La compra de una cafetera espresso marca KRUPS -que fluctúa en el mercado entre $ 150 mil y $ 300 mil- fue la solicitud que hizo el diputado Andrés Jouannet (Amarillos), en septiembre pasado, al Consejo Resolutivo de asignaciones parlamentarias, organismo que vela por los gastos que los parlamentarios incurren tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado. Pero la respuesta del órgano fue negativa: “La imputación solicitada no resulta compatible con un uso austero y eficiente de las asignaciones parlamentarias ni resulta indispensable para el adecuado funcionamiento de una oficina parlamentaria”.

Al igual que a Jouannet, en lo que va de este año el consejo ha rechazado varias solicitudes que han hecho los distintos parlamentarios, las cuales o no se ajustan al criterio de austeridad que ha impuesto la corporación, o derechamente no se condicen con el cumplimiento de las labores parlamentarias. “Yo me compré una cafetera y mi administrador me dijo que iba a hacer la consulta. Y la consulta fue negativa. Pero nada más que eso”, dice Jouannet al respecto, agregando que quería el aparato para servir a electores.

La Tercera PM revisó todos los oficios que ha emitido el Consejo Resolutivo desde el 11 de marzo -al inicio de la legislatura- los que dan cuenta de las diversas solicitudes. Por ejemplo, en abril al senador del Partido Republicano Rojo Edwards se le negaron una serie de materiales audiovisuales que había solicitado, entre ellos, un teleprompter (pantalla en la que se mueve un texto para leer mientras se graba), una mochila Manhattan Mover 50 (para equipo fotográfico), un set de luz, una cámara Canon y el software Adobe Suite (para diseño audiovisual). La respuesta del consejo fue negativa. “En virtud de la dificultad que supone el control de la inversión de este recurso público, porque, además, esos implementos no forman parte del equipamiento propio de una oficina parlamentaria y, por último, porque al parlamentario le asiste la posibilidad de cumplir el objetivo perseguido sin la necesidad de adquirir esos bienes”.

Lo mismo le ocurrió a la expresidenta del Senado Adriana Muñoz (PPD), quien había solicitado el pago por la elaboración de un documento que “resume sus años como senadora y dan cuenta de su labor parlamentaria”. En esa oportunidad, el consejo determinó rechazar de forma unánime “por cuanto la misma no se ajusta a las exigencias de austeridad y buen uso de los recursos públicos”.

Además, se rechazaron peticiones respecto de las oficinas parlamentarias. Una de ellas fue la consulta que hizo Jaime Mulet (FRVS) al consejo “acerca de si corresponde autorizar el uso, como oficina parlamentaria -y la imputación de gastos de consumos básicos asociados a ello- de dos inmuebles que pertenecen a una empresa individual de responsabilidad limitada (EIRL)” del propio diputado, ubicadas en Vallenar y Tierra Amarilla.

Si bien el consejo consignó que una EIRL es una persona ficticia y con patrimonio distinto del dueño y que no correspondía considerar esos inmuebles como propiedad de Mulet -pues en la práctica son de la empresa-, finalmente determinó no permitir el uso “a fin de evitar interpretaciones que pudieran afectar la actividad parlamentaria”. Mulet comenta a este medio que su idea era ofrecer sus propiedades de forma gratuita sin pagar arriendo, pero que la corporación no se lo permitió. Ante eso, el parlamentario agrega que, de todas maneras, usa el inmueble en Caldera como sede parlamentaria, pero no está inscrita de forma oficial ante el Congreso con el fin de ahorrar. De todas maneras, tiene otra oficina que sí es arrendada, pero no es de su propiedad, por la que paga $ 260 mil.

Lo mismo le ocurrió a Mercedes Bulnes (Ind.) quien intentó usar como oficina parlamentaria “sin costo alguno” un inmueble de la sociedad familiar Celedón, Bulnes y Compañía limitada. El consejo respondió de forma similar, recalcando la prohibición de los comodatos, que son modalidades en que un inmueble se presta de forma gratuita.

Un caso similar también le ocurrió a Marcos Ilabaca (PS), quien quería usar su auto personal, en reemplazo de uno de los dos vehículos que la corporación le asigna para sus traslados.

A Jorge Alessandri (UDI) se le rechazó la solicitud de la mantención de su sede parlamentaria ubicada en Santiago Centro, ya que, a juicio del consejo, “su solicitud no se ajusta a ninguna de las opciones que contempla la normativa vigente, pues ella excede a una reparación locativa, esto es, aquella requerida para el arreglo de los deterioros ordinarios ocasionados por el uso normal de un inmueble arrendado”. Alessandri al ser consultado por este diario no quiso referirse al monto ni detalles de la solicitud que había realizado.

Dentro de lo que va del año, el Consejo Resolutivo también ha aprobado solicitudes que han hecho parlamentarios. Una de ellas fue la que pidió el senador José Miguel Insulza (PS) para contratar a un asesor en “calidad de experto”, pese a no contar con título profesional ni técnico. La solicitud fue acogida, y el funcionario fue contratado por el comité socialista con un sueldo de $ 1.450.000.

Otra que fue acogida fue la que hizo el senador de Demócratas Matías Walker, quien pidió poner cámaras de seguridad en su oficina parlamentaria en Ovalle, mientras que el UDI Renzo Trisotti solicitó más dinero para reparar su oficina en Iquique, tras la destrucción de ventanas por actos vandálicos.

Además el independiente en comité de Evópoli Hotuiti Teao pidió que “se le autorice el traslado a la Isla de Rapa Nui, a expensas del presupuesto institucional, en los mismos términos que ocurre con aquellos parlamentarios (as) que viven en zonas apartadas”, lo que fue acogido.

Mientras que la DC Yasna Provoste pidió “el pago de una deuda que mantiene con la empresa Sanitaria Nueva Atacama, la que se habría generado por un sobreconsumo registrado en el mes de febrero de este año, a pesar de permanecer cerrada su oficina parlamentaria”.

El Consejo Resolutivo fue creado el 2010 para velar por el buen uso de los recursos, y actualmente es integrado por el exsenador Rabindranath Quinteros (PS), el exdiputado Iván Norambuena (UDI), el exministro de Hacienda Rodrigo Valdés, el abogado Roberto Guerrero y el ingeniero Roberto Zahler.