El grito de Ámbar: Crónica de un sistema que falló

Con caligrafía grande, ovalada y casi todas las letras en mayúscula, el 16 de enero Ámbar Cornejo dejaba escrito en el libro de reclamos y notificaciones del edificio de Limache, donde vivía junto a su madre, la primera alerta. “Yo, Ámbar Cornejo, quiero dejar un reclamo sobre Hugo Bustamante. Se prohíbe su entrada, porque es un asesino psicópata y puede causar daños a mi familia, y mi mamá no quiere entender, por eso escribo esta nota como un reclamo y para que él no pase nunca más por el departamento”, redactó.

El grito de ayuda llegaba justo una semana antes de su ingreso efectivo al Programa del Sename de Intervención Integral Especializada (PIE) Gabriela Mistral, ubicado en Villa Alemana, donde en el papel aparece que pasó bajo protección durante más de seis meses. Sin embargo, la prohibición de acercamiento de Hugo Bustamante y Manuel García se decretó recién 191 días después, cuando ya había sido asesinada.

Esa no era la primera vez que la joven de 16 años había estado institucionalizada bajo el sistema de protección de menores. Las alertas vienen desde mucho antes. Cuando tenía apenas cuatro años, un informe del Programa de Diagnóstico Ambulatorio (DAM) de Quilpué, Villa Alemana y Limache dijo que dada su condición de vulnerabilidad, se recomendaba que fuera trasladada a un centro de cuidado alternativo residencial, donde alcanzó a estar un año. Más tarde llegó la segunda advertencia de que la vida de Ámbar no era la de cualquier niña de su edad. En 2012, Denisse Llanos habría solicitado la segunda medida de protección ante el Tribunal de Familia. Esta vez fue ingresada al Programa Altihue, especializado en Reparación de Maltrato Grave, en dos ocasiones: ese mismo año y en 2017. Tres años después vino el tercer y último ingreso.

Todas estas instancias por las que pasó Ámbar Cornejo han venido a develar que su muerte no solo ocurrió por una falla del Poder Judicial tras dejar en 2016 a su asesino con libertad condicional. También ocurrió por el fracaso de un sistema de protección que no supo ampararla cuando más lo necesitó y que cometió una serie de negligencias que la dejaron en una situación de desprotección de la que pocos se dieron cuenta. “El caso de Ámbar grafica que no hay sistema”, asevera Candy Fabio, oficial de protección infantil de la Unicef.

Pero no serían precisamente las residencias -que siempre son las que han estado en el ojo del huracán en toda crisis del Sename- las que demuestran las fallas del sistema. Es la oferta de programas ambulatorios, esa que tiene modalidades tanto de protección general como preventiva y reparatoria especializada, la que no habría tenido efectividad. En 2019, mientras en los hogares se atendió a más de nueve mil menores de edad, los 12 programas operados en su mayoría por los Organismos Colaboradores Acreditados del Sename (Ocas), lo hicieron con casi 115 mil, por las principales causas de negligencia y violencia intrafamiliar.

Según el “Estudio para el fortalecimiento de los programas ambulatorios del Servicio Nacional de Menores” realizado en septiembre de 2019 por la Unicef, la principal falencia de este sistema radicaría en el centro de su diseño. La oferta programática se ha ido desarrollando de manera desarticulada, sin un horizonte común y sin una orientación sobre el fin último al que se apunta. Prueba de ello es que un niño pueda ser parte de más de un programa a la vez, sin que se logre una intervención efectiva. “No existe ninguna rigurosidad entre los objetivos, no existe ningún mecanismo que vaya dando hitos para mirar a los niños en los procesos de intervención, entonces no hay continuidad”, explica Candy Fabio.

Pese a las falencias, solo un 10% de los proyectos de las Ocas no es renovado por el incumplimiento de los estándares, volviéndose inusual que se les quite la acreditación a las instituciones. El estudio de la Unicef tiene una explicación: el monitoreo es insuficiente. Una fuente del Sename cuenta que, en general, la fiscalización apunta siempre a evaluar el manejo administrativo y el uso de recursos, pero pocas veces prioriza la efectividad de las intervenciones. Eso sumado a que en la medición de calidad anual son solo 220 funcionarios los que supervisan más de 1.800 proyectos de protección y resguardo judicial, lo que hace que finalmente la mala calidad de los programas pase desapercibida.

Sin un sistema integral de protección, la historia de Ámbar, simplemente, partía de cero para cada una de las instituciones que tuvieron contacto con ella. Y cada situación era vista como un hecho aislado, dificultando así el que se adoptaran a tiempo las acciones necesarias para protegerla.

Si eso ocurre al interior del Sename, la situación es aún peor con actores externos a la institución. Ninguno de los antecedentes sobre el historial de vulneraciones que había sufrido la joven, ni su paso previo por programas de intervención realizados por organismos colaboradores del Sename, eran conocidos por el equipo profesional y docente del Programa de Integración Escolar (PIE) del Liceo Técnico Profesional Orli de Quilpué, al que ella llegó a estudiar en 2018.

El liceo tiene una matrícula de 147 alumnos, el 75% de ellos está calificado en situación de riesgo social, por lo que reciben una subvención especial del Estado a través del Ministerio de Educación, pero eso no les permite tener acceso a la plataforma informática “Senainforma” del Sename, donde basta ingresar el RUT del menor para acceder a la base de datos del organismo y a su historia. Algo aún más inexplicable cuando se trata de un establecimiento educacional dependiente de la fundación religiosa Refugio de Cristo, la que está acreditada como organismo colaborador del Sename.

El 12 de septiembre de 2019, el director y el sicólogo del liceo presentaron ante el Tribunal de Familia de Villa Alemana un recurso por “presunta vulneración grave de derechos” en favor de Ámbar y en contra de la madre de la menor, Denisse Llanos Lazcano, por “posible negligencia parental del adulto responsable”.

Para entonces, Ámbar cursaba por segunda vez primero medio y arriesgaba repetir otra vez, tanto por sus malas calificaciones como por su baja asistencia a clases -77%, muy por debajo del mínimo de 85% que exige el Mineduc para ser promovido de nivel-. El informe que envió el establecimiento educacional al tribunal es lapidario respecto de la madre. En seis ocasiones había sido citada a reunión de apoderado, a la que no asistía, ni se excusaba, y las veces que era contactada por los docentes “responde de forma agresiva, elevando su voz, con postura intransigente y faltando el respeto por medio de comentarios peyorativos”, señala el documento que ingresó al juzgado de familia.

Casi nada de lo que pasó después con ese recurso fue informado al equipo docente del liceo, pese a ser ellos quienes habían presentado el requerimiento.

En enero de 2020, cuando el Tribunal de Familia de Villa Alemana ordenó la búsqueda de Ámbar, la menor ya se había matriculado en otro establecimiento, en el Liceo Comercial Alejandro Lubet Vergara A-40, dependiente del municipio de Viña Alemana. Allí apenas la vieron las dos últimas semanas de marzo. Con la llegada de la pandemia del coronavirus se suspendieron las clases y todo quedó sujeto al interés de los alumnos por conectarse on line a las clases. Ámbar era una alumna nueva, nada más.

“Muchos tuvimos la oportunidad de hacer algo más. A mí me da mucha pena que nosotros no hubiéramos tenido una respuesta de este requerimiento (al tribunal de familia). Imagino que ahora todos debemos aprender y Ámbar nos obliga a todos, al colegio, al municipio, a las instituciones responsables del cuidado de los niños, a preocuparnos claramente y levantar las alertas cuando un menor está sufriendo la vulneración de sus derechos”, se lamentaba hace unos días, tras el brutal asesinato de la joven, el sacerdote Enrique Opaso, director de la Fundación Refugio de Cristo, de la cual depende el liceo en el que estudió Ámbar.

El 27 de septiembre de 2019, 15 días después de que el liceo presentara el recurso en favor de Ámbar y en contra de la madre de la menor, el juez interino del Tribunal de Familia de Viña Alemana, Alejandro Lobos, citó a una audiencia preparatoria de una medida de protección.

Aunque ya tiene 15 años y lo que se estaba discutiendo era su vida y su seguridad, la voz de Ámbar es la única que no se escucha ese día en el despacho del magistrado.

Hasta ahora, en Chile los menores no comparecen en estas audiencias como una forma de “protegerlos” de lo que ahí se dice, por lo general en duros términos. Para eso se usa la figura del “curador del Sename”, para que hable por ellos. Pero los abogados del Sename tienen a su cargo cientos de casos y la sobrecarga de trabajo hace que la mayoría de ellos no tengan el tiempo para conversar previamente con sus representados. Lo que hacen es leer rápidamente la carpeta unos minutos antes y eso, muchas veces, no les dice casi nada.

Para ese momento, la carpeta de Ámbar lo único que tenía era el recurso que había interpuesto el liceo, con un informe psicosocial efectuado en agosto de 2019 por el psicólogo del establecimiento educacional, y el certificado de nacimiento de Ámbar sacado del Registro Civil. Una vez más la historia de Ámbar partía de cero.

Aunque parezca increíble, el tribunal no tenía a la vista los informes que elaboraron los organismos colaboradores del Sename que atendieron a Ámbar en 2012 y en 2017, y que ya daban cuenta de vulneraciones graves a sus derechos. Esto se debe a que, frente a cada hecho que involucra a un mismo menor, los tribunales abren una causa nueva e independiente de las ya existentes en el mismo o en otros juzgados, algo que ha sido calificado como una grave dificultad por la Comisión de Infancia de la Asociación de Magistrados. “No hay comunicación dentro del sistema. El problema es estructural, va mucho más allá de un tema de fondos”, recalca la jueza de familia Susan Sepúlveda, miembro de dicha asociación.

El 27 de septiembre pasado, el juez Alejandro Lobos ordenó, como medida cautelar, el ingreso de Ámbar y de su madre por seis meses al Programa de Intervención Integral Especializada (PIE) Gabriela Mistral, que ofrece el Servicio Paz y Justicia (Serpaj Chile) en Villa Alemana. Un programa que está orientado “a la reparación del daño ocasionado por graves vulneraciones de derechos, como negligencia grave, abandono y explotación”. Como estos hay 79 a nivel nacional, que durante el año 2019 tuvo 4.756 egresados, con un promedio de permanencia de 483 días.

La única exigencia era que el programa informara cada tres meses al tribunal.

Sin embargo, para Marcelo Sánchez, vocero de la Fundación San Carlos de Maipo, el programa al que Ámbar debió haber ingresado, era el de Reparación de Maltrato Grave, ya que al ser más específico habría permitido tomar las medidas cautelares mucho antes de lo que ocurrieron. Los diagnósticos mal hechos, dice, es otra de las falencias del sistema. “Muchas veces una vulneración que no es tan seria está súper ligada a un diagnóstico, y a veces ese diagnóstico está impidiendo una posibilidad de hacer una evaluación efectiva a los casos más graves”, sostiene Sánchez.

Pese a que en Villa Alemana hay tres proyectos de Reparación de Maltrato Grave, la razón de por qué cree que el tribunal habría optado por el PIE redunda en el mismo problema de la ausencia de antecedentes. “Si no fueron capaces de detectar estas señales de riesgo, es difícil que estuvieran pensando en moverla a un programa más especializado. Acá hay un sistema que es ciego para muchos de los elementos que son relevantes”, añade el vocero de la fundación.

La falta de oferta programática en regiones también es otra de las razones por las que se ingresa a menores a proyectos que no corresponden a su diagnóstico. “Esto genera que algunos programas asuman el rol de los que no se encuentran disponibles en los territorios, modificándose la forma de articulación de la red”, señala el estudio de la Unicef. En 10 comunas del país la oferta es insuficiente, siete de ellas en Santiago, como por ejemplo Maipú, y en regiones son Antofagasta, La Serena y San Antonio las que tienen menos acceso.

Eso, en parte, explica también las listas de espera, que hasta el 31 de julio tenían a casi 10 mil niños esperando algún cupo en los programas ambulatorios. Sin ir más lejos, el PIE de Villa Alemana contaba con sus 60 cupos llenos, y a nivel nacional, al 30 de junio había una lista de espera de 477 niños para entrar a un PIE. Por eso, la incorporación de Ámbar demoró más de cuatro meses. Tuvo que esperar, pero además entró por sobrecupo a través de la norma 80 bis, que permite la inclusión extraordinaria por tratarse de casos urgentes, y representa al 20% de los menores que ingresan a los ambulatorios. Este ingreso contempla una subvención mayor a las Ocas, por lo que, en general, es extraño que estos ingresos sean rechazados por los organismos.

Eso genera otro problema: la sobrecarga para los profesionales, quienes terminan recibiendo más casos de los que deberían. Una extrabajadora de uno de los proyectos de Serpaj -misma corporación del PIE de Ámbar- retrata el problema así: “Es habitual que el seguimiento de los niños se haga con los niños con los que tú generas mayor relación. Porque la sobrecarga laboral es grande, estos programas te entregan 20-25 casos, y si tú sacas la cuenta, no hay forma que dé el tiempo”, explica, añadiendo que si antes tenían 12 casos por profesional, hoy el número puede ascender hasta 36. Esto lo evidencia el estudio Unicef: “No se consideran criterios ni condiciones que garanticen los derechos laborales, lo que redunda en la calidad de la oferta, ya que dichas condiciones laborales afectan de forma directa las intervenciones que realizan”.

A 30 años de la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la deuda que acumula el Estado de Chile en esta materia es gigantesca. De eso hay consenso.

Tras dos años de discusión en el Parlamento, el 3 de junio pasado se aprobó la ley que crea el Sistema Nacional de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia, el que reemplazará al Sename. La nueva norma implica un cambio de paradigmas, al considerar a los menores sujetos de derecho y al establecer un sistema integrado. Sin embargo, para la oposición y buena parte de las organizaciones dedicadas a la protección de la infancia, si bien reconocen avances, el proyecto mantiene la lógica del “voucher” por niño atendido por las Ocas y no por “niño recuperado”, por lo que no se asegura una mayor efectividad de los programas otorgados por los organismos colaboradores. También se retiraron las restricciones a la acreditación de una OCA que hubiera cometido alguna vulneración grave a los derechos humanos de los menores bajo su resguardo.

Para la oposición es clave que para la puesta en marcha del nuevo servicio esté aprobada la Ley de Garantías de los Derechos del Niño, que se discute en el Parlamento desde 2015 y que actualmente se encuentra en la Comisión de Infancia del Senado. No tiene sentido, señala la senadora Ximena Rincón, tener un servicio destinado a proteger derechos de los menores cuando no se ha determinado, precisamente, qué derechos se deben resguardar. Desde el oficialismo calificaron esta decisión de “chantaje”.

El 3 de julio pasado, el gobierno envió un veto sustitutivo y aditivo al proyecto que ya había sido aprobado en el Congreso, que da vida al servicio que reemplaza al Sename. Pero el veto fue mucho más allá del tema del amarre de las dos iniciativas. Modificó varios artículos, flexibilizando la obligación del Estado de proveer directamente la oferta de programas de prevención y protección a las posibilidades financieras, una suerte de “en la medida de lo posible”. Además, elimina las inhabilidades para los miembros de las Ocas de integrar el Consejo de la Sociedad Civil Asesor de la Niñez, que debe fijar estándares y evaluar el trabajo de los organismos colaboradores.

La discusión respecto de la Ley de Garantías se ha polarizado, lo que hace difícil la construcción de consensos. Para sectores de derecha, lo que está en juego es el “derecho preferente” de los padres a educar a los menores y se oponen a que se establezca por ley la autonomía progresiva del menor, como está contemplado en la Convención del Niño y que implica reconocer la facultad de los menores de ejercer sus derechos en la medida en que van creciendo y desarrollando. Debate que se cruza con la pelea de si el Estado debe garantizar los derechos o sólo tener un rol subsidiario.

Desde los organismos preocupados por la infancia, sin embargo, exigen avanzar en paralelo.

Los errores y falencias en el caso de Ámbar así lo demandan.

Fueron varias las semanas de búsqueda de Ámbar para poder empezar con su proceso, en donde en reiteradas veces el programa -pese a haber oficiado a la fiscalía local y PDI- no tenía idea de su paradero. “Si para ti es imposible contactar a un niño para que inicie su proceso, esa es otra falencia del sistema”, señala desde la Unicef Candy Fabio.

Pero finalmente apareció, y el 27 de febrero asistió junto a su madre a la primera sesión. Ahí se les preguntó acerca del proceso de intervención. “No me interesa venir para acá…, yo ya sé todo y con mi hija no necesitamos nada de ustedes”, decía en ese entonces Denisse Llanos.

Pero Ámbar estaba entusiasmada: “Yo sí tengo ganas de participar, lo veo como una ayuda”, dijo cinco meses antes de su muerte.