Tensiones: Los nudos que asoman para el primer tiempo

“Nosotros no estamos acá para que las cosas no ocurran, sino que para posibilitar que se hagan, y se hagan bien y de manera sostenible”, dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, tras jurar como nuevo jefe de las Finanzas.

Las palabras de Marcel reflejan la tensión al interior del gobierno entre aquellos sectores que exigen el cumplimiento cabal del programa, entre los que se cuentan sectores del PC, como el alcalde de Recoleta y ex precandidato presidencial, Daniel Jadue, del Partido Comunista, y otras fuerzas de izquierda del Frente Amplio, del Partido Comunes, y aquellos al interior del gobierno que creen indispensable dar certezas a los inversionistas y al mercado, tesis que respalda el Mandatario, buena parte de RD y de Convergencia Social, dentro del Frente Amplio, y que hoy tiene a sus mayores representantes en la dupla de ministros Giorgio Jackson y Mario Marcel.

Fue tras la primera vuelta y en medio del adverso escenario económico interno e internacional, sumado a la falta de mayoría en el Congreso, lo que obligó a buscar acuerdos con la oposición para avanzar en la agenda legislativa, lo que llevó a Apruebo Dignidad a dar un giro.

La aceptación de la regla fiscal fue una de la primeras señales hacia el mercado, la que se vio ratificada después con la designación de Mario Marcel en Hacienda.

“A todos los gobiernos de izquierda se les presenta el desafío de mostrar que es posible expandir la red de protección social manteniendo un crecimiento económico que sostenga esa red y equilibrios macroeconómicos que prevengan que el incremento de demanda agregada se traduzca en más inflación”, ha señalado el economista RD Noam Titelman, uno de los fundadores del Frente Amplio.

Uno de los primeros desafíos para el Ejecutivo será sacar adelante una reforma tributaria que les permita recaudar los recursos necesarios para financiar, con ingresos permanentes, las principales medidas con miras a establecer en Chile un Estado que garantice derechos sociales.

Más de cinco puntos del PIB durante los primeros cuatro años es la meta que se fijó el gobierno con esta reforma, la que por ahora no tiene asegurados los votos para su aprobación.

Si no logran sacar adelante la reforma tributaria, el gobierno quedará en una delicada posición frente a quienes, desde la izquierda, le exigirán cumplir todos los compromisos del programa -los puristas- por sobre la estabilidad y el crecimiento económico.

“Este gobierno no se agota en sus adherentes”, dijo el viernes el Presidente Boric, al comprometerse a llevar adelante una administración cercana a la ciudadanía, a los movimientos sociales y que “escuche siempre las críticas constructivas de quienes piensen distinto de nosotros”.

Boric ganó la Presidencia con más de cuatro millones 600 mil votos, más del doble de lo que obtuvo en las parlamentarias Apruebo Dignidad, la coalición política gobernante y que está conformada por el Partido Comunista, las fuerzas del Frente Amplio, el Frente Regionalista Verde Social y exhumanistas.

Por lo mismo, se vieron obligados a dejar atrás en muy poco tiempo las posiciones más identitarias que habían prevalecido hasta entonces al interior del Frente Amplio y que se habían manifestado en una fuerte crítica al desempeño de los gobiernos de centroizquierda, para integrarlos al gobierno.

Ese paso fue una “decisión muy dífícil”, admiten en el PC, como también lo fue para el Partido Comunes y algunos sectores incluso de Convergencia Social, el partido del Presidente. No así para el Mandatario y buena parte de RD, que ya eran proclives a un acercamiento a fuerzas de centroizquierda de la ex Concertación.

Lo que se construyó es inédito en la historia reciente de Chile. Un gobierno sustentado en dos coaliciones que mantienen fuertes diferencias.

Aún así, el gobierno sigue en minoría en el Congreso, lo que pone un manto de duda sobre la capacidad del Ejecutivo de sacar adelante su agenda legislativa y dar cumplimiento a las altas expectativas de la ciudadanía de que se atenderán las múltiples demandas incluidas en el programa.

Por lo mismo, era clave la señal que a sólo horas de asumir el Presidente Boric, y tras casi tres meses de negociación, se daría en el Congreso, con la capacidad del ahora oficialismo de construir acuerdos de gobernabilidad en las mesas de la Cámara de Diputados y el Senado, más allá de las fronteras de las coaliciones que están en el Ejecutivo. Cómo también de la capacidad de gestión que desplegaría el gobierno en su relación con las fuerzas en el Parlamento.

Y en ese sentido las dudas persisten.

Pese a que en la Cámara el nuevo oficialismo logró un acuerdo que incluyó a 86 parlamentarios, desde el Partido de la Gente y la DC hasta la izquierda, que permitió distribuirse la presidencias de las comisiones. Sin embargo, reconocen los parlamentarios, ese acuerdo no da garantías de que el gobierno será capaz de repetir esas mayorías para los proyectos legislativos.

En el Senado, esa primera señal, fue aún más compleja. El acuerdo de mayoría que dio la presidencia al senador Álvaro Elizalde en el primer año se dio a contrapelo, incluso, de las gestiones que llevó adelante el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, con el senador Manuel José Ossandón y RN, gestiones que dejaron en mal pie a ministro frente a los parlamentarios de la ex Concertación.

Por el contrario, el acuerdo administrativo del Senado estuvo principalmente supeditada al debate que se está dando en la Convención Constitucional con miras a eliminar el Senado.

El rechazo masivo por parte del pleno de la Convención Constituyente en las últimas jornadas respecto de las propuestas contenidas en los informes de las comisiones de Medio Ambiente y de Derechos Fundamentales, sumado a la polémica que generó la propuesta de eliminar el Senado, encendió las alertas sobre el trabajo que vienen desarrollando los convencionales y las dificultades que enfrentan para llegar a tiempo -el 4 de abril vence el plazo de nueve meses iniciales, los que pueden prorrogarse por tres meses más- para dejar listo el texto que se someterá a la aprobación de la ciudadanía.

Para el nuevo gobierno, encabezado por el Presidente Gabriel Boric, el éxito de la Convención es fundamental para llevar adelante el proceso de cambios que pretende iniciar su administración y cumplir las altas expectativas que generó en la ciudadanía la llegada del frenteamplista a La Moneda. Así lo reconoció el ministro de la Presidencia, Giorgio Jackson, hace algunos días, cuando dijo: “Buena parte de las reformas que planteamos tienen como principal obstáculo la actual Constitución. El tener una nueva Constitución es una condición sine qua non para llevar a cabo estas agendas”.

Por lo mismo, la tensión al interior del nuevo gobierno y de sus aliados políticos sobre la forma en que se relacionará el Ejecutivo con el órgano constituyente ha ido creciendo.

Pese a que no han hecho una exigencia formal, los partidos de Nuevo Pacto Social que se sumaron al gabinete no ocultan su pretensión de que el Mandatario ejerza un liderazgo y ayude a ordenar el diálogo al interior de la Convención Constituyente.

Una aspiración que no es compartida por el Mandatario, su entorno más cercano ni en las directivas de Apruebo Dignidad, la coalición gobernante, quienes han reiterado la autonomía que deben tener los convencionales para sacar adelante el mandato que recibieron de la ciudadanía.

“Vamos a apoyar decididamente el trabajo de la Convención. Necesitamos una nueva Constitución”, dijo el viernes el Jefe de Estado en el primer discurso que pronunció desde La Moneda, y en el que invitó a escucharse de buena fe y sin caricaturas para sacar adelante la tarea.

Las palabras del Presidente van en línea con la decisión del gobierno de dar las facilidades y herramientas que requieran los convencionales, incluso, respaldando con gestiones ante el Congreso para lograr ampliar el plazo de la Convención, si es que la mesa directiva de la Convención así lo solicitara, pero sin involucrarse directamente en el debate de las propuestas.

En La Moneda saben, además, que una intervención del gobierno sobre el trabajo de la Convención enfrentaría el rechazo de la mayoría de los convencionales de izquierda, un flanco que no están dispuestos a abrir.

Una cosa distinta, reconocen fuentes del Frente Amplio, es que el Frente Amplio fortalezca el diálogo y la coordinación con sus convencionales, para monitorear lo que ocurre al interior del órgano constituyente y ayudarlos a recuperar la capacidad de generación de acuerdos amplios que tuvieron meses atrás. En esa dirección apuntaba precisamente el llamado que hizo el Presidente Boric el viernes a su sector, cuando los instó a “tomarse en serio” el trabajo y a “escucharse de buena fe, sin caricaturas, para que el plebiscito de salida sea un punto de encuentro y no de división”.

“La magnitud del desafío es enorme”, reconoció el viernes el Presidente Boric en su primer discurso como Jefe de Estado.

El nuevo gobierno está conscientes de que la crisis por la migración ilegal, especialmente en el Norte Grande; la violencia en La Araucanía y el avance de la narcodelincuencia debían estar dentro de las urgencias de la nueva administración. Tres temas que la izquierda tradicionalmente no priorizaba en su agenda.

Fue tras el triunfo de Kast en primera vuelta que Boric y su entorno dieron un giro para asumir con mayor fuerza la agenda de orden público y al mismo tiempo cumplir con las expectativas de sectores de izquierda que demandan la libertad de los presos de la revuelta social.

“Necesitamos reparar las heridas que quedaron del estallido social”, dijo Boric, al justificar que su primera medida fuera el retiro de las querellas por Ley de Seguridad del Estado presentadas por el gobierno de Piñera. La decisión administrativa está lejos, sin embargo, de la intención inicial de alcanzar un indulto para los procesados tras el estallido social.

No fue el único giro en la agenda de seguridad y orden público que recaerá en la cartera de Interior. Si hasta hace unos meses la mirada de Apruebo Dignidad en el tema de migraciones se centraba en los derechos y beneficios sociales para los migrantes, el viernes el Presidente Boric se comprometió a “retomar el control de nuestras fronteras”.

En el ahora oficialismo no se puso en duda la reciente prórroga del estado de excepción en la Macrozona Norte y se ha puesto énfasis en el trabajo de la Cancillería para abordar de manera colectiva con los países vecinos las dificultades que está provocando el éxodo masivo de migrantes dentro de la región.

El giro también se dio en materia de lucha contra la delincuencia, uno de los temas que han vuelto a ser prioritarios para la ciudadanía según varias encuestas. Mientras en el programa original de primera vuelta el foco estaba en combatir la desigualdad social, una de las causas de la delincuencia, ahora el gobierno se comprometió a una reforma profunda de las policías para gestionar de manera más eficiente la presencia policial y mejorar la efectividad de las investigación de los delitos, concentrándose en el combate de las grandes organizaciones criminales. Respecto de La Araucanía, si bien el gobierno privilegiará la búsqueda de una solución política a través del diálogo con todos los actores, en los últimos días ha matizado su intención de no utilizar estados de excepción.

El viernes, desde el balcón de La Moneda que mira a la Plaza de la Constitución, el Presidente Boric esbozó algunos de los énfasis de la política exterior de su gobierno. Sin entrar en detalles, ratificó su deseo por llevar adelante una diplomacia “emprendedora, feminista y turquesa”, basada en el multilateralismo -”practicaremos la autonomía política a nivel internacional, sin subordinarnos nunca a ninguna potencia y cautelando siempre la coordinación y cooperación de los pueblos”, dijo.

En el gobierno ven un amplio espacio de cooperación regional para buscar soluciones conjuntas a problemas comunes, como el cambio climático, la migración, crisis energética, entre muchos otros.

Aún está por definir cómo espera desarrollar ese campo multilateral en una región que ha estado polarizada, al punto que se han creado en las últimas décadas organizaciones más que nada por afinidad ideológica entre jefes de Estado.

La defensa y promoción de los derechos humanos, “en todo lugar y sin importar el color político del gobierno que los vulnere”, será otra de las improntas.

El Presidente Boric, al igual que muchos otros representantes de la nueva camada de dirigentes políticos que llegaron al gobierno, no ha tenido dudas en criticar de manera tajante las violaciones a los derechos humanos cometidas en regímenes de izquierda, como Nicaragua y Venezuela, distanciándose así de las posiciones de sectores y partidos de izquierda tradicionales, entre ellos el PC.

La designación de Antonia Urrejola, con larga trayectoria en defensa de derechos humanos a nivel internacional, como canciller, ratificó esa decisión.

Pero esa no será la única tensión. En política económica internacional aún prima en los partidos de Apruebo Dignidad una mirada crítica respecto de algunos aspectos de los tratados de libre comercio y se oponen a la firma del TPP-11. Aunque en los últimos meses el Presidente y su programa morigeraron esa posición, desde la izquierda se hará sentir la presión a La Moneda en esta materia.