69 testigos y 8 años de cárcel: Comienza juicio contra carabinero acusado de impulsar a manifestante en puente Pío Nono

Fue uno de los denominados casos emblemáticos durante la permanente refriega de los días viernes, entre Carabineros y los manifestantes de la Plaza Baquedano, motivando por esos días de octubre del 2020 más cuestionamientos a la institución policial y sus protocolos de acción para restablecer el orden público tras el estallido social del 18-O. Casi dos años después y con una institución revalorizada en las encuestas -y también entre las autoridades-, el caso vuelve a la palestra y, esta vez, para preparar su fin. Se trata de la indagatoria que lleva adelante la fiscal Ximena Chong, en que acusa al carabinero Sebastián Zamora del delito de homicidio frustrado, luego de impulsar a un adolescente de 16 años, según la acusación, desde el puente Pío Nono hacia el cauce del río Mapocho, hecho ocurrido el 2 de octubre del 2020.

En el juicio oral, que se inicia este miércoles, se presentará un nuevo e importante hito, pues el cabo Zamora, quien estuvo en prisión preventiva, fue indagado administrativamente y ha acusado una serie de inconsistencias en la causa que lleva la fiscal Chong.

El Ministerio Público pidió 8 años de cárcel, pues -de acuerdo a la acusación de Chong-, “encontrándose la víctima, el adolescente de 16 años de iniciales A.J.A.A., sobre la vereda poniente del Puente Pio Nono, en el primer tercio de dicho puente, sector correspondiente a la comuna de Santiago, de espaldas y corriendo hacia el norte, por el costado de la vereda inmediatamente contiguo a las barandas del puente y de manera paralela a dicha baranda, la que mantiene una altura de 1,1 metros, el imputado, quien también corría, se abalanza en diagonal contra el adolescente, tomándolo con sus brazos e impulsándolo de tal forma que lo eleva sobre la baranda en cuestión, y lo hace caer de cabeza hacia el río Mapocho”.

Según las pesquisas de la Fiscalía, la altura aproximada desde donde cayó el joven fueron poco más de 7,4 metros, desplomándose justo en el lecho del río. A raíz del golpe, el adolescente quedó con una serie de heridas graves, aunque fuera de riesgo vital. “Encontrándose la víctima boca abajo dentro de las aguas del río, fue rescatada por terceros civiles, siendo posteriormente trasladado a la Clínica Santa María donde recibió socorros oportunos”, expuso la fiscal Chong en su acusación ingresada al tribunal.

Sostener la acusación y exponer las pruebas ente el tribunal será una importante valla que deberá soslayar la fiscal Chong, señalan fuentes del caso, dado que la defensa del carabinero ha sostenido que lo que ocurrió en Pío Nono fue consecuencia de un procedimiento policial, pues Zamora intentó tomar al imputado y detenerlo, sin embargo, dado el impuso que tomó, ambos chocaron y el adolescente sacó al peor parte.

Alejandro Peña, abogado del cabo Zamora, explica que “como defensa esperamos que en esta audiencia de preparación puedan ser corregidos algunos medios de prueba que ofrece la Fiscalía y que sean aceptadas nuestras pericias y testigos para que puedan exponer sus conclusiones en el juicio oral en que confiamos en una sentencia absolutoria”.

El Ministerio Público presentará 69 testigos, 35 pruebas documentales y 52 elementos rotulados como “evidencia material”, entre ellos los registros de las cámaras corporales que portaban los otros 14 efectivos que estaban en el lugar.

Entre los testigos que la fiscal Chong llevará a estrado hay estudiantes que participaban de la marcha, observadores de derechos humanos, periodistas y también el exconvencional Manuel Woldarsky, quien testificará “como parte de la coordinadora de DD.HH de Providencia, declarará acerca de las labores desarrolladas como observador de DD.HH. en el marco de las manifestaciones sociales, y en particular, acerca de las circunstancias en que se encontraba en la Plaza Baquedano y sus alrededores”.

También se incorporarán los testimonios de policías que estaban en el lugar y también de los jefes de los servicios de ese día, entre ellos el exgeneral Enrique Bassaletti y el actual director de Orden y Seguridad, Enrique Monrás.

Este último es el general de más alto grado que oficiará como testigo en la causa, pues -según la acusación del Ministerio Público-, “declarará acerca de las funciones que desempeñaba al viernes 2 de octubre de 2020, las unidades operativas y apoyo a su cargo, la división y funciones de la Jefatura de Zona Metropolitana, el funcionamiento de la unidad de Comando y Control, de cómo conoce los hechos materia de la acusación y de la participación del imputado, y de lo que conoce e instruyó acerca del procedimiento adoptado con relación a la víctima”.

El caso que comenzó en un contexto que aún guardaba las esquirlas del estallido social, ahora se enfrenta escenario distinto, donde las acciones de la policía uniformada, incluso, podrían ampararse en la nueva Ley Nain.