¿Qué tienen en común la conductora de televisión Pamela Díaz, el futbolista Mark González, el periodista Felipe Vidal y el humorista Rodrigo González? Además de ser reconocidas figuras del ámbito televisivo nacional, a partir de hoy también comparten una causa: exigir al gobierno la creación de una "Defensoría de Víctimas".

Esto, gracias a una campaña ideada por los diputados RN Gonzalo Fuenzalida y Andrés Longton, quienes también concitaron el apoyo de parlamentarios de distintos sectores.

Con el hashtag "#NadieMeDefiende", la campaña se lanzará este jueves a través de piezas gráficas y un video de 37 segundos donde, además de los reconocidos personajes públicos, aparecen los diputados Maite Orsini (RD), Marcelo Díaz (PS), Daniella Cicardini (PS), Gabriel Silber (DC), Jorge Alessandri (UDI) y Sebastián Álvarez (Evópoli), y un grupo de "ciudadanos comunes y corrientes", para pedir la creación de un servicio que preste asistencia legal, a través de un abogado defensor, a las víctimas de delitos violentos.

En términos legislativos, Fuenzalida explica que la meta de esta cruzada es que se envíe al Congreso una ley para crear un Servicio Nacional de Atención a Víctimas de Delitos Violentos, iniciativa que deberá establecer los procedimientos, mecanismos y casos que serán abordados por esta defensoría. Esto –afirma-, con el fin de "cumplir con una norma constitucional que establece la obligación del Estado de brindarle asesoría y defensa judicial a las víctimas que sufren delitos violentos".

"Creemos que la mesa de la justicia en nuestro país está coja, porque las víctimas, y especialmente las de clase media y de sectores más vulnerables, en la práctica, no tienen verdaderamente garantizado su derecho a la defensa y, por lo tanto, a la justicia. Por eso, estamos pidiendo que el gobierno y el Presidente Piñera, en uso de sus facultades, haga realidad la demanda de la ciudadanía por una Defensoría de las Víctimas", apunta Cicardini.

"Nueva Defensoría de Víctimas de la Delincuencia, para que las familias que sean víctimas de delitos violentos sean atendidas por un abogado defensor, el que podrá activar un proceso judicial para perseguir a quienes resulten responsables".

La frase es una de las medidas contenidas en el programa de gobierno de Sebastián Piñera, como parte de la Red Clase Media Protegida, iniciativa que ayer fue lanzada por el Mandatario.

En el mismo programa -en la página 138- se vuelve a mencionar la Defensoría de Víctimas como parte de los compromisos que asumía el entonces candidato Piñera en materia de seguridad ciudadana.

Sin embargo, entre los anuncios realizados por el Jefe de Estado el miércoles, solo se aborda de manera tangencial este compromiso, pues si bien se establece que "se fortalecerá el Programa de Apoyo a Víctimas", dependiente del Ministerio del Interior, la propuesta contempla "orientación y apoyo sicológico, social y/o jurídico", no un "abogado defensor", como se comprometió durante la campaña electoral, y menos un nuevo servicio, como piden los parlamentarios.

Según Fuenzalida, eso sí, el compromiso se arrastra desde la administración de Michelle Bachelet, sin concretarse aún. Por ello, dice que "lo que estamos peleando es el cumplimiento de una promesa presidencial", y destaca que "así como los delincuentes tienen una defensoría, las víctimas también tienen el derecho de ser defendidas por el Estado cuando tienen que enfrentar un proceso judicial y ser reparadas psicológicamente por el daño que les causó la delincuencia".

En el mismo sentido, Silber remarca que "distintos gobiernos de uno y otro color político se han comprometido con las víctimas de la delincuencia. Nadie entiende hoy día en nuestro país cómo los delincuentes tienen asesoría y apoyo del punto de vista legal, y las víctimas no".

Longton añade que la falta de asistencia jurídica "desencadena que estas causas sean archivadas", de manera que la creación del Servicio Nacional de Protección a las Víctimas busca garantizar "una defensa efectiva a las víctimas de delitos violentos que hoy día, lamentablemente, están absolutamente desprotegidos ante un sistema que los deja al desamparo al tener que contratar a un abogado, con los costos que ellos implica".