La historia es conocida. En octubre del año pasado, a raíz del alza en el precio de pasaje del Metro, se produjeron una serie de protestas en el país que se intensificaron con el correr de los días. A tal punto llegaron las manifestaciones, que el fenómeno se convirtió en una crisis social, cuyos efectos se pueden sentir hasta hoy. También se sabe que esta contingencia sorprendió al gobierno y a una serie de organismos del país. Uno de estos fue el sistema de justicia penal, que tuvo que absorber un inusual número de detenidos en poco tiempo.

Lo que no se conocía es que para evaluar cómo reaccionó el sistema penal ante la contingencia y qué motivó a las personas a cometer los ilícitos, Fundación Paz Ciudadana -con la ayuda de la Defensoría Penal Pública y Gendarmería- abordó de forma inédita algo que ningún otro estudio había hecho: las razones de los imputados por conductas asociadas al estallido social.

Se trata de un documento reservado y solo para manejo interno, el que en los últimos días fue entregado a distintos actores del sistema penal para proponerles políticas públicas.

Para el análisis se entrevistó a 68 detenidos en la Región Metropolitana entre octubre y diciembre de 2019 (ver infografía). De ellos, 41 fueron arrestados por desórdenes públicos, daños a monumentos nacionales, atentados contra la autoridad, maltrato de obra a carabineros, atentado explosivo, entre otros delitos similares. Y 21 fueron detenidos por saqueos a locales comerciales.

En el caso de los imputados por conductas de agresión o daños, el estudio dice que los entrevistados declararon motivaciones de injusticia social, política, rabia contra Carabineros y factores emocionales, facilitados por la idea de que la violencia sería válida para hacerse escuchar ante la eventual agresión policial.

“Es relevante la presencia de distintas identidades sociales que se fueron modificando en el tiempo fruto del contacto directo con las fuerzas de orden y las percepciones de ilegitimidad respecto de su actuar, trasladando las motivaciones iniciales políticas y de justicia social a otras marcadas por la rabia hacia Carabineros, situación que se intensifica cuando la policía realiza intervenciones de dispersión forzada contra la multitud”, indica el documento.

En cambio, los detenidos por saqueos señalaron que sus motivaciones tuvieron que ver con aprovechar la oportunidad para obtener un beneficio material a través del acceso a bienes. Y que esto fue facilitado “por la ausencia de la vigilancia policial” y el “actuar anónimo y amparado en la multitud”, dice el estudio.

Ambos tipos de imputados declararon que veían una baja o mediana probabilidad de que los detuvieran o que recibieran una sanción penal por sus actos.

A raíz de estas conclusiones, Paz Ciudadana recomendó como política pública “aumentar la certeza de la detención en saqueos a través de estrategias policiales de intervención focalizada”.

En el control del orden público, propuso “desarrollar estrategias policiales con enfoques centrados en la negociación, considerando (...) comunicación con manifestantes y tono positivo”. Para esto, sugirió considerar una unidad especializada de diálogo y comunicación.

Paso por el sistema

También se hizo un análisis del proceso de detención y la experiencia ante tribunales. Para esto se usó una metodología mixta, considerando las entrevistas a los detenidos y la base de datos de la Defensoría Penal sobre los ingresos de imputados al sistema, entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre de 2019, 2018 y 2017.

Durante ese periodo, el año pasado se registraron 36.784 imputaciones (15.319 por ilícitos ligados a la crisis social). En 2018 se ingresaron al sistema 30 mil casos y, de ellos, 4.680 fueron por saqueos o disturbios.

Asimismo, según el informe, subieron los ingresos totales de causas en el periodo 2019 versus 2018 en un 22%, y los ilícitos en estudio aumentaron en un 327%. “El sistema de justicia penal respondió suficientemente al aumento brusco y prolongado de imputaciones por delitos durante las manifestaciones de 2019”, indica el documento.

También subió la aplicación de la prisión preventiva para los disturbios y saqueos, en comparación al mismo periodo de 2018.

De acuerdo al informe, “se evidencian problemas en el trato policial durante la aprehensión del imputado, hallazgos coincidentes a lo revelado por informes de organismos de derechos humanos”. En este aspecto, la mayoría denunció maltrato físico y uso de lenguaje inadecuado.

En relación al derecho a defensa, la mayoría de los entrevistados dijo que tuvo acceso a un abogado de su confianza. No obstante, reclamaron el poco tiempo asignado a cada caso, insuficiente preocupación por las causas y la baja proactividad en su defensa.

Además, los imputados identificaron dificultades para entender el contenido y sentido de la audiencia de control de detención.

El documento señala que “hay indicios de que ciertas prácticas realizadas por la policía y de los órganos de juzgamiento durante este periodo podría llevar a que se afecte la legitimidad atribuida por la ciudadanía al sistema penal, disminuyendo los niveles de obediencia que este debe generar en las personas”.

En ese sentido, para el senador PPD Felipe Harboe, “es evidente el mal proceder policial, cero capacidad de anticipación y torpe capacidad reactiva, ineficaz y plagada de abusos y desproporciones que revelan muy mala preparación y refuerzan la necesidad de una profunda reforma policial”.

El senador agregó que valoraba el actuar de la Defensoría, pero que en estos casos las expectativas de los imputados siempre son mayores que los resultados obtenidos.

Por otro lado, el diputado RN Gonzalo Fuenzalida indicó que “es injusto señalar que la Defensoría ha hecho mal su trabajo, porque es de las instituciones mejor valoradas”. Y añadió que pese a que el actuar de las policías requiere perfeccionamiento, no estima que Carabineros se haya excedido en relación a lo que establece la Constitución. Dijo que se trata de visiones negativas de parte de “personas que quizás por motivaciones políticas fueron imputadas por un delito”.

Entre las recomendaciones, Paz Ciudadana propuso generar una política de trato justo con capacitación sobre legalidad y trato, promover el uso de cámaras personales en policías, que los defensores participen inmediatamente después de la detención, además de evitar las audiencias masivas.

David Rozowski, director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Seguro, aseguró que es necesario trabajar en base a evidencias: “Hay veces en que Carabineros ha cometido errores y otras que no, por lo tanto, es importante que tengan los medios de tecnología necesarios para poder demostrar su inocencia o bien, si es que cometieron algún error, para que quede grabado”.

Según el senador Harboe, ante las diversas motivaciones de la violencia se requieren estrategias diferenciadas. “Para unos, política social focalizada para dar mayores esperanzas de surgimiento y superación social; y para el sistema, mejor preparación y análisis multisistémicos de mayor profundidad. Queda de manifiesto que el ‘análisis policial’ no es ni suficiente ni el adecuado”, aseguró.