Exseremi Carlos Contreras: “Miguel Crispi le omitió información sobre Democracia Viva al Presidente Boric”

Viernes 16 de febrero. Son las 14.17 en la cárcel de Antofagasta. Junto a la sala de cámaras de vigilancia, en una oficina administrativa, se escuchan gritos de internos que juegan fútbol en el patio del recinto penitenciario, ubicado en las afueras de la ciudad.

Cinco minutos más tarde, acompañado de un gendarme, Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de esa ciudad, cruza la puerta. No tiene grilletes ni chaquetilla de imputado, como lució la última vez que fue visto públicamente el 15 de diciembre de 2023, cuando fue formalizado en el marco del caso Democracia Viva, causa en que se le imputó por tres delitos de fraude al Fisco.

Ya son dos meses que lleva en prisión preventiva, en un caso que tuvo impacto no solo judicial, sino que también político, tanto para su partido, Revolución Democrática (RD) -de donde fue expulsado- como para La Moneda.

En la cárcel comparte junto al exrepresentante legal de Democracia Viva y excamarada político Daniel Andrade, con quien mantiene una relación distante. Insiste en que nunca fueron amigos y que, al igual que con la diputada Catalina Pérez, solo tenían una relación política y “camaradería propia de compañeros de partido”.

A pesar de que comparten en el mismo módulo, con Andrade han optado por caminos separados. Contreras se ha centrado en la revisión de documentos de la causa y en un libro que comenzó a escribir. La base, como confiesa a La Tercera, es la declaración que prestó durante tres jornadas ante el Ministerio Público.

“Yo no he robado nada. Tampoco he hecho un mal uso de los recursos públicos destinados a las personas que viven en campamentos. Mi compromiso con ellos era el mayor”, remarca con seguridad, apoyado en decenas de documentos y carpetas con anotaciones y frases destacadas.

Con el tiempo que ha tenido para repasar lo ocurrido, ¿nunca le pareció impropio o cuestionable que la repartición que encabezaba transfiriera recursos a una fundación dirigida por alguien de su mismo partido y con quien tenía vínculos?

Yo consulté a mi jefatura jurídica respecto de cuáles eran las razones por las cuales uno debía omitirse o evitar entrar en cualquier tipo de situación. Para empezar, la Seremi no es quien define qué organización va a trabajar en el Programa de Asentamientos Precarios. Es ese programa quien lo define a través de su encargada regional y de su encargada nacional, Verónica Serrano. Independiente de ello, cuando se plantea la necesidad de buscar nuevas organizaciones, coordinadamente con la directora del Serviu y con la jefa de Asentamientos Precarios llegamos al acuerdo de derivar contactos de nuevas organizaciones a quien correspondía hiciera la pertinente evaluación. Y lo que se me indicó es lo que dice la ley, que los vínculos conyugales, familiares, relaciones laborales, entre otras razones, debían ser motivo de omisión. Ninguna de las organizaciones con que se firmó convenio infringe algunas de las causales.

Según expuso el fiscal Cristián Aguilar en su formalización, es usted quien pide se contacte a Daniel Andrade para un eventual convenio con Democracia Viva. ¿Había un interés particular en aquello?

No existía ningún interés particular por trabajar con ninguna organización. Aquí hay una exigencia desde el nivel central de hacer una mayor ejecución presupuestaria a través de una alta jefatura, que es Verónica Serrano. Ella impulsa una ejecución veloz de este presupuesto, que había sido triplicado por la administración anterior. Y es ella, además, la que mantiene la metodología de trabajo que venía. Ella valida el modus operandi que tuvo la jefatura de Asentamientos Precarios en todo Chile y que posteriormente Contraloría define como irregular. En ese contexto, dada la instrucción y presión para avanzar con celeridad, nace la urgencia de buscar nuevas organizaciones.

¿A qué se refiere cuando alude a un ‘modus operandi’?

A las prácticas en general que había y que eran lideradas por Verónica Serrano durante el 2022 y que fueron motivo de una auditoría, pero a la mitad ella renunció. Eso generó la contratación de Ricardo Trincado, que inicia el proceso que yo creo que Serrano debería haber iniciado: cambiar la fórmula de trabajo. Tomó la determinación de terminar con la fragmentación de los convenios, de disminuir las habitabilidades primarias y empezar a hacer acciones de mayor envergadura.

La denuncia del caso llega en mayo por medio de un correo de los funcionarios a la exsubsecretaria Tatiana Rojas y al de otras autoridades. En ese momento, ¿lo contactaron del gobierno central?

Yo solo tuve diálogos con autoridades del Ministerio de Vivienda. Con Ricardo Trincado, con Tatiana Rojas y, eventualmente, con las otras personas que estaban copiadas en esos correos.

¿Cuál era el tono de esos diálogos? ¿Se le consulta específicamente por Democracia Viva?

Ricardo Trincado en su informe se pronuncia al respecto. Indica que había que analizarlo jurídicamente, pero descartó cualquier irregularidad en los procedimientos en general.

¿Pero generó inquietud?

Lo que pasa es que la mirada fue muy técnica, y en algún grado política. Pero en lo técnico, al estar todo en regla y al no estar incumpliendo algunas de las razones de abstención estipuladas en la ley, no hubo mayor énfasis al respecto. Por eso yo posteriormente salgo con determinación a decir que estaba todo acorde a la norma. Había sido la misma Verónica Serrano la que me había dado la certeza legal y reglamentaria del proceder de sus equipos en las regiones. El borrador de los convenios con cada fundación es redactado por el equipo de Asentamientos Precarios, en este caso liderado por Yasna Contreras en Antofagasta.

En medio de conversaciones que usted tuvo con la exsubsecretaria, vía WhatsApp, queda en evidencia que días antes de la publicación de TimeLine, el 7 de junio, se habría enviado un informe a Presidencia referente a la situación de los convenios. ¿Le consta que lo envió? ¿Tuvo acceso a ese documento?

Era la subsecretaria del Ministerio de Vivienda del gobierno de Chile. No se me pasa por la cabeza que me dijera algo como eso si es que no fuera verdad.

¿A quién de Presidencia o de La Moneda se envían los antecedentes?

No tengo certeza. Mis suposiciones, en virtud de lo que he escuchado públicamente y del conocimiento interno y externo que tengo, es que se envió a Miguel Crispi, porque es él mismo quien en la comisión investigadora de la Cámara dice que se entera, “a través de un rumor”, del caso. Luego, él dice que le solicita a la subsecretaria mayor información, que por favor investigue. Eso él dice que ocurre el 7 de junio. Él establece que hay un diálogo con Tatiana Rojas. Y el mismo día, Tatiana Rojas me dice a mí que está enviando el correo.

Entonces, con todo el respeto que le tengo a Tatiana, y me duele poner este punto, no tiene sentido que me lo haya dicho solo por ponerme presión, como se ha dicho públicamente, porque lo dice después de que yo ya había entregado toda la información que me solicitó.

¿Cree que se le ocultó esa información al Presidente Gabriel Boric?

Sí.

¿Quién lo ocultó? ¿Miguel Crispi?

En función de hechos que me constan, creo que, efectivamente, Miguel Crispi le omitió información al Presidente y luego le omitió información a la comisión investigadora de la Cámara. Eso es lo que creo al día de hoy. Porque independiente de lo que se haya dicho de los WhatsApp, la información referente a que la subsecretaria envió los datos a La Moneda y el reconocimiento de Miguel Crispi de que estaba en diálogo con Tatiana Rojas no deja lugar a dudas.

Me duele en el alma contradecir a la subsecretaria, pero yo creo que ella está haciendo de pararrayos de Miguel Crispi y Verónica Serrano.

¿Por qué cree que se les protege a ese nivel? Por este caso, incluso, salió un ministro como Giorgio Jackson antes que ellos.

Pero es que Giorgio Jackson sale porque se le venía la acusación constitucional y eso es algo que no podían controlar. Seguramente hicieron el conteo de votos y no los tenían. Era renunciar o ser acusado constitucionalmente.

¿Por qué cree que La Moneda se ha negado a reconocer que sabía de este problema?

Yo creo que esa opción viene del Segundo Piso de La Moneda.

¿Se hizo llegar la información al ministro Carlos Montes? Él dice y mostró que recibió solo una minuta.

La minuta que yo hice y que le envié a la subsecretaria entiendo que era solo una base para el informe. No me consta qué información recibió o no el ministro. Lo que sí sé es que jamás conversamos del tema de los convenios, ni individualmente ni tampoco en alguna de las grandes instancias que se generaban en el ministerio.

No tengo ninguna razón para pensar que el ministro haya tenido información previamente. En las reuniones que sostuvimos, yo traté de instalar con fuerza la problemática del vertedero, lo referente a pasar de la habitabilidad primaria a implementar construyendo barrios. Las conversaciones con el ministro tenían una visión y una escala mayor.

¿Antes de que estallara el caso usted conversó con la diputada Pérez? En los aludidos WhatsApp que mantuvo con Rojas también se reconoce que había “coordinaciones con la diputación”.

No era un diálogo directo con ella. La estrategia de la que se hablaba estaba liderada por la directiva nacional de RD. No sé cuántas conversaciones previas hubo, pero yo me sumé formalmente en la reunión que es de público conocimiento, la del 6 de junio. Ahí, tanto a mí como a Andrade se nos plantea que la estrategia sería iniciar una investigación, que iba a haber la mayor transparencia posible, que se iba a suspender nuestra militancia y que se haría una solicitud a Contraloría desde la diputación a efectos de revisar en profundidad el quehacer de la Seremi. Esa fue la estrategia que nos planteó el senador Latorre.

¿Nunca habló con la diputada sobre los convenios de Democracia Viva o de otra fundación?

Nunca. Sobre ninguna fundación.

¿Está en condiciones de afirmar y descartar que ella supiera de los convenios de Democracia Viva? Ella lo descarta, pero, por ejemplo, Edson Dettoni aseguró que sí sabía.

Yo creo en lo que ella ha expresado públicamente. No tendría por qué no creerle. Lo que hace Dettoni es parte también de la estrategia comunicacional por la que luego se inclinó RD.

¿Considera que RD lo dejó solo?

(Largo silencio) Mira, más que me hayan dejado solo -que es algo que al principio podría haber entendido producto de que, efectivamente, hay un error político-, a esta altura yo me siento utilizado para encubrir errores e irregularidades de terceros. Porque efectivamente fue tan bullado el acto que destapa el caso convenios, que se desata todo esto y se transforma en el caso insigne. Pero resulta que dentro del Minvu, el modus operandi detectado por la Contraloría no tiene que ver con el Seremi de Vivienda Antofagasta, tiene que ver con la dirección a nivel nacional, que es responsabilidad, tanto en potestad como reglamentariamente, de Verónica Serrano, tía de Miguel Crispi.

Elucubrando más allá de lo que me consta, pero construyendo con lo que me consta, no puedo dejar de pensar en el hecho de que Verónica Serrano estaba liderando Asentamientos Precarios en un escenario donde ya una auditoría interna estaba arrojando que había irregularidades a lo largo de todo Chile y que eso llegó a manos de su familiar cercano.

¿Por qué cree que RD se prestaría para encubrirla?

Creo que si se quiere medir la cantidad de respaldo o blindaje a una persona, hay que contar la cantidad de ministros que salen a hablar a favor o defenderla. ¿Cuánta gente salió a blindar a Verónica Serrano? ¿Cuánta gente salió a respaldar a Miguel Crispi? Yo me imagino que hay redes, lamentablemente, familiares, amistades, otro tipo de nexo. Porque, ojo, yo no estoy hablando de gente tapando delitos. Estoy hablando de gente blindándose políticamente, porque toda esa primera etapa de la estrategia era política comunicacional.

Por la influencia que usted menciona que tiene Crispi dentro del partido, ¿sabe si él conversó el asunto con Catalina Pérez?

No lo sé.

Insiste en que Verónica Serrano lo presionó para la firma de estos convenios. ¿Era respecto de fundaciones en particular? ¿En qué consistía esa presión?

Nunca se especificó una fundación. Ella envió un correo donde pide apurar la firma de convenios, por la ejecución presupuestaria, pero ese email fue el ultimátum de una seguidilla de presiones. Mi primer encuentro con ella fue en julio del 2022, pero mis equipos ya estaban recibiendo presión de Yasna Contreras, la jefatura regional de Asentamientos Precarios, para avanzar con celeridad en ese tema.

En julio le planteo a Verónica Serrano que era imposible realizar esa ejecución presupuestaria o ese volumen de convenios, aunque ampliáramos las fundaciones y la capacidad técnica. Pero ella me insistió en lo crucial que era a nivel nacional la ejecución en Antofagasta, porque teníamos un alto porcentaje de los recursos destinados. Le puso toda la presión de la ejecución presupuestaria del programa en Antofagasta. Y lo hizo desde la primera reunión.

¿Eso pasaba en otras reparticiones?

En ninguna otra área del Minvu, ni en las que tenían mucho más presupuesto ni en las de niveles de implicancias mayores. Ni el ministro, ni la subsecretaria, ni ninguna otra jefatura me presionaron de la forma en que me sentí presionado por Verónica Serrano.

¿A qué lo atribuye?

Su forma era la de una persona muy efectiva y eficiente. De lograr los objetivos que se proponen. Yo me imagino que por eso también tiene el prestigio profesional que tiene. Y es algo que respeté en ese momento.

Era una persona que quería resultados, lo que en ese entonces me parecía razonable y loable. Porque ejecutar bien el presupuesto 2022, por sobredimensionado que viniera y por desbordados que se vieran los equipos, era fundamental para no perder esos recursos y así solicitar una cantidad igual o mayor para el 2023. Eso era importante, porque la problemática de los campamentos de Antofagasta había aumentado, y porque el gobierno ahora quería, con esos mismos recursos, hacer iniciativas que tuvieran un mayor impacto. Quería empezar a urbanizar, construir barrios.

¿Considera que esa presión lo llevó a estar en la situación en que está ahora? ¿Responsabiliza a Serrano de su situación judicial actual?

Esto no se limita a la Seremi de Antofagasta, hay una responsabilidad a nivel nacional. Pero como esta es una investigación local, se ven los actos que se cometieron acá. Si fuera nacional, ya estarían atando cabos, como lo hizo la Contraloría, que dijo “esto ocurre en el Minvu” en todo Chile. No se ha hecho el cruce de que el lineamiento de nivel central que daba Verónica Serrano a cada una de sus jefaturas fue validarles sus metodologías o modus operandi que traía consigo irregularidades y de las cuales el ministerio en su totalidad era inconsciente.

¿Con Daniel Andrade ha podido conversar? En distintos tonos, ambos han dicho que su caso ha sido utilizado.

No en profundidad. Tenemos una relación llevadera, estamos en el mismo módulo.

¿Comparte lo que él dijo respecto de que era un preso político?

Yo creo que estoy preso por razones políticas, comunicacionales.

¿Considera que han recibido un trato desigual por parte de la justicia?

Los tribunales tienen potestad para tomar las determinaciones que estimen. Los énfasis comunicacionales, los despliegues que se dan sobre la materia, no son propios de los tribunales, tienen que ver con el actuar de los organismos que de alguna forma podrían responder a una solicitud de gobierno. Ahí sí me parece que ha habido un énfasis mayor.

¿Un énfasis marcado por el gobierno?

Sí. Es evidente. Acá hay una estrategia que fue del partido hasta no sé qué nivel. Pero yo creo que desde el Segundo Piso hacia abajo.

¿En qué lo ha notado?

En la querella del CDE, eso es algo que depende del gobierno. Es de público conocimiento que dentro del CDE hubo una renuncia de una funcionaria de años de trayectoria producto de la forma en que se abordó el tema de las fundaciones. Renuncia por las presiones, dice ella, de un funcionario de gobierno. Y que finalmente accede y da la instrucción de realizar una querella precipitada, anticipada, con los datos todavía a medio camino.

Acá hay un acto concatenado de voluntades, no sé si coordinadas o simplemente el viento que sopla y que va a las distintas instancias impulsándolas, pero que nos lleva a las situaciones en las que estamos hoy.

Usted dijo que lo suyo fue un error político. ¿Cuál fue el error?

Más que referirme a cuál fue el error, quiero plantear que en este momento estoy en un estado de permanente aflicción. Por razones personales, por razones de responsabilidad, por el impacto que ha tenido esto. Los programas de campamentos se han visto retrasados. Todo este proceso que este gobierno quería impulsar se vio retrasado por este escándalo político. Eso es algo que me aflige, independiente de mi nivel de responsabilidad inicial. Evidentemente, me siento vinculado con esas situaciones.

Y en lo personal, mis padres son adultos mayores y yo estaba empezando a jugar un rol importante en su cotidianidad en estos últimos dos años. Solamente me queda la esperanza de que se logre articular una red de apoyo entre familiares y amigos, a quienes no puedo hacer más que pedirles, por favor, que nos presten asistencia. Un mea culpa por un error político se quedaría muy corto respecto de todas las implicancias que esto ha tenido.

El próximo jueves enfrenta una audiencia de revisión de medidas cautelares y en abril una nueva formalización por otra arista del caso. ¿Cómo se prepara?

Es parte de los procedimientos propios que visualizamos desde el inicio. No es información nueva. De todos modos, espero que la colaboración que he prestado sea sustancial para que esto se esclarezca.

¿Por qué decidió hablar ahora?

Porque tenía la certeza de que iba a haber cosas que se iban a ir aclarando solas, aunque fuera lento. Salir a explicar que esto era un problema a nivel nacional es algo que a mí nadie me iba a creer. Pero cuando la Contraloría lo plantea y dice que esto pasó en 15 regiones, ya no necesito explicarlo. Y porque también pretendía aportar de manera significativa en la investigación. Por muchas ganas que tuviera de salir públicamente a defenderme, eran más importantes los datos en la declaración frente a la Fiscalía. Era más importante seguir el proceso institucional y legal del Ministerio Público.