En los grafitis de Puente Alto encontró su vocación. Fernando Peñaloza (1995) solía caminar desde el colegio de regreso a casa escuchando rap y mirando los rayados de los muros. Tenía 13 años y poco después comenzó su trayectoria en el grafiti. Con sus panas formó el Colectivo Cuneta, un grupo que definió su moral artística: el arte callejero, la crónica de una geografía física y humana delineada por la pobreza, la violencia y la droga, en los bordes de la ciudad.

Formado como artista visual en la UDP, Fernando Peñaloza hizo intervenciones visuales en recintos del Sename, en la población José María Caro y en el Centro Cultural Lo Matta de La Granja. Pandillas, reclusos, chicas en armas, encapuchados, los personajes de sus pinturas habitan ahora las luminosas paredes de la Galería Patricia Ready, en Vitacura.

Róbate el cielo se titula la muestra integrada por una docena de cuadros que retratan, en tonos levemente descoloridos, ambientes donde no llega el brazo benefactor del Estado. La exposición fue financiada por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC) del Ministerio de Cultura.

Armado a partir de fondos preexistentes para apoyar a organizaciones culturales que ofrecen programación artística, el PAOCC debutó en 2020. En las últimas semanas ha sido fuertemente cuestionado por beneficiar a las salas de Patricia Ready e Isabel Aninat.

Galerista de amplia trayectoria, Aninat recibió $ 17 millones 700 mil, aproximadamente, en agosto de 2020. Junto con ella fueron beneficiados casi un centenar de salas, teatros, tiendas y librerías, entre ellas Galería Cima, Factoría Santa Rosa, Librería Lolita, Teatro Mori y Fundación Sol y Lluvia.

Un año después, en el medio cultural se cuestionó el financiamiento por su vínculo con el senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke, casado con su hija, Javiera García-Huidobro.

A su vez, Patricia Ready obtuvo este año una asignación bianual (2021-2022) de casi $ 100 millones. Con un espacio de dos mil metros cuadrados, la sala es tal vez la galería privada de mayores dimensiones. Además, la galerista cuenta con vínculos con el mundo empresarial a través de su matrimonio con el empresario Juan Carlos Yarur.

En un medio cultural seriamente afectado por la crisis derivada de la pandemia, el financiamiento a las galerías de Vitacura provocó controversia. La Unión Nacional de Artistas criticó “los desmedidos recursos entregados a la élite cultural, repartidos entre familiares de miembros del gobierno y dueños de inmobiliarias, mientras la situación de los y las artistas en Chile es en extremo vulnerable”.

Y mientras la senadora DC Ximena Rincón decidió presentar un oficio en Contraloría para aclarar estas asignaciones “vergonzosas”, la Asociación de Funcionarios de Cultura apuntaba que “se trata de dos empresas con fines de lucro” que podrían resolver sus dificultades “con otro tipo de instrumentos” y “no restarles recursos a organizaciones más golpeadas por la crisis”.

Desde luego, no todos comparten este punto de vista: “Es una falsa controversia”, piensa la gestora cultural y exjefa de campaña de Ignacio Briones, Javiera Parada. “Creo que los fondos de Cultura tienen que tener la excelencia como indicador principal. El Ministerio de Cultura no es el Ministerio de Desarrollo Social y debe cuidar que las organizaciones cumplan con estándares de calidad”, agrega.

Para Isabel Aninat es una bajeza política y una muestra de misoginia que la identifiquen como “la suegra de” Cruz-Coke, “como si mi yerno tuviese que influir para que la galería que dirijo por casi 40 años pueda ganarse un concurso público, con jurado independiente”, escribió en carta al diario El Mercurio.

El poeta Raúl Zurita respalda a la galerista en esta controversia. “La galería de Isabel Aninat ha sido un pilar fundamental para el desarrollo del arte en el país en las últimas décadas, con su constante empeño en difundir las obras de los artistas nacionales dentro de Chile, en museos regionales, universidades, centros culturales, como en el exterior, donde es reconocida ampliamente como la más importante galería de Chile. Descalificarla por el hecho de ser la suegra de tal o la hermana de cual representa lo peor del machismo y de la invisibilización de la mujer”.

“Es evidente que hay que cambiar todas las políticas culturales para pasar de una cultura que descansa en el individualismo y la competencia a una cultura de la solidaridad. Pero por eso mismo Isabel Aninat tiene todo el derecho de pedir fondos donde quiera”, subraya.

Milan Ivelic, exdirector del Museo de Bellas Artes, valora el trabajo de las galeristas, resalta que ambas “han contribuido a dar a conocer a jóvenes valores artísticos chilenos en el extranjero” y “en este período de pandemia en que los artistas lo están pasando muy mal, ellas se han preocupado de darles la mejor ayuda posible”.

Fundada en 2007, Galería Patricia Ready postuló a los fondos con un plan de gestión que contempla exposiciones de 20 artistas en su sala de Vitacura y seis artistas en el galpón Un Espacio de Independencia. En una breve declaración, subrayan que la sala “busca promover el trabajo de artistas contemporáneos, propósito que hoy cobra aún mayor relevancia teniendo en cuenta el contexto de crisis económica derivado de la pandemia y seguiremos apoyando al talento nacional que hoy más que nunca necesita de este respaldo”.

Más allá de su objetivo, hay quienes consideran que otorgarle financiamiento público en este momento no es oportuno. “Yo creo que éticamente no corresponde”, dice Alfredo Castro, director artístico del Teatro La Memoria.

Beneficiado también con un fondo de $ 100 millones para 2021-2022, Castro logró los recursos luego de una serie de apelaciones y rechazos, y considera que la premiación de Patricia Ready “es una provocación” para otros espacios en dificultades.

Una opinión que es contrastada por Javiera Parada: “Que los dueños de la sala o el espacio tengan respaldo financiero no es un criterio. El Ministerio de Cultura tiene que apoyar de acuerdo a criterios de calidad, probidad, excelencia, no si el postulante es pobre o rico”.

Arturo Duclos, vocero de la Plataforma de Artes Visuales, matiza la discusión. “El problema no es que se entreguen recursos a empresas privadas, es la forma en que se ha gestionado la crisis. El ministerio no estableció criterios adecuados para favorecer a los espacios que más lo necesitaban”, dice.

“No queremos demonizar a las galerías”, acota. “Esta no es una lucha de artistas contra galeristas, sino de la forma en que las autoridades han respondido a la crisis. ¿Quién no va a recibir lucas si alguien se las regala? Pero el Estado debe decidir a quién beneficiar”.

En su opinión, la gestión de Cultura ha sido errática. “Solicitamos participación de la comunidad de artistas en la asignación de recursos y no nos escucharon”, afirma, y plantea que la evaluación de proyectos se realizó entre cuatro paredes.

La misma impresión tiene María José Cifuentes, directora del centro Nave. Especializada en danza, la institución atravesó un largo proceso de rechazos y apelaciones y, según cuenta, la crisis los tuvo al borde de cerrar. Finalmente, recibieron un fondo bianual de $ 150 millones. “Patricia Ready e Isabel Aninat responden a la realidad país, la cultura como mercado; ellas tienen derecho a postular, el tema es la emergencia, ¿por qué el jurado define que ellas necesitan de apoyo? La herramienta es la que habría que cambiar”, observa.

“Extemporánea”, esa es la primera palabra que pronuncia Juan Carlos Silva, subsecretario de Cultura, sobre la controversia. No obstante, las fiscalizaciones de Contraloría le parecen saludables para disipar dudas y dice que se siente orgulloso del trabajo de sus equipos.

“Hemos sido muy atacados por los concursos, pero el ministerio no puede entregar bonos”, recuerda. El subsecretario explica que el año pasado, producto de la pandemia, el programa PAOCC fue modificado para dar la mayor cobertura posible. Así apoyaron a 122 instituciones, entre ellas Galería Aninat, con un tope de $ 18 millones.

“Para evaluar rápido y que los recursos llegaran lo más pronto posible, determinamos que se evaluara internamente”, dice, y afirma que se tomaron los resguardos para ofrecer “garantías de transparencia y autonomía”.

Distinto fue el caso de la segunda convocatoria, donde aplicaron el sentido original del programa. “En este proceso hubo dos evaluaciones, una externa y otra interna. Hicimos una convocatoria abierta para que gestores independientes se postularan como evaluadores. Desconozco quiénes evaluaron cada proyecto. Luego hubo una segunda comisión integrada por jefes de programas y miembros del Consejo Nacional de las Artes”, dice. ¿Participaron artistas independientes? “Hicimos una convocatoria”, insiste.

Silva dice que el ministerio no cuenta con reglas para discriminar por comuna o situación económica, pero buscan mejorar el procedimiento. Este miércoles se conocieron nuevos beneficiados, con montos en torno a los $ 30 y $ 40 millones, y entre los ganadores se encuentran el Teatro Camilo Henríquez, La Perrera Arte y Mori Bellavista. “Algunos se repiten, porque la pandemia se extendió más de lo esperado. Pero pudimos perfeccionar el instrumento: pedimos que acreditaran cuánto tiempo estuvieron en Fase 1, en cuarentena, y cómo disminuyó su facturación. Teatro Mori acreditó y nadie puede decir ‘oye, el señor Vicuña o el señor Valenzuela’, porque acreditaron que estuvieron cerrados, lo mismo que el Cachafaz de Jorge Alís. ¿Son los espacios más vulnerables? A lo mejor no, pero es importante que se mantengan”.

Eventualmente, agrega, “en algunos programas podríamos entregar financiamiento directo, mediante convenios para realizar proyectos artísticos sin convocatoria. El problema es que eso abre espacio a la discrecionalidad: cómo determinar por qué a esa organización o ese proyecto y no otro, y por eso hemos sido tan talibanes con las convocatorias”.

El subsecretario se muestra partidario de incorporar la variable socioeconómica para algunos programas, pero advierte que la tarea del ministerio no es cubrir brechas sociales. “No podemos excluir a los privados, si no ellos pueden decir entonces dejo de hacer esto. Y eso no es bueno para el ecosistema cultural. Lo que sí podemos hacer es focalizar más nuestros recursos, sin desnaturalizar la misión del ministerio”, complementa.

Juan Carlos Silva admite que la crisis provocada por la pandemia expuso las limitaciones del ministerio, pero piensa que recibieron muchas críticas con intencionalidad política. “Es fácil criticar a una administración de un gobierno de derecha en cultura”, dice. “Cuando hay críticas veo mucha solidaridad, pero cuando hay que reconocer que tal proyecto fue financiado por el ministerio, no veo la misma fuerza. Muchos ni siquiera salen a difundir que recibieron fondos. Nadie quiere asociarse a este gobierno y eso no ayuda al sector”, afirma.

Javiera Parada concuerda: cree que en las críticas hay mucho sesgo ideológico. “Se ha intentado levantar la idea de que este gobierno y la derecha están en contra de la cultura. Por supuesto que se pueden haber cometido errores en la gestión de estos años, como en todo gobierno, pero suponer que hay una intencionalidad en contra del sector cultural me parece desproporcionado”, dice, y destaca el aumento de los fondos culturales este año.

Arturo Duclos piensa que “hay reaccionarios en muchas partes, también en el arte”, pero insiste en la necesidad de apuntar al problema de fondo: pensar en políticas culturales.

En nuestro país hay 10 instituciones que reciben financiamiento directo, entre ellas el Teatro Municipal de Santiago, el GAM, Matucana 100 y Santiago a Mil. Para el resto, en 2015 se creó el programa Otras Instituciones Colaboradoras (OIC), destinado a espacios de trayectoria y que una vez incorporados no tenían que someterse a concursabilidad. Este programa se fundió con otro (Intermediación Cultural) en la actual administración, y se transformó en PAOCC.

María José Cifuentes, de Nave, cree que el PAOCC tiene una gran debilidad. A diferencia de programas anteriores, iguala a todos los postulantes e impide la gestión mixta. “Yo requiero una herramienta mixta, donde gestiono una parte de mi presupuesto con mi infraestructura y el resto lo completa el Estado; otros espacios necesitan una asignación más directa. Ese equilibrio existía y se perdió. Ahora estamos en una competencia devastadora”, dice.

En este sentido, Javiera Parada reconoce que uno de los problemas de los fondos es que no diferencian entre artistas de trayectoria y emergentes. “Eso hay que mejorarlo y desfondarizar la cultura. Yo creo que habría que avanzar en que más instituciones de trayectoria cuenten con aportes basales, para que puedan programar y proyectar con cierta tranquilidad su trabajo”, dice.

Desde el punto de vista del empleo, María José Cifuentes enfatiza que una política más estable es más eficaz que los concursos. “Las organizaciones culturales hemos logrado sostener mejor la empleabilidad a largo plazo, tenemos más cercanía con los artistas. Más que los fondos, el Estado debería invertir en la sostenibilidad de las instituciones culturales”.