“Si esto supusiera que hubiera un cambio en la hoja de ruta, un cambio en la agenda estratégica del Mineduc, yo estaría de acuerdo con que es una derrota, pero no lo es”. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), desdramatiza en todos los tonos lo que ocurrió el jueves pasado en el Congreso. Para el secretario de Estado, el protocolo de acuerdo que el gobierno se vio forzado a firmar para la aprobación del Presupuesto 2024 y que ralentiza el proceso de traspaso de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) -o desmunicipalización escolar- no cambia el horizonte de la reforma a la Nueva Educación Pública que el Ejecutivo se había comprometido a trabajar.
Y aunque no lo ve como una derrota, lo que sí reconoce el titular de Educación es que la crisis de Atacama que empujó el protocolo y que puso en tela de juicio a la nueva institucionalidad educativa aceleró una discusión en la que el gobierno del que es parte ha estado al debe. “El programa del Presidente Boric planteaba la modificación de la ley. Lo que uno puede decir es que estamos muy retrasados en implementar esa agenda. De eso yo me hago cargo”, dice.
Cumplió 100 días de gestión. ¿Ha pagado el precio de ser ministro de Educación?
Sin duda que la labor de ser ministro de Educación es muy distinta a la de ser subsecretario. Y en una cartera, además, que es naturalmente compleja. Llegamos a un momento particularmente delicado, porque tenemos una situación crítica en el sistema educativo chileno. A modo anecdótico uno podría decir que en estos 100 días de ministro hoy cumplo mi día cuatro sin paro. Desde el día que llegué ha habido paros sucesivos. Ha sido particularmente complejo este aterrizaje.
En términos políticos, ¿cuánto ha comprometido su capital?
Todos los días uno arriesga capital político siendo ministro, de cualquier cartera. Yo desdramatizo esto de la pérdida de capital político, dado que es la naturaleza del cargo. Eso me tiene sin cuidado.
¿Considera como una derrota el protocolo de los SLEP que se firmó el jueves?
De ninguna manera. Buena parte del protocolo son cosas que ya veníamos conversando en la Comisión de Educación del Senado y oficialismo.
¿Que se termine pausando un proceso que siempre dijeron que no debía pausarse no es una derrota?
Lo que dijimos es que había que hacer la evaluación y que considerábamos necesario continuar responsablemente con el proceso. El acuerdo no pone en riesgo la ley y contempla un principio general que es pausar, pero que el Mineduc es el responsable de definir quién pausa y quién no, sobre todo para los servicios de 2024.
Pero también dice que tiene que ser con un informe que tiene que ver el Congreso y podrían decirle ‘el informe no nos gusta’.
No es condición de paso o no paso. La definición de si se traspasa o no, no va a estar mediada por una nueva discusión en el Congreso. Para mí esto es relevante en el sentido de que nunca he tenido la voluntad de avanzar a matacaballo con este proceso. La discusión tiene que ser de carácter técnico y con el informe explicado en el Congreso diría que vamos a tener servicios a implementar el 1 de enero del 2024.
Más allá de que su diagnóstico era el de que había que hacer correcciones, el protocolo fija cosas que ustedes no las buscaban así.
Lo veo complementario al diseño que teníamos. Evidentemente que nos hubiese gustado poder implementar con tranquilidad nuestra agenda. Esto lo que hace es acelerarla y ponerle presión. Hay que saber vivir con eso. Mientras el objetivo político se mantenga, está todo bien.
Da la sensación de que fue contra la pared.
Eso no es un problema cuando el objetivo es compartido. No hay un cambio en la priorización de la agenda. Lo que hubo fue un aceleramiento del debate a propósito del conflicto de Atacama, y enbuenahora. Yo supongo que eso también va a permitir tener acuerdos mucho más fácil.
¿Tampoco lo ve como una derrota ideológica en el sentido de que el avance de la desmunicipalización quede en duda?
Yo no lo siento en duda. Nadie en su sano juicio sería capaz de sostener que el sistema municipal es la alternativa.
Por segundo año el Mineduc se ve forzado a firmar un acuerdo por el Presupuesto. Antes fueron los Liceos Bicentenario, ahora los SLEP. ¿Ha faltado muñeca?
Eso siempre ocurre. Muchas veces se deja de observar en perspectiva histórica cómo son los procesos de discusión presupuestaria. Siempre hay protocolos, hay firmas y compromisos que sostienen la aprobación del presupuesto. Siempre estamos sujetos a este tipo de discusión, porque es el momento en el que los parlamentarios tienen mayor incidencia.
Pero estos dos temas tenían un componente relevante: los Bicentenario, un programa que no se quería continuar y se termina forzando, y los SLEP.
Yo creo que eso no es real. Los Bicentenario no es que no se haya querido continuar. Nunca estuvo en la agenda de manera explícita el no tenerlos, o eliminarlos, o retrasarlos. Lo que pasa es que había que evaluar. Yo no veo dificultad ni renuncia ideológica. Y, en este caso de la nueva educación pública, sin duda que como gobierno tenemos una responsabilidad en implementar un elemento que estaba en nuestro programa.
¿Por qué no asumió un rol más protagónico en el cierre de las negociaciones?
Nunca tuve la conversación cerrada con la Comisión de Educación del Senado. Nosotros entregamos una idea que está en buena parte en el documento que se terminó firmando. Lo que yo decidí era la conveniencia de estar el último día, considerando que ya era el cierre.
Pero había detalles técnicos del protocolo que se seguían conversando.
Por supuesto, y siempre estuvieron conversándose conmigo. No hubo ninguna definición en ese protocolo que quienes estaban en las conversaciones no estuvieran iterando permanentemente para validarla y acordarla.
Del lado del Senado estaba Yasna Provoste como interlocutora, con quien existe un distanciamiento evidente. ¿Qué rol jugó?
Ella jugó su rol de senadora de una región que está en una situación de conflicto. La conversación, si bien es cierto fue con la comisión completa, fue principalmente a través de su presidente y luego la conversación empezó a ocurrir con Hacienda y Segpres.
La senadora tiene una agenda súper marcada en torno a los SLEP, porque Atacama es su región. ¿Fue incómodo?
A veces hubo situaciones incómodas y a veces hubo situaciones que no, pero tiene que ver con el debate político. No creo que sea algo particular de esta relación. Siempre hay alguien que está particularmente involucrado y preocupado y que genera más presión y más tensión para avanzar en los temas que son de su interés. En eso no hay problema, se ejerce el rol que le corresponde como parlamentario. Es comprensible que quieran forzar y maximizar su capacidad en la toma de decisiones.
El protocolo es una reacción ante una situación de crisis. ¿Quién fracasó en este proceso?
Comparto que es una situación de incendio, pero también es expresión de una agenda de trabajo que ya estaba planificada. La situación de incendio se gatilla y se acelera con Atacama. Finalmente, la agenda es la que prevalece y eso es lo relevante. Lo que me interesa es que la agenda trazada está avanzando. Diría que acá hay un fracaso no solamente de una implementación de una reforma, también un sistema de gestión administrativa municipal consistentemente, a veces no siempre por culpa de los municipios. El fracaso es del Estado, que por muchos años arrastró un modelo de financiamiento que no daba cuenta de la necesidad de tener un sistema robusto de educación pública.
En estos seis años de reforma también ha habido errores. ¿Quiénes fallaron?
Lo más débil ha sido el escaso involucramiento del Estado, además de una Dirección de Educación Pública (DEP) que a poco andar se debilitó y tuvo escaso involucramiento con el Mineduc en los primeros cuatro años que le correspondió al expresidente Piñera. De hecho, la exdirectora de Educación Pública Alejandra Grebe me hizo un comentario cuando era subsecretario: ‘Es la primera vez que me junto con el subsecretario’, lo que habla, evidentemente, de que no estuvo el esfuerzo concentrado en sacar adelante una correcta implementación. Y nosotros también tenemos una responsabilidad. Vamos hacia los dos años y nos ha costado poder dar cuenta de cuáles son los cambios que tiene que tener la ley. Se presentó un proyecto en abril que se consideró deficiente y por eso no ha avanzado en su tramitación legislativa.
¿Usted también consideró deficiente ese último proyecto?
Mi evaluación fue que le faltaban varios elementos. Pero me hago cargo como responsabilidad de gobierno, más allá de si estuvo el ministro anterior (Marco Antonio Ávila). Lo que importa es que en nuestro gobierno nos ha costado dar cuenta de ese esfuerzo.
¿Duele que haya costado avanzar al ser esta una reforma que abrazan?
Evidentemente. Hay una convicción de que es importante consolidar la reforma de manera adecuada. Pero no hay un enamoramiento ni una mirada obsecuente respecto a lo que hoy tenemos. Si hay que hacerle cambios, estamos disponibles.
Durante la época de Piñera también se ingresaron indicaciones que no avanzaron. ¿Fueron temas propios de la política?
Había algo de eso. Y por otro lado no se daba cuenta de un proyecto en la profundidad que se requería para enfrentar los desafíos de la nueva educación pública. Al contrario, eran bien limitados en muchos sentidos y más bien avanzaban en direcciones distintas de cosas por hacer.
Hace un par de meses una pausa en el proceso era impensada y vino lo de Atacama. ¿Qué responsabilidad le cabe a usted que ese conflicto avanzara y terminara en este protocolo que frena la reforma?
El paro de Atacama no tuve mucha posibilidad de evitarlo. No creo que una persona pueda evitar un paro. Tuvimos la mala fortuna de encontrarnos con un conflicto que tenía mucha presión acumulada y de la que no era fácil salir, porque, además, la principal demanda era mejorar condiciones de infraestructura y todos sabemos que eso no se resuelve escribiendo un acuerdo en un papel. Todo eso genera el cuadro de la tormenta perfecta.
¿Todo el despliegue no pudo ser antes? ¿Hay alguna autocrítica de su parte?
No es real que no haya habido un despliegue. De hecho, hubo un despliegue muy intenso durante todo el conflicto.
Pero los profesores esperaban conversar con usted.
Y lo hicimos. Yo estuve en la región. Permanentemente estaba nuestro equipo allá y una serie de elementos que son parte de la gestión del día a día y que no aparece en ninguna prensa. Lo abordamos con un liderazgo en el territorio. Y cuando era necesario involucrarse, nos involucrábamos. Uno mirando para atrás siempre podría identificar cosas en las que podría haberlo hecho mejor, pero las cosas ocurrieron como ocurrieron. Uno tiene que ponderar que le logramos dar una conducción a esa salida.
¿Pero esa conversación no se pudo dar antes de los 80 días de paro?
Diría que no, porque la disposición del movimiento también era otra. Lo que generó el quiebre es que ellos flexibilizaron su postura, porque nosotros estábamos avanzando todo lo rápido que se podía.
¿Hubo ingenuidad de su parte con los profesores?
No es así. Ellos tomaron una decisión una vez que se tomó el acuerdo.
Y luego anunciaron que no volverían.
Las razones no eran las adecuadas. Yo creo que ellos también hicieron esa reflexión, porque el acuerdo era el retorno el 20, asumiendo que las obras iban a continuar en paralelo. Cuando comienzan a cuestionar que las obras todavía no estaban terminadas efectivamente se reparte la condición del acuerdo.
¿Qué opinión le merece el rol del Colegio de Profesores en este tiempo? Los han caracterizado los paros y mucha gente dice que usa a los niños como escudo.
Si ellos deciden paralizar actividades por la razón que sea, justificada o no, lo van a hacer. Y no hay forma de coaccionarlos en esa acción. Obviamente el sistema tiene mecanismos, como que si no hay clases no se paga subvención y si no hay subvención no hay sueldos. Pero lo relevante es que el Magisterio hoy exacerba el uso de una herramienta que es de última ratio, que es la paralización. Yo puedo estar de acuerdo incluso con el fondo de las demandas y distanciarme del mecanismo de ejercer presión cuando se llega al paroxismo en una movilización que se extiende por demasiado tiempo, que termina afectando de peor manera a esos niños. Es bueno buscar un equilibrio entre la legítima demanda y la forma en que eso se expresa. A veces la herramienta termina convirtiéndose en el fin y eso es un problema.
De los seis SLEP que deben traspasarse el 1 de enero de 2024, ¿tiene idea de cuántos van a ser pausados?
Tengo una valoración del estado actual de los seis servicios. Lo que he pedido es tener muchos más antecedentes desde el punto de vista técnico. Lo que quiero es tomar una decisión muy seria. Estos son los primeros servicios locales del Presidente Boric y, por tanto, tienen que funcionar bien.
No es menor la presión.
Más allá de lo político, implementar bien un servicio local determina el éxito de un sistema que involucra a miles de estudiantes. La presión, para cualquiera que tenga que tomar esa decisión, en cualquier gobierno, va a ser muy grande. Si no, uno no se está tomando en serio su rol. Y por cierto que tiene un componente político, pero político en el sentido de hacer exitoso un proceso, no en el sentido de avanzar a rajatabla en una definición apriorística de implementar como sea una ley. Voy a ponderar hasta último minuto todas las variables que están consideradas en el proceso para tomar una decisión.
¿Qué aspectos se considerarán?
Dotaciones, los concursos, tener contratos de suministro de material pedagógico, de mantención, transporte, edificios de mantenimiento.
¿La opinión de los alcaldes?
También, son factores políticos que uno tiene que ponderar, aunque probablemente no son los más importantes.
¿Cuál es su diagnóstico de la educación chilena?
El sistema educativo hoy está en un estrés muy grande, que nunca había visualizado en otro momento que a mí me había tocado estar involucrado. Esta es una situación muy particular que se exacerbó con la pandemia no sólo desde el punto de vista pedagógico. Pero lo más importante no es el diagnóstico, sino qué vamos a hacer como sociedad para resolverlo.
