados para esta serie de reportajes, enviaban minutas, sin logo de las carteras ni del gobierno, con bajadas en determinados temas o alertando en materias que podrían ser conflictivas, por ejemplo, en lo relativo a la discusión de zonas de exclusión minera. Los enlaces eran Javier Couso y Javiera Ascencio.

El entusiasmo de La Moneda por esos meses fue resentido por los convencionales del Colectivo Socialista -quienes habían debido lidiar en los meses precedentes con los sectores más radicales del organismo.

-”Si hubiesen querido influir más en sistema político, por ejemplo, en evitar la eliminación del Senado, pudieron haber incidido, ya que sus convencionales los escuchaban”, señalan en ese grupo.

-”El gobierno se enteró de lo que le interesaba y en otras cosas simplemente no quiso meterse”, rematan las mismas fuentes.

Marcel y Jackson no fueron los únicos que se sumaron a los esfuerzos por moderar la propuesta. La ministra de Defensa, Maya Fernández, también hizo lo propio.

Según varios convencionales, la secretaria de Estado socialista fue clave para transmitir los mensajes que en las normas transitorias decantaron en temas como el nombramiento de los comandantes en jefe, la justicia militar y el control marítimo de la Armada.

La velada amenaza de Loncon

-”¿Si la Convención pide un helicóptero se lo tenemos que dar?”, preguntó con ironía el entonces ministro Juan José Ossa, ya agotado de sus tira y afloja con la mesa de la Convención.

Junto al titular de Hacienda, Rodrigo Cerda, los ministros de Piñera revisaban los requerimientos financieros que la mesa de la Convención -dirigida en ese entonces por Elisa Loncon y Jaime Bassa- habían realizado el 20 de agosto de 2021. Los convencionales buscaban aumentar en $ 1.700 millones las asignaciones para el presupuesto de ese año.

La cita de los ministros -en la que también estuvieron presentes asesores y que se desarrolló a fines de ese mes- concluyó con una premisa: cada vez que la Convención solicitara recursos adicionales tenían que hacerlo de manera justificada, como todos los organismos, ante la Dirección de Presupuestos (Dipres).

La instrucción había sido una orden expresa de Sebastián Piñera que -señalan sus cercanos- no tiene nada que ver con hacerle la vida difícil a la Convención. Simplemente, el Mandatario era estricto con el uso de los recursos fiscales, sea cual fuese su destino.

La resistencia de La Moneda a aumentar recursos a la Convención generó uno de los momentos más tensos en la relación entre ambos poderes. Uno en que todo estuvo a punto de salirse de madre.

“No queremos que se repita nuevamente la escena que nos tocó enfrentar a inicios de la Convención, cuando el gobierno nos dejó caer (...). Vamos a cumplir nuestro mandato pese a todo el torpedeo político”, dijo Loncon por esos días.

El encontronazo -de carácter privado- se produjo en una cita que el 23 de septiembre de 2021 reunió a Cerda, Ossa, Loncon y Bassa. Los ánimos comenzaron a caldearse a poco andar, porque no lograban ponerse de acuerdo en los montos.

Entonces intervino Loncon:

-”Ministro, sugiero que entregue los recursos luego, recuerde que se viene el aniversario del estallido social...”.

Las palabras de la presidenta de la Convención produjeron un silencio incómodo hasta que Ossa no se aguantó.

-”¡¿Me está amenazando con que si no entregamos la plata va haber más violencia?!”.

-”No, no estoy diciendo eso”, alcanzó a señalar Loncon cuando Bassa intentó bajar la tensión y afirmó que no compartía las declaraciones de la representante mapuche.

La negativa de La Moneda a aumentar en 1.700 millones de pesos el presupuesto de la Convención para financiar asignaciones -asesorías, viáticos y gastos operacionales- volvió a deteriorar la relación entre el órgano y el gobierno y reflotaron las críticas respecto a que a Piñera no le interesaba el éxito del proceso constitucional.

A la postre, a la Convención se le asignaron $ 10.584.592.005 en el marco de la Ley de Presupuestos 2021, y otros $ 5.283.830.995 a través del Presupuesto de 2022. Pero, además, a partir de un incremento de la misma ley, el órgano constituyente recibió otros $ 6.406.045.000 para gastos en personal, bienes y servicios de consumo, entre otros. En total, el presupuesto de la Convención para sus 12 meses de actividad bordeó los $ 22 mil millones.

El tema de las platas fue sólo uno de los factores que marcaron las tensas relaciones entre el gobierno de Piñera y el organismo constituyente. Tan tirantes que el Mandatario nunca tuvo un encuentro protocolar con la directiva de la Convención, una decisión de los líderes de los convencionales que a Piñera le dolió. En particular, porque Loncon llegó a hacer consultas en la Cancillería para una potencial cita, tratativas que más tarde desconoció, pese a que La Moneda manifestó su interés en un encuentro.

El aún Mandatario miró con distancia el fuerte abrazo en el que se fundieron Loncon y el entonces Presidente electo Gabriel Boric, quien llegó a la sede de la Convención a días de haber ganado los comicios presidenciales.

-”Nuestra Convención le abre las puertas al presidente electo”, afirmó Loncon.

-”Estemos escribiendo por primera vez en nuestra historia republicana una Constitución (...) es un motivo de alegría, un motivo de orgullo nacional y también mundial, porque nos están mirando desde el resto del mundo”, replicó Boric.

Piñera -en todo caso- no fue el único foco del desdén de la Convención, dominada por representantes de la izquierda y donde una amplia mayoría no sólo no sentía simpatía por el Mandatario y su gobierno, sino que recelaba de su compromiso con la confección de una nueva Constitución.

Aun antes del inicio oficial del órgano constituyente -el 4 de julio de 2021- el comienzo de las relaciones fueron turbulentas.

En esos días previos, La Moneda -por instrucción de Piñera- se contactó con algunos de los convencionales electos para establecer un puente con el objetivo de abordar materias de la instalación. Los problemas no tardaron en desatarse.

El enlace que el gobierno había definido como secretario ejecutivo de la Convención, Francisco Encina, no duró mucho. A los pocos días de asumir, los representantes de los pueblos originarios pidieron su renuncia acusando “falta de voluntad en el cumplimiento de compromisos”, lo que se concretó el 7 de julio.

En su lugar, asumió la exministra Catalina Parot. Su nominación desató nuevas críticas del órgano constituyente e, incluso, de parlamentarios, quienes acusaron al Ejecutivo de dar un “premio de consuelo” a la derrotada candidata a gobernadora por la Región Metropolitana.

A Parot le quedó claro de entrada que sus nuevas funciones estaban lejos de ser fáciles. A poco de ser nominada, el ministro Ossa la fue a presentar formalmente a la presidenta de la Convención.

Aun antes de saludarla, Loncon miró a Parot -quien usa muletas debido a las secuelas de una poliomielitis que la afectó a los meses de nacer- y -según presentes- le espetó.

-”No crea que aunque tenga una discapacidad usted haya tenido dificultades reales. Usted es rubia, viene de los privilegios”

Parot quedó muda. Ossa -que la acompañaba, tampoco salió indemne de la arremetida de Loncon.

-”Y usted es racista..., representa eso por su origen”.

La bienvenida del vicepresidente Jaime Bassa a la exministra tampoco fue cálida.

-”Hay indisposición de la constituyente con tu nombre”.

Parot, dicen algunas exautoridades de gobierno, llegó con un diagnóstico que no cayó bien entre personeros de la antigua administración: consideraba que la Segpres no tenía que estar a cargo del rol coordinador del tema convencional y que su cargo iba a tener un perfil más político.

La exministra a poco de iniciar sus funciones decidió renunciar. En su lugar asumió Matías Cox, quien logró tejer redes entre los convencionales e, incluso, la administración de Boric lo ratificó en el cargo.

Es claro que los problemas de los primeros días de funcionamiento de la Convención -que incluso hizo suspender la primera sesión del organismo- no ayudó a mejorar la percepción que los constituyentes tenían del gobierno de Piñera.

Aunque las autoridades de la época señalan que nunca estuvo en sus planes el fracaso del trabajo del organismo y que se ofrecieron disculpas formales a nombre de La Moneda por los ripios de los primeros días, las relaciones no mejoraron.

Incluso empeoraron cuando -según hoy reconoce el entonces subsecretario Máximo Pavez- La Moneda entró en una ofensiva para entregar información sobre las solicitudes de los convencionales -como menú y autos especiales- para contrarrestar los cuestionamientos que los constituyentes hacían al gobierno.

Pero -lo cierto- es que la administración Piñera también debió lidiar con el flanco derecho de la Convención. El entonces Mandatario tuvo que convivir con la indiferencia de su propia coalición, sobre todo entre los convencionales ligados a la UDI que no perdonaban que Piñera “entregara” la Constitución del 80 y -en sus palabras- los hubiera arrastrado a su peor resultado electoral en los comicios considerados “la madre de todas las batallas”. Y es que el sector no alcanzó a elegir ni un tercio del organismo y quedó a merced de la voluntad política del resto de los convencionales.

La orden la había dado la exministra Marcela Cubillos, quien dejó el gobierno para sumarse a la campaña del Rechazo en el plebiscito de entrada y que -tras la derrota- asumió una campaña como constituyente.

-”No habrá relación con el gobierno. Son responsables de esta tragedia”, fue el mensaje que llegó a oídos de La Moneda.

Piñera quedó relegado a la interlocución con un estrecho número de convencionales, entre los que estaban Luis Mayol (RN) y Hernán Larraín Matte (Evópoli), entre otros. Ellos participaron de algunas reuniones privadas en la casa del Presidente, aunque públicamente se descartaba cualquier acercamiento con él.

En los encuentros -donde también asistían el ministro Ossa y su par de la Segegob, Jaime Bellolio- se discutieron materias como el reglamento del órgano constituyente y algunas líneas generales de temas. Aún así, Piñera no logró influenciar en gran medida al sector y, sólo una vez que dejó La Moneda, algunos constituyentes comenzaron a ser más receptivos con él y aceptaron sus invitaciones.