Ángel Valencia, candidato a fiscal nacional, pide pronunciamiento del Colegio de Abogados ante “cancelación” en su contra

Fue en la tarde del 16 de diciembre cuando el abogado, exfiscal e integrante de la quina para ser fiscal nacional, Ángel Valencia, envió un correo electrónico al Consejo del Colegio de Abogados.

El mensaje tenía como asunto “Poner hechos en conocimiento del Consejo del Colegio de Abogados para su pronunciamiento”. El correo parte diciendo que Valencia, en su calidad de asociado al gremio, pide que el organismo se pronuncie respecto de una serie de publicaciones en prensa en la cual se hace alusión a su desempeño como abogado defensor en causas particulares.

“Durante los últimos 15 años, mi actividad profesional principal ha sido el ejercicio libre de la profesión en materia penal. Dicha actividad principal la he complementado con la docencia universitaria de postgrado en la misma materia tanto en Chile como el extranjero y la consultoría a fiscalías foráneas también en asuntos relacionados con la persecución penal”, dice el mensaje.

A continuación destaca los 17 votos obtenidos para formar parte de la quina y detalla que cumple con los requisitos legales para dirigir el Ministerio Público. “Desde la fecha en que fui incorporado a la cinquena o quina antes mencionada, he sufrido distintas descalificaciones, tanto públicas como anónimas, que apuntan a sostener que un abogado que ha ejercido libremente la profesión en materia penal solo resulta digno de la designación como fiscal nacional en caso de que no haya ejercido la defensa de determinadas causas. Así, entre otras, he sido víctima de las siguientes descalificaciones relacionadas con mi ejercicio de la profesión”, continúa el correo.

Luego el mail menciona las notas de prensa. Una corresponde a un texto en el que hace referencia a su defensa de un imputado por delito sexual así como también su rol como defensor del juez de garantía de Rancagua Luis Barría, imputado por abuso sexual. Luego se adjunta la declaración de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres. A continuación se nombra otra nota que recoge unas críticas que hizo el senador Juan Luis Castro (PS) por el hecho de haber defendido a un imputado por un delito sexual.

“Como podrá apreciar, no se me imputa un cumplimiento deficiente de mis deberes profesionales, ni la infracción de alguna regla ética de la orden. Simplemente, se sostiene que la sola circunstancia de aceptar el encargo de defender a personas imputadas de ciertos delitos graves (especial pero no exclusivamente, aquellos atentatorios contra la libertad sexual de mujeres), inhabilitaría para su designación en el cargo a cualquier abogado que aspire a ser designado Fiscal Nacional”, afirma Valencia.

El candidato a fiscal nacional agrega: “Mis distinguidos colegas miembros del Consejo de la Orden podrán entender fácilmente, además, el desincentivo manifiesto que dicha ilegal e inconstitucional descalificación (o, derechamente, ‘cancelación’) para que otro abogado de ejercicio libre estime conveniente postular al cargo de fiscal nacional en el futuro. Por otra, quienes han sostenido dicha incomprensible descalificación, afortunadamente aún no sostienen que tal reproche debiese extenderse, también, a cualquier abogado o abogada que postule al cargo de fiscal regional del Ministerio Público, a cualquier señora ministra o señor ministro de Corte de Apelaciones que hubiese anulado una sentencia condenatoria en un delito de la misma naturaleza para aspirar a integrar la Exma. Corte Suprema, o cualquier otra circunstancia similar”.

En esa misma línea, Valencia aclara que esto no significa que su nombre debe quedar fuera del escrutinio público. “Ruego que no se entienda que este abogado esté pretendiendo que no se ejerza un escrutinio profundo de su trayectoria profesional. Por el contrario, conocer en detalle los antecedentes, trayectoria y competencias profesionales de quienes postulan a tan digno cargo no es guerra sucia, sino condición necesaria de un proceso de esta naturaleza en un Estado de derecho democrático. Sin embargo, no es lo que se me ha reprochado, sino la naturaleza de algunas (porque son solo algunas) defensas que he aceptado conducir, y solo por el hecho de haberlas aceptado, lo que resulta contrario a nuestras leyes, nuestra Constitución y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos jurídicamente obligatorios en nuestro país”, se lee en el mail.

A continuación, Valencia asegura que ha “esperado que S.E. el Presidente de la República efectuase una nueva designación, por respeto a dicho proceso y para evitar que se pudiese imputar al Colegio de la Orden que estuviese intentando intervenir en el mismo (o se atribuyese dicha intención a mi persona). Sin embargo, habida consideración del estado del Concurso (con una segunda candidata ya designada por S.E., pronta a comparecer ante el Senado de la República), es que me ha parecido que dicha imputación de posible ‘interferencia’ carecería de sentido y resulta ya oportuno solicitar un pronunciamiento a mis distinguidos colegas”.

La arremetida de Valencia se da en medio de los cuestionamientos al rol que ha tenido la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, en el tema. Pese a que la secretaria de Estado desmintió haber manifestado su “preocupación” por el rol del candidato como abogado como defensor en causas con imputados por delitos sexuales, ayer en la sala del Senado el asunto fue clarificado por la propia ministra de Justicia Marcela Ríos.

Ante una pregunta directa y específica del senador Matías Walker (Demócratas) sobre si el gobierno había vetado o no al candidato Valencia por su rol como defensor, la titular de Justicia descartó el hecho pero confirmó las preocupaciones levantadas en La Moneda por Orellana. “Para nosotros no es un obstáculo que una persona se haya dedicado al oficio de la defensa letrada en el sistema penal, en ningún caso”, dijo Ríos.

La ministra luego agregó: “Otra cosa es que las organizaciones de mujeres y que luchan contra la violencia de género y la propia ministra (Orellana), que tiene un mandato específico de preocuparse por esas materias, hayan manifestado una preocupación. Pero eso no ha sido en ningún caso uno de los antecedentes que hemos considerado en este caso. E insisto: no existe ningún veto”.

El Consejo del Colegio de Abogados ya analizó la solicitud. Fuentes del organismo cuentan que el gremio hará un pronunciamiento, pero con matices y no hará referencias directas “a la situación de Valencia”, pero sí emitirá una opinión contundente “en razón del derecho a defensa”.