Autoridad ambiental registró peak histórico de denuncias en 2018 por crisis de Quintero

Poca plata para sus funciones y una pesada mochila con tareas. Su labor es tan amplia que va desde fiscalizar olores y ruidos molestos al impacto que provoca el derrame de un buque petrolero, la Superintendencia de Medio Ambiente registró el año pasado el mayor número de denuncias de su historia: 1.773.

En 2018, la entidad -a cargo de la fiscalización de 15.871 permisos (RCA) y que cuenta con un presupuesto de $10.889 millones- tuvo una fuerte exposición mediática en medio de la crisis ambiental ocurrida en la zona de Quintero y Puchuncaví por los episodios de contaminación ocurridos en agosto del año pasado.

Para Rubén Verdugo, Superintendente del Medio Ambiente (S), el evento registrado en la Región de Valparaíso contribuyó al peak histórico en denuncias. "Hoy la comunidad está más informada con respecto al rol de la Superintendencia del Medio Ambiente. Hoy la comunidad conoce más en detalle cómo y cuándo denunciar, y cuáles son los canales respectivos para canalizar las denuncias", sostuvo

Según cifras de la SMA, la tasa de denuncias que terminó con un procedimiento sancionatorio durante el año pasado es menor en comparación con 2017. En efecto, 9,42 de cada 100 de los reclamos recibidos en 2018 siguieron adelante con un proceso de sanción. Mientras que en 2017 fueron 16.17 de cada 100.

Paulina Riquelme, socia de la consultora ambiental Eelaw, explicó que "coincidentemente con una mayor conciencia ambiental, hoy existe mayor conocimiento de la SMA como nueva institución". Sin embargo, advirtió que "al denunciado debiese darse la oportunidad de conocer la denuncia y aportar antecedentes, pues no todas ellas son verosímiles".

La Superintendencia de Medio Ambiente inició sus funciones en 2013. El organismo depende administrativamente del Ministerio de Medio Ambiente y cuenta con la facultad de aplicar sanciones que van desde una a 10.000 UTA a la revocación de una RCA. Pero también otorga la posibilidad a los fiscalizados de evitar la aplicación de una multa por medio de la presentación de un Programa de Cumplimiento (PdC).

Entre 2013 y 2018, la autoridad ambiental ha dado luz verde a 416 Programas de Cumplimiento que suman en total US$233 millones. Se trata de un monto que va en directa relación a las infracciones ambientales cometidas por el titular del proyecto. Ello porque en el mismo periodo en cuestión la autoridad ambiental ha aplicado multas por un monto total que suma: US$88,5 millones.

Según el ex ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier la SMA tiene una "falla estructural". Ello debido a que los titulares que son fiscalizados no pueden desagregar sus infracciones ambientales.

"Existe una falla estructural por la indivisibilidad de los procesos sancionatorios. Hoy las empresas podrían hacerse cargo de las infracciones por medio de un PdC y otras reclamarlas. Esto ha generado que exista un grupo de abogados que particularmente se dedica sólo a la tramitación de Programas de cumplimiento debido a las complejidades que implican. De hecho, uno de ellos fácilmente puede extenderse por hasta cinco años", comentó Badenier a La Tercera PM.

Sin embargo, desde la SMA responden que efectivamente sí se desagregan las sanciones. Ejemplo de ello es el caso de la minera Cardemilla sancionada por daño ambiental. "Hoy se está remarcando este instrumento en términos de desagregación de cargos, hoy liderado por Sebastián Riestra, jefe de la División de Sanción y Cumplimiento", aseguraron desde el organismo.

Los Programas de Cumplimiento aprobados por la autoridad ambiental más cuantiosos en 2018 fueron: Aes Gener por su proyecto Alto Maipo (US$44 millones); Refinería Aconcagua (US$35 millones) y SQM (US$25 millones). Mientras que la mayores multas fueron aplicadas a Barrick con Pascua Lama (US$11,8 millones); Celco Valdivia (Arauco) US$7,4 millones) y  EcoMaule (US$3,1 millones).

No obstante, los Programas de Cumplimiento rechazados por la SMA se han disparado en los últimos cinco años. La autoridad ambiental desestimó 10 PdC en 2013, mientras que en 2018 hubo 41 rechazos 2018.

Valentina Durán, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile explicó que "la relación relevante no es entre las denuncias y los PdC sino entre el número de PdC que son presentados y aquellos que son rechazados o aprobados".

Dado el alto número de rechazos "posiblemente la SMA esté siendo más estricta o bien podría ser que se hayan sumado sectores que tengan más dificultades en presentar buenos PdC, como empresas chicas que son fiscalizadas por ruidos). Sería bueno ver en qué sector se están produciendo más rechazos.", concluyó la también directora de Espacio Público.

Por su parte, Mario Galindo de VGC Abogados sostuvo que "siempre se puede mejorar en la calidad y precisión de la información entregada por las empresas. Pero, en todo caso, mi impresión es que el número de rechazos de PdC puede estar influido por una aplicación demasiado amplia del criterio de integridad del programa o la aplicación de incompatibilidades que no están consagradas en la ley, como por ejemplo, su pretendida improcedencia en casos de daño ambiental".