Desde el quinto piso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile se tiene una vista panorámica de la Plaza Italia. Es mediodía y la imagen del entorno parece lejana a la conmoción de la crisis de octubre o el campo de batalla de los viernes. Pero a la distancia aún es posible reconocer rastros en los rayados políticos y en el pedestal del Monumento a Baquedano, que permanece sin caballo ni general. El edificio de Pío Nono no es solo testigo de los acontecimientos políticos: al interior de sus muros altos y gruesos se sigue con atención y eventualmente con preocupación el actual proceso constituyente.
En diciembre de 2021, en una de las salas de la facultad sesionó la Secretaría Técnica de Participación Popular. El académico Francisco Soto, doctor en Derecho, forma parte de la secretaría y trabajó en la recepción y revisión de las iniciativas populares de norma. Según cuenta, fue un proceso de alta intensidad:
-En el proceso de Bachelet participaron en torno a 200 mil personas en un periodo de marzo a junio. Aquí, durante enero y febrero participó un millón de personas en una plataforma que armó la Universidad de Chile. Trabajamos intensamente y los resultados fueron bastante óptimos.
De las iniciativas presentadas, técnicamente se admitieron 2.496. De ellas, 78 cumplieron el estándar mínimo de 15 mil apoyos, con una participación de 980 mil personas. “Es claramente el proceso participativo más grande que registra Chile. De la mano de eso activamos cabildos que concitaron a unas 150 mil personas”, cuenta.
Las iniciativas siguieron su camino hacia las comisiones respectivas, apoyadas a través de minutas elaboradas por la secretaría. “Hay más de una veintena de iniciativas populares que fueron aprobadas por el pleno. Ahora, producto de que los articulados que contienen las iniciativas muchas veces han sido rechazados o han vuelto a comisiones, eso se va a ir ajustando hasta llegar a la propuesta final, donde vamos a tener el resultado de la incidencia”.
¿La participación ha tenido incidencia entonces?
Yo diría que es la incidencia más grande del mundo. No son muchos los procesos constituyentes que han tenido iniciativas populares. Por ejemplo, el más connotado es Brasil, que logró levantar más de 100 iniciativas populares, pero ninguna fue incidente. Entonces, ya el poder llegar con algunas iniciativas que sean consideradas es un éxito para la figura, que es novedosa.
La iniciativa “Con mi plata No” fue una de las que recibieron más apoyo popular y fue rechazada en la comisión. En las últimas semanas han aumentado las críticas hacia la Convención, no solo desde la derecha, de estar elaborando una Constitución partisana, excluyente.
A mí también me preocupa el tema, porque en particular esas iniciativas fueron muy bien redactadas. Hay un buen trabajo detrás de ellas y creo que se pudieron haber aprobado y después haber recepcionado lo más pertinente en el texto que iba a ser presentado por la comisión. Entonces, ahí yo veo cierto sesgo, poco receptivo a esta mirada. Y claramente eso le puede terminar pasando la cuenta a la Convención.
¿Cómo ha visto la articulación de los partidos políticos al interior de la Convención?
Los partidos políticos son minoría, claramente. La articulación ha provenido de movimientos sociales que, en general, no tienen ideología detrás, sino que son más bien temáticas. Y eso ha llevado a que la deliberación sea distinta a la del Congreso. Esto pasó de manera similar en Islandia, donde el proceso también fue encabezado por movimientos sociales. La discusión tiende a ser más pragmática y a negociaciones que suponen como una suerte de yuxtaposición de distintas defensas de los colectivos. Entonces, más que una discusión general, como por ejemplo en la Comisión Ortúzar, donde uno podía seguir la acción que se iba tomando, aquí tiende a haber negociaciones muchas veces fuera de la propia discusión y que finalmente terminan entremezclando un montón de temas que a lo mejor, sobre todo a los constitucionalistas, no nos parecen coherentes.
¿Es lo que pasó con el informe de Sistema Político?
Claro, básicamente se estaba yuxtaponiendo un montón de propuestas que no sonaban coherentes.
¿Se está pagando el costo de abrir la puerta a los independientes?
Esa fue una opción que tuvo que ponderar el Congreso y no hay mucha experiencia comparada que pueda identificar el papel que juegan los independientes en el proceso político, que en algunos puntos puede ser muy positivo y en otros abrir dinámicas a las que no estábamos acostumbrados a ver.
Ha sido difícil coordinarse y lograr acuerdos con ellos.
Yo creo que ellos hacen un trabajo muy comprometido y se encuentran totalmente jugados en responder a los sectores que los llevaron a la Convención. Viendo desde dentro, yo los encuentro bien intencionados, pero a lo mejor, y lo digo como abogado, a lo mejor esta Constitución no va a ser una Constitución de abogados, y por eso nos genera sorpresa.
También hemos visto propuestas extremas o extravagantes que llevan a poner en duda la sensatez de ciertos convencionales.
Sí, y muchas veces se levantan temas que son muy importantes para los colectivos, pero que no son de rango constitucional. Y ese ejercicio termina desvirtuando un poco a la propia Constitución, porque le añade muchos artículos y terminan muchas veces perfilando temas que pueden ser demandas legítimas, pero no de rango constitucional. O sea, uno ve que la Constitución hoy día está teñida en todas sus partes por ciertas protecciones que se hacen al mundo indígena y finalmente termina siendo como un estatuto que lo diferencia del resto de los chilenos. Y eso genera ruido, sobre todo para aquellos que tratamos de impugnar ese mismo criterio que se hizo en la Constitución del 80 para defender el papel de los militares. Entonces nos pasamos una buena cantidad de tiempo tratando de terminar con eso para que hoy día se instale desde la otra perspectiva.
En este escenario, ¿qué capacidad de diálogo han demostrado los partidos?
La verdad es que los partidos políticos han terminado un poco aislados por los movimientos que tienen mayoría en la Convención. Y yo veo con mucha preocupación el tema de Sistema Político, donde no solamente la derecha se aisló, como ha pasado en casi todas las comisiones. Creo que uno de los grandes costos del trabajo de la Convención es que la derecha se ha ido aislando del proceso y ahora también el Colectivo del Apruebo se bajó de la mesa. Entonces, a lo mejor eso muestra por qué se ha ido incrementando el rechazo a la Convención. La derecha no son solo partidos políticos, sino que también es una perspectiva muy presente en el país, y si sumamos al colectivo del Apruebo ya se conforma un sector del país relevante. Y sin su presencia, se debilita mucho el acuerdo de Sistema Político.
¿Es preocupante la dirección que lleva la Convención?
Yo soy de los que piensan que todavía hay tiempo de corregir. Creo que en el proceso de armonización hay una enorme oportunidad de mejorar el documento. Y si uno recurre a la experiencia para Latinoamérica, tenemos procesos donde se polarizó la discusión y el Presidente de la República jugó un papel muy relevante. En el caso de Bolivia, el país estaba en un proceso similar al chileno, donde había un grupo bastante crítico del debate de la Asamblea. Evo Morales intervino, elaboró una comisión de partidos que funcionó en paralelo a la Asamblea y que logró de alguna manera generar un texto más incluyente.
En Chile se debate cuál es el rol que debería tener el Presidente. Y él mismo habló en favor de una Constitución transversal. ¿Cómo se puede lograr?
La Convención tiene un debate interno que hay que respetar. Pero eso no inhabilita a que de una manera paralela, los propios partidos políticos y las distintas fuerzas que componen nuestra sociedad desarrollen debates públicos y elaboren propuestas constructivas. Eso se echa de menos en todo este proceso y creo que sería una buena iniciativa. Se tiende a ver que los únicos que pueden debatir sobre temas constitucionales son los convencionales, y a mí me parece un error. Por ejemplo, yo vi con sorpresa que durante febrero el mundo académico y político se ausentó de los debates de la Convención. Y creo que eso es negativo. Es importante desarrollar un proceso de debate público, con reflexiones de contenido y propositivo. Y yo creo que eso debería ser bien recibido por los convencionales.
¿Qué le parece la reacción del Senado: es legítima o es presión indebida?
Yo la encuentro un poco tardía, porque esta idea de una cámara territorial viene del programa de Bachelet. Yo trabajé en el segundo programa de Bachelet y un grupo de constitucionalistas de la ex Nueva Mayoría en ese momento ya pensaba en esa mirada de un bicameralismo asimétrico. La pregunta es si este modelo es típicamente asimétrico y si la Cámara Territorial tiene las suficientes atribuciones. Yo creo que eso podría ser perfectible con buena voluntad. Por eso tiendo a ser optimista de que el proceso puede encauzarse y de alguna manera integrar a muchos de los sectores que se encuentran fuera.
De las críticas que se le hacen al Sistema Político, ¿qué saca en limpio?
Creo que el gran problema de las propuestas que elabora la Convención es que no dialogan con otras propuestas que también presenta la Convención. Y creo que aquí lo determinante es el modelo de Estado regional. Si se quiere dar mayores competencias a las regiones, tener una cámara territorial débil no es una buena opción. Y, por otro lado, si se quiere tener un Presidente fuerte que dialogue con la Cámara de Diputados, es importante que esa Cámara no esté fragmentada. La opción por debilitar a los partidos políticos y ponerlos en igual pie que los movimientos sociales me parece una muy mala opción y va en contra de todas las tendencias de los países que han logrado generar mecanismos de democracia directa y una participación incidente de la ciudadanía. Si uno revisa la experiencia de Suiza, en todos los referéndum que se han aprobado en los últimos 40 años hay un partido político detrás. Lo que busca es la cooperación entre partidos y movimientos sociales y no hacerlos antagónicos. Entonces, esta regulación constitucional que se les quiere dar a los partidos políticos y a los movimientos sociales nos asegura un Parlamento fragmentado, que lo va a transformar en un espacio bien ingobernable para el Presidente.
¿No volvería a abrir la puerta a la participación política de los movimientos sociales?
Si se quiere hacer eso, el paso es que se transformen en partidos políticos. Inmediatamente eso excluye el sentido de tener un movimiento social, que es justamente algo que está en los márgenes del Estado. Si tú regulas eso, sólo se entiende porque los grupos que están actualmente en la Convención quieren transformarse en partidos políticos; pero transparentemos el tema, seamos claros y no mezclemos conceptos que no tienen nada que ver.
¿De qué manera se puede revertir el rechazo que está despertando la Convención?
El tiempo que queda nos va a dar una mirada completa del texto. Ya teniendo un texto completo uno puede salir a conversar con la ciudadanía y los propios convencionales van a recibir un feedback del texto. En estos momentos es clave que los convencionales demuestren flexibilidad y capacidad de escuchar.