El lunes 10, el Presidente Gabriel Boric pidió la renuncia de la ministra de Defensa, Maya Fernández (PS). Fue el corolario de poco más de dos meses de cuestionamientos originados por el intento fallido del gobierno por comprar la cada del exmandatario Salvador Allende para transformarla en un museo. La compraventa del inmueble de Guardia Vieja tiene a la exministra y a su tía, la senadora Isabel Allende (PS), copropietarias del recinto, en medio de una investigación por negociación incompatible y fraude al Fisco. La abogada de ambas, Paula Vial, sostiene que no son ellas las responsables de una eventual violación a la Constitución, que todo el proceso recayó en un amplio abanico de funcionarios de gobierno que no levantaron ni una alerta sobre el tema y que se pasó a llevar la confianza de sus clientas.
¿Cómo afecta la salida del gabinete de Maya Fernández al proceso judicial que enfrenta?
Es una situación global, un contexto más general, entonces quizás tenga algún impacto. Lo que creo es que la exministra ha sido muy cuidadosa en términos de que sus actuaciones no vayan a perjudicar a terceros. Y estimó que este era un buen momento.
La evaluación de la derecha que, además, presentó una acusación constitucional en contra de Fernández, fue que la salida de la ministra implicó un reconocimiento de que había infringido la ley...
Al contrario. La acusación busca fines políticos y lo que hay en ella es un “cortar-pegar” de lo que hay en el TC en contra de la senadora Allende. Lo que siempre ha estado claro es que tanto la exministra como la senadora y, en general, la familia han actuado de buena fe, que se plegaron a las indicaciones que recibían en el desarrollo de este negocio y que el daño que se les ha hecho es tan enorme e irreparable que jamás adoptarían un paso que pueda significar un reconocimiento que no es efectivo.
¿Quién les ha hecho daño?
El uso político que se le ha dado a este asunto ha generado un daño irreparable a la familia.
¿No es el gobierno el responsable del daño al generar una operación que apenas se conoció se supo que era inconstitucional?
La falta de advertencia respecto de esta situación, que es lo que genera la crisis, es lo que se usa políticamente para generar daño. Resulta increíble que hayan participado e intervenido tantos abogados en las distintas reparticiones públicas y que ninguno de ellos haya advertido de la existencia o haya tenido presente la norma constitucional. Esta compra por parte del Estado de la casa puede ser inadecuadamente evaluada, pero intentar establecer mala fe en la forma en que ellas operaron, donde no se concretó la venta y la familia no ha recibido un peso, me parece aprovechamiento político.
Sus clientas tienen amplia experiencia en política. Usted dice que no les advirtieron. ¿Qué responsabilidad les cabe a ellas en infringir una norma básica que tiene que ver con que una autoridad no puede celebrar contratos con el Estado?
Eso no es justo, ellas son autoridades y han sido autoridades, pero no son abogadas, nunca han contratado con el Estado, en general no gestionan ningún tipo de contrato ni de negocio y, por supuesto, confiaron de muy buena fe en su contraparte. Estimar que son ellas quienes debieran haber hecho la advertencia o que debieron tenerlo a la vista es una pretensión absurda. Estamos hablando que 17 abogados intervinieron, que tuvieron contacto con el contrato, y no sólo del Ejecutivo, y ninguno de ellos mencionó jamás la norma constitucional. Si se les hubiera advertido, se hubiera reaccionado en consecuencia como de hecho ocurrió.
¿No existieron advertencias?
Existieron advertencias político-comunicacionales, pero el gobierno planteó que la Secretaría de Comunicaciones (Secom) era quien iba a hacerse cargo de ese aspecto. Si hubiera existido alguna advertencia, alerta o conciencia de esta norma, eso hubiera motivado sin lugar a dudas que se pone término a esta interacción.
¿Ellas confiaron en el gobierno?
Ellas no esperaban ningún trato diferenciado, no es que se privilegiara este contrato, sino que quienes estaban a cargo de la tramitación, de diligenciar, lo que a cualquiera de nosotros nos pasa en nuestro trabajo, verificaran, chequearan que estén los documentos, que se dicten los distintos actos y que iban a estar atentos a cualquier dificultad y, desde esa lógica, por supuesto, se iba a advertir si es que había algún problema. Cuestión que no ocurrió.
Uno esperaría un mayor grado de prolijidad dado que se trataba de un asunto que implicaba a Salvador Allende...
Acá lo que falló es que no se tuvo presente esta norma que establece una prohibición, que en todo caso es relativa, por eso se está discutiendo en el Tribunal Constitucional, no aplica en todos los casos, pero no es esa la razón por la que se decidió continuar con el contrato, sino que porque la norma no estuvo en la mesa.
¿Y ahí no cabe responsabilidad de ellas?
Ellas tenían un rol bastante pasivo en el proceso, no intervienen de ninguna manera, ni siquiera respecto de la proposición de que se transformara esa casa en un museo por parte del Estado. A mí me parece un sinsentido que sean ellas quienes tenían que advertir la norma, porque ellas no están gestionando actos administrativos, esa no es su tarea, ni es lo esperable de ellas, entonces, creo que esa buena fe, esa confianza que ellas tuvieron fue la que se vio defraudada.
Pero la incompatibilidad constitucional que se da en este caso no es una norma difícil de asimilar para un parlamentario o autoridad de gobierno...
Ellas intervinieron desde esa confianza en que no existían problemas ni cuestiones jurídicas involucradas. A mí me parece como bien evidente que no era una disposición, una norma que estuviera tan fresca, tan en la mesa si les pasó inadvertida a todas estas otras personas que tienen ventajas comparativas en relación a ellas. ¿Por qué voy a estar imaginando cuestionamientos si no se plantean nunca? Ninguna de ellas hubiera participado en la compraventa si es que alguien hubiera mencionado en algún momento de toda esta gestión que esa norma existía.
Tenían confianza en las personas que llevaron esto y que se harían las cosas bien...
Lo esperable es que hubieran hecho ver esta norma al menos.
Usted pone el peso de la prueba en las personas que llevaron el proceso...
Si alguien tuviera que haber hecho una advertencia es quienes estaban a cargo del negocio y por eso es tan relevante descartar esas alertas. Tú no me puedes decir “ojo con los problemas jurídicos”, esa no es una alerta para ningún abogado, en términos reales la alerta jurídica no existió en todo el proceso.
¿Hay una pérdida de confianza con el gobierno ,ya que son todos funcionarios quienes llevaron adelante la transacción?
El Estado, la administración por supuesto, se vincula inevitablemente con el gobierno, pero tiene un permanente, un sustrato permanente que es la gestión propia de la administración, entonces, en estos actos interviene gente de confianza del gobierno, pero también funcionarios de carrera
Le insistimos. ¿No cabe responsabilidad alguna en la familia en este proceso?
La confianza entregada a quienes gestionaban el acto administrativo es adecuada, porque son ellos los que tienen que levantar cualquier tipo de dificultad. No hay ninguna razón para pensar que no era esperable que estuvieran tranquilas en que si había alguna dificultad se iba a aceptar.
La exministra Marcela Sandoval declaró que hubo una advertencia...
La advertencia y el foco era ‘qué vamos a responder’ o ‘cómo vamos a plantear este punto cuando se cuestione por qué el Estado está comprando una casa que tiene una ministra’, un eventual problema político-comunicacional.
Mencionó que sus representadas tuvieron una participación pasiva en este proceso. ¿Cuál fue su rol?
Ellas tuvieron un rol pasivo de vendedoras. El Estado estaba interesado en adquirir y desde ese interés público sintieron también como un poco el deber, la obligación de participar para dar el primer paso en convertirla en museo. Fue tan pasivo o distante de la gestión misma del contrato que designaron un mandatario.
Se refiere a Felipe Vio, quien es yerno de la senadora. En ese rol, ¿él no les habló de lo que iba sucediendo en las tratativas?
Claro que estaban al tanto, no participaron activamente en esas gestiones, pero él les informaba, por supuesto.
¿Él no contempló tampoco esa norma o consideró que no les competía?
No, jamás. Si se hubiera advertido la existencia, hubiera estado sobre la mesa esta norma, no se habría celebrado, no se hubiera seguido adelante con el proceso.
Otro de los cuestionamientos fue el aumento de $ 100 millones del precio durante el proceso...
Eso no es así. Se hicieron tres tasaciones que promediaron $ 1.200 millones, Bienes Nacionales hizo otra propia y ofertó $ 830 millones, Felipe advierte esta diferencia por factores técnicos y la consideración llevó a que se revaluara y motiva la oferta de los $ 900 millones. No es que se suban $ 100 millones, uno podría verlo también que se bajan $ 400 millones.
Se ve mal esa negociación considerando que hay un valor patrimonial en el interés del Estado...
La reacción de la familia fue que aunque tenemos estas tasaciones de $ 1.200 millones, estamos dispuestos porque queremos colaborar en ese interés público a venderla en $ 900 millones.
Si el interés era público, ¿por qué no se donó?
La sugerencia y propuesta vino del Ejecutivo, desde la Presidencia.
¿El Presidente conversó con ellas la primera vez?
Se plantea desde Presidencia, al Presidente le gustaba la idea de que pudiera ser una casa-museo.
También se ha mencionado que la Fundación Salvador Allende administraría la casa en comodato...
Eso es completamente falso. Cuando se plantea esta idea, desde el Ejecutivo se solicita que se pueda entregar información de esta casa y se le pide al arquitecto de la fundación para que pudiera desarrollar una minuta con esa información, pero no como un proyecto a elaborar.
¿O sea que no contemplaban recibir la casa en comodato?
Esa figura no funciona ni había una pretensión de tal figura del comodato.
Inicialmente en la investigación la senadora y la exministra guardaron silencio, pero después esta última declaró. ¿Por qué ese cambio?
Guardar silencio es un derecho. Es parte de la estrategia de defensa que dirijo yo, en ese minuto nos pareció estratégicamente adecuado, y en este momento es adecuado que la exministra declarara e iremos viendo el momento en que la senadora también lo haga.
¿En qué tenor fue la declaración de la exministra?
En términos de cuál es el rol que tuvo en este asunto, cómo ella jamás participó en nada, ni siquiera su equipo sabía de esto, que es un tema que ella separó estanco, familias, asuntos privados versus su rol de ministra.
