Bruno Villalobos, libre tras 90 días de reclusión y tres apelaciones para poner fin a la prisión preventiva

villalobos

La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó el fallo que ordenaba la reclusión del exgeneral director de Carabineros en un recinto cerrado. Quien fuera el máximo representante de la policía uniformada terminó así casi tres meses de reclusión por el caso de malversación de gastos reservados, donde su última estancia la vivió en Sucre, recinto donde compartió dependencias con tres oficiales imputados por delitos ocurridos durante el estallido social.


Fueron 90 días de reclusión, tres peticiones a la justicia de revocar esta medida, y dos recintos en los que estuvo preso. Hoy, finalmente, la defensa del exgeneral director de Carabineros Bruno Villalobos, logró que le permitieran salir del centro de reclusión Sucre mientras sigue la investigación por parte de la fiscalía en torno a los gastos reservados de Carabineros.

Tras renunciar a la institución el 12 de marzo de 2018, Villalobos inició una vida tranquila y sociable. Asiduo cliente de los restaurantes de Manuel Montt, en Providencia, el otrora hombre de confianza de la Presidenta Michelle Bachelet comenzaba así una nueva etapa, lejos de la incipiente crisis que en 2017 amenazaba a la policía uniformada.

Pero ello cambió en octubre pasado, cuando el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago determinó que los generales Villalobos y quien fuera su antecesor, el general (R) Gustavo González Jure debían cumplir prisión preventiva. Ambos quedaron bajo la custodia de un anexo habilitado en la Escuela de Carabineros, en Providencia, donde eran visitados permanentemente por amigos y familiares.

Siendo el mandamás de Carabineros, a Villalobos le tocó prácticamente el 50% del estallido interno de la institución: en marzo de 2017 se conoció el millonario fraude y comenzaron a aparecer los primeros cuestionamientos a la entidad líder de la confianza nacional (hasta ahí contaba con un 77% de aprobación, según la Cadem). Fueron días turbulentos. Tanto así que en La Moneda, el entonces general dijo a los periodistas presentes: “¡Dejen de tirar barro a la situación que estamos viviendo. No hagan un festín!”.

Las aguas parecían calmarse, pero una de las apuestas del Alto Mando de entonces no salió como esperaban. La Operación Huracán -donde se detuvo a 11 comuneros mapuches, entre ellos al líder de la CAM, Héctor Llaitul- fue desechada por la Corte Suprema y la fiscalía abrió una investigación por falsificación de elementos probatorios. Al general Villalobos, sin embargo, los sostenía la confianza de la Presidenta Bachelet: “Hay que esperar los peritajes del FBI”, dijo la Mandataria a Don Francisco, en una entrevista por Canal 13, el 6 de marzo de 2018.

El 12 de marzo de 2018, el exjefe policial le comunicó su renuncia al Presidente Piñera, en La Moneda, un día después de asumir la presidencia. Así comenzaron días tranquilos para Villalobos, quien era visto con frecuencia andando en motocicleta, con una larga barba y el pelo más largo. Lejos había dejado el uniforme y los recuerdos de los cuarteles.

Pero el 23 de agosto del 2021, tres años después de su salida de la institución uniformada, el Ministerio Público solicitó la formalización del general (R), junto a González Jure, y la exministra de Justicia, Javiera Blanco. Todos enfrentarían cargos por malversación de caudales públicos, a través del supuesto uso fraudulento de los gastos reservados.

En octubre la formalización se materializó y, con ello comenzaron los 90 días en que estuvo recluido primero en la Escuela de Carabineros, y luego en el centro de reclusión Sucre.

Se pensaba que la estadía sería corta, pero lo fue solo para uno. González Jure logró modificar su medida cautelar el 10 de diciembre de 2021, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago revocara su prisión preventiva. Esta no tuvo la misma apreciación respecto de Villalobos.

“No han variado las circunstancias tenidas a la vista para considerar que la libertad del imputado constituye un peligro de la seguridad de la sociedad, considerando además el bien jurídico afectado, en cuanto el correcto ejercicio de una función pública como la que ejercía el imputado Villalobos Krumm, se mantiene la cautelar de prisión preventiva”, señaló la resolución del tribunal de alzada, el 3 de enero de este año, en el segundo intento del exalto oficial por cambiar su medida cautelar. El exgeneral, cuentan sus cercanos, sentía “impotencia, frustración y una sensación de injusticia tremenda”.

Pero vendría una mala noticia más para quien fue imputado de malversar cerca de $ 600 millones en gastos reservados: debería ser trasladado a Sucre, recinto habilitado por la policía uniformada para que los funcionarios cumplan medidas cautelares y condenas, custodiados por personal de la policía uniformada.

Una casa en Ñuñoa

El centro de reclusión Sucre está en la comuna de Ñuñoa y cuenta con seis habitaciones. Está distribuida de tal manera que el máximo de la “población penal” sea de 12 personas, algo que para el fraude institucional se superó con creces, por ende, hubo que habilitar una comisaría en Lo Espejo para albergar más uniformados imputados.

Villalobos llegó al lugar a comienzos de este año, donde compartió patio y dependencias comunes con tres oficiales imputados por apremios ilegítimos durante el estallido social: la subteniente Javiera Navarrete, imputada por agresiones a ocho jóvenes en La Serena; el capitán Hugo Navarro, encausado por cuasidelito de homicidio en Ovalle; y el mayor Mario Guzmán, quien enfrentó cargos por disparos injustificados en Viña del Mar, durante las protestas.

Pero la estadía de Villalobos en Sucre fue breve, dado que la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones revocó hoy la resolución que ordenaba su necesidad de cautela en un recinto cerrado. El tribunal de alzada acogió los descargos de la defensa del general (R), el abogado Ángel Valencia.

En el escrito de apelación, Valencia expuso que “se ha incurrido en una interpretación inconstitucional y arbitraria”, dado que “Bruno Villalobos Krumm no es un peligro para la seguridad de la sociedad, y la prisión preventiva a su respecto resulta desproporcionada e injustificada”.

En el documento se agrega que “el general director no tiene la custodia de estos fondos, los cuales materialmente estuvieron siempre bajo el cuidado del director de Finanzas de Carabineros, Flavio Echeverría”.

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