Cuando Máfil conoció la violencia

El primer hito de violencia rural en Máfil se dio hace más de tres años: corría abril del 2019 y un ataque incendiario destruyó cinco máquinas de una frutícola. En el lugar se encontraron dos panfletos alusivos a la causa mapuche.

Desde entonces en Máfil, una comuna de poco más de siete mil habitantes, han visto una escalada impensada. Antes de eso, nunca habían visto atentados en el pueblo, ubicado unos 40 kilómetros al norte de Valdivia, en la región de Los Ríos.

“Teníamos robos en lugares no habitados -recuerda el alcalde, Claudio Sepúlveda (PPD)-, lo típico de la delincuencia. Pero nada de ese tipo”.

“Lo del 2019 nos preocupó”, comenta Sandra Bastías (Ind.-RN), concejal. El año lo cerraron con ese único hecho de violencia rural.

Luego, el 2020, en la comuna hubo dos hechos de violencia rural. Esto, según las cifras del Ministerio Público, que incluyen en su conteo no sólo quema de maquinarias, sino que también robos en lugares no habitados, robos con violencia, agresiones a carabineros, entre otros delitos.

Eso, hasta el 2021, cuando llegaron a un punto crítico.

La mañana del sábado 2 de octubre de 2021, seis carabineros, que se dirigían a desalojar una toma de terreno en unos fundos, fueron emboscados y repelidos con perdigones. Uno de los funcionarios perdió la visión parcialmente de un ojo.

“Me tocó estar en el Hospital de Valdivia con los familiares y los generales”, cuenta Pablo Urquízar, coordinador nacional para la Macrozona Sur en el gobierno de Sebastián Piñera. “Una de las mayores preocupaciones era el modus operandi, nunca antes visto en Máfil. Era propio de lugares más complejos, como Ercilla o Tirúa. La CAM estuvo presente ahí”, agrega.

Entre los hechos que han sucedido en la comuna hay baleos a camioneros, quemas de viviendas y de maquinaria, así como tomas de terreno. El último que ocurrió fue el 17 de julio de 2022, en la empresa Áridos del Sur.

“Llegaron 15 personas rompiendo los vidrios, amenazando al gerente y a toda su familia -relata Cristian Muñoz, encargado de ventas y logística de la empresa-, despertándolos de madrugada”.

El saldo de esa jornada: 16 vehículos y tres maquinarias quemados. A través de un lienzo, el ataque fue reivindicado por un Órgano de Resistencia Territorial perteneciente a la CAM.

El 2021, Máfil lo cerró con 29 hechos de violencia rural. Y en lo que va del 2022, ya suman 17.

Todo esto es muy raro para Carlos Taladriz (RN), también concejal de la comuna. “Antes, a lo lejos podíamos ver un homicidio. Y al ser una comuna rural, se veía abigeato -hurto de ganado- o robo de madera, cosas así. Pero nada relacionado con armas”.

Pero todo lo que veían en las noticias, por televisión, que pasaba en La Araucanía o en el Biobío, lamenta Taladriz, comenzó a pasar a metros de su casa.

“Ahí dijimos, chuta, se viene para acá la cosa”.

“Desde sus inicios, la tierra donde hoy se erige Máfil ha estado ligada a una fuerte actividad agrícola y ganadera”, ilustra el historiador de la Universidad Austral, Ricardo Molina.

Una vez que se fundó como comuna en 1964, su expansión urbana estuvo muy ligado al desarrollo de la red ferroviaria. “De hecho, Máfil es conocida por ser un nodo de conexión importante entre Valdivia y el resto del país”.

La estrecha relación con la actual capital regional se mantiene hasta el día de hoy. Por Máfil pasa la Ruta 5 antes de llegar a Valdivia, lo que permite una estrecha conexión económica y logística con el resto de la región.

“Somos una comuna principalmente agrícola -describe Taladriz-. Acá no hay industrias grandes. Es un pueblo dormitorio, donde viven trabajadores que tienen sus empleos en Valdivia, o en la planta celulosa Arauco, donde muchos trabajan como chofer, en maquinaria o en el aseo”.

Máfil es una comuna urbano-rural. Así la describe la edil Sandra Bastías, que ha vivido prácticamente toda su vida allí.

“Es que acá no hemos sido invadidos por los semáforos, los bancos o los grandes supermercados”, explica. “Acá los supermercados son locales, de emprendedores mafileños. Tampoco se cobra por estacionamientos, por ejemplo”.

Su tranquilidad es reconocida. De hecho, su tasa de denuncias de Delitos de Mayor Connotación Social estuvo muy bajo el promedio de la región y del país entre los años 2017 y 2019, según cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Entre los negocios que operan en la zona -microempresas la mayoría- se puede listar una pujante industria del queso, y el cultivo de frambuesas. En el sector no hay grandes forestales.

Por otra parte, el territorio de Máfil y el norte de Los Ríos “es ancestralmente un territorio de población mapuche-huilliche”, explica Molina. “Las comunidades han convivido, en general, de manera armónica, desarrollando actividades agrícolas”.

Y si bien estas comunidades han buscado hacer valer sus derechos indígenas, lo han hecho de forma pacífica. “Reivindican, pero por la vía institucional”, destaca Egon Montecinos, intendente de Los Ríos entre 2014 y 2017.

La tranquilidad y baja tasa de delitos hizo que Máfil no requiriera un gran contingente policial. “Tenemos una dotación disminuida -asume Taladriz-. Son 12 carabineros. Tenemos, también, una camioneta policial bien deteriorada, y un vehículo más nuevo, pero simple, un sedán. No es algo para el campo, ni para meterse donde haya barro”.

Ese número de uniformados no fue un problema en la zona, hasta que comenzaron los ataques incendiarios. Ahí, la seguridad comenzó a ser un tema diario.

Eso sí, aunque la violencia rural en Máfil es un problema nuevo, en la región no lo es.

“En Máfil no había hechos de violencia -sostiene Montecinos-, pero sí recuerdo que entre el 2014 y 2015 se comenzaron a dar en Lanco, Panguipulli y uno aislado en La Unión, que se lo adjudicó la CAM”. Todas, comunas aledañas o vecinas a Máfil. De hecho, en Lanco tuve que invocar el año 2016 la Ley Antiterrorista, ya que en un atentado hubo disparos con armas de fuego contra carabineros”.

El fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, recuerda otro hecho sucedido en 2017, donde se quemaron 29 camiones en San José de la Mariquina. “Fue catalogado como el atentado más grande que ha existido por números en un solo hecho”, dice.

El caso abrió una arista de la operación Huracán, la misma en la que se acusó a una serie de carabineros de montaje y falsificación de instrumento público.

“Todo eso pasó a unos 47 kilómetros de Máfil”, señala Meléndez. “Entonces, hablamos de un sector que es parte de una misma zona donde han ocurrido hechos anteriormente, que es el norte de la región de Los Ríos”.

El mismo persecutor expone que los hechos de violencia aumentaron en la región desde hace una década: si en 2012 hubo 10 casos, en 2015 subió a 17.

En ese contexto comenzó un trabajo de inteligencia entre PDI y Carabineros: querían frenar el avance de los grupos radicales.

“Sabíamos que esto estaba vinculado con reivindicaciones que venían de La Araucanía, de Temucuicui, con la CAM, y no queríamos que entraran a la región de Los Ríos”, afirma Montecinos.

Pero la tendencia, a pesar de los esfuerzos, parece desbordada: van 53 casos en la región en lo que va de 2022; dos menos que en todo el 2021.

“Hay mucha similitud con lo que pasa en las regiones vecinas. Se ve un desplazamiento del modus operandi, de la forma de actuar, de uso de armas de fuego, capuchas y elementos incendiarios”, denuncia el persecutor. “A través de lienzos, se le atribuyen órganos de resistencia territorial”.

Según Urquízar, en la comuna operan tres de las siete orgánicas más violentas de la Macrozona Sur: además de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), también han identificado a la Liberación Nacional Mapuche (LNM) y la Resistencia Mapuche Malleco (RMM).

“También es relevante -sostiene Urquízar- el comunicado público de una reunión realizada el 19 de febrero de este año en el Lof Huemal Curin, de la comuna, donde aparecen firmando esas tres organizaciones, justificando la utilización de la violencia como medio de acción política. Nunca en la Macrozona Sur había aparecido un comunicado conjunto de estas tres orgánicas”.

En Máfil, sus autoridades asumen que la famosa tranquilidad del pueblo está quedando atrás.

“Era una comuna armoniosa hasta el año pasado, que nos saltó una pequeña chispa de La Araucanía”, lamenta Sandra Bastías. “Pero nunca pensamos que iba a ser tanto”.

La llegada de la violencia a Máfil se origina por varios factores. Aunque dentro de ellos influyen su posición geográfica, la radicalización de grupos armados y el rol del Estado.

Una de las explicaciones posibles para esto la dio la misma ministra del Interior, Izkia Siches, esta semana: el estado de excepción constitucional hizo desplazar al sur las insurrecciones.

“Lo habíamos visto en el estado de excepción constitucional previo -sostuvo Siches- cómo empezaban a desplazarse los hechos de violencia en la medida que vamos copando las regiones que están siendo afectadas”.

Pablo Urquízar añade otro elemento:

“Máfil es estratégico en al menos cuatro sentidos: el primero, existen comunidades, como la Huemal Curín, que son utilizadas por las orgánicas radicalizadas y terroristas, que justifican la utilización de la violencia como medio de acción política, respecto de las cuales las orgánicas se aprovechan”.

El excoordinador continúa su enumeración.

“En segundo lugar -sigue- la menor presencia del Estado y la lejanía que históricamente había tenido la comuna con hechos de violencia. En tercer lugar, la proximidad con La Araucanía, centro neurálgico de las operaciones violentas. Por último, el estado de emergencia en La Araucanía y Biobío, dada su mayor efectividad, obliga necesariamente a las orgánicas a ejecutar sus atentados en sectores distintos al control conjunto de las Fuerzas Armadas y las policías”.

Asimismo, este avance de hechos violentos ha desnudado una posible fragilidad del sistema penal en la región.

“Hay una falta de herramientas tecnológicas evidente. El fin de semana que pasó el atentado en Máfil y Lanco, por ejemplo, tuvimos que esperar a que llegaran los peritos desde Puerto Montt. Cuando llegaron, el sitio ya era un barrial, por las condiciones climáticas de la zona”, critica Meléndez.

De hecho, el mismo persecutor lamenta que no hay ningún procesado por algún hecho de violencia en Máfil.

Eso sí, las autoridades de la zona celebran que llegaron a varias conclusiones positivas luego de la visita del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

“Por ejemplo, se instalarán cámaras de vigilancia diurnas y nocturnas, y portales de patente de vehículos en tres puntos estratégicos: en Lanco, Máfil y La Unión”, comentó el alcalde de Máfil. “Es una medida rápida, pero uno echa de menos también reforzar la policía en la comuna”.

En esa línea, Meléndez cree que controlar las carreteras con mayor presencia policial en puntos como Lanco, la frontera entre Los Ríos y La Araucanía, generará un efecto disuasivo.

“Esto hay que controlarlo -finaliza el fiscal- porque si no, puede seguir avanzando más hacia el sur”.

En Máfil tienen ese mismo miedo. Empresas de la zona, como Áridos del Sur, también pasan por malos momentos económicos debido a los atentados, ya que bajan la productividad. El mismo alcalde Sepúlveda asume que entre los agricultores hay incertidumbre por su trabajo a futuro: tienen temor de trabajar la tierra.

El concejal Taladriz dice que hay otro factor, más silencioso, que también les preocupa: la mala fama que se pueden hacer. El pasar de ser pueblo tranquilo a uno asolado por la violencia.

“Mucha gente a nivel nacional no conoce a nuestro pueblo -dice-. Y, lamentablemente, ahora se hace conocido por eso, por cosas malas”.