Carlos Alarcón, diputado boliviano por situación migratoria en el norte: “Debería haber un acuerdo con Chile que permita que las fuerzas de seguridad actúen según el Derecho Internacional”

Al menos durante 90 días habrá militares resguardando la frontera entre Chile, Bolivia y Perú. Esto, en miras a poder controlar de mejor manera la migración ilegal en la zona. Durante el tiempo que estén resguardando, los uniformados podrán realizar controles de identidad, detenciones e incluso usar armas de fuego, en el caso que sea pertinente.

En entrevista con La Tercera, el diputado de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, Carlos Alarcón (Comunidad Ciudadana), comentó la medida, y las cosas que podrían hacerse, tanto desde Santiago como desde La Paz, para atender la crisis.

Hace unos días, el gobierno de Chile desplegó militares en la frontera chileno-boliviana, en miras a controlar de manera más efectiva la migración ilegal. ¿Cómo ven eso desde Bolivia?

Desde la oposición consideramos en Bolivia que si bien es una decisión del Estado soberano de Chile, debería haber una concertación de urgencia, de emergencia, entre los dos Estados, el boliviano y el chileno, para acordar protocolos, procedimientos que permitan que la actuación de las fuerzas públicas de seguridad y de los funcionarios de control migratorio se lleven adelante de manera compatible con el Derecho Internacional y los DD.HH. Asumiendo que las recomendaciones del relator especial y las normas internacionales en esta materia, inclusive no aconsejan hablar de inmigración ilegal porque la palabra tiene una connotación alusiva a la criminalidad.

En función a toda esta normativa de derechos humanos, que además es vinculante para ambos países, debería hacerse una agenda específica de tratamiento de esta emergencia que está pasando Chile, y que tiene que ver, tanto con el tema migratorio como con los delitos transfronterizos, dígase los delitos vinculados al contrabando y al narcotráfico. Y que se haga una agenda urgente de trabajo entre ambos países para que se establezcan protocolos y procedimientos.

Por ejemplo, ver qué es lo que hace Bolivia, si Bolivia no ha expulsado a un migrante de su territorio, y ese migrante ingresa a Chile de manera no legal y Chile lo expulsa, qué hace nuestro Estado. Ese tipo de situaciones necesita de una mayor coordinación entre ambos gobiernos.

En una entrevista reciente, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a las dificultades para reconducir a las personas que atraviesan la frontera. “La diferencia es que en Perú admiten de regreso a las personas de nacionalidad peruana y también a cualquier persona que haya cruzado de manera no autorizada, en cambio, en Bolivia, solo admiten a las personas de nacionalidad boliviana”. En ese caso, ¿qué opina al respecto, cómo debería trabajarse?

Yo creo que en Bolivia, si no hemos expulsado a una persona de nacionalidad extranjera, que ha ingresado de manera no regular a territorio chileno o de otro estado fronterizo, deberíamos acogerle en nuestro territorio, sobre todo en base a los principios y normas del Derecho Internacional, que tienen que ver con la dignidad humana y el reconocimiento de su personalidad jurídica.

Esas son cuestiones que se deben coordinar urgentemente, entre Chile y Bolivia. Pero si no hay expulsión, habría que recogerlos, y con mayor razón si algunos de estos migrantes, como en el caso de los venezolanos, están escapando y huyendo de una feroz dictadura. Una dictadura que pone en riesgo su vida, y su seguridad, y su libertad incluso. Entonces sería hasta inhumano negar el acceso a Bolivia, y terminar forzando a que Chile los mande de regreso a su país de origen, donde corre riesgo su vida, su libertad y su seguridad.

Y ahí viene una recomendación adicional: se debiera hacer como hace la Unión Europea, o sea, una coordinación entre varios países con fronteras, en este caso, sudamericanos, para que se haga una distribución de proporciones de migrantes que tengan la participación y colaboración de todos los países. En lugar de ir al escenario represivo y reactivo, se deberían coordinar políticas productivas entre los distintos países, para que se pueda ver para cuántos migrantes se tienen las condiciones adecuadas para recibir.

Esa es una práctica interesante entre distintos países de Europa que genera equilibrios que dentro de las políticas internas de cada país, a veces son necesarios.

Y en ese caso, ¿qué ocurre con los países que provocan más interés entre los migrantes, como el caso quienes cruzan Ecuador y Perú para llegar al final a Chile o Argentina? ¿Qué pasa con ese “desequilibrio” del interés que los migrantes tienen por uno u otro país?

Sería interesante coordinar una política internacional y regional entre todos los países que están involucrados en esta problemática, por la comunidad de fronteras que tenemos. Y tratar de contemplar todos estos aspectos, y todas las categorías de situaciones.

No es lo mismo, por ejemplo, el tratamiento de un migrante que escapa porque peligra su vida, por razones políticas, y que en cuyo caso deberían simplificarse al máximo para él y su familia los refugios, porque en ese caso hay riesgo de pérdida de vida o libertad para la persona o su familia, sobre todo en estos países que son ya dictaduras o democracias veladas. Ese tratamiento debería ser distinto al otro caso en el que el migrante lo hace solamente por necesidad económica imperiosa para él y su familia, de subsistencia. Hay diferentes causas y motivos, al final, que mueven a los trabajadores migratorios no regulares, y habría que trabajar cada categoría de casos en coordinación con estos países, en una política común internacional.

Probablemente el tema restrictivo coercitivo, con militares en las fronteras, pueda dar una respuesta provisional, dos meses, tres meses, pero esa no será una respuesta de largo aliento, por sus propias limitaciones. Por eso, se tienen que buscar medidas de buenas prácticas con mayor alcance y perspectiva que la sola militarización.

¿Qué ha estado haciendo Bolivia para controlar de mejor manera la migración?

Eso lo tiene el gobierno en el ámbito de la migración, pero no ha habido nuevas normas generales del Estado boliviano al tema migratorio. Con relación a las prácticas efectivas, todo se mantiene igual.

Bolivia debería dar un ejemplo al mundo y sus países vecinos, de las buenas prácticas de los trabajadores migratorios no regulares, en relación con la protección de su dignidad y sus derechos. Entonces, creo que a nuestro gobierno le está faltando una actuación más concreta, definida y planificada. Esa es mi impresión como diputado opositor. Se podría hacer mucho más.

¿Cómo se vive en Bolivia la situación de los flujos migratorios? ¿Es un tema en la agenda política?

Tenemos una realidad política donde lamentablemente hay una alta polarización, división y confrontación en la sociedad. Esto, por las características de gobierno que tenemos, que son gobiernos de tinte autoritario, tanto el actual como el de Evo Morales en el pasado. Se usa el Ministerio Público y el sistema de justicia para conculcar derechos políticos de la oposición y de la disidencia ciudadana y social. Y ahora está en discusión actual el tema de la estabilidad económica del modelo.

Esos son los temas que están captando la atención política en Bolivia en este momento, y el tema de la migración no tiene un nivel “de actualidad” o de importancia.

Testimonios de camioneros provenientes de Bolivia, entrevistados por Página Siete, comentan que desde que Chile aplicó la medida de traer militares en la frontera, se ha estado retrasando su salida del país, y que de hecho son cientos los camiones varados en la frontera. ¿Cómo ve esto?

Esto tiene que ver con el comercio internacional de distintos productos tanto de Bolivia como de Chile. Ese es otro tema urgente que se tiene que resolver, en función a las buenas prácticas de los dos gobiernos. El hecho de que haya una militarización de la frontera por parte de Chile, en ningún caso debería significar que haya un entorpecimiento al comercio internacional, porque ese es un perjuicio económico tanto para Bolivia como para Chile.

El comercio y el tráfico internacional de camiones no debería en ningún caso ser obstaculizado, sino más bien tomarse las medidas operativas precisas para dinamizarlo y facilitarlo. Debería haber una reunión de emergencia entre las autoridades competentes de los dos gobiernos, para facilitar y eliminar cualquier restricción que afecte la fluidez del intercambio entre ambos países.