¿Cuántos niños perdidos hay en Chile? El drama crece cuando las cifras no calzan

Fue desde el 17 de febrero de este año cuando el caso de Tomás Bravo conmocionó al país entero: la desaparición de un niño de tres años en el sector de Caripilún, en la comuna de Arauco, generó el despliegue de un intenso operativo. No solo de parte de la Brigada de Bomberos, PDI y Carabineros: incluso se sumaron Fuerzas Armadas con apoyo tecnológico y también la coordinación de la Fiscalía del Biobío. La búsqueda de Bravo se tomó matinales, hubo declaraciones diarias a la prensa por parte de autoridades y monopolizó la atención en todas las redes sociales.

Eso tuvo un resultado: nueve días después dieron con el cuerpo del menor. Lo encontraron en una zanja del sector del río Raqui, a dos kilómetros del lugar donde se había perdido.

Antes de eso, en medio de su búsqueda, asomó la pregunta sobre cuántos niños como él hay perdidos en Chile. La respuesta no es solo una y el desenlace de este caso no es la norma. Si bien Bravo es parte del 98% de los encargos de búsqueda con hallazgo de Carabineros, y del 95% de las órdenes de PDI que logran ser ubicados, el niño de tres años también entra dentro del 0,2% de personas menores de 18 años que se encuentran sin vida cuando aparecen. En los últimos 10 años, 36 niños y niñas menores de cinco años fueron encontrados fallecidos. Esas eran las estadísticas que Carabineros llevaba hasta mediados de 2019 y que presentó ante la comisión investigadora que hay en la Cámara de Diputados por este tema.

El catastro también trae la cuenta de los que todavía no han sido ubicados, aunque no existe una única cifra: según Carabineros, entre el 2010 y mitad de 2019 son 3.411 los encargos de búsqueda a menores de 18 sin resultado. La PDI dice otra cosa: en ese mismo periodo de años, sumando el 2020, las órdenes que aún permanecen en investigación en realidad son 1.783. Y la fiscalía arroja 1.117 causas de niños, niñas y adolescentes que siguen vigentes en los últimos 10 años.

Esas son las tres entidades que se encargan de la búsqueda de personas en Chile. Sin embargo, como no existe un catastro único de extraviados, cada institución trabaja con sus propias cifras. Pero hay algunas coincidencias: de los que faltan, la gran mayoría tiene entre 12 y 17 años. Y un dato más: según un análisis de la Fundación San Carlos de Maipo, al informe de de Carabineros, de los casos sin ubicar, un 60% corresponde a mujeres, y un 50% del total son mujeres entre 12 y 17 años. O sea, 1.735 niñas y jóvenes perdidas.

Respecto de la edad, la Jefatura Nacional de Delitos contra las Personas de la PDI dice tener una explicación: “De las probables causas de las órdenes de investigar recibidas, se encuentra la deserción escolar y problemas de convivencia entre los adolescentes y su grupo familiar. Sin embargo, se trata de hechos subjetivos, debido al constante dinamismo del fenómeno de las presuntas desgracias”.

Algo así ocurrió con Tanya Aciares, o al menos eso cree su padre. Faltaba un día para que cumpliera 14 años cuando, el 24 de octubre de 2018, sus hermanos dicen que salió de su casa en Copiapó con un bolso. No saben si fue donde una amiga o a ver a su pareja. La única certeza que tienen es la ropa que llevaba puesta: polera negra, jeans color celeste, zapatillas blancas y una mochila beige.

Tanya por esos días vivía con su mamá, su abuela materna y sus dos hermanos menores. Un día después de que se marchara su padre, Dany Aciares, fue a dejarle su regalo de cumpleaños: “Cuando llegué, su abuela me dijo que la niña no había vuelto desde ayer, que había salido. Les pregunté que cómo le habían dado permiso, y ahí empezamos a discutir: ‘Esa cabra chica se manda sola’, me dijo ella. Así que me fui y le dejé el regalo ahí”, recuerda.

Horas después la familia comenzó a buscarla. Así, Dany Aciares se fue enterando de un par de cosas que hasta entonces no sabía sobre su hija: como que había denunciado a la pareja de su abuela por abuso sexual, que éste tenía una orden de alejamiento de ella y sus dos hermanos, y que había comenzado a asistir al programa ambulatorio de Representación Jurídica del Sename, dirigido a menores de 18 que han sufrido vulneraciones de sus derechos.

“Llamé a mi hermana para ver qué era lo primero que había que hacer, y fuimos a denunciar la presunta desgracia a la PDI. En paralelo, empecé a juntarme con mis amigos para buscar en distintos lugares de Copiapó. Quizás se aburrió con lo que le trataban de hacer en las noches y por eso se fue. Quizás se fue porque buscaba cariño y ahí no lo encontró, o quizás incluso se podría haber ido con el pololo”.

Pero cuando fue a buscarla allá, su pareja le dijo que no la había visto. De hecho, le explicó que habían terminado hacía tiempo. Esos primeros meses, dice Aciares, fueron los peores: su hija no había dejado ningún rastro.

Pese a que tanto el informe de la PDI como el de Carabineros señalan que las regiones con más desapariciones de personas menores de 18 años son la Metropolitana, Valparaíso y Biobío, la Fundación San Carlos de Maipo analizó esos datos en base a la población de niños, niñas y adolescentes que existe en cada región. De ahí sale algo que llama la atención: los encargos de búsqueda se incrementan en las regiones extremas del país y en La Araucanía. En Arica y Parinacota, estos representan un 4,8% de la tasa de población menor de 19 años. En Aysén, es el 3,8% y en La Araucanía, el 3,5%. Esos porcentajes distan mucho de la realidad que tiene la Región Metropolitana, donde, por ejemplo, la tasa de encargos de búsqueda es del 2,2%.

Ni fiscalía ni PDI ni Carabineros tienen una hipótesis clara respecto de por qué los extravíos ocurren más en esas zonas. Aunque para la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, es importante realizar un análisis para ver qué es lo que está pasando: “El Ministerio Público debería entregar información respecto de qué tipo de niños ha desaparecido ahí, cuál es el contexto de la desaparición, qué diligencias se han hecho. Eso permitiría construir algún tipo de explicación de por qué estas regiones tienen cifras mucho mayores que otras. Porque es peligroso hipotetizar sin tener los análisis, eso podría llevar a conclusiones que resulten terroríficas”, advierte.

Esta tendencia no es solo de los últimos 10 años. En la Región de Antofagasta, la cuarta con mayor tasa de encargo de búsqueda de menores (3,3%), el 12 de enero de 2007 desapareció Daniela Trigo, de 13 años. Para su madre, Rossana Pizarro, jamás hubo motivos como para que Daniela se haya ido de la casa o alguien se la hubiese llevado: “La mandé a buscar un CD a la casa de mi hija mayor, que queda en el patio de atrás de la mía, en el mismo terreno”, recuerda ella.

Por esos días, Pizarro junto a su hija vivían en Calama. Se preparaban para la Fiesta de la Virgen de la Candelaria, una celebración religiosa que se hace todos los años, a principios de febrero, en San Pedro de Atacama. Para esa fecha es tradición el baile de La Diablada. Con su hija estaban preparando los trajes que usarían para esa presentación. El CD que Pizarro mandó a buscar tenía fotos de referencia sobre cómo debían hacerse los trajes. “Las dos salidas que hay hacia la calle en mi casa son por delante y la casa de mi hija quedaba hacia atrás. La Daniela llegó a buscar el CD, pero después no sé qué pasó con ella. No sé si la golpearon y se la llevaron, no tengo idea. Todavía tengo guardado su traje”.

Ese mismo día, después de las siete de la tarde, Pizarro y su familia se dedicaron a buscarla por todo el barrio. Eso hasta la una de la madrugada, cuando, rendida, llegó a la comisaría de Carabineros a dejar constancia de que estaba perdida. “Ahí me dijeron que ellos no podían hacer nada antes de las 48 horas, que volviera después de eso, y que me calmara, porque probablemente mi hija andaba en la discoteca”, recuerda.

Pero a Pizarro había algo que no le cuadraba: su hija no asistía a fiestas. “Era regalona y muy niña, a esa edad seguía jugando con las muñecas”. Por eso es que con el paso de los días se empezó a desesperar. Sobre todo, porque sospechaba de alguien: un hombre borracho había estado molestando a las niñas que ensayaban para el baile. La misma Daniela Trigo, esa semana, le había pedido que por favor las dejara tranquilas. Más tarde, una vecina le comentó que ese mismo hombre salió gritando a la calle diciendo que él fue el que había matado a su hija.

Luego de siete días de su desaparición, la PDI emitió una orden de búsqueda y comenzaron las diligencias: casi todas apuntando a ese principal sospechoso. Pero Rossana Pizarro sentía que estaban llegando tarde. Dany Aciares sintió algo parecido: que con el correr de los meses estaba cada vez más solo en su búsqueda. “Una sola vez tuve una audiencia con el fiscal y la PDI. Estuvimos los tres y ahí el fiscal le pidió más apoyo a PDI y que me informaran de más cosas. Pero no me llaman. Si los llamo, están ocupados. Voy para allá, me dicen que no pueden atenderme. Así es imposible”.

Entre quienes conocen el funcionamiento de la búsqueda de personas, existe un acuerdo transversal en que hay un problema. Sobre todo cuando se trata de niños y adolescentes. Partiendo porque muchas veces se llega tarde: “Las víctimas se encuentran con un montón de obstáculos para empezar las búsquedas de sus familiares perdidos. Por ejemplo, que Carabineros no empieza la búsqueda de inmediato. La verdad es que cuando se pierde alguien, las primeras 24 horas son las más importantes. Sobre todo cuando se trata de menores de edad”, comenta Paula Cáceres, abogada penalista, especialista en delitos violentos.

La Jefatura Nacional de Delitos Contra las Personas de la PDI responde que eso no es así: “Cuando se recibe una denuncia por presunta desgracia, inmediatamente comienzan a realizarse las primeras diligencias para la ubicación de la persona desaparecida. Se desarrollan todos los procedimientos necesarios para dar con el paradero. Si en ese tiempo no es ubicada, se elabora un informe de primeras diligencias, el cual es emitido a la fiscalía de la jurisdicción. Una vez tomado conocimiento la fiscalía, esta emana orden de investigar ya sea a Carabineros de Chile o a PDI”.

Pero existe otro problema, y tiene que ver con el desorden de las cifras: cada entidad tiene su propia nomenclatura para definir quién sigue perdido o no. En la PDI, por ejemplo, los 1.783 casos registrados que siguen en investigación no siempre están actualizados. “Hay muchos casos que forman parte de esa cifra que a la fecha, o regresaron voluntariamente a su domicilio y su familiar no dio cuenta a las autoridades, o son ubicados por otra entidad policial como Carabineros. Por lo tanto, se revisa caso a caso y se va depurando la información”, dicen en la Jefatura Nacional de Delitos contra las Personas. Lo mismo ocurre en fiscalía: no es raro que la familia pueda haberlos encontrado y no haya avisado.

“Las policías no comparten los mismos criterios para definir la población objetiva para la que están trabajando. Cada organización funciona muy sola y le cuesta mucho colaborar y coordinarse. En las Órdenes de Búsqueda y Recogimiento, además, puedes ingresar varios casos en relación a una misma persona. Pasa lo mismo con la PDI”, explica Rafael Rodríguez jefe del Área de Estudios y Desarrollo de la Fundación San Carlos de Maipo.

Por eso el caso de Tomás Bravo no es la norma. Fue de las veces en que sí existió esa coordinación.

Para eso es que se está trabajando un proyecto de ley en el Congreso: la Ley Extraviados. Entre otras cosas, propone un registro único de desaparecidos, con la unificación de las bases de datos existentes. “Ese 2% que no obtiene éxito en la búsqueda y que se transforma en una desaparición es el que nos preocupa y nos ocupa. Porque no solo se acumula año a año, sino que, para ser más efectivos, la información debe ser transversal para que no se dupliquen esfuerzos y recursos”, explica la diputada Erika Olivera (RN), quien preside la comisión investigadora de la Cámara.

En la Fiscalía Nacional también están conscientes del desorden de las cifras: “En 2020 activamos un protocolo de actuación en materia de presuntas desgracias. Tenemos una mesa de trabajo en donde participan Carabineros, PDI y el Servicio Médico Legal, además del Ministerio Público. La idea es recoger las observaciones de las fundaciones de familiares de extraviados y establecer una coordinación adecuada de las acciones que realizan las tres instituciones de manera que resulte más eficaz y con mejores resultados”, asegura María José Taladriz, directora de Delitos Violentos y Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía Nacional.

Mientras eso ocurre, lo último que supo Dany Aciares de su hija es que podría estar con vida en Concepción. Sobre el caso, el fiscal Christian González asegura que “la investigación se encuentra vigente. La Fiscalía de Copiapó no ha dejado nunca, ni dejará de investigar hasta poder dar con su paradero o determinar si fue o no víctima de un delito”.

Aunque existe una pregunta que ronda entre los padres cuando ven casos de otros niños y niñas perdidos como el de Tomás: ¿Da más tranquilidad encontrarlos fallecidos o es mejor quedarse con la incertidumbre -y esperanza a la vez- de que podrían seguir con vida?

Para Aciares, es la segunda opción: “Quiero pensar que se fue por rebeldía”.

Rossana Pizarro, en cambio, prefiere las certezas. Ya son 14 años desde que su hija, Daniela Trigo, se perdió. La espera e incertidumbre la tienen agotada: “Esa sensación de no saber te quita la vida”. Por eso ha pensado que, quizás, la tranquilidad llegará cuando aparezca, en las condiciones que tenga que aparecer: “Es mejor saber que vivir en la incertidumbre”.