Zoom a los femicidios en pandemia: Cinco rostros de la violencia de género en confinamiento

La imagen muestra a una mujer sentada junto a una figura que representa a la muerte. Adentro se lee la siguiente frase: “Ella no quería un cuento feliz, ella quería ser feliz sin tanto cuento”.

Maribel Mallea Quinzacara colgó esta escena en su muro de Facebook el 7 de enero de 2018. Dos años después, mientras comenzaban las medidas de confinamiento en el país para evitar la propagación del Covid-19, la joven de 26 años yacía al interior de su casa junto a su hijo de tan sólo siete años. Ambos habían sido apuñalados por Adolfo Echeverría Soza, expareja de “la Mari”, como la llamaban sus amigas.

Los vecinos recuerdan que esa madrugada del 20 de marzo aún se mantenía vigente el toque de queda en la comuna de Diego de Almagro, Región de Atacama. Quienes despertaron, advirtieron de inmediato el incendio que consumía la casa ubicada en calle Manzana 6, número 18, de la Villa de Emergencia, en la que vivían Maribel y Joaquín, su hijo. A las 5.30, los bomberos lograron controlar el fuego e ingresar a la vivienda, donde encontraron tres cuerpos calcinados. Días después, las pericias del Servicio Médico Legal (SML) confirmarían sus identidades. Esa noche, según estableció la investigación, la expareja de Mallea la atacó a ella y a su hijo, para luego incendiar la vivienda y morir por asfixia junto a sus víctimas, según estableció la Brigada de Homicidios de la PDI.

El nombre de Maribel Mallea engrosaba así el listado de femicidios de este 2020; su posteo de 2018, a su vez, pasaba a ser otra advertencia desatendida.

En registros institucionales, Maribel Mallea quedó como la décima víctima de femicidio de este año y la primera en medio de la pandemia del coronavirus en Chile. A su rostro se suman los de otras cuatro mujeres que fallecieron producto de la violencia de género entre el 19 de marzo y el 12 de mayo.

Entre ellas está Marianela Guzmán Ortiz (49). El 11 de abril, su hija encontró su cadáver en su casa de Rapel, comuna de Navidad, en la Región de O’Higgins. Tenía varios disparos en el cuerpo. El agresor había sido su esposo, Juan Carlos Muñoz (52), quien, tras asesinarla, se quitó la vida.

Once días después, y a 173 kilómetros de distancia, en el Pasaje Camino Casas Viejas, casa 15, en la comuna de Colina, Julio Amadier Vásquez (64) mató a su pareja, Viviana Estrada Valenzuela (38), con un arma blanca. Tras el crimen, el femicida se dio a la fuga y luego se suicidó. Un destino similar fue el que tuvo Ruth Mendoza Mamani (19), quien fue asesinada por su esposo, Edwin Huanancuni (21), durante la noche del sábado 25 de abril, mientras ambos estaban confinados en la casa que compartían en el Valle de Azapa, Región de Arica yParinacota.

Durante las primeras horas, el femicida intentó encubrir el crimen haciéndolo pasar como un suicidio. Las largas horas que permaneció junto al cadáver de la joven, las lesiones que la víctima tenía en su abdomen y la sangre hallada en su ropa revelaron sus mentiras y lo mantienen hoy en prisión preventiva. Ruth dejó una hija de cuatro años.

El 2019, en el mismo periodo, el Ministerio Público contabilizaba nueve víctimas de femicidio consumado. La baja, sin embargo, no es motivo de festejo para nadie, pues según las mismas estadísticas, el año pasado se registraron siete femicidios frustrados, y solo en estos últimos dos meses -en medio del aislamiento social- ya van 22 intentos de asesinato a mujeres por parte de un hombre que ha tenido o tuvo una relación con ellas. El encierro es una de las principales hipótesis que explican este clima de alta tensión que viven las mujeres hoy en el país.

Todos los femicidios registrados durante las cuarentenas y toques de queda se cometieron en el domicilio de las víctimas. En el caso de los frustrados, 77% de ellos fueron al interior del hogar de la mujer. El confinamiento ha generado una mayor crispación, y si bien las estadísticas del Ministerio Público apuntan a una baja de un 25% en las denuncias por lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, diversas organizaciones han relevado que esa disminución hay que contextualizarla con el aumento de un 70% en los llamados al fono de emergencia 1455 durante el periodo de distanciamiento social y en que muchas víctimas están día y noche compartiendo el mismo techo con su agresor y potencial femicida.

Uno de los sectores donde más se ha evidenciado esta baja de denuncias es en la zona poniente de la Región Metropolitana, que registra en el periodo de confinamiento -del 19 de marzo al 15 de mayo- hasta un 40% menos denuncias por violencia intrafamiliar, una estadística que no se daba desde hace más de una década en ese territorio. La situación motivó al fiscal regional Metropolitano Occidente, José Luis Pérez Calaf, a realizar una reunión de emergencia con sus fiscales jefes para salir a terreno y buscar dónde se oculta esa cifra negra. “Nos preocupa que mujeres o niñas de nuestra jurisdicción no estén haciendo llegar sus denuncias por maltrato o violencia por no encontrar los canales adecuados”, dijo el perseguidor penal a La Tercera. Asimismo, apuntó a que las medidas sanitarias tienen una directa relación con este descenso y explica que la menor cantidad de denuncias de estos delitos de los que realmente estarían ocurriendo se explica por “las restricciones de movimiento y porque también se ven reducidos los espacios en que la víctima se encuentra fuera de la vigilancia de su victimario”.

En una línea similar, pero desde la perspectiva país de este fenómeno, la jefa de la Unidad de Delitos de Derechos Humanos y Violencia de Género de la Fiscalía Nacional, Ymay Ortiz, aventuró una hipótesis y es que las mujeres están privadas de libertad por el confinamiento y esto redunda en que están sujetas al control de su agresor. “La violencia física en su manifestación más intensa no es un impulso, el agresor no agrede porque se descontroló, es todo lo contrario, la agresión es muy controlada, porque la violencia hacia las mujeres es de sometimiento y control”, explica. Junto con esto, agrega que “hoy día, como nunca antes en la modernidad, salimos de los espacios públicos y todo se desenvuelve en un mismo espacio, el privado, el doméstico, ya nadie sale, entonces el agresor no ha perdido el control, hay un máximo sometimiento, es decir, las mujeres están presas por el confinamiento, trabajan ahí mismo, en el comedor, y su máxima movilidad es a la cocina, por así graficarlo, entonces ya no hay la necesidad de control a través de la violencia física”.

Ahora, dice Ortiz, todo esto es un análisis hipotético, pues no se sabe lo que está ocurriendo tras las puertas de estos domicilios y justamente esto es motivo de preocupación para las autoridades.

El quinto femicidio que se ha producido durante la pandemia ocurrió en la Cuarta Región. Un disparo en el abdomen terminó con la vida de Yulisa Belén Cerda Aguilera, a sus 24 años. Ocurrió hace 34 días, el 27 de abril pasado, al interior de su vivienda, en Alfredo Melosi 3547, Coquimbo. Tenía tres denuncias anteriores por amenazas en contra de su femicida, Ignacio Castillo Montenegro, quien había salido de la cárcel hacía ocho meses. Según la formalización de cargos, el imputado le disparó a la joven y la trasladó hasta el Cesfam Juan Pablo II. La dejó en la puerta, agónica, moribunda, y se dio a la fuga. En un par de horas, la mujer falleció debido al daño que provocó la herida de arma de fuego en su cuerpo.

Situaciones como las de Yulisa, dice Silvana del Valle -vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres-, son las que desde hace años viene advirtiendo la organización a la que pertenece y añade que las medidas por el Covid-19 sólo han venido a desnudar la desigualdad de género y cómo “el distanciamiento social ha privado a muchas mujeres de contar con sus redes de apoyo y protección”. Además de esto, critica que las medidas de la autoridad no tomen en cuenta la amplitud del problema de violencia contra las mujeres. “Sigue tratándolo como un tema de relaciones de pareja, cuando lo que está ocurriendo acá es que niñas y ancianas están obligadas hoy a estar confinadas con agresores sexuales y físicos, tíos, hermanos, hijos y padres en medio de hacinamientos, y el Estado no está brindando auxilio. Las funcionarias que trabajan para el fono emergencia ya no dan abasto con el incremento de llamados y tampoco se está invirtiendo en las casas de acogida, que son una solución cuando esa mujer está viviendo con su agresor. No hay medidas para orientar y ayudar a quienes se han visto en situaciones de extremo riesgo”, explica la abogada.

Asimismo, dice que no se puede “festejar” la disminución de femicidios o denuncias de violencia intrafamiliar, pues según su experiencia “son fenómenos que deben ser analizados no con estadísticas de año a año, por ejemplo la promulgación de la Ley Gabriela, que amplía el catálogo de conductas que hoy son consideradas femicidio puede haber sido un elemento disuasivo durante esta época o quizás no, pero eso lo podremos analizar en un tiempo más”.

Para Ymay Ortiz, que los femicidios frustrados se disparen en términos estadísticos se explica por la nueva perspectiva con que la persecución penal está trabajando el tema de la violencia de género: “Creemos que hay mayor comprensión del fenómeno por parte de policías y fiscales, y delitos que antes se tipificaban como meras lesiones graves o menos graves, hoy se contextualizan y se tratan como femicidios frustrados”.

“La causa de la violencia es el desigual poder que existe entre hombres y mujeres en nuestra sociedad. La violencia siempre hay que entenderla como una manifestación de la discriminación estructural que viven las mujeres”

Ymay Ortiz, jefa de la Unidad de Derechos Humanos y Violencia de Género de la Fiscalía Nacional.

La abogada pone como ejemplo que “una mujer a la que intentan asfixiar, si no se consuma el acto, lo que va a quedar es un moretón en el cuello, eso antes podría haber sido formalizado como una lesión menos grave, pero hoy no, una agresión de ese tipo, ya que se comprende mejor el fenómeno, se considera un femicidio frustrado, ya que detrás de ese acto hay una intención de matar”.

Ymay Ortiz dice que están en alerta, ya que las consultas al fono emergencia de orientación a víctimas de violencia de género va en escalada y no se condice con la tasa de denuncias. Están viendo cómo el Ministerio Público puede arreglar “este puente de comunicación que se rompió producto de la pandemia” y que no se está conectando sólo con herramientas tecnológicas. Finalmente, apuntó a que se avance y entienda que aun en circunstancias extremas como las que se están viviendo con el encierro, “la causa de la violencia es el desigual poder que existe entre hombres y mujeres en nuestra sociedad. La violencia siempre hay que entenderla como una manifestación de la discriminación estructural que viven las mujeres”.