Diego Pardow: “Es más seguro para la ciudadanía tener alguna parte de la distribución eléctrica bajo la figura de una empresa estatal”

Desde el viernes 2 y hasta el lunes de esta semana el ministro de Energía, Diego Pardow, fue uno de los damnificados por los prolongados cortes que afectan el suministro eléctrico tras un inédito sistema frontal que tuvo registros récord de vientos de hasta 124 kilómetros por hora. La demora en la reposición generó la inédita respuesta del gobierno, que anunció la revisión de la concesión en la Región Metropolitana a la empresa Enel.

Había pronósticos del sistema frontal con fuertes vientos que azotarían a Santiago. ¿Qué medidas tomó el gobierno?

Este es un frente que no solo era previsible, sino que fue previsto. Lo que se hace a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles es instruir a las empresas de distribución que tomen todas las medidas necesarias para enfrentar el sistema frontal. Y eso se hizo. No bien había ocurrido el suceso, se produjo la mesa técnica para coordinar la respuesta. Ahora, a diferencia de lo que sucede con muchos otros servicios básicos, donde la capacidad de respuesta de las instituciones de gobierno es distinta, porque hay mayor convivencia entre lo público y lo privado, en el sector eléctrico la presencia del sector privado es completa. No hay en instituciones estatales la capacidad humana ni técnica para reponer las líneas de transmisión, ni las líneas de distribución. Eso es un trabajo que únicamente lo pueden hacer las empresas, en este caso, privadas. En otros ámbitos hay un mecanismo para sustituir la falla que se genera en el sector privado. En el ámbito eléctrico eso no es así.

¿El gobierno, entonces, antes y durante hizo todo lo posible para mitigar la crisis que mantiene a tanta gente sin luz?

La disposición a retirar árboles y escombros estuvo desde un principio. Lo que pasa es que uno no puede retirar un escombro o un árbol que está electrificado. Entonces, tanto al principio, al asegurar que la zona de trabajo es segura, como al final, reconectar la línea, corresponde un trabajo que sólo lo pueden hacer en el sector privado. Ahora, obviamente podemos hacer un proceso de reflexión institucional posterior, donde es natural que surjan cosas que mejorar. Eso pasa en todas las crisis. Pero lo que no puede ocurrir es que eso opaque dónde está la responsabilidad principal en esta crisis, que está en el sector privado.

¿Cómo calificaría usted hoy, después de una semana, la manera en que ha actuado la empresa Enel?

Los calificativos han sido puestos sobre la mesa durante toda esta emergencia...

Indolente parece ser el más duro...

La indolencia es una palabra que significa que cuando uno tiene el poder para hacer algo, no lo hace. Y en este caso, creo que describe lo que hemos observado en distintos espacios. Por ejemplo, durante la auditoría que hicimos el día lunes, a través de la SEC, se refleja que durante la emergencia, el 50% promedio de las llamadas quedaron sin contestar. Es difícil entender cómo puede explicarse algo así.

Le habrán dado algún tipo de explicación...

No. O sea, no explicaciones razonables. Los servicios de call center no son particularmente específicos ni difíciles de contratar en el mercado. Incluso, respecto de las cuadrillas que reponen las líneas, las empresas han presentado el argumento, sosteniendo que no había más cuadrillas disponibles en el mercado. Eso es algo que va a formar parte de lo que se va a evaluar durante los distintos procesos de formalización de cargos y de sanciones que se empiezan a abrir en estos días. Todo eso no pasó en el caso de otras distribuidoras. Entonces, también en el desempeño de otras distribuidoras uno ve cuánto de credibilidad tiene un argumento.

¿ Cuándo el gobierno asume que hay que elevar la voz? ¿Por qué demoraron cinco días en anunciar la revisión de la concesión?

Cualquiera puede tener en una democracia las críticas respecto de la oportunidad en la que se hacen las cosas. No sé si hay una gota que rebasa el vaso. Lo que estoy tratando de plantear es que aquí hay un orden progresivo de escalamiento en el uso de las herramientas que establece la ley, porque lo central en la orientación del gobierno siempre fueron las personas y van a seguir siendo las personas. Lo primero era reponer el suministro, por lo tanto, independiente de que hubiera infracción a los estándares, se pusieron a disposición de las empresas de distribución equipos para retirar escombros, personal humano y maquinaria para despejar las zonas de trabajo, formas de organizar la seguridad pública para que esos trabajos pudieran tener lugar de manera segura, organizar los servicios críticos. Eso siempre estuvo a disposición y se organizó. Respecto del escalamiento de las herramientas administrativas, se comenzó con reuniones de coordinación, posteriormente se empezó con las formalizaciones de cargos de las cosas que veíamos que ya eran infracciones importantes. Se continuó con una auditoría in situ. En el caso de Enel, el inicio del procedimiento de caducidad de la concesión tiene que ver con asegurar que el tercer plan de reposición que presenta la empresa, luego de que los dos anteriores no se siguieran ni siquiera remotamente cerca las expectativas de lo que se iba a lograr.

Es decir, se le dio tres oportunidades a Enel para que cumpliera los planes que se habían autoimpuesto....

Está perfecto, y esas críticas son admisibles y se evaluarán en su momento, pero... la caducidad, el procedimiento de caducidad de la concesión no tiene un objetivo político. Tiene un objetivo que pone en el centro la pronta recuperación del servicio de electricidad de las personas, entendiendo que ya había sucesivos incumplimientos. Este es un procedimiento que nunca se había usado. Ha habido emergencias o interrupciones del suministro eléctrico en otras oportunidades de nuestra historia, prolongadas y en intensidad, también comparables. Esto nunca se había utilizado. ¿Por qué se utiliza por primera vez en nuestra historia? Porque por tercera vez nos encontramos con un programa de cumplimiento que no se estaba alcanzando ni siquiera de manera cercana.

Le dio tres oportunidades a la empresa...

Pero está bien. Entiendo esa manera de verlo. Es una manera de verlo que la ciudadanía le corresponderá enjuiciar después al respecto. Pero los incumplimientos de la empresa se producen desde un principio. Y las sanciones, que es el recurso tradicional que se ha utilizado, sigue operando y ha operado desde el principio. Este proceso de caducidad de concesión que nunca se había usado en toda la historia de la Ley General de Servicios Eléctricos se usa sobre la base de un plan de cumplimiento que era imperativo conseguir que avanzara.

El anuncio de revocación de concesión ¿aceleró la respuesta de Enel?

Eso es algo que uno requiere elementos muy precisos antes de determinarlo y que son elementos que son difíciles de conseguir hoy. Lo que sí es claro es que el primer requerimiento fue cumplido. Y en ese sentido, este requerimiento que funciona como ultimátum sí consiguió que esa meta se alcanzara.

Se ha hablado de las dificultades de terminar una concesión. ¿El gobierno va a ir hasta el fondo en este tema de la concesión de Enel?

El centro de reponer el servicio eléctrico y atender a las necesidades de las personas está en el centro de lo que estamos haciendo. Y vamos a ir tan lejos como sea necesario para que ese objetivo se cumpla.

Una vez que se reponga todo, ¿el proceso de revocar la concesión continúa, se completa hasta el final?

Este procedimiento funciona, inicia con un requerimiento. Si ese requerimiento se cumple, no se avanza a la siguiente fase, que es la fase adversarial. Hasta este momento hemos tenido un requerimiento que se ha cumplido y un nuevo requerimiento que está en los tiempos... La decisión de revocar una concesión no es un acto discrecional. Es un acto reglado, que tiene etapas, y esas etapas tienen un requerimiento inicial. Si ese requerimiento inicial se cumple, no se sigue a la siguiente etapa. Así funciona legalmente ese procedimiento.

Si pagáramos más caro por la luz, que es un tema que ningún gobierno quiere hacer, tendríamos mejor respuesta frente a eventos de este tipo...

No necesariamente. Nuestro sistema, yo entiendo que en esta coyuntura, que es lo mismo que pasó en 2017, haya personas que intenten justificar el incumplimiento de los estándares en defectos del modelo tarifario. El modelo tarifario se puede mejorar en distintos ámbitos, pero lo que no puede ocurrir es que cada vez que tenemos que sancionar incumplimientos graves, se le eche la culpa a deficiencias en el modelo tarifario. Porque eso hace que perdamos la confianza en las instituciones. Si las empresas consideran que el modelo tarifario no refleja los costos que necesitan para responder a la emergencia, tienen todas las oportunidades procesales y sustantivas para objetar las tarifas existentes.

¿En cuánto tiempo era razonable resolver esta crisis?

Uno puede tener juicios distintos como ciudadano...

Le preguntamos como ministro. Como ciudadanos estar sin luz una hora es un desastre...

El único juicio que le corresponde a un ministro es la legislación vigente. Esta establece que, pongamos el caso de Santiago, la mayor parte de sus comunas son de alta densidad urbana, el máximo de horas sin suministro que puede tener es de nueve horas al año. Ese es el máximo de horas sin suministro que se permite para un cliente residencial. Y, a su vez, el punto de atención de una falla también tiene una reglamentación máxima en la norma técnica de calidad de servicio, que son dos horas en zonas urbanas de atención de una falla.

Pero se concederá algún margen por un sistema de características inéditas...

A mí no me corresponde tener una opinión distinta a la que corresponde conforme a la legislación vigente.

¿Enel le comunicó inicialmente en cuánto tiempo se solucionaba la crisis?

Eso lo dijo el mismo viernes en una reunión que tuvimos en la mesa técnica. Entiendo que en ese primer plan había cerca de 50.000 clientes que iban a pasar para el día lunes.

Es decir... el lunes se supone que iba a estar resuelta la crisis...

Eso era lo que decía el primer plan.

¿Y cuándo se tomaron las primeras decisiones para activar el término de la concesión?

El Presidente me instruye estudiar la manera de cómo se puede dar inicio al procedimiento administrativo el día miércoles.

Para el gobierno, ¿este fue un evento de fuerza mayor?

No. La fuerza mayor la define el Código Civil como el imprevisto imposible de resistir. Un evento no sólo previsible, sino previsto, no puede ser fuerza mayor.

Si lo interpretamos bien, a usted no le parece que un servicio de la envergadura de la luz eléctrica esté 100% en manos privadas. ¿Eso es correcto?

Sí, efectivamente. Cuando uno discute sobre el nivel de participación público-privada en la organización industrial de un segmento determinado, típicamente eso se entiende como un debate político de izquierda-derecha, por así decirlo.

Es un tema ideológico, obvio.

Pero no solo eso, también es un tema que tiene que ver con la seguridad nacional, con un interés en desarrollar capacidades para responder frente a las emergencias. También tiene que ver con cómo uno se diseña frente a escenarios de cada vez mayor incertidumbre frente al cambio climático. Cuando uno ve las incertidumbres hacia adelante, es mejor organizar sistemas más heterogéneos, entendiendo que distintos comportamientos van a aportar mayor diversidad y resiliencia al funcionamiento del conjunto. Y en ese sentido, creo que la pregunta más atingente hoy es si no sería más seguro para la ciudadanía tener alguna parte de la distribución eléctrica bajo la figura de una empresa estatal.

Usted se respondió a esa pregunta...

Yo, a la luz de esta emergencia, creo que sí es más seguro. Pero es una pregunta que requiere hacerse con una mirada estratégica y pensando, además, que eso es un músculo que toma tiempo de desarrollar. Uno no puede esperar hacer una empresa que se encargue de un servicio tan importante como este de la noche a la mañana. Pero yo esperaría que al menos tengamos esa reflexión y seamos capaces de trazarnos una ruta. Desarrollar esa capacidad de respuesta, que va más allá de la discusión completamente legítima de qué tanto margen público y privado tiene que existir en la organización industrial de algo. En mi experiencia como ministro de Energía, en el caso de los combustibles líquidos, efectivamente el rol estratégico de la ENAP es fundamental.

¿Le gusta la idea, entonces, de una empresa 100% estatal ?

Hay muchas empresas de distribución en el mundo que son 100% públicas. En particular, he visto el trabajo de al menos dos que me parece que son particularmente interesantes en la manera de funcionar: la empresa de distribución eléctrica francesa y la empresa surcoreana de distribución de electricidad son empresas que innovan mucho.

Enel es estatal, de propiedad del gobierno italiano, y CGE es de una empresa estatal china. No dice eso algo también respecto a la calidad de servicio que podríamos tener...

Creo que es importante evaluar el estándar de servicio que tienen esas empresas en su país de origen. Que es distinto.

Hay quienes le podrían decir que a propósito de la postura de este debate busca aprovecharse de una coyuntura...

No, yo planteo una enseñanza. O sea, planteo lo que veo desde el rol que me corresponde, que es que en las emergencias que hemos enfrentado respecto a los combustibles líquidos, el rol de una empresa pública como ENAP es muy importante. Y fíjese que el 15 de agosto tenemos que presentar un proyecto de ley que triplica la cobertura de los subsidios, de una manera responsable y autocontenida, y a la luz de lo que ha quedado en evidencia en esta crisis, vamos a incorporar un aumento de las sanciones que enfrentan las empresas eléctricas por infringir la calidad del servicio, un aumento en las compensaciones a los usuarios y también incorporar, dentro del aporte fiscal que se realiza al Fondo de Estabilidad Tarifaria, el recaudo de las sanciones correspondientes para que las sanciones generen una solución para los usuarios.

El gerente general de Colbún, el 16 de mayo, tras otro apagón, amenazó con hacer todo lo posible para conseguir que Enel perdiera su concesión y ahora posteó la carátula de un disco titulado Días de Sinvergüenzas. ¿José Ignacio Escobar tenía razón en sus críticas?

Lo primero es conseguir que se cierre la brecha de suministro y luego acelerar los mecanismos de compensación. Después de eso, se abre un debate de fondo que es súper importante y en el cual la participación de gente como José Ignacio Escobar es significativa, pero no sólo con mensajes de redes sociales o emplazamientos.

En noviembre, en Sao Paulo, Brasil, Enel también enfrentó una tormenta que dejó a dos millones de personas sin luz una semana. Ante la insistente presión política, se pidió el cargo al country manager de Enel Brasil, que fue el gerente general de Enel Chile hace unos años. ¿Enel debería tomar medidas contra sus ejecutivos?

A nosotros, como gobierno, no nos corresponde pronunciarnos sobre la manera en que una empresa se organiza internamente. Lo que desde el punto de vista del ministerio corresponde es que se cumplan los estándares de servicio a usuarios.