Por su ascendencia en el pleno de la Corte Suprema -no por nada fue el presidente más joven en ocupar el cargo hace un par de años-, cuando el ministro Sergio Muñoz interviene en las reuniones del máximo tribunal es escuchado atentamente por sus pares. Es por eso que cuando llegó a tabla la discusión de cuándo comenzará el retorno gradual al trabajo presencial en tribunales, no pocos pusieron especial énfasis en la posición del supremo, detractor de la idea de volver antes de que se acabe el estado de excepción constitucional que le permitió al Poder Judicial –mediante una ley especial- suspender actuaciones judiciales debido a la pandemia del Covid-19 que azota hace más de un año al mundo entero.
“Tenemos que privilegiar la salud y la vida de los servidores judiciales y sobre el ejercicio de las funciones y competencias de los tribunales no comparto la filosofía de entregar mensajes políticos de normalidad, que para los jueces debe ser ajeno”, dijo en la primera cita en que se trató el tema el 17 de marzo. Trece días después se decidiría prorrogar el protocolo para el 1 de mayo volviendo a contar con la oposición del juez.
Cuatro supremos consultados reconstruyen una idea que Muñoz lanzó al pleno, pero que no quedó en el acta. En lo medular, cuentan los jueces, el expresidente de la Suprema planteó que su posición era que para determinadas circunstancias, si algún procedimiento no podía hacerse de forma telemática, se hiciera, pero en el caso de la Corte Suprema, ésta sí podía continuar su labor de manera no presencial en medio de la pandemia. Fue ahí donde esas mismas fuentes coinciden que el magistrado apuntó a que la idea de regular un retorno antes del 30 de junio, fecha que aprobó el Congreso como prórroga para el estado de excepción constitucional, era para agradar de cierta forma al Presidente Sebastián Piñera, quien en la inauguración del año judicial, el 1 de marzo de 2021, les confidenció que él vería con buenos ojos el retorno paulatino, la reactivación de los juicios por parte del Poder Judicial.
El planteamiento no cayó nada de bien en algunos de los supremos. Uno que lo contradijo de inmediato y en el mismo pleno fue el ministro Mauricio Silva Cancino. Éste, según recuerdan dos magistrados consultados, expresó que aunque no existiera acuerdo alguno, él era uno de los que estaba por volver sí o sí, tomando las medidas de distancia social y resguardos necesarias como lo ha hecho el resto de la población que realiza labores esenciales en el país. A Silva Cancino lo secundó la ministra Ángela Vivanco, que comparte sala con Muñoz, quien –según recuerdan tres ministros- dijo que era “un deber ético” y no político el retomar sus labores ante un atraso que cada vez se acrecienta más y que amenaza con colapsar el sistema judicial.
“Fuimos privilegiados por las vacunas, jueces y funcionarios de veinte y tantos años están a salvo de esta feroz pandemia mucho antes que nuestra población adulto mayor y aún así se atrevieron a pedir ese privilegio cuando puedo contar con los dedos de una mano los jueces que han estado trabajando en sus tribunales, cuando no estaba la cuarentena total”
Quienes fijaron una posición que rivaliza con la postura del expresidente de la Corte Suprema basaron principalmente sus argumentos en que era el momento de ser deferentes con el gobierno porque ellos fueron una de las primeras instituciones priorizadas, por función crítica, para ser inoculados en contra del Covid-19, y el Ejecutivo invirtió en 30 mil dosis para todos los jueces y funcionarios de diversos estamentos, incluidas personas jóvenes y hasta miembros de organismos judiciales. La vocera del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, quien además elaboró el protocolo, recordó que éste había sido consensuado con representantes de todos los estamentos del Poder Judicial. “Todos quienes cumplen funciones críticas como los basureros, por ejemplo, estuvieron priorizados y están trabajando, no se entiende que al menos nosotros como supremos demos un mensaje”, dice uno de los jueces consultados.
Un dique a punto de desbordarse
Un informe de la Dirección de Desarrollo Institucional de la Corporación de Desarrollo Administrativa del Poder Judicial plantea un escenario crítico en la sobrecarga de trabajo y los atrasos que impactarán en causas a todo nivel: penal, laboral, civil, de familia, etc. El mayor atraso está en los juzgados de garantía en los que hasta febrero de este año se habían pospuesto 300 mil audiencias. Las principales son audiencias de preparación de juicio oral y procedimientos simplificados que afectan directamente a personas que han sido imputadas por un delito y que no han recibido, a causa de la pandemia, un juzgamiento en plazos razonables como indica la ley.
La posibilidad de que el sistema en su conjunto colapse es cierta y es una preocupación no sólo de los estamentos más bajos, sino también del propio presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, quien en una entrevista con La Tercera a mediados de diciembre del año pasado ya advertía que vendría una “avalancha segura” de causas debido a las suspensiones de juicios probatorios que permitió el estado de excepción.
En los gremios de magistrados que trabajan en juzgados de garantía y penales hay opiniones divididas. Algunos han planteado a su gremio que deben hacer todo lo posible por volver a la presencialidad porque la vía remota está afectando el principio de mediación del sistema que garantiza la confidencialidad, la plena comunicación de las partes, la imparcialidad de mediadores y todo ello en desmedro a los derechos de los imputados. Por eso causó tanta polémica cuando desde los mismos gremios solicitaron a la Corte Suprema que mediara ante el Ministerio del Interior para que jueces y funcionarios que les tocaba turno, y que viven en regiones en cuarentena, pudieran sacar un salvoconducto especial para que sus asesoras del hogar se trasladaran a sus domicilios. La moción, ampliamente criticada por las bases, terminó con la decisión del retiro de esta petición. “Fuimos privilegiados por las vacunas, jueces y funcionarios de veinte y tantos años están a salvo de esta feroz pandemia mucho antes que nuestra población adulto mayor y aún así se atrevieron a pedir ese privilegio cuando puedo contar con los dedos de una mano los jueces que han estado trabajando en sus tribunales, cuando no estaba la cuarentena total”, dice un magistrado.
Con todo, esta semana el Ministerio de Justicia ya delineó el protocolo –consensuado con todos los actores del sistema penal- sobre cómo va a funcionar la justicia penal cuando se acabe el estado de excepción, o quizás un poco antes. La idea del Ejecutivo es concretar un sistema mixto en que los intervinientes resolverán si se realiza todo el juicio o preparación de este de forma telemática o en audiencias “semipresencial” en la que parte del tribunal, al menos un juez, deberá estar presente en el edificio del juzgado.
La reactivación al menos en sede penal se cree ya un hecho, en el Ejecutivo y el Judicial, ya que muchos ven en este sector un dique que está desbordado y que cada día impacta en el hacinamiento en las cárceles, pues existen registros de cientos de imputados en prisión preventiva que tenían juicio agendado para el 2020 y aún no se desarrolla. La única duda que está abierta y se resolverá el 1 de mayo es qué harán los 18 ministros que hoy integran la más alta esfera del sistema judicial. D
