Manuel José Cepeda: Las lecciones de un protagonista del proceso constituyente colombiano

Manuel José Cepeda (58) es un testigo clave. Podría ser calificado también -si es que se escribiera una novela sobre el proceso constituyente de Colombia en 1991- como un narrador protagonista, esos que pudieron escuchar y ver de cerca.

Cepeda, abogado de profesión, fue asesor presidencial del gobierno de Virgilio Barco, momento en que se empezó a cimentar el proceso constituyente en ese país. Luego, en el mandato de César Gaviria, continuó su rol de asesor y fue ahí cuando se estableció como el nexo entre el Ejecutivo y la asamblea constituyente que inició sus funciones en febrero de 1991.

En esta entrevista, luego de exponer en un foro del Centro de Estudios Públicos (CEP), el abogado y expresidente de la Corte Constitucional colombiana -algo así como el Tribunal Constitucional chileno- hace un repaso de cómo fue la experiencia colombiana y resalta la importancia que ha tenido la Corte Constitucional y el mecanismo de tutela de los derechos que se implementó en su país.

¿Qué le parece el proceso chileno que ha iniciado Chile para tener una nueva Constitución?

Le veo una gran virtud. Porque este proceso es participativo, pluralista e incluyente. El proceso colombiano también fue así. Aunque eso genera problemas al inicio, termina siendo útil si se maneja con política.

¿Por qué genera problemas al principio?

Puede generar problemas porque hay que administrar muchas voces. Entre más abierto sea, más voces, mas decisiones, más intensidad respecto de ciertos temas específicos que son muy relevantes para algunos sectores pero que no lo son para otros y que para algunos son intocables. Cuando se cambia la Constitución se necesita mucho más manejo político, más capacidad de encontrar fórmulas ante tantas voces. Entre más participativo, más pluralista, más deliberativo, mayor legitimidad para la Constitución o la reforma final y eso es un gran logro para un país. Por lo menos como Colombia, que tenía una crisis enorme, en ese momento requería fortalecer sus instituciones y darles mucha legitimidad.

¿Cuál es el principal aprendizaje que tuvo asesorando al Presidente Gaviria y qué consejo le daría a Chile?

El primer punto es que los contextos políticos son tan distintos que es difícil desde afuera dar consejos y es mejor que los chilenos definan su camino con pleno conocimiento de todas las características del sistema político, de las tensiones y de los objetivos políticos. En términos generales, creo que lo que permitió que en Colombia se llegara a una Constitución con una capacidad significativa de obtener los objetivos buscados fueron dos cosas. Primero, es que se trató de construir un propósito común compartido por posiciones políticas que incluso eran ideológicas muy distintas. Y ese objetivo común funcionó para que, a pesar de las diferencias, todos trataran de llegar a ese mismo objetivo. Lo segundo fue la actitud siempre generosa de los constituyentes, que trataron de encontrar un terreno común, aunque el tema fuera muy difícil.

Los procesos constituyentes tienen esta paradoja de que surgen en momentos de mucha crisis, política e institucional, de polarización incluso. Pero cuando se llega a ese proceso constituyente, lo que más se pide es que haya mucha unidad y acuerdos para llegar a un texto consensuado, ¿cómo se logra eso?

Es que es muy difícil. En Colombia, el proceso fue liderado por dos presidentes. Inicialmente por el Presidente Barco hasta 1990 y luego por el Presidente Gaviria hasta 1991, cuando se adoptó la Constitución. Ambos presidentes tomaron decisiones de liderazgo, pero siempre promoviendo acuerdos políticos con lo que en el gobierno Barco se llamaba oposición y en el gobierno de Gaviria más bien fueron las fuerzas diferentes a las de su partido, que no estaban necesariamente en oposición. Entonces, ese es un primer factor, el liderazgo dispuesto a tender un puente con los del otro lado. Un segundo factor muy importante se concretó en acuerdos políticos escritos antes de que sesionara la asamblea constituyente. De tal forma que el Presidente Gaviria, por ejemplo, firmó un acuerdo político con todas las fuerzas representadas en el Congreso que habían participado en las elecciones, excepto con una fuerza que todavía no rechazaba la violencia política en Colombia.

En la discusión constitucional chilena uno de los órganos más en cuestión es el Tribunal Constitucional. Principalmente por los críticos que reclaman que es una tercera cámara de decisión. Usted fue presidente del símil colombiano, ¿cómo ve ese cuestionamiento?

En primer lugar, yo respeto mucho al Tribunal Constitucional chileno y entiendo que cada país define la institución del juez constitucional más apropiado para su país. En Colombia tuvimos un juez constitucional durante 100 años que era la Corte Suprema de Justicia que actuaba como juez constitucional con poderes mayores de los que tiene actualmente el TC en Chile. A pesar de eso, en Colombia se decidió que debería haber una Corte Constitucional y por eso fue creada. ¿Cuáles fueron las razones en Colombia para crearla? En primer lugar, no fue una crítica al pasado. En Colombia no se creó la Corte Constitucional con el argumento de que la Corte Suprema lo había hecho mal. Dijimos: si no va a hacerse solo una reforma de aspectos puntuales de la Constitución anterior, sino que se va a crear una nueva Constitución, se requiere una institución que nazca con esa Constitución y que la interprete dentro de ese espíritu.

¿Y qué tan relevante ha sido la Corte Constitucional?

Ha sido fundamental. Sin la Corte Constitucional, la Constitución de 1991 no habría producido los impactos y las transformaciones que hemos tenido en Colombia. Colombia tenía lamentablemente una diferencia muy grande entre lo que prometía la Constitución y lo que pasaba en la realidad. Con la Constitución de 1991 , la Corte Constitucional y la tutela, se buscó cerrar esa brecha y gradualmente la Corte Constitucional ha podido avanzar en hacer realidad y efectivos los derechos y muchas otras reformas constitucionales. Sin ella no se hubieran producido las transformaciones que se han llevado a cabo en Colombia.

La tutela de los derechos es uno de los máximos orgullos de quienes impulsaron el cambio constitucional, incluso el expresidente Gaviria lo calificó como una de las reformas más importantes que se realizaron en la asamblea constituyente. ¿Por qué cree que ha sido tan importante que en Colombia se implementara la judicialización de los derechos sociales, o sea, que cualquier persona pueda exigir ante un tribunal la garantización de algún derecho?

La decisión que se tomó es que los derechos podían ser aplicados en casos concretos por los jueces y que la efectividad de los derechos, incluso los derechos sociales y los derechos de los pueblos indígenas, debían ser respetados no solo en abstracto por las leyes, sino paso a paso. Y eso ha llevado a un litigio constitucional muy abundante, pero ha sido bueno porque las personas se sienten protegidas por la Constitución. La nueva Constitución cumple muchas funciones: una función de legitimidad, de distribución de poder y de limitación de poder. Una función de creación de un nuevo momento en la vida de un país, por eso es constituyente, pero también tiene una función importantísima de protección de los habitantes. Y la gran pregunta es si los habitantes de un país se sienten protegidos por su Constitución.

¿Y eso es así en Colombia?

A pesar de muchísimas dificultades, de conflictos muy profundos, pero cuando alguien ya no tiene otra vía, considera que la vía es pedir la protección de la Constitución. Y eso es importantísimo. Y la mayoría de las personas sienten que en el mecanismo de protección, que nosotros llamamos la acción de tutela, ha servido. Esa es la institución más popular en Colombia: tiene un 80% de imagen positiva desde el tercer año de su creación. O sea, es una institución que le gana a cualquier otra institución o líder político.

Pero hay un exceso de litigios para que se garanticen los derechos…

Sí, hay mucho litigio por tutela, muchísimos casos. Claro, a algunas personas les parece malo y yo creo que lo malo es que los otros procedimientos, muchos judiciales, no se hayan reformado para convertirse en procedimientos verdaderamente accesibles y eficaces. Lo que pasa en Colombia es que la tutela es un tren bala que va por una autopista, un carril totalmente despejado, y en 10 días da una respuesta. En cambio, los demás procedimientos judiciales son caminos entrampados, de huecos, entonces la gente dice: “Bueno, tomo el tren bala que va por un carril despejado”.