“Recibí el anuncio de la acusación constitucional tranquila. Pero encuentro que es algo triste que tengamos que estar en esto. Encuentro lamentable enfrentar esta situación con todo el contexto que tiene”.
Así reaccionó la ministra de Interior, Carolina Tohá, tras ser notificada de la acusación constitucional en su contra que presentó el lunes 30 de septiembre la bancada de diputados del Partido Republicano. El libelo, al que se sumaron con reticencias parlamentarios de la UDI y RN, la acusa de haber infringido gravemente la seguridad de la nación y de faltar a la Constitución y a las leyes al no haber adoptado “medidas más eficaces para resguardar a la población de la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado”, todo esto en el marco de “la crisis de seguridad pública más grave de nuestra historia reciente”, según el texto acusatorio.
En los cálculos oficialistas señalan que confían en que se vayan a producir algunos descuelgues entre los parlamentarios que apoyan el libelo acusatorio. Sin embargo, afirman que la ministra prefiere asumir que el terreno será difícil y preparse bien para ello. Desde palacio sienten que el Parlamento es muy voluble en sus posiciones por lo que no pueden bajar la guardia en la tramitación del líbelo y aseguran que tienen gran confianza en el trabajo que desplegara la derfensa. Pero son otras las variables que preocupan en La Moneda. En Palacio consideran que esta acusación tiene que ver más con los climas políticos. “Lo que va a definir quién se para y a qué lado va ser un conjunto de cosas. Y hay muchas cosas que no podemos controlar: los intereses particulares, los cálculos políticos, por eso apostamos a lo que sí podemos controlar, que es que la defensa de la gestión y la defensa legal sean lo suficientemente sólidas como para que cueste mucho más que otras consideraciones se impongan por encima de los elementos que deben primar, que son la legalidad y la consistencia del trabajo realizado”, dice fuentes de Interior sobre la forma en que va a enfrentar este proceso en su contra.
A pocas semanas de las elecciones municipales, en La Moneda esperaban que se produjera una escalada en las polémicas y los debates sobre seguridad pública. Más aún, tras las horas de terror que se vivieron la madrugada del jueves 26 de septiembre en el sector de Bajos de Mena, Puente Alto, luego de que cuatro sujetos con armas automáticas dispararan más de 150 balas en contra de un grupo de personas que participaba en un velatorio. Un menor de 17 años falleció y otros dos, de 13 y 11 años, resultaron heridos. Los lesionados fueron trasladados al Cesfam Raúl Silva Henríquez y al Hospital Sótero del Río, donde hubo otros episodios de violencia protagonizados por los mismos atacantes que intimidaron al personal de salud con la intención de ingresar a los recintos para asesinar a los heridos.
En los últimos años la percepción de inseguridad ha crecido en el país y se mantiene en todas las encuestas como la principal preocupación de la ciudadanía, por lo que era evidente que este tema, que ha perseguido al gobierno de manera persistente, subiría previo a las elecciones. Así había sido en años anteriores. En mayo del año pasado, justo antes de la elección de consejeros que redactarían el fallido segundo texto constitucional, la derecha presentó una interpelación contra la ministra Tohá por su gestión en seguridad pública y la crisis de migración.
Lo que estaba completamente fuera de los cálculos del gobierno es que en menos de 72 horas, republicanos pasaría de exigir la renuncia de todo el equipo de La Moneda a cargo de seguridad pública a presentar una acusación constitucional contra la ministra, en la que también se responsabiliza al gobierno de Piñera y a su entonces ministro de Interior, Rodrigo Delgado, de la crisis de seguridad que enfrenta Chile. Menos aún estaba en el radar de Palacio que esa acción gatillaría que los diputados de RN, de manera inconsulta y sin debate previo, anunciaran por su cuenta otra acusación constitucional dirigida en contra del Presidente Gabriel Boric, la que fue desactivada en menos de 24 horas por la propia directiva de RN.
Para La Moneda, la reciente ofensiva de algunos sectores de la oposición era completamente “altisonante” con el trabajo que se venía realizando. Incluso, apenas un mes antes, en la reunión que tuvieron el Presidente Boric y la ministra Tohá con los parlamentarios de las comisiones de seguridad de la Cámara y el Senado en Cerro Castillo, el clima del debate había sido completamente diferente, aseguran fuentes de gobierno.
Sólo días después de ese encuentro, señalan las mismas fuentes, el comité político del gobierno y la Secom habían delineado un nuevo diseño para reforzar el mensaje en materia de seguridad pública e intentar contrarrestar las críticas a la gestión frente a la delincuencia. Todo ello, aprovechando el significativo aumento en el gasto público para seguridad que se incluyó en el Presupuesto de la Nación para el año 2025, el que suma un 15% de incremento en dos años y medio de administración.
“Al hacer un balance, nosotros sentimos que en el norte y en el sur, hoy estamos en una situación de frentón muy distinta, mucho mejor a la que había al inicio de nuestra administración. El año pasado, mientras a nivel nacional la tasa de homicidios consumados bajaron un 6% -rompiendo la tendencia al alza que se venía registrando desde 2016-, en Antofagasta cayó un 13% y algo parecido ocurrió en Arica e Iquique. Y en el primer semestre de este año, mientras a nivel nacional bajaron un 9%, en Antofagasta se redujo en un 30%. En el sur, la tasa de delitos graves también disminuyó este año. En la zona central hemos logrado parar el deterioro, pero no hemos logrado una mejoría. Esa es la verdad”, señalan fuentes de la cartera de Interior.
Efectivamente, durante el primer semestre de 2024 se registraron 579 homicidios en Chile, la mayoría de los de los casos se concentraron en las tres regiones más pobladas de la zona central: Metropolitana (44%), Valparaíso (10,9%) y Biobío (9,5%).
Desde el gobierno, en las últimas semanas habían hecho un esfuerzo adicional para alinear a los alcaldes oficialistas, especialmente de comunas emblemáticas de la Región Metropolitana, los que ante la cercanía de las elecciones se estaban sumando a los reclamos de la oposición frente al control de la delincuencia. Algunos, incluso, a contrapelo del gobierno, demandaban que se sacara a los militares a la calle. No sólo se incrementaron en esas comunas los operativos policiales, con presencia de las autoridades, también se reforzó el personal policial. También, admiten fuentes de gobierno y algunos alcaldes oficialistas, diversos personeros de La Moneda los llamaron personalmente para explicarles cuál era la estrategia que está desarrollando el gobierno. “Los alcaldes saben y comprenden por qué nos hemos jugado porque los militares salgan en el marco de la ley de infraestructura crítica. Preferiríamos que los alcaldes estuvieran cuadrados con el gobierno en esto, pero entendemos que también están complicados por una dinámica electoral y de opinión pública que no controlan completamente”, afirman fuentes de La Moneda.
Y aunque no lo dicen en público, esas gestiones estaban teniendo buenos resultados. A diferencia de lo que ocurría hasta hace un mes y medio, la mayoría de los alcaldes oficialistas que van a la reelección habían bajado sus cuestionamientos a La Moneda en materia de seguridad.
“Lo más desafiante es que, como hay tantos hechos de contingencia, siempre se habla del asalto, del robo, del homicidio que ocurrió, y lo que necesitamos que se hable es de la estrategia para enfrentar la delincuencia. Es muy difícil pasar del hecho puntual a la mirada sobre la forma de enfrentar el problema en un sentido amplio y de manera sostenida en el tiempo”, reconocen en La Moneda.
Aunque resulte extraño, en el gobierno confían en que la acusación constitucional contra Tohá pueda convertirse en una oportunidad para plantear y defender la existencia de una estrategia en materia de lucha contra el crimen organizado que, afirman, estaría comenzado a mostrar sus primeros resultados y que es necesario reforzar y dar continuidad en el tiempo.
Por lo mismo, el que Tohá haya contratado como abogado defensor para enfrentar la acusación constitucional al exsubsecretario de Justicia de Piñera y expresidente del Consejo de Defensa del Estado Juan Ignacio Piña no fue casual. “Es una persona que valora el trabajo que hemos realizado desde Interior más allá de que no sea de nuestro sector. Él va a hacer una defensa con mucha convicción, porque sabemos que realmente siente y cree que el trabajo que hemos hecho en materia de seguridad es serio”, recalcan fuentes de gobierno.
Y eso es, precisamente, lo que busca Tohá. Confía en que todo el oficialismo y la DC (suman 72 votos) van a rechazar la acusación. Y que algunos diputados de Demócratas, Amarillos y el PDG se sumen al rechazo que ya manifestaron los parlamentarios de Evópoli. Lo que necesita, a sólo tres semanas de las elecciones, es que su defensa les hable a los diputados y al electorado de Chile Vamos y que lo haga rápido.
Tras presentar la acusación, republicanos pidió a la comisión revisora del libelo el que se les permita explicar a los miembros de la entidad los argumentos que expusieron en su texto y entregaron una extensa lista de 30 nombres de personas para que sean llamadas a dar su opinión sobre los antecedentes expuestos en el texto acusatorio. En la nómina figuran miembros del equipo del Ministerio del Interior, como los subsecretarios Manuel Monsalve y Eduardo Vergara; las máximas jefaturas de Carabineros y de la PDI, el fiscal nacional, el canciller y hasta la embajadora de Estados Unidos en Chile, Bernadette Meehan. También las exautoridades del Ministerio del Interior durante el gobierno de Sebastián Piñera II.
Para el gobierno ambas solicitudes sólo pretenden extender la tramitación de la acusación el mayor tiempo posible, lo que le permitiría a la oposición cuestionar la gestión de Tohá en seguridad en los últimos días previos a las elecciones municipales.
Por lo mismo, una de las primeras decisiones de Tohá junto a Piña fue anticipar la presentación de los descargos a la acusación para mañana lunes 7 de octubre, casi una semana antes del plazo que le otorga la Constitución.
Además, confían en que la comisión revisora, con amplia mayoría oficialista, y cuya presidencia quedó en manos del diputado de la bancada PPD Jaime Araya, controle los tiempos de tramitación de la acusación y la aceleren lo más posible.
En el Congreso, parlamentarios de oposición y oficialistas reconocen que la acusación constitucional contra Tohá, que se suma a las ya interpuestas en contra de ministros de la Corte Suprema, distraerá en las próximas semanas la atención de la agenda legislativa, complicando la discusión de los proyectos sobre seguridad pública que forman parte de los acuerdos de fast track. Aunque el 70% de los proyectos ya están despachados, aún quedan varios calificados como claves por el gobierno, entre ellos infraestructura crítica, el que crea el Ministerio de Seguridad, nuevas facultades para la cartera de Interior, inteligencia financiera, reglas de uso de la fuerza, nueva ley de inteligencia, entre otros.
No son los únicos dilemas que deberá enfrentar Tohá. La ministra de Interior no ha ocultado sus aspiraciones presidenciales y es una convencida de la importancia de que Chile tenga un proyecto socialdemócrata fuerte. Ni Claudio Orrego ni Michelle Bachelet serían “verdaderos representantes” del mundo socialdemócrata que pretendería vigorizar Tohá.
“Si no surge ningún otro representante de ese mundo socialdemócrata, ella está convencida de que tendrá que ir a la presidencial”, aseguran cercanos a la ministra.
La encrucijada de Tohá es que para eso primero debe zafar con éxito de la acusación constitucional. Pero, además, deberá ser capaz en menos de cinco meses -entre hoy y marzo de 2025, cuando comience el debate presidencial dentro del oficialismo- de mostrar cambios significativos en el control de la seguridad. Una tarea de la que no puede escapar, afirman sus cercanos.
En su entorno aseguran que ella sabe que esa decisión va a tener que tomarla en su momento. Pero entremedio, remarcan, dicen que la ministra está convencida de que “no le queda otra que hacer la tarea en el control de la seguridad pública, por que es el rol que le corresponde”, afirman cercanos.
El miércoles 2 de octubre, poco después de que la notificaran formalmente de la acusación constitucional, Tohá recibió una buena noticia: su aprobación subió siete puntos porcentuales según la encuesta CEP.
“Si en la encuesta más seria del país, en medio de una crisis de seguridad, la ministra a cargo del tema sube siete puntos, es más que interesante, y significa que la gente percibe que hay una estrategia que si se persiste en ella, puede dar resultados a mediano plazo”, señalan cercanos a Tohá.
