Lo primero que sintió Rodny Batista (50) al abrir la puerta de su casa fue temor. Parada frente a él, una mujer vestida con traje de aislación, guantes de látex, mascarilla y máscara facial, cargaba una caja de color café y una guía con hojas blancas. “Pensé que era un operativo por coronavirus y que nos venían a tomar un examen”, confiesa el dominicano. Batista habita hace poco más de tres años una de las antiguas casas del cité del Pasaje General Bulnes, en Santiago Centro.
Detrás de los muros de adobe levantados en los años 30 y debajo de un techo revestido de madera, comparte espacio con otras tres familias extranjeras. Ocho personas en total. Todas desempleadas, según dice, a causa de la pandemia y la cuarentena. Por eso le sorprendió que el viernes, cerca de las 11.00, alguien golpeara a su puerta.
La elección del barrio Balmaceda como primer punto de entrega de los insumos básicos no fue al azar. Un catastro de la Municipalidad de Santiago catalogó a este sector como uno de los más vulnerables de la comuna. La distribución fue rápida, dicen en el municipio, por las carencias de muchos de sus habitantes y, al mismo tiempo, para evitar aglomeraciones e incidentes. “Esta caja con comida nos ayuda mucho, porque ninguno de nosotros tiene trabajo. Fue muy bueno que nos dieran una caja por familia, pese a que vivimos todos en la misma casa”, dice Batista. Arroz, pastas, salsas de tomate, aceite, detergente en polvo y jabón en barra son algunos de los elementos que componen las cajas de insumos de emergencia que el gobierno comenzó a repartir.
La logística y la distribución de las cajas básicas en Santiago fueron puestas a prueba apenas 24 horas antes de la primera entrega oficial. Aun cuando los contactos entre el gobierno y los alcaldes comenzaron el lunes, horas después del anuncio presidencial que comprometió la entrega de 2,5 millones de canastas, recién el jueves se concretó el primer envío de camiones con las 1.088 cajas de mercadería a Santiago.
En una bodega del sector Balmaceda, que cuenta con medidas de seguridad, la Municipalidad de Santiago acopió el primer cargamento. Emardo Hantelmann, subsecretario general de Gobierno, se transformó en el interlocutor y coordinador entre La Moneda y los tres primeros municipios que repartieron de manera piloto los insumos de emergencia: Estación Central, Quinta Normal y Santiago.
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¿Se ha pensado en un plan nacional de entrega de alimentos a las familias?, preguntó el miércoles de la semana pasada el Presidente Piñera a los ministros del gabinete presentes en el comité de crisis de La Moneda.
Para entonces, las cifras de nuevos contagiados y de fallecidos comenzaba a crecer de manera significativa respecto de las semanas previas, obligando al gobierno a modificar el discurso y la estrategia de cuarentenas progresivas con las que hasta entonces se había intentado controlar la propagación del coronavirus. Ahora, las autoridades sanitarias ordenaban el confinamiento masivo de más de cinco millones de personas, en 38 comunas, cerca del 90% de la población de la Región Metropolitana. Una restricción “extremadamente dura”, como la calificó el ministro de Salud, Jaime Mañalich, pues provocaría una mayor afectación económica en la población.
“Los vecinos no se me están muriendo de coronavirus, se me están muriendo de hambre”, había advertido sólo unos días antes, el 8 de mayo, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, en entrevista con La Tercera, reclamando por la situación que vivían los residentes de la comuna tras casi un mes en cuarentena. Una condición que se repetía con mayor fuerza en los barrios periféricos del surponiente y de la zona norte de la capital, donde juntas de vecinos y organizaciones sociales llevaban varios días parando ollas comunes.
Sólo en Puente Alto, una de las comunas más populosas de la Región Metropolitana, se habían puesto en funcionamiento 14 centros comunitarios a cargo de ollas comunes que reparten almuerzos solidarios a los vecinos. Además, el municipio que encabeza el edil RN Germán Codina, desde abril había aumentado de mil a 7.000 las cajas de alimentos que repartían a los pobladores más necesitados.
Por eso, aseguran fuentes de Palacio, el miércoles pasado hubo unos minutos de incómodo silencio tras la pregunta que les hizo el Mandatario.
No había nada preparado.
Fueron los representantes del Ministerio del Interior los que levantaron la voz. A comienzos de abril, le explicaron al Presidente, el subsecretario de la cartera, Francisco Galli, y el jefe de la Unidad de Emergencias de la División de Gobierno Interior, Cristián Barra, que habían contactado a cada uno de los intendentes y gobernadores para saber cuántos recursos del 5% para emergencias, que dispone el Fondo de Desarrollo Regional, tenían disponibles para el control de la pandemia.
Según ese catastro preliminar, en 10 de las 15 regiones tenían presupuestado usar parte de esos recursos en vales y vouchers, algunos pensaban en gifcards que se entregarían a las personas de más escasos recursos para la compra de alimentos. En otras dos regiones, incluida la Metropolitana, ya no tenían dinero, pues se había gastado en marzo para paliar la sequía.
Hasta ese momento, nadie pensaba en un plan nacional, menos en una campaña de la magnitud que tomaría sobre la marcha.
Por eso, incluso desde el oficialismo, especialmente en RN, algunos criticaron el hecho de que el Presidente anunciara en cadena nacional la entrega de 2,5 millones de cajas básicas de alimentos al 70% de los chilenos más pobres -cifra que debió ser corregida el jueves pasado, cuando se aclaró que sería para el 70% de la población más vulnerable de las comunas en cuarentena-, sin tener aún un plan diseñado.
También el hecho de que no se incluyera hasta entonces a los alcaldes, ni siquiera a los de Chile Vamos, en esta estrategia. El mismo día en que Piñera hizo el anuncio, los ediles habían estado concentrados en dar la pelea por evitar la fuerte limitación que había impuesto la autoridad sanitaria a los test de PCR que recibiría el Instituto de Salud Pública.
El presidente de RN, Mario Desbordes, desplegó un intenso lobby en el gobierno para que incluyeran a los alcaldes y desactivar un potencial conflicto. En la colectividad aseguran que no fue fácil convencer al Ejecutivo. Los asesores del Segundo Piso, y el propio Presidente, insistían en que la entrega de las cajas tenía que ser centralizada por el gobierno y se oponían a compartir este beneficio con otras autoridades.
Las dudas se acrecentaron aún más cuando el Jefe de Estado nombró al exsubsecretario de Interior Rodrigo Ubilla como delegado personal a cargo del tema.
El lunes, sin cajas compradas ni un plan diseñado, las alarmas se encendieron. Ese día, más de 400 personas, muchos de ellos adultos mayores, protestaron en la comuna de El Bosque en demanda por la falta de alimentos y los problemas económicos que se han agudizado por la falta de trabajo. Las movilizaciones se extendieron a otras zonas de la capital, como La Pintana y Peñalolén.
Para el alcalde de El Bosque, Sady Melo (PS), las protestas no fueron una sorpresa. Un día antes del anuncio presidencial, el sábado en la mañana, funcionarios de su municipio habían realizado un operativo en la Población Vicente Huidobro, en la intersección de las avenidas Imperial con San Francisco, para la entrega de cajas de alimentos a algunos vecinos. Mientras estaban allí, pobladores de los barrios adyacentes, entre ellos de la Población San Francisco, en el límite con La Pintana, habían llegado a reclamar el hecho de que no les llegara ayuda a ellos. El clima ya estaba enrarecido. No sólo por el hambre y los problemas que ha ocasionado la pandemia. Cercanos al alcalde Melo y a la edil de La Pintana, la DC Claudia Pizarro, aseguran que estas protestas han sido polarizadas por dirigentes sociales ligados al polémico alcalde de San Ramón, Mario Aguilera, y sectores del Frente Regionalista Verde y del PC, al que se ha vinculado Aguilera tras su expulsión del PS, con miras a ganar estas alcaldías en las elecciones municipales.
En La Moneda opinan lo mismo. Tras las protestas en El Bosque, apuntan, hubo intentos desde el Frente Amplio y el PC por reinstalar el descontento social contra el gobierno que se vivía desde el estallido social del 18 de octubre.
El mismo lunes 18 de mayo, durante el comité político ampliado en La Moneda -que se realizó por videoconferencia-, Desbordes y los jefes de bancada de RN pidieron al Presidente que explicara la forma en que se operativizaría la compra y distribución de las cajas de alimentos prometidas por el gobierno. No hubo respuesta. Piñera, aseguran, se excusó de responderles debido a que “tenía otro compromiso ineludible”, tras lo cual se retiró de la sesión.
Con el correr de las horas, sería el realismo el que terminaría por imponerse.
El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y los equipos de su cartera, fueron claves para que el Plan Alimentos para Chile, como fue bautizado, quedara radicado en los gobiernos regionales, especialmente en el intendente metropolitano, Felipe Guevara. De los 2,5 millones de cajas de alimentos, más de un millón y medio serían entregados en las comunas del Gran Santiago. Como exalcalde de Lo Barnechea, Guevara entendía la urgencia de incluir a los ediles en la logística de este proceso, pues son los que mejor conocen los territorios.
El martes 19, Guevara se reunió con el jefe de la Zona de Estado de Emergencia, general Carlos Ricotti; el ministro de Defensa, Alberto Espina, y el asesor del Ministerio del Interior Cristián Barra, para definir los centros de acopio donde se guardarían las cajas y el rol que tendrían las Fuerzas Armadas en este proceso.
Por seguridad, para evitar eventuales saqueos, las cajas de alimentos se almacenarán temporalmente en 12 a 15 lugares. Se trata de unidades militares, las sedes de las escuelas de Carabineros e Investigaciones, pero se evalúa también usar el Estadio Nacional e, incluso, el Estadio Bicentenario de La Florida. Eso sí, los militares pidieron resguardar sólo el almacenamiento y la entrega de las cajas a los municipios. Por falta de personal, no podían destinarlos al armado de las cajas ni a escoltar la entrega de estos insumos en cada barrio.
Esa última tarea sería responsabilidad de cada municipio. Así quedó establecido el miércoles en la mañana, durante una reunión a la que asistieron los alcaldes de toda la Metropolitana con el intendente Guevara, el delegado presidencial Rodrigo Ubilla y el asesor de Interior, Cristián Barra. Serían los alcaldes, además, los responsables de definir los barrios más vulnerables que recibirían la ayuda, pues se desechó repartir sólo a los hogares que estuvieran inscritos en la ficha Casen, por temor a que se generaran protestas entre los vecinos que no estuvieran incluidos en esos instrumentos de focalización.
A la par, ese mismo día se cerraron las primeras compras directas de alimentos entre proveedores que ya estaban inscritos en programas del gobierno.
En la Intendencia Metropolitana afirmaron que se consultó a mayoristas y supermercadistas. Pero no todos quisieron participar. Cencosud, dueño de Jumbo y Santa Isabel, al igual que la cadena estadounidense Walmart, dueña de Lider, optaron por restarse.
El stock de alimentos no perecibles que se pretende comprar para los 1,8 millones de cajas que se distribuirían sólo en la Región Metropolitana, señalan en la Intendencia Metropolitana, representa lo que Jumbo y Santa Isabel venden en 10 meses. Además, como el gobierno compra a granel, los precios son más bajos que los que estos supermercados están vendiendo a los consumidores.
Según Guevara, el miércoles en la noche ya habían comprado todo el stock de legumbres que había en Chile. Por lo mismo, la exigencia a los proveedores es que las cajas debían llegar armadas y listas para su distribución.
Las primeras cajas comenzaron a llegar el jueves en la mañana. Todo fue tan rápido, que el gobierno no alcanzó a tener listas las pegatinas con el logo del gobierno que se pretende colocar en las raciones que se entregarán a partir de la próxima semana. Fueron 8.000 cajas las que se repartieron el viernes, entre estas la que recibió Rodny Batista en la comuna de Santiago. Luego vendrán más, muchas más, dice Guevara. La idea es tener 60 mil cada día y así ir aumentando la capacidad de producción y reparto hasta completar lo prometido por el gobierno.
