Las cuatro alarmas que precedieron al conflicto educativo de Atacama... y que nadie escuchó

Desde el año 2018, el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública ha entregado de manera anual al Presidente de la República su diagnóstico sobre los avances y las dificultades en la implementación progresiva de los nuevos Servicios Locales de Educación (SLEP). A la fecha, en el país ya se han instalado 17 de los 70 SLEP que se proyecta que en 2029 reemplazarán por completo a las municipalidades en la administración de jardines, colegios y liceos.

Con la experiencia de las comunas “pioneras”, el consejo, integrado por seis expertos en educación nombrados por el mismo Mandatario, ha levantado reiteradamente una serie de alertas sobre los problemas que han conducido, por ejemplo, a la severa crisis del SLEP de Atacama y que mantiene sin clases por 64 días a los 30 mil alumnos de las comunas de Copiapó, Chañaral, Caldera y Diego de Almagro.

La Tercera revisó los seis informes emanados desde el organismo y detectó cuatro luces rojas con las que el consejo ha puesto en evidencia serias deficiencias en el traspaso de los colegios, su infraestructura y personal, tanto a los gobiernos de Sebastián Piñera como de Gabriel Boric. Pero lo más preocupante es que la “mochila” de deudas y problemas financieros por la que en 2017 se decidió quitarles los servicios educativos a las municipalidades se ha traspasado y ha persistido en la nueva institucionalidad de la educación pública.

Parte de esas sugerencias se han plasmado en dos proyectos de ley. El primero de ellos, presentado en 2021, cuando Raúl Figueroa era ministro de Educación de Piñera, fue votado en contra en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, con los votos de la entonces oposición, entre ellos, la exdiputada y hoy vocera de gobierno, Camila Vallejo. El segundo, ingresado al Senado en mayo pasado por el exministro Marco Antonio Ávila, aún no ha sido discutido. Pero el actual ministro, Nicolás Cataldo, ya anunció que reemplazará parte de lo ingresado hace unos meses.

Una de las medidas contempladas en la reforma es que, de manera progresiva, los docentes y asistentes de la educación que antes eran contratados por municipalidades o corporaciones han pasado y pasarán de manera automática a ser funcionarios del SLEP al que pertenece la respectiva comuna. Así ocurrió, por ejemplo, con los profesionales de las comunas de Carahue, Nueva Imperial, Puerto Saavedra, Teodoro Schmidt y Toltén, que el 1 de enero de 2018 pasaron a ser funcionarios del SLEP Costa Araucanía.

Ya desde 2019, el Consejo de Evaluación alertó que la cantidad de personal de la educación era excesiva. “A la hora de analizar el proceso de traspaso de personal desde la administración municipal a la administración de los SLEP, llama la atención que la conocida sobredotación en las escuelas -principalmente de asistentes de la educación y docentes- y la falta de profesionalización que se evidenciaba en los municipios se ha heredado en algunos de los SLEP”, señaló el informe de ese año. La advertencia se ha repetido en cada uno de los informes hasta el 2022.

Para el actual consejero Fernando Peña, quien fue nombrado en el cargo por el expresidente Piñera, “el problema que se ha visto en estos años es que muchos municipios, sobre todo en los primeros años de implementación de la ley, comenzaron a abultar sus dotaciones o las remuneraciones del personal, para así asegurar las mismas condiciones al momento del traspaso”. Además, señala que los nuevos SLEP no pueden remover de sus cargos a ninguno de los traspasados durante el periodo de un año.

“El problema es que el servicio se ve obligado a financiar una dotación que no le sirve para prestar el servicio. Eso es ineficiencia, una pérdida de recursos. Y eso va en detrimento de la buena implementación, porque el servicio tiene que dedicarse a eso en lugar de aprovechar los recursos para una educación de calidad”, señala el consejero y director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez.

Ello, relata el consejero Peña, “genera presiones financieras que los servicios locales, con sus propios presupuestos, no han podido resolver. Para la gran mayoría de ellos el presupuesto que les asigna la Dirección de Presupuestos (Dipres) les alcanza para cubrir gastos hasta julio o agosto”.

Tal como sucedió en Atacama, los problemas financieros también han ocurrido en otros servicios locales del país. Por ejemplo, a fines del año pasado, la Contraloría detectó que en el SLEP de Puerto Cordillera existía un déficit presupuestario de $ 4.953 millones.

Una situación similar es la que proyectan para fin de año en el servicio local Costa Araucanía, donde los informes han establecido que la cantidad de asistentes de la educación creció en un 30% al momento del traspaso al servicio local. De hecho, en la sesión de la Comisión de Educación del Senado celebrada el 23 de octubre pasado, se sinceró que los dineros disponibles no permitirán cubrir las compras ni las remuneraciones para sus 75 establecimientos en diciembre de este año.

Junto con los profesionales de la educación, la reforma de 2017 estableció que las municipalidades que van entregando el servicio educativo deben traspasar al servicio local respectivo todas las propiedades en las que funcionan los colegios y liceos. Pero el Informe de Evaluación Intermedia, elaborado por el Consejo de Evaluación en 2021, advirtió que en términos de la infraestructura, “los SLEP se han enfrentado a problemáticas producto de que algunos bienes municipales del área de educación no se encontrarían con su dominio regularizado”.

Entre esas dificultades están ampliaciones y modificaciones que no cuentan con permiso de recepción municipal, colegios emplazados en sitios que no son propiedad de los municipios o que comparten terreno con otras dependencias municipales y falta de documentos básicos, como títulos de dominio, entre otros. “Este problema impacta negativamente en las iniciativas de inversión de los SLEP, identificación de proyectos y, consecuentemente, en la ejecución presupuestaria en materia de mejoramiento, reposición y construcción de proyectos de infraestructura”, apunta el informe.

“Se ha detectado sistemáticamente en los informes que los municipios o no quieren o no pueden, por ejemplo, proveer la información de infraestructura a la Dirección de Educación Pública, porque para algunos es una sobrecarga de trabajo demasiado grande”, asegura el consejero Daniel Rodríguez.

Para el experto, en el periodo de transición antes de entregar los servicios educativos existe un desincentivo en las mismas municipalidades para invertir en mantenimiento de establecimientos “que ya no van a ser de ellos. Si tú le dejas de hacer mantención a un colegio por dos o tres años, la situación que tienes al final es gravísima”.

Lo anterior, sumado al retraso en la elaboración de proyectos de mejora desde los mismos SLEP y al tiempo que toman las licitaciones, ha conducido a situaciones como las de Atacama, donde el mal estado de los colegios y liceos ha sido una de las principales demandas del personal de la educación en paro desde hace 62 días.

Una de las posibles soluciones para abordar esta problemática es la que entrega el consejero Gonzalo Muñoz, quien fue nombrado en el cargo por el Presidente Boric. A su juicio, el mejoramiento de la infraestructura no puede ser abordado de manera individual por cada uno de los servicios locales de educación. “Se necesita un plan de infraestructura de corte mayor, una política de Estado, Obras Públicas involucrado”, asegura.

Al mismo tiempo, agrega que si bien la infraestructura del sistema educacional ha contado con recursos para labores de mantención o reposición, “hay una parte importante de los establecimientos educacionales que requiere ajustes y mejoramientos mayores, para que, efectivamente, sean establecimientos que están a la altura de lo que los niños y jóvenes de la educación pública se merecen”.

En los 17 servicios locales que hoy están en funcionamiento en el país, 11 de los cuales ya están a cargo de administrar jardines, colegios y liceos, se crearon nuevas plantas de funcionarios según lo aprobado en la Ley de Presupuestos. Para llenar esos cupos existieron varias vías de ingreso. Una de ellas fue la realización de concursos cerrados a los que sólo podían postular personas que previamente estuvieran trabajando en las direcciones de educación municipal o corporaciones de las comunas respectivas. Pero en una parte importante de los casos los postulantes no lograron cumplir con los requisitos mínimos.

“Se evidencia que con los traspasos de funcionarios municipales a los servicios locales, muchas personas llegaron a ocupar cargos para los cuales no tenían experiencia, ralentizando algunos procesos de forma significativa”, estableció el Consejo de Evaluación en su informe del año 2022.

Lo que sucede en Atacama, de acuerdo al consejero Fernando Peña, se explica por este tipo de falencias. “En este caso se demuestra el déficit de capital humano avanzado disponible para llenar los cupos que se abrieron para llenar en el servicio local. Eso se repite en algunas regiones, donde ha costado mucho llenar concursos o convocatorias”, relata.

María Paz Arzola, quien fue parte del Consejo de Evaluación entre 2018 y 2021, reconoce que estas dificultades han sido alertadas por la instancia desde su inicio. Por ello, afirma, “me llama la atención que a estas alturas se sigan repitiendo problemas que desde el comienzo de la instalación ya se sabía que había que poner soluciones ahí”.

Otro de los nudos críticos ha estado en el retraso del nombramiento por Alta Dirección Pública del director ejecutivo de cada servicio, máxima autoridad de los SLEP. Así ocurrió, por ejemplo, con los servicios de Licancabur y Maule Costa, donde el proceso tomó casi un año más de lo pensado, lo que obligó a aplazar la llegada de la desmunicipalización a esos territorios.

A ello, según el consejero Daniel Rodríguez, se suma el riesgo de politización que aún existe en los nombramientos, ya que tanto el perfil del cargo, la entrevista a los candidatos y la selección de la terna para los puestos de mayor responsabilidad son decididos por el Comité Directivo Local, donde participan los alcaldes y gobernadores de la zona. “Hay un riesgo, que se ha observado, de amiguismo y de cuoteo. Terminan achicando, orientando y dejando fuera a más profesionales”, concluye.

“Los actores invitados a participar en las sesiones del consejo dan cuenta de la continuidad de problemáticas que ya habían sido evidenciadas en informes anteriores, en específico aquellas relacionadas con las reglas presupuestarias que rigen la operación de los SLEP”, fue una de las conclusiones del informe emitido por los expertos el año 2022.

El traspaso de los servicios educativos a los servicios locales de educación significó también un cambio en las reglas del juego. Por ello, relata el consejero Daniel Rodríguez, a diferencia de lo que ocurre en el mundo municipal, los SLEP han debido enfrentar “toda la serie de reglas y burocracias, que son muchas, pero son con las que operan todos los ministerios y todos los servicios públicos del país”. Ello, principalmente, en materias de contratación de personal, gasto y licitaciones.

Un ejemplo, señala Rodríguez, es lo que ocurre cuando se necesita reemplazar a un profesor que está con licencia médica. “No tenemos reemplazo. Tenemos que contratar a la profesora para mañana, porque mañana están los niños ahí. Pero tienes que abrir un concurso, hacer un perfil y puedes tener a la profesora contratada dos meses después. No te sirve. Le estamos pidiendo, en el fondo, a un elefante que haga el trabajo de una mariposa”, concluye el también director de Acción Educar.

Para el consejero Gonzalo Muñoz, también se debe dar a los SLEP la posibilidad “de contar con planificaciones plurianuales y con gastos plurianuales que les permitan tener un poco más de juego que lo que permite la lógica anual, donde ocurre la irracionalidad de que pueden llegar a perder recursos que son públicos”. Ello ocurre, por ejemplo, con los saldos no gastados de subvenciones, como la ley de Subvención Escolar Preferencial y el Programa de Integración Escolar.

Pero, al mismo tiempo, entre los expertos del consejo surgen voces que llaman a revisar si los recursos entregados están siendo suficientes. “Es imprescindible que haya una revisión profunda de si los recursos que se les están asignando a los servicios locales son suficientes para proveer el servicio con la calidad que los niños se merecen”, declara Muñoz.

Ello, tras conocerse realidades como la del SLEP de Atacama, donde funcionarios han denunciado que desde agosto se agotaron los fondos para viáticos y que de los 86 vehículos que recibieron desde las municipalidades sólo dos están operativos, por lo que deben usar sus propios autos para visitar colegios que están a más de 200 kilómetros de la capital regional.