Jorge Abbott: “No pude revertir la construcción de una infundada mala imagen de mi persona”

Jorge Abbott Charme cumplió 75 años este 1 de octubre. Esa es la edad límite para ejercer como fiscal nacional y, pese que aún le faltaba un año para completar el periodo para el cual fue electo, el mismo día que festejó su aniversario de vida dejó de ser autoridad debido a la restricción impuesta por ley.

Por estos días su oficina en el piso 10 del edificio de la Fiscalía Nacional, ubicada en calle Catedral, está desmantelada. Aún le falta llevarse algunos libros y regalos que le han hecho fiscales y funcionarios. Todos le preguntan qué hará a contar del lunes. Lo primero, responde, será descansar por un largo periodo junto a su familia en Olmué y luego -asegura- volverá a ejercer como abogado en una oficina jurídica de Valparaíso. No quiere quedarse en casa. Se le nota impotente ante esta situación de que, por su edad, no pueda seguir al mando del Ministerio Público y completar su período de ocho años.

Lo que sí, asegura, no se apartará de tribunales. Aunque en un inicio tomará causas de otras materias, no penales, pues espera que al menos pase un año “de enfriamiento”, ya que considera inadecuado saltar de acusador a, por ejemplo, defender acusados estando tan reciente su paso por el ente perseguidor penal.

En su última entrevista como autoridad, Abbott repasa su turbulento paso por la fiscalía, siete años que estuvieron marcados por los casos de financiamiento ilegal de la política, las tensiones con los tres gobiernos con los que convivió durante su mandato y hace frente a las críticas que lo acompañaron durante toda su gestión, apuntándolo como quien se suponía iba a limitar las investigaciones Penta, SQM y Corpesca que involucraron y pusieron en jaque a toda la clase política.

Usted llegó a ser fiscal nacional en medio del estallido de casos que revelaron un financiamiento ilegal de la política. A poco andar se dijo que, para lograr el cargo, hubo un acuerdo político que buscaba limitar las investigaciones. ¿Se comprometió a algo?

Es falso que yo comprometí o participé de un acuerdo político para beneficiar a quienes eran imputados en esas causas y, más allá de que las penas o salidas alternativas no hayan satisfecho las expectativas de algunos sectores, no es cierto que ha habido impunidad en esos casos. Hoy tenemos 32 personas condenadas. Una de ellas, el exsenador Jaime Orpis, cumpliendo pena efectiva, y 87 personas que fueron suspendidas condicionalmente como lo fuera, al inicio de estas investigaciones, entre otras personas, el exdiputado Alberto Cardemil, en un acuerdo con el equipo que llevaba entonces estas investigaciones, del que formaba parte el exfiscal Carlos Gajardo. Equipo que, por lo demás, fijó el estándar de condenas en juicio abreviado en el caso, entre otros, del exsenador Novoa. Si no pudimos avanzar más fue por la falta de acción del Servicio de Impuestos Internos de la que reclamamos en forma permanente, llegando incluso al Tribunal Constitucional. Esa es la verdad.

Pero quedó la sensación de que la fiscalía, en estos casos, pedía “clases de ética” para personas vinculadas a delitos de cuello y corbata, que no hubo mano dura.

Eso es totalmente falso. Tengo la convicción de que no contribuye a la construcción de una sociedad justa e igualitaria que algunos tengan privilegios especiales. Y así creo que lo demostramos, entre otros, en el caso Cascadas; en nuestra permanente pública disputa con la Fiscalía Nacional Económica respecto del ejercicio de la acción penal en los casos de colusión; con el Servicio de Impuestos Internos para lograr hacer persecución penal sin la previa denuncia o querella de ellos. Respecto de las clases de ética para los imputados Délano y Lavín, jamás fueron una petición del Ministerio Público, sino una condición impuesta unilateralmente por el juez de garantía para acceder al beneficio de la pena sustitutiva a la que accedieron ambos imputados.

En marzo de 2016 concedió una entrevista a La Tercera en la que planteó: “Queremos acotar y darles pronto término a las investigaciones”. ¿Cree que esa sentencia le penó cuando voces críticas, como el propio exfiscal Carlos Gajardo, plantearon que usted fue nombrado para no profundizar en las investigaciones contra políticos?

La frase pudo ser inapropiada. Pero detrás de ella, lo que existía era un legítimo interés por avanzar en las investigaciones, llegar a la verdad y lograr condenas sin extenderlas excesivamente en el tiempo. Por lo demás, ese principio está establecido por la propia ley, que reduce a la mitad todos los plazos una vez presentada la acusación de una persona desaforada. Como persecutor uno siempre aspira a resolver los casos con la mayor prontitud posible, sobre todo cuando estos generan una alta expectativa pública. Hoy, en el año 2022, nadie puede afirmar que los casos fueron acotados y terminados prontamente: recién concluyó la preparación de juicio oral en el caso SQM y ahora la fiscalía se encuentra a la espera de fecha para el juicio de ocho acusados, entre ellos Pablo Longueira. Otro tanto ocurre con el caso Penta, que está aún pendiente la realización del juicio oral respecto de varios imputados en esa causa.

A propósito de Longueira, él en un momento dijo que usted “no tenía autoridad moral para estar ahí” y que él sabía lo que negoció, y amenazó que lo diría en el juicio oral. ¿A qué se refería?

Aún estoy esperando que el señor Longueira acredite sus dichos con antecedentes serios. Nunca pudo demostrar que alguna vez di instrucciones particulares o intervine en esas causas. Es habitual que los imputados amenacen a los fiscales. En mi caso, además de varias denuncias penales en mi contra, tengo, junto a tres fiscales de la Región de Atacama, una demanda civil por mil millones de pesos presentada por los abogados Bosselin y Briones, en una causa en que acabamos de solicitar el desafuero del diputado Jaime Mulet.

A medida que ha avanzado su periodo se conocieron reuniones con diversos políticos. ¿Cree que eso marcó la desconfianza en su persona y dirección del Ministerio Público?

A la luz de los hechos, lo que creo es que pagué costos demasiado altos por decisiones que muchas veces no compartí. Y, en otras, en que no tuve ninguna participación, y que contaron con la opinión negativa de la Fiscalía Nacional.

Como cuando, tras reunirse con el entonces senador Hernán Larraín (UDI), luego se le ofrece al senador Moreira una salida alternativa, lo que determinó la renuncia de los fiscales Gajardo y Norambuena. ¿Usted no estaba de acuerdo con ese término judicial?

No, y así lo ha declarado, y reconocido en juicio, el propio fiscal Manuel Guerra. Recibí al entonces senador Larraín -audiencia que por lo demás siempre fue pública, como todas las audiencias que concedí durante mi gestión-, pero quienes conocen de esa reunión saben que jamás comprometí algo en beneficio del entonces imputado. La decisión fue tomada exclusivamente por quien dirigía esa investigación, que es lo que corresponde. Ahora, yo creo que ahí debería haber un cambio y permitir que el fiscal nacional y un grupo de fiscales regionales funcionen como el Comité Penal del CDE para tomar decisiones tan importantes como esa y que pueden afectar a la institución. La figura del fiscal nacional es tan unipersonal, pero a la vez las personas no entienden que yo no tomo decisiones frente a las causas, se respeta la autonomía de los fiscales. A mí me han hecho responsable de determinaciones de fiscales adjuntos en regiones que jamás me enteré. Pero bueno, son los costos de este cargo.

¿Qué cree que fue lo mejor de su gestión?

Chile ha vivido en estos últimos años eventos de gran trascendencia histórica y social. Los bullados casos de corrupción, las legítimas reivindicaciones de género y de diversidad, la alta migración y la violencia enmarcada en el estallido social, entre otros, se transformaron en una oportunidad para avanzar hacia una fiscalía más especializada y robusta desde la perspectiva técnico-jurídica. Mire, la fiscalía que dejo es muy distinta a la que recibí a fines del 2015. Hoy, por ejemplo, contamos con mayor especialización en derechos humanos, incorporamos la perspectiva de género en nuestras investigaciones, hay más mujeres en cargos de responsabilidad, modernizamos nuestros canales de atención, estamos en plena implementación de un sistema de procesos que permitirá que todas las fiscalías entreguen una respuesta uniforme a todos los usuarios, se optimicen los recursos, se balanceen las cargas laborales, se digitalice todo el sistema de tramitación de causas. Eso me tiene conforme.

¿Y cuál fue el peor momento?

No hablaría de un peor momento, sino más bien de una sensación que cruzó toda mi gestión, y es no haber podido revertir la construcción de una infundada mala imagen de mi persona. Pude tomar malas decisiones o, quizás, emitir declaraciones poco afortunadas. Pero lo que tengo claro es que no existe ningún fiscal que pueda aseverar que yo intenté intervenir en alguna decisión procesal que ellos deben tomar con total objetividad y autonomía. Hasta la fecha, a pesar de todas las investigaciones periodísticas y reportajes, no existe ningún fiscal que haya afirmado que yo dicté alguna instrucción particular sobre alguna causa. Todo ha sido una construcción artificiosa. Bastaría preguntarle a cualquiera de los fiscales que han tenido a su cargo las investigaciones sobre financiamiento ilegal de la política, lo que hasta la fecha ninguno de mis censores ha hecho.

¿Le duele que en redes sociales lo traten de corrupto?

La mínima racionalidad de las redes sociales ya ha sido lo suficiente tratada por conocedores expertos de esta moderna forma de comunicación. Sin embargo, producen efectos sobre las personas de las cuales nadie está ajeno. A partir de ello, lo que más me ha afectado es el dolor que se les ha causado a mis seres más cercanos, principalmente a mis hijos, nietos y hermanos.

¿Se imaginó que iba a ser así su mandato?

No. Yo hice lo que todos hicieron en su momento, que era reunirse con quienes finalmente tenían que elegir. Ahora, yo ahí no comprometí nada. Yo no era el candidato del Senado, eran otros. De hecho, el senador Quintana, en su libro, relata lo difícil que fue para la Presidenta Bachelet que me nombraran, porque los senadores querían a otros. Ahora, tampoco creo que en este cargo uno busque agradar a la gente. Esta es una institución que, debiendo actuar con absoluta objetividad, no tiene respaldo en ninguna parte. Porque al final del día termina uno haciendo investigación y persecución penal de todos los sectores y, en consecuencia, no hay nadie que termine respaldando esta autoridad y se es presa fácil de quienes pretenden criticar a la autoridad. Este fue un periodo extraordinariamente complejo. Tuvimos el estallido social, casos emblemáticos que nos enfrentaron con las más altas autoridades de la República, no hay ningún gobierno con el cual al final del día no hayamos tenido alguna tensión importante.

Le tocó Bachelet 2, Piñera 2 y ahora Boric… ¿Cómo fue esa convivencia con el Ejecutivo?

El caso Huracán fue un caso emblemático, en el cual, como Ministerio Público, tuvimos que enfrentarnos con convicción al entonces gobierno de la Presidenta Bachelet. Hubo una tensión muy fuerte por el respaldo que le estaban dando a Carabineros, y nosotros, por nuestra parte, develando la instalación de pruebas falsas, estábamos de algún modo actuando en favor del pueblo mapuche y contra la policía. Luego nos pasó lo mismo con el caso Catrillanca, cuando descubrimos mentiras en el relato de los Gope. La misma investigación por la Minera Dominga que abrimos en pleno gobierno de Sebastián Piñera; Exalmar, también con lo del informe Big Data, donde nos intentaron pasar un gol, y ahora la petición que le hicimos al Ejecutivo de que era necesario que se querellaran por Ley de Seguridad del Estado. Con los gobiernos hemos tenido relaciones de dulce y de agraz y todo esto demuestra la autonomía y la igualdad ante la ley con que se realiza la persecución penal.

¿Cuál cree que fue el estilo Abbott?

Mire, el no haber sido del agrado de nadie. Cuando veo las críticas que son transversales, o sea de todos los sectores, quiere decir que estoy haciendo bien la pega, porque en verdad no soy funcional a los intereses de nadie y eso es probablemente lo que más costos me ha traído aparejado. Porque no he estado dispuesto a transar ni valores, ni principios, ni con personas externas de la institución, ni con personas internas de la institución.

¿Alguna vez recibió presiones políticas?

Nunca.

Si retrocediera en el tiempo, ¿volvería a postularse? ¿Cambiaría algo?

Absolutamente, sí. Probablemente instaría algunos cambios legales, en términos de poder tener una mayor influencia, un mayor control sobre las decisiones que se toman individualmente. Cambiar la estructura de esta institución. Porque, desgraciadamente, en la forma que se estructuró, tenemos 19 fiscalías que funcionan en términos relativamente autónomos. Entonces cada región tiene soluciones distintas para problemas que son comunes, y debería haber aquí una gran unidad que se hiciera cargo de todas las necesidades al interior de la institución, de modo tal de poder satisfacerla para una fiscalía y para todas.

Cuando habla de mayor influencia, ¿a qué se refiere?

Las decisiones que toman los fiscales son decisiones trascendentes y no pueden estar entregada a las decisiones individuales, sin controles. Y esto es válido para el fiscal nacional, es válido para los fiscales regionales y también para los fiscales adjuntos. Cuando uno les atribuye a los fiscales que toman decisiones sin control, hay ahí un ámbito de corrupción, arbitrariedad, que es inaceptable para una institución. Entonces, ante decisiones importantes, debería haber lo que le decía: un comité especializado que busque la mejor resolución judicial ante un caso. Ahí, el fiscal nacional sí tendría que hacerse cargo de las críticas.

¿Qué consejo le daría a el o la próxima fiscal nacional?

Espero que el próximo fiscal, o la próxima fiscal nacional, no tenga que pasar por lo que yo pasé. Espero que el ambiente en el cual desempeñe su cargo no esté tan enrarecido como el que me tocó vivir a mí. Y lo espero porque el respeto a las instituciones es algo bueno para el país. Ojalá el país logre una nueva forma de convivir, no a partir de la descalificación, de la violencia, sino que más bien ya del acuerdo. A mí me tocó el engaño, la mentira: fueron parte cotidiana de la convivencia social. Hay quienes fueron premiados y aplaudidos, apuntándome sin ninguna prueba. Sólo elucubraciones. Eso no puede seguir ocurriendo.

¿Cómo quiere ser recordado?

Creo que en eso hemos cumplido con lo que yo prometí cuando postulé a ser fiscal nacional: de tener los más altos estándares de probidad. Por eso, cuando me atacan en esa área, la probidad, a mí me afecta en lo personal, porque es el único valor que a mí me importa. Y que quede establecido como “verdad” exactamente lo contrario, es muy duro. Pero por ahí Mark Twain decía que sólo los necios no cambian de opinión contra la evidencia. Yo tengo la evidencia empírica de que soy una persona proba.

¿Y con eso se va?

Sí, con eso me voy: con el cariño de los fiscales, funcionarios, con las manos limpias y con la frente bien en alto.