En el verano de 2021 los candidatos a convencionales mapuches se reunieron en Koz Koz, al norte de Panguipulli. En ese entorno, escenario de un parlamento histórico en 1907, acordaron los temas esenciales a defender en la Convención Constitucional: plurinacionalidad, autonomía y, el más importante acaso, restitución de tierras. Con los dos primeros aprobados, el miércoles por la tarde se votó el tercero, en un ambiente de emociones y tensión. Por 106 votos a favor, 37 en contra y 10 abstenciones, el Pleno aprobó la norma que permite la restitución territorial y que otorga protección al territorio indígena. Mientras los pueblos originarios celebraron, en la derecha y parte de la ex Concertación se levantaron alarmas: “fin del derecho de propiedad”, “vía libre a la expropiación”, “fin a la igualdad ante la ley”.

Autor de Malon y doctor en Historia, Fernando Pairican estuvo en el ex Congreso Nacional durante la votación.

-La autonomía no es posible sin territorio -dice. Y para que pueda generarse ese territorio tiene que reconocerse la deuda histórica que significó el despojo territorial con el proceso de Ocupación de La Araucanía. Por lo tanto, lo que se aprobó es poder iniciar un proceso de devolución territorial que no es todo el territorio, no es lo que se plantea en forma de caricatura, pero sí tienen que generarse los mecanismos para una reparación territorial y que los pueblos puedan solicitar esa devolución a partir de los estudios, de los catastros.

No era una votación fácil: el tema preocupaba a la izquierda y se le veía como eventual argumento para robustecer la opción del Rechazo. “Se ha responsabilizado mucho del incremento del Rechazo a la agenda indígena y, sobre todo, al tema territorial. Pero esta demanda fue generando apoyo y al final hubo una sensación de cariño y gratitud a los convencionales que apoyaron esta normativa, porque es una de las más importantes para los pueblos originarios”.

La norma fue rechazada por la derecha; es criticada porque no define cuáles son las tierras indígenas y se teme que podría abrir una vía libre para la expropiación de tierras.

Yo pienso que es un poco una caricatura, porque las tierras indígenas están delimitadas: las tierras históricas del territorio indígena en comunidades preexistentes a la formación del Estado. En ningún momento se ha planteado tierras que no sean históricas del pueblo mapuche. Yo creo que ahí hay un uso del fantasma que recorre a veces Chile, el de la reforma agraria. Yo lo entiendo, porque la reforma agraria generó un trauma en los sectores más conservadores, sobre todo el quiebre del latifundio. Puedo entenderlo en esa dimensión histórica, pero esto no se ha planteado en esos términos.

¿Los agricultores que son dueños de sus tierras no deben temer?

Es que esto no es unilateral. No es que esto comience ahora. Hay mecanismos, hay formas, y eso es lo que se va a debatir. Lo que se aprobó es la perspectiva más amplia y lo que viene en la Convención es la normativa para poder llevar a la práctica las normas. Por supuesto que esto afecta de alguna manera a quienes ostentaron el poder territorial en la zona mapuche, empresarios, agricultores, la Sociedad Nacional de Agricultura; ellos tienen el derecho a presentar una visión de alarma, pero ellos han estado usufructuando el territorio indígena como resultado de un despojo territorial que fue unilateral, hecho por el Estado chileno, apropiándose del territorio de forma irregular. Lo que sí se logra reconocer hoy es que muchos de los territorios indígenas tienen un origen irregular en la forma en que se gestó la compra y venta de ese territorio.

Se critica también que se hable de precio justo y no de mercado.

Me parece muy importante que sea a un precio justo, que no haya una especulación sobre la devolución de tierras, que es lo que se ha hecho hasta ahora. Cuando se ha trabajado la compra de tierras, los agricultores suben los precios o las forestales venden los territorios después de la degradación de los mismos. Acá se establece un precio justo y que se puedan asociar las comunidades para poder desarrollar esa decisión.

¿Una comisión estatal fijará estos temas?

Hay que esperar a ver la forma en que va a operar y el tiempo en que se va a plantear. Pueden ser cuatro años, cinco, diez años, no es tan inmediato y no es unilateral. Es un mecanismo dentro del marco de la democracia y, por tanto, tiene que ser regulado y llegando a acuerdos.

¿No se les está dando carta blanca a las comunidades para tomas de fundo?

Lo que justamente esta normativa permite es que las comunidades puedan solicitar la restitución a través de los mecanismos que la Convención o que el sistema establezcan. No es una reforma agraria, esto no está en la lógica agrarista de los 60 y 70. Esto está más acorde a la política de restitución de la tierra que han hecho otras democracias, como Nueva Zelanda.

Se critica también que la norma privilegia a los pueblos indígenas.

Los derechos no son privilegio. Cuando hablamos de derechos indígenas, de derecho al territorio, de los derechos de autonomía, estamos hablando de los estándares internacionales en base a lo que la ONU ha planteado para la buena convivencia de las democracias. Privilegio, creo yo, es cuando una familia ostenta en territorio indígena 400 hectáreas compradas de forma irregular, mientras que 60 familias indígenas viven en 100 hectáreas. Si uno hace la división, las familias mapuches están viviendo en dos hectáreas, las tierras se empequeñecen, y la pérdida de terreno se ha producido por mecanismos irregulares. La justicia no es privilegio, sino lograr igualdad jurídica y política, reconociendo la historia de despojo.

El senador Felipe Kast planteó que la norma termina con la igualdad jurídica.

Yo me pregunto quiénes son los privilegiados. ¿Quiénes son los que tienen en territorio mapuche una zona apta para la alimentación? ¿Quiénes son los que tienen, además, los territorios en la zona lacustre mapuche, donde también hubo compras irregulares? Creo que dentro de esa cortina de humo que plantea el senador se intenta ocultar lo que este tema va a poner en debate: cuéntame cómo adquiriste este territorio mapuche. El despojo territorial mapuche se gestó como una cadena de asociaciones fraudulentas. Y eso hace que esa tierra mapuche haya pasado por distintos dueños que pueden ser legales pero de alguna manera tienen un origen irregular. Y ese tema tenemos que conversarlo.

Nacido en Santiago, doctor en Historia y académico en Antropología en la UC, Pairican es autor también de Toqui: Guerra y Tradición en el Siglo XIX. En este aborda la historia mapuche entre 1818 y 1861, antes de la Ocupación, pero su principal área de interés es la historia contemporánea.

Parte de aquella historia y del conflicto con el Estado la recoge La Vía Política Mapuche, libro recién editado por Planeta. El ensayo relata la trayectoria del movimiento gradualista hacia la autodeterminación, la emergencia de la vía rupturista que usa la violencia como arma política, cómo se ganaron los escaños reservados en la Convención y el sentido del proyecto plurinacional.

-La vía política mapuche tiene más de 100 años, desde 1910, pero no es solo fruto del siglo XX: proviene del siglo XIX. Lo que yo aprendí en Toqui es que los mapuches siempre han tenido la disposición a dialogar con la otra autoridad, respetando los marcos históricos en los cuales habían pactado. La vía gradualista o política no es una excepción, es parte del repertorio del movimiento mapuche en su larga duración y en este contexto se manifiesta en la disposición de dialogar para lograr una nueva estructura de Estado, regenerar la arquitectura de un Estado monocultural a uno intercultural.

¿En qué consiste el Estado plurinacional?

Es una noción que toma un espacio propio en América Latina a partir de reconocer que las sociedades indígenas construyeron Estado. En el caso de los pueblos originarios en Chile, que a lo mejor no constituyeron un Estado, sí constituyeron sociedades que tienen una estructura y una forma de entender la historia y la política de forma particular. La plurinacionalidad es reconfigurar los Estados monoculturales en Estados interculturales, donde las sociedades indígenas estén en igualdad de condición jurídica con el resto de las naciones y que eso permita de alguna manera revertir los paradigmas del racismo, el derecho de la naturaleza, avanzar en espacios de autonomía. La plurinacionalidad es una invitación a la convivencia de los distintos saberes y distintas formas de entender la política en una unidad y una cohesión de un Estado que garantiza ese derecho.

Para algunos se está escribiendo una Constitución que beneficia a los pueblos originarios.

Plantear que una Constitución respete los derechos indígenas a nivel internacional para defender las conflictividad étnica me parece que apunta al sentido correcto, que es resolver a través de la democracia los problemas de carácter étnico radicales. Y hay otro tema: cuando tú te atreves a resolver estos conflictos también sanas a la sociedad no indígena de una construcción cultural que ha sido el racismo. Y eso, la descalificación del mundo indígena, se ha manifestado en la Convención, en la agresión constante a la machi Linconao de los convencionales de derecha, en las alocuciones que normalmente están haciendo Teresa Marinovic y Eduardo Cretton. Yo creo que eso no es sano, y para sanarlo hay que institucionalizar esos derechos para generar una nueva cultura cívica en las generaciones que vienen, que vean que faltar a los derechos indígenas es tan grave como no reconocer los derechos laborales o de género.

Junto a la vía política está la vía violenta, que no está dispuesta a dialogar. ¿Cómo se logra la paz?

La violencia es una forma de actuar políticamente que no genera consenso, pero que es importante canalizarla a través de la reforma democrática. La violencia política si bien genera un proceso de crítica, responde también a lo que dijo el lonko Víctor Queipul: “Nosotros hemos sido criados en la violencia”. Si tú a un pueblo lo maltratas desde el año 2001 a la fecha, y tienes la muerte Álex Lemun en el año 2002 y el carabinero solo recibe sanción simbólica, si luego tienes la muerte de Jaime Mendoza Collío, la muerte de Camilo Catrillanca y un montaje además, ese ciclo de violencia es muy complejo de resolverlo con una Constitución. El proceso de sanación también debe ser largo, porque larga ha sido la violencia. Si se consagran los derechos indígenas a través de la vía política en esta nueva Constitución, vas a tener un marco jurídico para poder canalizar esas aspiraciones, pero eso tiene que ir acompañado de otras políticas para subsanar los temas que son más sociales: el trabajo, educación, una educación intercultural real.

Es difícil comprender el último ataque incendiario, en el contexto de un gobierno que quiere dialogar con el mundo mapuche.

Creo que dentro del gobierno de Gabriel Boric hay una apuesta a hacer una relación distinta. Pero me parece que hay que analizar al factor del Partido Socialista dentro del proceso de estos gobiernos. A Manuel Monsalve el mundo mapuche lo conoce, fue gobernador de Arauco y generó una política de criminalización. Es un Partido Socialista, dentro de las distintas corrientes que hay dentro, que ha tomado la decisión de ser parte de las políticas de represión al pueblo mapuche, tanto en el gobierno de Ricardo Lagos como bajo el gobierno de Michelle Bachelet. Entonces el mapuche dirigente también ve eso y se pregunta cuál es el cambio. Sí creo que el gobierno tiene la disposición a dialogar con el mundo mapuche y creo que el proceso convencional es una puerta de entrada para encauzar ese diálogo. Sí puedo reconocer que hay un incremento de la violencia de parte de los actores mapuches y creo que estamos viendo un tema generacional, son más jóvenes. Y también algún sector del movimiento ha perdido confianza en la democracia, porque la democracia también nos ha maltratado con prisioneros políticos, con allanamientos constantes, con muerte de hermanos mapuches. Y, por tanto, un periodo de reconciliación también va a ser más lento.