Democracia Viva: a un año de la pesadilla que golpeó a Boric y hundió a RD

El miércoles 14 de junio del año pasado la diputada Catalina Pérez (RD) llegó hasta Cerro Castillo a reunirse con el jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi (RD).

Solo 48 horas antes de que el medio Timeline de Antofagasta publicara el reportaje sobre el caso Democracia Viva que provocó un duro golpe al interior del Frente Amplio (FA), la parlamentaria y el asesor presidencial se reunieron a puertas cerradas por cerca de una hora. Lo hicieron poco antes de que llegaran los demás presidentes de partido y parlamentarios, quienes habían sido citados por el Presidente Gabriel Boric a un cónclave para, entre otras cosas, analizar la estrategia para impulsar el pacto fiscal, luego del fracaso de la reforma tributaria en la Cámara. Los dirigentes empezaron a llegar cerca de las 20.00, y cuando ya estaban todos reunidos se sumó Pérez.

Poco y nada se sabe del encuentro, hasta ahora desconocido y mantenido en estricta reserva, entre dos de las principales figuras de RD. Pero quienes fueron testigos relatan que tanto Pérez como Crispi se saludaron abrumados.

El jefe de asesores del Segundo Piso, exactamente una semana atrás, se había enterado de una situación que lo llevó a un punto de no retorno. Según declaró él mismo ante la Fiscalía, el 7 de junio de 2023 uno de sus asesores, Gabriel Ossandón, le contó que se enteró de “un rumor que señala que Daniel Andrade tendría una fundación y que esta fundación tendría un convenio con la Seremi de Vivienda de Antofagasta”.

Se trataba de lo que, nueve días después, se conocería como el lío de platas del caso Democracia Viva, el escándalo de corrupción más grande que ha tenido que enfrentar el Frente Amplio (FA) y que trizó la promesa de probidad con la que Boric llegó al poder. El escándalo, además, dejó al descubierto una compleja trama que involucraba a Andrade -entonces pareja de la diputada Pérez- y al seremi de Vivienda Carlos Contreras, también militante RD y exjefe de gabinete de la parlamentaria cuando presidió el partido.

Ante el “rumor”, Crispi tomó su celular y llamó a la entonces subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, otra figura de RD. Rojas contestó la llamada y cuando lo escuchó preguntar por Democracia Viva no se sorprendió. Casi 40 días antes había recibido un correo electrónico por parte de la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Serviu de Antofagasta, Carla Olivares. En dicha comunicación, Olivares alertaba de esa misma situación, la cual definió como “delicada y compleja”.

Todo eso sabía Crispi cuando se juntó con Pérez en Cerro Castillo. Y la diputada probablemente estaba igual de bien informada. Desde enero de 2023 sabía del ruido que provocaba la fundación de su expareja.

A inicios del año pasado la jefa de gabinete del diputado Jaime Sáez (RD) le manifestó su preocupación “por la fundación de Daniel Andrade con el seremi de Vivienda Carlos Contreras, ya que hacían cosas diversas a las que hacía habitualmente”. A eso sumó un ingrediente más: todos los involucrados eran del mismo partido.

Los meses pasaron y ese ruido se volvió a activar la primera semana de junio. El equipo de Pérez vio por redes sociales la carta de Olivares. La diputada se preocupó, sobre todo porque se insinuaba que Contreras “se atribuía influencias” dado su rol como vicepresidenta de la Cámara.

En ese momento le pidió a su jefa de gabinete que oficiara a la Contraloría para que revisara la legalidad de los convenios y llamó por teléfono a la exsubsecretaria Rojas. En esa conversación, Rojas le dijo que ya estaba enterada de la situación, que de forma preliminar “todo se veía en regla” y que había encargado un informe para analizar los antecedentes. La diputada no solo se quedó ahí.

—Aló, Juan, ¿sabes de algo que está pasando en Antofagasta con la fundación Democracia Viva?— preguntó Pérez por teléfono al presidente de RD, Juan Ignacio Latorre.

—No sabía, gracias por avisar. Sigamos en contacto y avísame cualquier novedad— habría respondido Latorre en la primera conversación que tuvieron por el escándalo que, con el paso de los días, fue creciendo como una bola de nieve.

Todos estos episodios habían ocurrido antes de la reunión entre Crispi y Pérez. Dos días después de esa cita en Cerro Castillo, Timeline publicó el reportaje.

Fue, hace justo un año, que la bomba explotó en RD, el Ministerio de Vivienda (Minvu) y en el corazón de La Moneda.

“¿Qué sabes de una situación con unos convenios en la Seremi de Antofagasta? Un medio va a publicar algo con eso”, le preguntó por teléfono la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), a su par de Vivienda, Carlos Montes (PS). Era la tarde del 16 de junio y el exsenador iba en su auto camino a Santiago tras entregar unas casas en Rancagua.

Montes no tenía idea de qué le estaban hablando. Los convenios sobre asentamientos precarios solo representan, según el Minvu, cerca del 0,3% del presupuesto de su cartera, por lo tanto no era un tema del cual estuviera al tanto.

Ese 16 de junio, Montes llamó a Rojas, quien le contestó lo mismo que le había dicho a la diputada Pérez. El ministro no quedó conforme, ya que consideró que el tema era “grave” y llamó directamente a Contreras. El exseremi contestó abrumado y reconoció que la situación no se veía bien y podría haber irregularidades. En esa misma llamada, Montes le pidió su renuncia, la que se informó al día siguiente.

Ese viernes, Montes activó un pequeño comité de crisis. Convocó hasta su gabinete a su contralor, auditora, el jefe de contabilidad y la jefa de la división jurídica del Minvu. El grupo trabajó todo el sábado y domingo recabando antecedentes que luego se ordenaron en carpetas. Días después, el material fue entregado personalmente por Montes ante la Fiscalía.

El reloj marcó las 20.00 del 16 de junio y Timeline publicó el reportaje. La pesadilla recién estaba partiendo. Tanto así que Palacio no pudo contener la crisis -al menos por los siguientes cinco meses- y solo logró que la presión bajara gracias al paso del tiempo.

La complejidad del control de daños de La Moneda no solo se explica por la demora en aclarar cuándo se habían enterado del caso, sino -sobre todo- porque golpeó una de las principales promesas de la joven generación que, en tiempo récord, conquistó la Presidencia de la República.

Ese discurso se personificó en la figura del exministro Giorgio Jackson (RD), uno de los bastiones de Boric al interior de La Moneda. Él mismo se encargó de marcarlo así. “Nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió”, comentó en una polémica transmisión por Twitch en agosto de 2022.

Por lo mismo, el Socialismo Democrático miró el desastre con cautela. Varios de los dirigentes del PS y el PPD se vieron tentados a iniciar una vendetta, debido a la dureza con la que el FA los criticó por el caso SQM. Sin embargo, pese a una fuerte tensión subterránea, el asunto se logró contener. “Creo en el principio de inocencia y no voy a juzgar a un partido, aunque ellos cuestionaron duramente al PPD en su momento, no voy a caer en lo mismo que ellos hicieron”, dijo en 2023 el secretario general del PPD, José Toro, en un debate radial.

En el PS también triunfó la misma posición, independiente de algunas declaraciones incendiarias que provenían de parlamentarios desde el Congreso. Varios en el socialismo aún no olvidan lo que pasó en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet con el caso Caval. “Muchos recordábamos cómo el exministro Rodrigo Peñailillo había salido inicialmente a escupir al cielo al inicio del caso Caval y después terminó como terminó. La cautela primó por sobre cualquier otra consideración”, afirma un miembro de la directiva PS.

Luego de una querella presentada el 20 de junio por el Partido Republicano, Jackson y Crispi se transformaron en imputados en la causa que investigaba la Fiscalía. El exministro de Desarrollo Social, quien ya tenía agotada su línea de crédito, no pudo salir de ahí. Cuestionado por múltiples flancos, el caso Democracia Viva fue la gota que rebasó el vaso. En julio, la UDI notificó que mientras estuviera en su cargo las relaciones estarían congeladas y el Partido Republicano amenazaba con presentar una acusación constitucional en su contra. Jackson estaba acorralado y sin escapatoria. Entonces, en agosto de 2023, tomó la decisión de renunciar. Boric, así, sufrió la pérdida más dolorosa en lo que va de su mandato.

Estallada la crisis, la primera determinación de La Moneda fue aislar a Boric y que la crisis se debía abordar como un problema sectorial, es decir, encapsularla en el Minvu. Pese a los reparos del equipo de Montes, el diseño original siguió su curso. En Palacio no importó la advertencia hecha desde el Minvu de que, al estar involucrado RD, esto tendría un cariz político que superaría a la cartera. Tras la salida de Contreras, se procedió a cobrar la primera responsabilidad política y la elegida fue Rojas: Boric le pidió la renuncia el 24 de junio.

A esa altura, el Mandatario tomó una de sus primeras definiciones: blindar a Montes. Fuentes de La Moneda comentan que al día siguiente del reportaje, Boric se comunicó con el ministro para respaldarlo. Semanas después, al Minvu llegó otra señal. Durante un comité político, el Presidente comunicó a sus ministros que, pese a la presión, defendería a Montes. Dicho eso, preguntó si alguien tenía algún cuestionamiento. No hubo reparos.

De forma tácita -y con Jackson fuera del gobierno- los destinos de Montes y Crispi se sellaron: si caía uno, el otro también tendría que caer. Pese al incipiente movimiento al interior del PS de algunos dirigentes que querían que el barón socialista renunciara, el partido cerró filas detrás suyo. Además, notificó que si Montes salía de su cargo, lo mismo debía pasar con Crispi. Incluso, cuando la derecha finalmente presentó su fallida acusación constitucional, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, cerró un pacto con el exsenador. “Hemos tomado la decisión de seguir hasta las últimas consecuencias”, relató la timonel socialista. Montes activó todas sus redes -incluidas sus amistades forjadas durante décadas con la derecha- para no caer. Y si bien durante semanas estuvo en la cuerda floja, sobrevivió y la fallida acusación constitucional terminó fortaleciéndolo.

Durante la primera semana de la crisis, en La Moneda intentaron atrasar al máximo el momento en que el Presidente tuviera que referirse al caso. Querían ganar tiempo mientras hacían un levantamiento para saber de qué magnitud era el escándalo, si se trataba solo de un problema con los convenios en Antofagasta o si podía estar ramificado en todo el país.

Mientras, el guion del gobierno era repetir que se habían enterado por la prensa. Esa versión los tuvo enredados durante semanas, ya que parecía inverosímil y además se contradecía con las informaciones erráticas que surgían día a día del caso. Sobre todo, con la insistencia de Contreras, quien reiteró varias veces que La Moneda supo del caso antes de la publicación de Timeline. Además, porque la directiva de RD supo al menos 10 días antes del reportaje, cuando se citó a una reunión por Zoom en la que participaron Latorre, Andrade, Contreras, parte de la directiva regional de RD Antofagasta y algunos miembros del equipo de la diputada Pérez. Ahí Andrade -quien estaba en China por un viaje debido a su rol como asesor de la Subsecretaría de Defensa- expuso los antecedentes junto con Contreras.

La presión pública por saber cuándo se había enterado el Presidente aumentaba y terminó desatando una pugna interna entre los equipos comunicacionales de gobierno. Por un lado, estaban quienes insistían en seguir el libreto de La Moneda. Por otro, quienes consideraban que era poco creíble que el Mandatario dijera que se había enterado por la prensa.

En medio de ese tironeo interno, el 5 de julio Boric habló y optó por un punto medio al decir, con vaguedad, que se enteró “alrededor de la fecha de publicación” del reportaje.

La Moneda no sabía cómo controlar el tema, así que fichó refuerzos. Tal como ha sido en todos los momentos álgidos, echó mano de la vieja guardia del Socialismo Democrático. El 13 de julio, Juan Carvajal, el exdirector de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) durante el primer gobierno de Bachelet, arribó como asesor externo a esa misma repartición, a cargo del RD Pablo Paredes. Recién un mes después de estallado el caso, atrás había quedado la idea de abordarlo como un problema sectorial, y la Secom envió al Minvu a su subdirector, Sebastián Fierro (PC), para involucrarse directamente en la gestión de la crisis.

La relación entre ambos equipos siempre fue tensa. Montes, convencido de que no iba a renunciar, resentía los embates que provenían desde el FA para involucrarlo en la crisis. De hecho, desde La Moneda intentaron callarlo varias veces, para evitar que siguiera apareciendo en medios o en entrevistas, pero Montes no siempre obedeció.

En medio de la tormenta, Boric tomó otra decisión estratégica: sumar al ministro de Justicia, Luis Cordero, para intentar apagar los incendios que todos los días dejaba el caso Democracia Viva. Cordero hizo gala de su formación de abogado. “Puso la pelota al piso, alejó la histeria y comunicó lo que se debía comunicar: que esto era un problema más grande del Estado”, comenta una fuente que estuvo involucrada directamente en la crisis.

En paralelo, Crispi y Carvajal convocaron a un equipo especial para darle seguimiento al caso. A los dos se sumaron Ossandón; el jefe del departamento de estudios de la Secom, Claudio Villegas; el asesor de la Segegob, Álvaro Zapata; el asesor de Interior, Pablo Alcoholado; el asesor del Segundo Piso, Luis Eduardo Santa Cruz, y el jefe de gabinete del ministro Álvaro Elizalde (PS), el cientista político Ignacio Soto.

El grupo se reunía semanalmente en salas del Segundo Piso. No todos participaban de las reuniones y con el paso de las semanas algunos dejaron de ir. Con el tiempo la instancia se transformó en un equipo especial para blindar a Crispi, quien cada vez se veía más involucrado en el caso. Hasta una tía suya apareció en la trama. Se trata de Verónica Serrano, la exjefa nacional del Programa de Asentamientos Precarios del Minvu, quien apuró los convenios con fundaciones.

El giro del reservado comité de crisis lo provocó la citación para que, en octubre de 2023, Crispi fuera a declarar a la comisión investigadora. El jefe del Segundo Piso se negó a ir, pese a todas las alertas que recibió. Tanto así que hasta Cordero tuvo que dar largas explicaciones jurídicas de por qué no correspondía que asistiera y el tema escaló hasta la Contraloría. Crispi no pudo sostener su postura y, ante la presión política, en noviembre del año pasado declaró ante la comisión investigadora. Y lo hizo por una segunda vez el mes pasado.

La fortaleza de Crispi se explica, en parte, porque tras la traumática salida del exministro Jackson, el exdiputado Crispi ocupó simbólicamente su lugar. En el gobierno comentan que Boric ha profundizado su relación al punto de que, durante toda la crisis, nunca dejó de respaldarlo. Incluso en los momentos más duros cuando voces del Socialismo Democrático empezaron a deslizar que Crispi se había transformado en un obstáculo político y debía renunciar.

En el mundo frenteamplista es compartido que el caso Democracia Viva terminó por hundir a RD, uno de los primeros partidos del FA y que, en los inicios del sector, fue la piedra angular de la coalición.

El terremoto fue grande. Toda la directiva que lideraba Latorre tuvo que renunciar, la diputada Pérez fue suspendida de su militancia por un año y se expulsó a Andrade y Contreras. En el partido las críticas más duras apuntan al mal manejo que tuvo Latorre. “Fue errático, improvisó y solo provocó que la crisis no saliera del partido y terminara por llevarse a RD”, comenta uno de los involucrados.

La diputada Pérez no volvió a hablar nunca más con Latorre. Entremedio tuvo una licencia siquiátrica por un mes. Estuvo recluida entre Santiago e Iquique con su mamá. Bajó 10 kilos y se alejó de todo. No se han vuelto a ver salvo una ocasión en que se toparon en una actividad en La Moneda.

El senador desapareció del mapa y aún ni siquiera está definido si irá a la reelección. Una de las últimas veces que se le vio flanqueando a la diputada Pérez fue en el punto de prensa del 19 de junio. Ahí fue cuando Pérez dijo que una mujer no debía hacerse responsable de los actos “de dos hombres adultos”.

Días después las confianzas se quebraron para siempre. Cuando en diciembre Latorre declaró ante la Fiscalía dejó en evidencia esa distancia. “Es muy difícil que Catalina Pérez no supiera desde el inicio de las tratativas de los convenios entre Contreras y Andrade”, testificó.

Luego de esa conferencia de prensa, Pérez recibió varios mensajes de apoyo. Ese mismo día en la tarde, la diputada recibió un mensaje del exministro Jackson, quien le entregaba su apoyo. Luego de eso, nunca más volvieron a hablar.

Al mando de RD llegó Diego Vela, el exjefe de gabinete de Jackson. Vela ha gastado todo su mandato en “ordenar la casa” y contener la crisis. “Es como un interventor de cierre”, dice un militante de RD, un partido cuya marca llegará a su fin luego del proceso de unificación del FA y cuyo capítulo final será recordado por el escándalo de corrupción más grande del sector.

De paso, el caso Democracia Viva echó por la borda el discurso impugnador del FA, un partido que se erigió a punta de reproches en contra de la ex Concertación por los casos de corrupción en los que se vio involucrado en sus tan criticados 30 años.