En los sistemas democráticos, no suele haber procesos constituyentes sin una crisis social que los detone. Esa es una de las tendencias más nítidas que ha observado el cientista político Gabriel Negretto en su estudio comparado de los procesos de reemplazo constitucional. Otra de sus conclusiones es que estos procesos se ven fuertemente determinados por la crisis social que les dio origen. Y el caso chileno no es una excepción: “La Convención Constitucional no podría no estar determinada por el estallido social; la pregunta es cómo se relaciona con él”, dice.

Profesor del Instituto de Ciencia Política UC y autor de La política del cambio constitucional en América Latina, Negretto identifica varias respuestas posibles a esa pregunta. La más evidente es que la conformación de la Convención refleja la larga desconfianza y desapego de la ciudadanía hacia las grandes coaliciones políticas que gobernaron el país en las últimas décadas. La segunda es que las demandas asociadas al estallido podrían verse reforzadas en el debate constitucional.

“Cualquiera fuera el resultado de la elección de convencionales, estaba claro que la nueva Constitución iba a producir una expansión notable de derechos sociales, iba a introducir mecanismos de participación popular en la futura democracia, estatutos de autonomía de los pueblos originarios, medidas en paridad de género, un cuestionamiento a los constreñimientos que desde la Constitución de 1980 había a la expresión de las mayorías legislativas en el Congreso; se iba a revisar el tema de la propiedad estatal sobre los recursos naturales, en especial el agua, temas de descentralización, en fin. Ahora, con la conformación de la Convención, queda claro que estos temas se van a profundizar”, dice.

¿Serán esos temas lo que generen consensos, dentro de una Convención más bien fragmentada y sin grandes mayorías?

El resultado de la elección no solo impidió que ningún grupo pueda bloquear decisiones, por ejemplo a través de reunir un tercio, como se esperaba que hiciera la centroderecha, sino que ningún grupo puede conformar una mayoría. Y esto irónicamente va a favorecer ciertos consensos. Los bloqueos no se pueden anticipar, es probable que fracasen, y esto da más incentivos a que alrededor de ciertos temas se produzcan acuerdos preliminares, que en una situación más estructurada, de mayorías y minorías, podrían ser más difíciles de lograr. El resultado de la elección ha dado incentivos a todos los constituyentes, a los que venían con una agenda de reformas radicales e incluso a la centroderecha. Si reflexiona estratégica y políticamente, la centroderecha podría tomar una posición más progresista hoy. Si hubiera obtenido más de la tercera parte, seguramente se hubiera convertido en una coalición más defensora del statu quo de lo que hoy puede ser. Porque también están pensando en su futuro político, están tomando en cuenta la reacción de una ciudadanía que quiere cambios, y si uno es político, lo que menos quiere hacer es ponerse visiblemente en contra de la opinión de la mayoría.

Ya se han producido divisiones y desmarques dentro de los pactos, desde la Lista del Pueblo, la Lista del Apruebo y entre el Frente Amplio y el PC. ¿Qué efectos pueden tener?

Esto lo que hace es fragmentar aún más las preferencias dentro de la Convención, profundizar el pluralismo que ya se había dado desde la propia elección. Y va a permitir una mayor claridad en las posiciones que van a ir tomando aquellos grupos que buscan una identidad particular que preservar. Por ejemplo, el Colectivo Socialista se separa porque quiere defender una cierta homogeneidad ideológica; la separación del Frente Amplio del PC, ya se ve muy claramente la diferencia, el PC está mucho más a la izquierda en los temas más conflictivos que sus colegas del Frente Amplio. Esto quedó muy visible con la ratificación de la regla de los 2/3;el Frente Amplio votó a favor de mantener la regla y el PC, la Lista del Pueblo y los representantes de los pueblos originarios votaron en contra.

En principio se pensaba que la norma de los 2/3 sería un obstáculo difícil de salvar, pero los acuerdos adoptados por la Convención han superado los 2/3.

En los temas que surgieron fuertemente del estallido va a haber amplios consensos, con diferencias en detalles. Pero no va a ser en todos. Yo pensaría en que las cuestiones más técnicas y donde los posicionamientos ante la ciudadanía no son claros, como Congreso unicameral o bicameral, régimen presidencial o semipresidencial, mantener el Tribunal Constitucional, eliminarlo o refundarlo, va a ser difícil lograr consensos. En cambio, en derechos sociales, Estado plurinacional, medioambiente, paridad de género, las votaciones van a superar ampliamente los 2/3; la Convención va a decidir con grandes acuerdos.

¿El régimen político no?

Es más difícil lograr consensos rápidos o amplios, porque sea desde el punto de vista ideológico o sea desde el posicionamiento ante sus votantes, no está claro qué postura tomar. ¿Va a ver la ciudadanía positivamente pasar a un régimen semipresidencial o parlamentario? No está claro.

Uno supondría que la reducción de los poderes presidenciales podría ser un tema que convoque.

Va a haber un constreñimiento sobre el Poder Ejecutivo, pero con qué extensión, no podría anticiparlo. Es más clara la posición de la Convención en incorporación de derechos que en distribución del poder. Conforme avancen las proyecciones para la elección, ante un Congreso que va a estar fragmentado y ningún partido en mayoría, aquellos grupos que tengan más probabilidades de conquistar la presidencia tampoco quisieran un poder debilitado. Va a haber restricciones, sí, pero que se debilite enormemente, no está claro. Y es probable que grupos políticos con propuestas reformadoras no vean con buenos ojos cambios fundamentales cuando tengan que gobernar.

¿Eventualmente el Frente Amplio?

Eventualmente el Frente Amplio.

Uno de los temas que han concentrado la discusión estos días es la norma de los 2/3 y la propuesta del PC de plebiscitos dirimentes. ¿Estos últimos son una alternativa eficaz?

Desde un punto de vista legal es discutible que una figura como el plebiscito fuera acorde al proceso, porque el Artículo 133 es claro en que la Convención no puede modificar el quórum. Claramente delegar en un plebiscito la resolución de una controversia en torno a un artículo o un capítulo es cambiar el quórum. Pero dejemos de lado esta postura legalista, porque finalmente un proceso constituyente es un hecho político más que legal. La Convención podría dejar los 2/3, pero estableciendo mecanismos de desbloqueo, y de todos los posibles mecanismos de desbloqueo el más inconveniente es el plebiscito.

¿Por qué?

En primer lugar, porque es un factor de amenaza dentro de la discusión que perturba alcanzar acuerdos sobre un tema. Es un mecanismo de chantaje en los momentos más importantes de una deliberación constitucional, que es justamente el acuerdo sobre ciertas normas en particular. En segundo lugar, sobrecarga a la ciudadanía con la decisión sobre temas que puede no querer decidir y es difícil alcanzar la información y la participación suficiente. En los países donde se optó por este mecanismo, el resultado y las lecciones son altamente negativas. El único país que utilizó este mecanismo con mayoría calificada de 2/3 fue Bolivia, con resultados desastrosos: fue una asamblea profundamente polarizada, donde la amenaza del referendo aparecía de manera constante, donde la ciudadanía se mantenía activa pero muy polarizada, con violencia en las calles. Obviamente no todo esto se debía a la existencia de un plebiscito dirimente, pero en un contexto de debate, da incentivos a la polarización y fuerza a la ciudadanía a decidir sobre puntos que no le interesen o no tienen la información suficiente.

Gabriel Negretto observa que una de las deficiencias del proceso chileno es que no precisa los alcances del quórum de 2/3 ni cómo operar cuando no se alcance ese umbral. Un mecanismo, dice, puede ser establecer comisiones de expertos o políticas que tienen un tiempo determinado para producir un nuevo texto y enviarlo a votación. “Y aquí hay fórmulas que podrían cambiar la regla y que son menos transgresoras, por ejemplo, que en una segunda ronda de votación quede aprobado el texto en el caso de que no haya oposición por 2/3; se invierte la regla. Habría quienes argumenten que transgrede, pero parece una transgresión menor en aras a un bien mayor”.

De todos modos, agrega, “gracias a la configuración de la Convención y al hecho de que nadie tenga poder impositivo ni de bloqueo, la regla se vuelve inocua. Y me parece que la postura de la Lista del Pueblo y el PC es testimonial y es parte de una actitud que espero que cambie. Decir que los 2/3 es una herencia de la dictadura es faltar a la verdad. Esto viene de un acuerdo multipartidista de noviembre de 2019, luego fue introducida a la Constitución por representantes electos, indirectamente fue ratificada por el plebiscito de 2020 y por la elección de constituyentes; no es herencia de la dictadura. Y menos es necesario eliminarla, ¿por miedo a quién?”.

¿Qué efectos tienen las funas como la que sufrió Fernando Atria?

La actitud que tomaron los convencionales que atacaron a Atria es absolutamente repudiable, es una forma de deslegitimar las decisiones de otros convencionales. Atria y otros miembros del Frente Amplio están tomando una actitud responsable y realista ante el hecho de que no tiene sentido buscar un consenso menor, porque nadie tiene la capacidad de bloquear ni de imponer, y la actitud democráticamente deseable es que se logren los acuerdos más amplios posibles. Exponer a las decisiones es como una suerte de vendetta de bloques ideológicos que se están desmoronando; lo que ocurrió con Atria es decirle ‘tú no eres tan de izquierda’. Espero que esto cambie y que se pueda sancionar, que haya reglas de conducta que le prohíban a un convencional hacer esto en redes sociales, porque desacredita la actividad de la Convención, desacredita de manera sesgada y parcial las decisiones de otros convencionales, y no es la actitud que debería tomar un constituyente. Un constituyente está elegido para representar a sus votantes, para deliberar, negociar y votar en la Convención, y no para exponer su insatisfacción y críticas a otros en redes sociales.

¿Qué rol juegan las presiones externas?

Es un tema bien delicado, porque las presiones pueden venir de muy distintas fuentes. Pensemos que este proceso se activó en un contexto donde las movilizaciones no se acabaron el 19 de noviembre y ha estado presente el fantasma de rodear la Convención; esperemos que no ocurra. La Convención tiene una legitimidad de inicio indiscutible. Acá puede haber también presiones de grupos empresariales, de medios, intelectuales. Y es normal y esperable que una Convención con una representación tan atípica empiece a tener presiones del medio externo. Lo que tiene que hacer la Convención es resguardar su labor y su autonomía, y los ciudadanos protegerla. Por eso es importante que los convencionales defiendan su prestigio y no contribuyan a desnaturalizar su labor.

¿Qué le parece la carta de 15 convencionales de derecha sobre los pueblos originarios?

Confirma que dentro de la centroderecha hay sectores muy conscientes de la necesidad de apoyar transformaciones. Y esta postura va a predominar, porque tienen una tarea política.

¿Es probable, entonces, que prosperen posiciones más moderadas y que favorecen el diálogo?

En los días posteriores a la elección se habló rápidamente del vaciamiento del centro, y no es real. Si miras la distribución, por ideología, temas, entre el delegado más radical de la Lista del Pueblo y de Chile Vamos, ves una franja en el centro importante, desde ciertos sectores de derecha al Colectivo Socialista, Independientes No Neutrales, Frente Amplio, con tendencia a la izquierda. Hay un espacio para la moderación que no está localizado en una fuerza homogénea y que va a ser clave. Es un error pensar que en esta Convención el centro quedó vacío.

Antes de la elección, usted dijo que le parecía poco el tiempo de trabajo que tendría la Convención. ¿Aún piensa así?

La Convención está progresando de manera adecuada, pero sigo pensando que el plazo es corto. Antes me preocupaba el tema de los 2/3, pero hay un punto muy sensible a la temporalidad, que es la participación popular. Si hay una cuestión que demanda tiempo es la participación popular.

¿No estamos hablando del plebiscito de salida?

Es lo que se llama la participación incidente, el involucramiento ciudadano en el proceso de elaboración de la Constitución. Para que el plebiscito de salida sea informado, depende de esta participación. Esta participación, en Chile, Nepal, Sudáfrica, donde sea, consume mucho tiempo. Además, hoy las expectativas que hay son de una participación intensa y en múltiples etapas: en la definición de temas, que en todos los procesos se hace antes; en la elaboración de propuestas, sea a través de recolección de firmas, audiencias públicas, foros, y una vez que esté el texto, la posibilidad de discutir el primer borrador. Ciertamente, el tiempo es corto. Si hay un punto unánime es que es esencial incorporar a la ciudadanía. Una visión más realista es que pudiera haber una extensión no muy grande, por unos tres meses más. Mucho más allá de eso y en un país que necesita normalizarse puede poner en riesgo otros valores. D