Alzamiento de suspensiones y restitución de sueldos: la ofensiva de los gendarmes sancionados por ocupar su arma y que buscan invocar la Ley Nain

El 10 de abril se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.560, la norma bautizada como Ley Nain-Retamal y que buscaba darles un marco legal a los funcionarios de Carabineros, la PDI, las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y Gendarmería que utilicen sus armas de servicio. Y es en cada una de estas instituciones donde los efectos de la nueva normativa ya empieza a aplicarse.

En Carabineros, por ejemplo, siguen con atención el caso de los integrantes de una patrulla de Carabineros que fue absuelta por un procedimiento policial, en Talagante, durante el estallido social. Sus efectivos fueron acusados de apremios ilegítimos, sin embargo, el tribunal acogió los descargos de las defensas y aplicó los eximentes de responsabilidad que contienen la Ley Nain-Retamal.

Pero las implicancias de la Ley Nain-Retamal no solo tienen a Carabineros mirando cómo fallan los tribunales, sino que también a, por ejemplo, Gendarmería, especialmente a la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP), quienes a través de un oficio solicitaron al director de la institución, Sebastián Urra, aplicar la nueva norma a los efectivos penitenciarios que hayan sido imputados por delitos de apremios ilegítimos.

En el documento, la directiva de la ANOP expuso a Urra que en la nueva ley se contempla que el personal “en ejercicio de su cargo o con ocasión de este haga uso de su arma de servicio, armamento menos letal o elementos no letales, para rechazar alguna violencia o vencer la resistencia contra la autoridad, no podrá ser separado de sus funciones ni ver afectada su remuneración mientras no concluya la investigación administrativa respectiva.”

Se trata del principio de retroactividad que establece la nueva ley, donde permite hacer uso de esta facultad en casos que ya hayan sido judicializados o se haya materializado alguna sanción administrativa, en base a las imputaciones donde se haya cuestionado el uso del arma de servicio, tanto de personal policial, militar y de personal de Gendarmería.

En el oficio se consigna que “este mandato legal manifiesta un importante signo de cambio valorativo del trabajo del personal de Gendarmería de Chile, el cual, sin duda, se debe materializar en una aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable, haciendo valer esta disposición en las causas penales donde actualmente estén involucrados oficiales, suboficiales y gendarmes, y como consecuencia, haciéndolo extensible en sede administrativa”.

En esa misma línea se agrega que “esta Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios viene en solicitar sus gestiones e instrucciones para que la Unidad de Defensa Funcionaria de nuestra institución, en los casos de las hipótesis anteriores, soliciten el alzamiento de las suspensiones que afectan a nuestros asociados y personal en general, en los distintos Tribunales de Justicia, lo que también debiese ser acompañado de las restituciones de sus remuneraciones que hayan estado privados por la misma causa y las demás prerrogativas que establece la ley, haciendo aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable”.

Desde Gendarmería, en tanto, señalaron a La Tercera PM que “la solicitud planteada será analizada y respondida. En todo caso, cabe destacar que nuestra institución se encuentra sujeta al marco legal dispuesto por la nueva Ley 21.560 y responderá formalmente la solicitud de la asociación”.

¿Cuántos funcionarios podrían verse beneficiados? En la ANOP explican que, según sus primeros cálculos, serían más de 10 los oficiales y suboficiales que podrían verse beneficiados con la medida, aunque durante las próximas semanas tendrán un consolidado final.

En Carabineros, por ejemplo, tienen un estimado de 130 efectivos que podrían beneficiarse con la Ley Nain, dado que la mayoría de estos casos está relacionado al control del orden público durante el estallido social. Sin embargo, están a la espera de las resoluciones de tribunales para evacuar un informe a nivel nacional.

El presidente de la ANOP, Mario Benítez, señaló que esperamos que los oficiales y suboficiales que se encuentren en esta hipótesis puedan ser favorecidos con el principio de retroactividad. “Tenemos varios casos de oficiales que en el cumplimento de su labor que han sido imputados por causas de lesiones, apremios y torturas. Esperamos tener una pronta respuesta de parte de la autoridad, quien hasta ahora no ha manifestado ninguna postura”.

Benítez explicó que el 17 de abril mantuvieron una reunión con el ministro de Justicia, Luis Cordero, a quien le extendieron la misma inquietud. “Fuimos donde el ministro, porque vemos que el director de Gendarmería no actúa, teniendo los medios para hacerlo, a través de la Unidad de Asesoría Jurídica de la institución, donde no están aplicando las normas en favor de los funcionarios, teniendo ahora las herramientas legales para eso”, dijo.

Por ahora, en la ANOP esperarán la respuesta del director de Gendarmería y, a partir de eso, analizarán otras líneas de acción para invocar la Ley Nain-Retamal, una norma que amenaza con ser un verdadero efecto dominó para las causas con uniformados imputados por usar sus armas de servicio.