Quienes se acercaron a los museos o bibliotecas públicas esta semana se encontraron con sus puertas cerradas. De Arica a Magallanes, incluyendo Rapa Nui, podían leerse letreros como “Nulo compromiso con el patrimonio cultural” o “Los trabajadores del patrimonio no entran en el Presupuesto 2023″. Por segunda vez en menos de cuatro meses, los funcionarios del Servicio Nacional del Patrimonio decidieron paralizar, y esta vez alegando incumplimiento de compromisos de parte de la ministra de Cultura, Julieta Brodsky.

Una nueva crisis tensionó al Ministerio de las Artes y el Patrimonio, que en ocho meses ha enfrentado sucesivas controversias. Desde las desafortunadas declaraciones de la ministra en torno al derecho de autor a su plan de “alinear” a museos autónomos que reciben recursos del Estado, o la idea de que calidad artística se vincula con “elitización”.

La movilización de los trabajadores del Patrimonio se resolvió el viernes. El Senado aprobó la partida presupuestaria de Cultura con una indicación que permite la redistribución de recursos. De este modo se podrán cubrir necesidades que llevan años y que dicen relación con condiciones laborales precarias.

El primer paro, en junio, se votó por “la desidia de las autoridades” ante las demandas. Entonces la ministra firmó un compromiso para responder a ellas. Se formaron mesas de trabajo y se avanzó en grandes temas. Pero cuando los funcionarios conocieron el proyecto de Presupuesto 2023, se alarmaron: no se asignaban recursos nuevos para el servicio.

Y ante “la falta de certezas”, como comunicó la Asociación Nacional de Funcionarios del Patrimonio (Anatrap), votaron el paro.

Desde el Mincap recibieron un e-mail colectivo que decía que ello impedía continuar el diálogo. Tania González, presidenta de Anatrap, veía entonces “una señal errática sobre la manera de resolver los conflictos”.

Finalmente, el ministro Mario Marcel ingresó una indicación que permitirá el traspaso de $ 168 millones, dentro del mismo presupuesto, y que posibilitará eliminar los escalafones inferiores del servicio.

-Es el piso mínimo. Sin el paro no lo habríamos logrado -dice Tania González.

Los trabajadores retomarán sus funciones mañana, pero dicen que aun no han sido contactados por el Micap para proseguir el diálogo.

En los últimos meses, la ministra de Cultura ha recibido críticas por la falta de cuidado en el trato en ciertos episodios, como la salida abrupta de las directoras del Centro Cultural La Moneda y el Museo Violeta Parra, Beatriz Bustos y Cecilia García-Huidobro, respectivamente. “Los modales también son cultura. Que alguien le diga a la ministra Brodsky”, posteó el escritor Oscar Contardo.

En esos casos, asegura ahora Julieta Brodsky, fueron decisiones autónomas de los directorios de esas instituciones.

Pero en una entrevista en estas páginas la ministra expresó su deseo de que los espacios culturales que reciben asignación estatal, como La Moneda y Violeta Parra, puedan “alinearse” con las políticas públicas.

“No fueron buenas señales”, dice una investigadora, “porque eso se convierte en una rotación, y estas instituciones van a perder la gracia de mantenerse autónomas. Si cambian cada vez que cambian los gobiernos, se pierde su autonomía. Que el ministro o ministra se meta en los órganos colegiados es mala señal. Me imagino que tiene que ver con la falta de experiencia”.

En junio, en su primera cuenta en el Congreso, el Presidente Gabriel Boric aseguró: “La cultura es el trasfondo que da sentido a nuestra mirada”. Apoyado ampliamente por el mundo de la cultura, el gobierno asumió grandes compromisos que generaron altas expectativas: aumentar el presupuesto del ministerio hasta el 1%, elaborar un estatuto del trabajador cultural y terminar con la política de fondos concursables, sustituyéndola por un nuevo Sistema Nacional de Financiamiento.

Sin embargo, a ocho meses del inicio del gobierno, no hay resultados visibles y el entusiasmo no es el mismo en el medio cultural.

Tal vez la medida más notoria hasta el momento fue la entrega de un bono de $ 450 mil para 30 mil trabajadores y los recursos dedicados a la reactivación del sector, donde se han destinado $ 2.776 millones.

Pero hasta la fecha no se ha presentado una agenda legislativa. Y el proyecto de Ley del Patrimonio, ingresado por el gobierno anterior y ya aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, fue detenido por el gobierno.

En septiembre, el nombre de Julieta Brodsky se mencionaba insistentemente en los pasillos de La Moneda como una de las ministras que saldrían del gabinete. Finalmente se mantuvo en el cargo, pero su figura es prácticamente desconocida para la ciudadanía: según la encuesta Cadem de octubre, es la ministra menos conocida del gabinete.

Según una exconsejera del Consejo del Libro, hay una sensación de “cierto inmovilismo, de falta de ejecución” en el Mincap. “La ministra te escucha, a veces mira su teléfono, y no pasa nada más”, dice un dirigente gremial.

-Por ahora no se distingue un proyecto cultural claro. El bono no es política pública. Incluso, la entrega del bono a Cultura es discutible, ¿por qué a los artistas y no a los trabajadores de la construcción? -se pregunta Pablo Dittborn, miembro del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, asesor del Mincap.

-Hay una lentitud enorme y falta de respuestas -dice Arturo Duclós, presidente de Creaimagen.

Por ahora no se distingue un proyecto cultural claro. El bono no es política pública. Incluso, la entrega del bono a Cultura es discutible, ¿por qué a los artistas y no a los trabajadores de la construcción?

Pablo Dittborn, miembro del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, asesor del Mincap.

El pintor se reunió con las autoridades para pedir agilizar la Ley Balmes, una reforma al derecho de autor que lleva ocho años y fue aprobada por la Cámara de Diputados.

-Para nosotros, que llevamos tanto tiempo esperando, las respuestas han sido lentas. Hay que reconocer que tenemos las puertas abiertas: nos escuchan, no hacen nada, pero tenemos las puertas abiertas -agrega.

La gestión de la ministra no ha estado exenta de dificultades en otros frentes: la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional del Libro, Gladys González, recibió acusaciones de malos tratos de los funcionarios y lleva más de tres meses de permiso. En el Servicio Nacional de Patrimonio aún está pendiente la designación del director: el servicio cumplió cuatro meses con un director subrogante.

El primer desencuentro de la ministra con el mundo cultural ocurrió con motivo de la discusión constitucional en torno al derecho de autor. Julieta Brodsky habló de la necesidad de “limitar” este derecho para ampliar el acceso. Sus palabras causaron rechazo en la comunidad artística y tuvo que reunirse con intérpretes y autores para limar las asperezas.

-Esa declaración revela un tremendo desconocimiento. Ahora yo me pregunto ¿qué ha hecho el Ministerio de Cultura por la defensa de la propiedad intelectual y contra la piratería? -pregunta María Angélica Zegers, nueva presidenta de la Corporación del Libro y la Lectura-. Esto afecta a toda la cadena del libro y debería ser una política de Estado. En el centro de Santiago no se puede caminar con los vendedores y los piratas, pero el ministerio no hace nada.

Controversial también resultó la idea, expresada en estas páginas, de que la calidad artística no debería ser el único criterio en la entrega de fondos, porque esta genera una “elitización de la cultura”.

Ahora yo me pregunto ¿qué ha hecho el Ministerio de Cultura por la defensa de la propiedad intelectual y contra la piratería? Esto afecta a toda la cadena del libro y debería ser una política de Estado.

María Angélica Zegers, nueva presidenta de la Corporación del Libro y la Lectura.

Esta visión complica un escenario donde el modelo del Mincap no ha sido capaz de resolver las necesidades del sector, dice Pablo Chiuminatto. En su opinión, la estructura del ministerio “no fortalece el sistema nacional de cultura” (museos, bibliotecas) y la lógica de los fondos concursables es insuficiente para crear un mercado virtuoso.

-Este problema se acentúa con la idea de corregir el “sesgo” de producción y consumo de élite, que identificaron las propias autoridades al asumir este nuevo gobierno. Dicho intento de corrección creo que implica otro sesgo, el de suponer que el ministerio sabe lo que debiera concursar para alcanzar otros públicos con contenidos menos elíticos, por no decir más masivos -agrega.

Para Duclós, no se puede postergar la calidad, aun si se integran otros criterios como el género o las regiones. Pero el pintor considera que el Mincap debería hacer una inversión en fortalecer el mercado del arte.

En cierto modo, acota el director de un centro cultural, el Mincap creó expectativas difíciles de cumplir. “Y hasta el momento no hay nada concreto”.

Por lo pronto, el proyecto de Presupuesto de Cultura 2023 supone un incremento del 16% respecto de 2022 y, de este modo, pasa del 0,41 al 0,44 % del erario nacional.

“Esto se puede interpretar como un avance claro hacia cumplir la promesa del 1% para cultura, aunque faltarán aumentos aún más sustantivos en los próximos años para lograrlo”, según Bárbara Negrón, directora del Observatorio de Políticas Culturales.

Gran parte de este incremento está destinado a proyectos de inversión (infraestructura), mejoramiento de museos y la creación de Puntos de Cultura.

En cambio, los fondos concursables no registran crecimiento y las transferencias a instituciones culturales (GAM, Matucana 100, Museo Precolombino) tampoco aumentan ni se integran nuevos beneficiarios.

Esto se puede interpretar como un avance claro hacia cumplir la promesa del 1% para cultura, aunque faltarán aumentos aún más sustantivos en los próximos años para lograrlo.

Bárbara Negrón, directora del Observatorio de Políticas Culturales.

Probablemente, apunta Bárbara Negrón, “esto tenga relación con el Sistema Nacional de Financiamiento, pero en el presupuesto no hay ninguna señal de hacia dónde o qué nuevas herramientas se estarían construyendo”.

Desde el ministerio explican que el sistema “se encuentra en proceso de diagnóstico, para lo cual se están desarrollando una serie de instancias participativas”, como fue la Convención Nacional de Cultura. Por lo mismo, ahora no es visible en el presupuesto, y es un proceso que “requiere de bastante escucha y levantamiento de diagnóstico que permita tomar buenas decisiones”.

En una situación similar se encuentra el proyecto de Estatuto del Trabajador: está en proceso de diálogos sociales.

Hemos tenido un intenso trabajo prelegislativo, porque la impronta de este gobierno y de este ministerio es hacer políticas públicas con procesos participativos, con instancias tripartitas.

Julieta Brodsky, ministra de Cultura.

Claramente, observa un gestor cultural, “acá no se llegó con un trabajo previo. Con gobiernos de cuatro años tienes que llegar con trabajo adelantado”.

Pero la ministra entrega otro punto de vista:

-Hemos tenido un intenso trabajo prelegislativo, porque la impronta de este gobierno y de este ministerio es hacer políticas públicas con procesos participativos, con instancias tripartitas. En esta modalidad, estamos constantemente viajando al Congreso para reunirnos con los diferentes sectores, abriendo así el diálogo y poder avanzar en Ley de Patrimonio, Ley de Artesanía, Trabajo Cultural Decente y Sistema Nacional de Financiamiento.

La Ley de Patrimonio Cultural ya cumplió cinco años de tramitación y pasó al Senado. Y “pese a contar con amplios procesos de consulta, la concurrencia de más de 15 ministerios en su elaboración, más de 50 audiencias en el Congreso y la aprobación de la Comisión de Cultura y el pleno de la Cámara en marzo de este año, también ha sido resistida por grupos cercanos al gobierno”, afirmó el arquitecto Pablo Allard en una columna.

Desde el Mincap dicen que se detuvo su tramitación porque no se hizo consulta indígena. Durante este año, agregan, se han realizado consultas para presentar una indicación sustitutiva. “La consulta indígena se realizará durante el primer semestre del 2023″.

Sin embargo, durante la administración anterior la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social, que dirime estos asuntos, resolvió que la consulta indígena no era necesaria, ya que se trata de una ley de carácter general.

“Si quieren hacer consulta indígena, es un gesto político, no legal”, acota un especialista en patrimonio.

Pero la ministra insiste:

-Para este gobierno, es un compromiso programático el someter dicha ley a un proceso de diálogo social y consulta indígena, la que tiene presupuesto para 2023 y que comenzará a implementarse una vez que se tramite la actual Ley de Presupuesto 2023.

En el medio editorial no fue bien vista la situación del Consejo del Libro, donde la secretaria ejecutiva salió acusada de maltratos. Desde el ministerio explican que “se encuentra bajo un sumario administrativo, por lo que es imposible entregar más antecedentes”. Tampoco cayó bien que la ministra cancelara a última hora su asistencia al Festival de Autores de Santiago (FAS), que volvió a la presencialidad en el Centro Cultural de Las Condes.

Distinto es el caso del director del Servicio Nacional del Patrimonio, que continúa con director subrogante. Según la ministra, el proceso de selección se realiza por Alta Dirección Pública, a cargo del Servicio Civil, y responde a tiempos precisos. “Durante la última semana de noviembre, la terna o cuaterna con los seleccionados se enviará al Presidente de la República para que sea él quien nombre a la persona que ocupará el puesto de director”.

En el ámbito patrimonial, Julieta Brodsky recuerda que formó una mesa interministerial que busca modernizar el Consejo de Monumentos. Ya el gobierno anterior aumentó su presupuesto de $ 2.700 a $ 6.100 millones. La nueva mesa contempla recursos por cerca de $ 3.000 millones para impulsar una agenda de trabajo que lo fortalezca.

Entre tanto, los trabajadores del patrimonio esperan retomar los temas pendientes del servicio, “ojalá con menos lentitud”.