Una dura advertencia envió la Cancillería a la embajadora de Chile en el Reino Unido, la arquitecta y diseñadora de muebles de madera Susana Herrera, para que se inhiba en el futuro de realizar gestiones con miras a obtener financiamiento público privado ante la Gobernación de Concepción o cualquier otra repartición pública sin la aprobación previa y la intermediación directa del ministerio.
El “rayado de cancha” de la Cancillería a su representante en Londres se dio en medio del escándalo de las fundaciones que ha golpeado a La Moneda y a los gobiernos regionales, y luego de que las autoridades del ministerio tomaran conocimiento de un proyecto elaborado por la embajadora Susana Herrera para “la restauración (de los territorios afectados por los incendios forestales del verano pasado) basado en bioeconomía circular e infraestructura de madera para formación de capacidades locales sostenibles en la Región de Biobío”. El proyecto, valorado en cerca de cinco millones de dólares por la propia embajadora Herrera, incluía el diseño y la construcción de un mercado de maderas en la localidad de Santa Juana.
En el más absoluto sigilo y sin advertencia previa a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, la embajadora de Chile en Gran Bretaña envió el 13 de junio pasado una carta al gobernador de Concepción, Rodrigo Díaz, para darle a conocer una “iniciativa en la que hemos estado trabajando en colaboración con la Circular Bioeconomy Alliance (CBA), fundación creada por su majestad el rey Carlos III y el prestigioso estudio de arquitectura Zaha Hadid”, señala la misiva, en la que la embajadora solicita a la gobernación la entrega de financiamiento para este proyecto.
En la misma carta, Herrera explica al gobernador Díaz que “este proyecto puede marcar un hito en la relación entre nuestros países, siendo una nueva forma de hacer diplomacia en la que primen los territorios, los beneficios compartidos y el trabajo conjunto en apoyo directo a las comunidades. Este enfoque ha sido el núcleo de mi labor como embajadora de Chile en el Reino Unido”, remarca Herrera.
La carta venía con el membrete de la embajada y firmada por Herrera como representante de Chile en el Reino Unido.
La jefa de la misión diplomática de Chile en Londres justifica la necesidad en que se le otorgue financiamiento a esta iniciativa. “Entiendo que un proyecto de esta envergadura y con tal impacto requiere la colaboración de numerosos actores públicos y privados, pero sobre todo de las autoridades regionales. Por esta razón, me permito solicitar su apoyo directo en la búsqueda de financiamiento necesario para hacer realidad esta gran oportunidad para nuestra región”, señala Herrera en la propuesta enviada al Gore de Biobío.
De acuerdo con lo señalado por la embajadora en su presentación, ella misma estaría realizando otras gestiones ante otros organismos chilenos y extranjeros con miras a asegurar el financiamiento de esta iniciativa.
Según reconoció la propia embajadora Susana Herrera, el proyecto denominado Living Lab Biobío fue diseñado por ella junto al biológo marino y consultor ambiental Alberto Fuentes Larenas. Este hecho llamó profundamente la atención de la Cancillería, pues lo usual es que los embajadores transmitan a Chile iniciativas elaboradas por diversas entidades, las que se acercan a las misiones diplomáticas en búsqueda de respaldo a las mismas, y no al revés. En este caso, ocurrió lo contrario, fue la embajadora la que armó el proyecto, incluso, Susana Herrera y Fuentes Larenas procedieron a valorizar las distintas etapas del proyecto y luego fueron a hacer gestiones con la fundación Circular Bioeconomy Alliance, con el estudio de arquitectos británico Zaha Hadid y la Gobernación de Concepción.
Entre los antecedentes que adjuntó a la carta, la embajadora envió una propuesta detallada del proyecto con el membrete de la embajada. Sin embargo, no incluyó ninguna nota o presentación hecha directamente por la fundación creada por el rey Carlos III ni por el estudio de arquitectos Zaha Hadid que demostrara que estaban detrás de esta iniciativa.
Según el detalle de la propuesta enviada por la embajadora Herrera al gobernador Díaz, el proyecto de Living Lab Biobío podría implementarse en un lapso de cuatro años, con ejecución de medidas a uno, dos, tres y cuatro años. Y estaba divido en tres componentes. El primero es la “restauración de paisajes resilientes basados en la naturaleza”, cuyo costo la embajadora valoró en $ 210.000.000 y que implican el diseño e implementación de programas de reforestación de suelos degradados por los incendios forestales. El segundo está orientado a crear una “economía circular para el uso maderero y de residuos forestales”, por un monto de $ 240.000.000. Mientras que el tercero, y el más caro de todos, incluye la construcción de “infraestructura verde turística, productiva local y educativa-tecnológica”, por $ 3.400.000.000, es decir más de cuatro millones de dólares. En este último ítem, la embajadora incorpora la eventual construcción de un mercado de maderas sustentable en la localidad de Santa Juana, una de las más afectadas por los incendios forestales de febrero pasado, lo que valoró en 2.500 millones de pesos.
“Considero que es importante resaltar que este proyecto piloto no sólo beneficiará a la Región del Biobío, sino también puede servir como un modelo a seguir en otras comunas y regiones de Chile. La intención es desarrollar un enfoque exitoso, que pueda ser replicado posteriormente, motivando a otras comunidades a adoptar medidas similares y adaptarlas a sus necesidades específicas. De esta manera, se ampliará el alcance de este proyecto y se promoverá el desarrollo sostenible a nivel regional y nacional”, argumenta la embajadora Herrera en su misiva al gobernador.
Desde el gobierno regional del Biobío, que encabeza Rodrigo Díaz, y que ha estado bajo la lupa de Contraloría y del Ministerio Público por los traspasos de millonarias sumas de dineros públicos a distintas fundaciones, admitieron haber recibido la propuesta de la embajadora Herrera. “Efectivamente, sostuvimos una cita por videoconferencia el 13 de junio con la sra. embajadora de Chile en el Reino Unido. En la ocasión se dio cuenta de parte de la embajadora , junto a otros actores, de la iniciativa en cuestion”, señalaron desde el Gore de Biobío. No obstante, las mismas fuentes aseguran que dicha propuesta “no se materializó de manera alguna, no existiendo hasta el día de hoy convenio u otra fórmula de entendimiento”, recalcaron. En ese sentido, remarcan las fuentes de la gobernación, sólo se trató de una presentación de un proyecto, sin que haya compromisos de recursos fiscales.
Alerta en Cancillería
El 13 de junio pasado, el mismo día que envió la carta al gobernador Rodrigo Díaz para presentar su proyecto y solicitar financiamiento, la embajadora Susana Herrera se comunicó con el jefe de la Dirección de Asuntos de Europa de la Cancillería, embajador Francisco Gormaz Lira, para darle a conocer esta iniciativa.
De inmediato, Gormaz le ordenó a Herrera detener el proyecto y no seguir realizando gestiones. Es más, al día siguiente, el 14 de junio, le envió por escrito una nota a la jefa de la misión diplomática en Gran Bretaña, en la que le notifica que remitirá al secretario general de Relaciones Exteriores (Segen), embajador Alex Wetzig -cuarto en la línea de mando de la Cancillería- todos los antecedentes del proyecto para que las autoridades del ministerio se pronuncien.
Pasó poco más de un mes para que desde la Segen le advirtieran a Herrera de las irregularidades que se habían cometido en las gestiones que realizó en torno al proyecto Living Lab Biobío.
“Una primera lectura del proyecto permite concluir que implicaría una positiva transferencia de conocimiento y experiencia británica a Chile en el ámbito de manejo, recuperación y explotación sustentable de espacios forestales, involucrando a la comunidad inserta en dichos espacios”, comienza a explicarle en tono diplomático el secretario general de la Cancillería en nota enviada a la embajadora Susana Herrera el 19 de julio pasado. “Sin embargo, como US lo comenta, el proyecto en sus diversas etapas requiere de financiamiento, sea de fuentes públicas o privadas o compartidas. Sobre el particular, entendemos que es un proyecto en etapa inicial y que, por ende, requiere un análisis previo por nuestra parte”, le remarca.
En ese sentido, Wetzig le indica a la embajadora Herrera que solicitarán un informe en derecho a la Dirección Jurídica de la Cancillería, por cuanto “se involucrarían recursos monetarios que aportarían entidades públicas y privadas, tanto de Reino Unido como de Chile, cuya administración pudiera no estar ajustada a normas, regulaciones o leyes relativas al manejo de recursos de terceros”.
En la nota oficial enviada por la Cancillería se explicitan los problemas que podría generar la iniciativa que promueve la embajadora: “En la actual presentación del proyecto a esta Segen le surgen dudas en cuanto a los espacios de acción y gestión que le caben a este ministerio como a esa embajada en una eventual consecución y manejo de recursos monetarios para abordar el proyecto Living Lab Biobío”.
Por lo mismo, Wetzig le recuerda a la embajadora en la nota oficial las normas legales que deben guiar su trabajo al mando de la embajada en Londres. El artículo 15, párrafo 1, de la Ley 21.080 de Modernización del Ministerio de Relaciones Exteriores, establece la obligación a los funcionarios del Servicio Exterior a canalizar en forma previa todo este tipo de gestiones a través del ministerio. “Ello es más relevante y atingente, aun cuando, en su carta dirigida al gobernador regional del Biobío se solicita su apoyo directo, así como la búsqueda de financiamiento necesario para hacer realidad el proyecto en comento”.
Fuentes de la Cancillería admiten la molestia que se generó en el ministerio tras conocerse de las gestiones personales que estaba realizando la embajadora en el Reino Unido y que dejaron en evidencia, a lo menos, su falta de experiencia al mando de una embajada.
El nombramiento de Susana Herrera Quezada como embajadora en Londres, en junio de 2022, ya había generado fuertes críticas en sectores políticos y entre los expertos internacionales. Precisamente, los cuestionamientos al gobierno apuntaban a que se hubiese dejado una de las embajadas más influyentes de Chile en Europa en manos de una persona sin ningún conocimiento en temas de política exterior y sin experiencia en el servicio exterior chileno.
Arquitecta de profesión, con estudios en la Universidad de Florida, en Ganeisville, Herrera ha desarrollado su trabajo profesional orientado principalmente al diseño de muebles de madera. Es fundadora de la empresa Factoría Ltda., la que está enfocada en desarrollar “proyectos integrales en el área de estrategia de desarrollo aplicado a la arquitectura, la planificación, turismo, asesoría estratégica”. Entre los emprendimientos que lleva adelante en su vida privada se encuentra Factoría Design, una empresa que diseña y vende mobiliario hecho con madera. Junto a su marido, el ingeniero Kassian Obkircher, poseen filiales en Concepción y Boca Ratón, Florida.
Herrera no tiene mayores vínculos políticos, salvo dos incursiones fallidas en procesos electorales. En mayo de 2021 se presentó como candidata a constituyente en calidad de independiente, con el apoyo del movimiento Neutrales en el Biobío, sacando apenas el 1,79% de los votos. Unos meses después de esa derrota, en noviembre del mismo año postuló sin éxito como candidata independiente a diputada por el distrito 20, esta vez con el apoyo del Frente Regionalista Verde Social (FRVS). En esa ocasión sacó menos votos, sólo el 1,72% de los sufragios, es decir, 5.696 votos.
Según fuentes de Cancillería, en el breve tiempo que se ha desempeñado como embajadora en el Reino Unido, Herrera ya había recibido algunos cuestionamientos internos, principalmente por el hecho de no “cuidar las formas” en el manejo de sus redes sociales, las que la embajadora terminó cerrando, además de tener un sumario en su contra por maltrato laboral a raíz de la denuncia formal por parte de un funcionario de la misión de Chile en Londres.
