Aumenta presión por Acuerdo de Escazú: diputado Kort llama al gobierno a decidir "en los próximos días" si lo firmará

"Estamos trabajando para que este acuerdo, con algunas observaciones y reservas, pueda ser un buen acuerdo para Chile". Estas fueron las palabras que utilizó el Presidente Sebastián Piñera el pasado 23 de septiembre, en el marco de la cumbre de Acción Climática en Nueva York, Estados Unidos.

El Mandatario aludía al acuerdo ambiental de Escazú, pacto al que Chile decidió no adherir el año pasado. Esto, apelando, entre otras materias, a que se ponía en riesgo la soberanía de nuestro país y a que se abría la posibilidad de que países como Bolivia acudan a la Corte Internacional de Justicia.

El acuerdo se ha transformado en un flanco de críticas desde la oposición y de organizaciones medioambientales debido a que Chile será la sede, en diciembre, de la cumbre COP25. De hecho, por la misma razón, incluso, se ha cuestionado el liderazgo de Piñera para encabezar ese evento, que busca, justamente, impulsar medidas para enfrentar el cambio climático.

A dos semanas de los dichos del Mandatario, sin embargo, aún no hay una decisión tomada por parte del gobierno y se mantiene el suspenso sobre si firmará o no el acuerdo. En este escenario, el diputado UDI Issa Kort, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, llama al Ejecutivo a tomar una definición en la materia. "La COP25 es inminente, quedan solo un par de meses y esa urgencia debe ser entendida así por todos los actores públicos y privados de Chile. Para eso, es clave la actitud que tengamos todos. Es por eso que ese debate bipolar que hay entre sí firmar o no firmar el Acuerdo de Escazú no basta", dijo el diputado a La Tercera PM.

En esa línea, por un lado añadió que "Escazú es un tratado que reafirma un riesgo claro y patente para Chile: una nueva herramienta para que Evo Morales pueda volver a construir demandas artificiales y artificiosas ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya", pero recalcó que "es clave que la decisión que tome el gobierno sea dada a conocer en los próximos días, ya que ese dato es muy relevante para el buen desarrollo de la COP25".

El parlamentario gremialista sostuvo que "organizar la COP25 es una manifestación de la convicción concreta y real del Presidente Sebastián Piñera en abordar directamente la vulnerabilidad global y asumir un liderazgo necesario desde Latinoamérica para el resto del mundo", añadiendo que "será un encuentro clave para analizar el avance de los acuerdos de la COP de París, pero principalmente para definir las herramientas, a todo nivel, para el inmediato, mediano y largo plazo".

El diputado Kort, de hecho, por estos días ha estado impulsando que el gobierno aplique una solución intermedia, rescatando "los ámbitos positivos y esenciales de Escazú", por ejemplo, el acceso a la información, participación y justicia, y descartando los aspectos riesgosos del acuerdo. "Una nueva propuesta de tratado para empezar a negociar de manera urgente y racional con todos los países latinoamericanos", explicó.

"El gobierno puede usar todas las herramientas para construir una postura mayoritaria y de Estado. Negociar una agenda legislativa nacional, convocar a los excancilleres, levantar opiniones de organismo multilaterales", señaló, junto con plantear que "es hora de renunciar a las obsesiones ideológicas y pasar a construir una mirada ejecutiva y pragmática, poniendo el medioambiente como eje y no las egoístas posturas políticas".

En el gobierno, en todo caso, dicen que siguen analizando el asunto y que se está trabajando en declaraciones interpretativas. Eso sí, reconocen que los dichos del Presidente "fueron para ganar tiempo" ante la presión que ha existido en relación al tema y agregan que esperan tomar una decisión antes de la COP25.

La semana pasada, el canciller Teodoro Ribera abordó parte de este debate en la Comisión de RR.EE. del Senado, señalando que "estamos juntando más opiniones respecto al tema".

En esa ocasión, el ministro también comentó que en Sudamérica sólo ha firmado el acuerdo Uruguay, Guyana y Bolivia, además de tres países caribeños, y enfatizó en que el plazo para firmarlo vence en 2020, por lo que -dijo- no hay por qué suscribirlo antes de la COP25. "No tiene relación una cosa con la otra. Podría ser una señal política, no lo discuto", dijo.