A principios de la semana pasada, el canciller Alberto van Klaveren hizo un último esfuerzo. Desde su despacho en el piso 15 de Teatinos 180, el jefe de la diplomacia chilena tomó contacto con sus colegas de la región y con Celso Amorin, el principal asesor en temas internacionales del mandatario brasileño, Lula Da Silva. Su objetivo era consensuar una declaración de los países latinoamericanos frente a las transcendentales elecciones presidenciales de hoy domingo en Venezuela, en las que Nicolás Maduro se enfrenta al opositor Edmundo González.
Pero las gestiones no tuvieron éxito. A poco andar se hizo evidente que los países de la región, aunque coincidían en exigir al gobierno de Maduro la realización de un proceso electoral libre, transparente y con apego a los valores democráticos -que permita una salida a la grave crisis política y social en el país caribeño-, en el resto las diferencias eran más que los acuerdos.
Uno a uno se fueron alineando en torno a tres bloques, con posturas tan distantes sobre Maduro y su gobierno que hicieron imposible llegar a un texto común.
Tras el fracaso de las gestiones por tener una voz frente a estas elecciones -calificadas como las más competitivas de los últimos 15 años, y que podrían convertirse en la gran oportunidad para el inicio de una transición pacífica en Venezuela-, a los gobiernos de la región no les quedó otra opción que salir a hablar por separado.
Los primeros en hacerlo fueron los países alineados en el bloque más crítico al gobierno de Maduro. “Hemos seguido con preocupación el hostigamiento y persecución contra dirigentes y partidarios de la oposición venezolana, así como contra miembros de la sociedad civil, incluyendo la detención arbitraria de numerosas figuras relacionadas con la oposición, todo lo cual atenta contra la realización de un proceso electoral legítimo”, señala la declaración suscrita el viernes 19 de julio por Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Uruguay.
La nota exigía, además, “el cese inmediato de la represión contra los activistas políticos” y la liberación de “todos los presos políticos”.
Por el contrario, en los últimos días, y por separado, Nicaragua, Cuba, Bolivia y Honduras dieron su “respaldo” al “compañero Nicolás Maduro” -como dijo el Presidente nicaragüense, Daniel Ortega- o han exigido al resto de los países -como lo hizo el canciller cubano, Bruno Rodríguez- que se respete “el derecho de Venezuela a desarrollar un proceso electoral de acuerdo con su Constitución, normas y cronograma electoral, sin injerencias ni imposiciones”.
Entre los dos extremos, los gobiernos progresistas de Chile, Brasil, Colombia y México quedaron en una suerte de tercera vía, en la que han ido acercando posiciones.
Hace tan sólo un año, el 30 de mayo de 2023, durante una cumbre de mandatarios en Brasilia a la que asistió Maduro, Gabriel Boric y Lula tuvieron una dura confrontación luego de que el jefe de Estado brasileño defendiera al régimen chavista, acusando “la construcción de una narrativa basada en prejuicios sobre Venezuela”. Boric le respondió con fuerza: “Celebramos el retorno de Venezuela a espacios multilaterales, pero eso no puede significar meter bajo la alfombra o hacer la vista gorda frente a temas de principios”, remarcó el Presidente de Chile, reiterando así su posición de que se deben criticar las violaciones a los derechos humanos y defender la democracia sin distinciones del color político.
Esta semana, en cambio, Lula y Boric coincidieron en exigir a Maduro que garantice el desarrollo de comicios transparentes y el respeto de los resultados. Ambos reprocharon a Maduro, quien va por su tercera reelección consecutiva, tras 25 años de gobierno chavista, el que amenazara con “baños de sangre” si es que perdía las elecciones.
El tono y el momento elegidos por Boric para hablar sobre las elecciones venezolanas fueron diseñados cuidadosamente para evitar dar pie a acusaciones contra Chile de injerencia en la política interna venezolana y a una sobrerreacción de Maduro, como la que tuvo con el expresidente argentino Alberto Fernández, a quien, pese a ser su aliado, le pidieron no asistir a Caracas como veedor de las elecciones luego de que se sumara al coro de voces que piden al chavismo “respetar el proceso democrático”.
El gobierno chileno había evaluado inicialmente enviar a un representante a observar la jornada. En el Ejecutivo se pensó, incluso, en que viajara el propio Van Klaveren, pero la idea se desechó pronto.
La incertidumbre sobre los resultados del domingo y de lo que pueda ocurrir tras el cierre de las urnas ha obligado a la cautela para no bloquear anticipadamente la posibilidad de apoyar un eventual proceso de transición en Caracas, si es que llegara a ganar la oposición, y que tiene en vista la experiencia chilena para terminar con la dictadura de Pinochet como uno de sus principales modelos.
Hasta ahora no se han abierto conversaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición sobre lo que pasará después de las elecciones. Eso ha puesto una cuota mayor de dificultad al resto de los países para acompañar a los venezolanos en este proceso en el que están puestos los ojos de un continente que ha sufrido las consecuencias de la migración masiva de más de siete millones de venezolanos. Incluso, gobiernos tan cercanos a Maduro como el del colombiano Gustavo Petro debieron poner freno a sus gestiones.
Los esfuerzos de Colombia, Brasil y a los que se ha sumado Chile apuntan a convencer al gobierno de Maduro para que el proceso electoral sea legítimo y transparente y sus resultados puedan ser reconocidos internacionalmente. Pero también han estado dirigidos a la oposición, especialmente a los sectores más duros, liderados por María Corina Machado, para que, en caso de triunfar este domingo, den garantías a Maduro y a los principales jerarcas del régimen que no habrá revancha ni persecuciones, asegurándoles una salida digna y el inicio de un proceso de transición gradual.
“Vamos a darles seguridad a los venezolanos de que lo que viene no es un proceso de revancha, sino un proceso para lograr la institucionalidad democrática”, dijo Machado el domingo 21 de julio al diario español El País, en línea con la estrategia que ha impulsado la comunidad internacional de que se den certezas para posibilitar una transición pactada en Venezuela.
Las palabras de Machado -principal líder opositora y quien ganó con el 92% las primarias para ser la candidata presidencial, pero fue inhabilitada por el gobierno de Maduro en una maniobra para obstaculizar a la oposición-marcan, a juicio del exembajador de Chile en Venezuela Pedro Felipe Ramírez, un rotundo giro en la estrategia que había llevado el sector político de Machado hasta hace poco, que apostaba a una intervención directa de EE.UU. para sacar al régimen chavista del poder.
En los últimos meses, personeros del Departamento de Estado de los EE.UU. han mantenido conversaciones reservadas con el presidente de la Asamblea Nacional venezolana y jefe de campaña de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, para exigir que las elecciones “sean aceptables internacionalmente”, al tiempo que ha aligerado algunas sanciones económicas sobre Venezuela.
La Casa Blanca no ha entregado detalles de sus conversaciones a Chile y al resto de los países de la región, aunque, según fuentes diplomáticas, sí ha estado en contacto en estas gestiones con Brasil y Colombia, por lo que -afirman fuentes diplomáticas chilenas- se ha logrado conocer en parte sus objetivos, los que van en línea con hacer de las elecciones de hoy el puntapié inicial para un proceso de transición política pactada en Venezuela. Para eso también han presionado a la oposición venezolana para que acepte ese camino en caso de ganar en las urnas y dé garantías a Maduro de que no habrá revanchas.
El 20 de julio, el exsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental durante el gobierno de Donald Trump, Eliot Abrams, planteó la idea de que EE.UU. propusiera a Maduro una amnistía para él y los principales miembros del régimen y facilitar así que pueda reconocer una eventual derrota. La idea de Abrams llamó la atención, sobre todo porque fue él quien impuso años atrás las mayores sanciones contra Venezuela y abrió los procesos judiciales que aún están en marcha contra el líder caraqueño, su familia y varios dirigentes chavistas por supuestos delitos de corrupción e, incluso, narcotráfico.
“Estados Unidos entendió que la estrategia del aislamiento y de ahogar económicamente a Venezuela no dio resultado y las consecuencias sociales de la migración y la expansión de bandas de crimen organizado los está golpeando a ellos con la misma fuerza que a otros países de América del Sur”, señalan fuentes diplomáticas.
Los escenarios que se abran a partir de este domingo siguen siendo, sin embargo, tan inciertos como los resultados que puedan arrojar las urnas.
En las últimas semanas, la campaña de Maduro tuvo un repunte significativo, lo que insufló nuevos bríos al oficialismo en los actos de cierre que se realizaron esta semana.
Los informes que han enviado desde las embajadas a sus países hablan de que los resultados serán estrechos, mucho más ajustados de lo que inicialmente pensaba la oposición. Maduro tiene un voto duro del 30 al 35% y ha logrado recuperar a sectores del chavismo que eran críticos de su gestión y que hasta hace un mes estaban por la abstención, pero que han decidido ir a votar por Maduro como rechazo al liderazgo y el rol que ha jugado Machado -su enemiga histórica- en la campaña del candidato opositor Edmundo González, lo que ha sumado más incertidumbre a este proceso.
Por lo mismo, todos están expectantes de lo que pueda pasar y de la reacción que tendrán Maduro y la oposición a partir de esta noche.
Si hay un triunfo opositor y Maduro lo desconoce, el gobierno del Presidente Boric ya definió que llamará a informar al embajador Jaime Gazmuri, para dar una señal de molestia, pero entre los planes no estaría el romper relaciones con Venezuela.
Los esfuerzos, afirman fuentes oficialistas, seguirán puestos en ayudar a los venezolanos a avanzar hacia una transición gradual y pactada.