Abbott no remueve y lanza salvavidas a fiscales que almorzaron con secretario del Senado en pandemia

A través de una resolución de 53 páginas, el fiscal nacional, Jorge Abbott, finalmente zanjó el futuro administrativo del fiscal Sur, Patricio Rosas, y del abogado de esa repartición del Ministerio Público, Roberto Contreras, quienes fueron sumariados por almorzar en plena pandemia y cuarentena, el 25 de junio del 2020, con el secretario del Senado, Raúl Guzmán, en un restaurante en San Miguel.

El jefe del Ministerio Público finalmente descartó la remoción contra los abogados, que era la sanción que había propuesto el fiscal regional Sur, Héctor Barros, luego de formular siete cargos contra los funcionarios de su jurisdicción. Sin embargo, Abbott, decidió acoger solo tres de estos emplazamientos y decretar la suspensión de los inculpados por dos meses.

El caso tiene su origen luego de que Radio Biobío revelara la reunión que mantuvieron Guzmán, Rosas y Contreras en el restaurante “Loyola”, en San Miguel. En julio de ese año, el fiscal Barros decidió abrir el sumario el cual concluyó hace algunas semanas, determinando la máxima sanción para los funcionarios del Ministerio Público ¿El secretario del Senado? Fue objeto de un sumario sanitario y recurrió al Tribunal Constitucional para frenar una formalización en su contra.

Los cargos que Abbott acogió para decretar la suspensión de los funcionarios -la que ya se cumplió por el tiempo que duró la investigación- fueron tres: incumplir la cuarentena sanitaria en la Región Metropolitana, permaneciendo más de una hora en el local de comida, incumpliendo el Artículo 8 de la Constitución, que dice que “el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”, entre otros artículos; el utilizar un permiso único colectivo para ir a un lugar con otros fines, vulnerando el Reglamento de Personal para Fiscales del Ministerio Público, y haber ingresado al local sin la “revisión de temperatura establecida como una medida preventiva”, infringiendo otras reglas de la Constitución y el estatuto interno del ente persecutor.

El fiscal nacional concluyó que para tomar esta determinación y desestimar la propuesta de remoción consideró que “los investigados don Patricio Rosas Ortiz, fiscal adjunto, y don Roberto Contreras Puelles, abogado asesor, de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, presentan la atenuante de irreprochable conducta anterior por no haber sido objeto de investigaciones administrativas y consecuencialmente no registran ninguna sanción disciplinaria durante sus largos años de trayectoria en el Ministerio Público (…), que además se trata de un fiscal adjunto que ha desempeñado labores de jefatura y de un abogado asesor subrogante de la jefatura de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, que asimismo tienen 18 y 20 años de la permanencia en la institución”.

En esa misma línea, sostuvo que “el principio de proporcionalidad contribuye un principio general que cumple una importante función dentro de los mecanismos destinados a controlar el ejercicio de las potestades discrecionales que el ordenamiento atribuye a los órganos administrativos y es donde el principio juega un importante rol al momento de interpretar dichas disposiciones e integrar algunos criterios en la determinación de la sanción”.

El abogado de los sumariados, Gabriel Osorio, indicó, por su parte, que “ambas resoluciones demuestran efectivamente que la Fiscalía Regional Metropolitana Sur cometió errores e ilegalidades durante la tramitación de la investigación administrativa. Se intentó sancionar sin investigación previa al fiscal Rosas, despidiéndolo de su jefatura, y sin esgrimir motivos en el acto”. Además, agregó que “nosotros nos encontramos estudiando las futuras acciones que pudiésemos tomar sobre la resolución, en atención a otros vicios que hemos detectado en la investigación, que han afectado al debido proceso, lo que será comunicado en su oportunidad”.